POLITICA
Un golpe bajo del objetivo más deseado

Julio María Sanguinetti suele bromear, y no tanto, con un consejo. Es este: “En política, si pronosticás qué, no digas cuándo; y si pronosticás cuándo, no digas qué”. Javier Milei debería ir aprendiendo la lección. El principal organizador de su gobierno, el objetivo sacralizado de su gestión, acaba de pegarle un golpe bajo. La inflación de marzo fue de 3,4%. El discurso oficial relativiza ese número nefasto, subrayando los factores que lo vuelven transitorio. Pero el perjuicio para Milei es otro. Ya no se cumplirá su vaticinio mayor: la inflación anual en 2026 no será de alrededor del 20%.
Con 9,4% en el primer trimestre, los expertos imaginan que a fin de año el porcentaje rondará el 30%. Quiere decir que se mantendrá estable respecto de 2025, cuando marcó 31,5%. El propio equipo oficial está desconcertado. Hay que recordar que hace apenas meses se negó a cambiar la base de cálculo del INDEC porque “van a atribuir a esa modificación y no a nuestro mérito la caída abrupta de la inflación”. Conclusión preliminar: la credibilidad del Presidente comienza a erosionarse en la materia para la cual él se siente más dotado. Peor aún: en la materia para la cual el núcleo de quienes lo votaron lo cree más dotado.
El nivel inconveniente de inflación de marzo combina con otras cifras antipáticas. La industria se sigue deteriorando y la construcción registró una leve mejora, aunque está afectada por una suba de costos del 1,9% en febrero. Es el costo medido en pesos; en dólares saltó 6,5%.
Es verdad que la inflación de marzo estuvo determinada por factores coyunturales. Los precios regulados aumentaron 6,5%. Los combustibles, 8,5%, por culpa de la guerra. Y las tarifas de los servicios públicos 4,7%. Se encareció la educación en 8,6% y hubo un incremento en el precio de la carne. Existió, además, un vector de más larga duración que presionó los precios hacia arriba. Es el tipo de cambio, que entre abril y octubre del año pasado se movió desde 1100 a 1500 pesos, llevando la inflación desde el entorno del 2% al del 3%.
Pero ahora el movimiento cambiario es el inverso, con una tendencia a la apreciación. Y la carne, por su parte, dejó de subir. Es la razón por la cual los expertos confían en que el índice de inflación de abril empezará con un 2. Uno de los inconvenientes políticos del oficialismo es que la sociedad compara esta inflación con la de 2025, que era igual o menor. En cambio, en 2025 lo hacía contra la del año anterior, más alta, lo que sembraba una sensación de progreso.
Más allá de las percepciones, un índice anual de 30% es un resultado muy mediocre. Sobre todo si se lo compara con la agitación autocelebratoria del oficialismo. Hay que recordar que 30% significa 5 puntos más que el por entonces escandaloso 25% de inflación que Cristina Kirchner dejó a Mauricio Macri en diciembre de 2015. Es un número más dramático si se tiene en cuenta que convive con una economía muy poco dinámica. Es verdad: todavía no llegó la ola de inversiones. ¿Llegará? El índice de riesgo-país sigue siendo alto: está cerca de 600 puntos básicos. Significa que el mercado financiero todavía no tiene confianza en Milei y en Luis “Toto” Caputo.
En estos días Milei se ve obligado a introducir en sus discursos algunas justificaciones. En la entrevista que le hicieron en el canal del Estado Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira admitió que durante el primer trimestre del año la situación había sido adversa. Fue más allá: reconoció que mucha gente la estaba pasando mal. No llegó al extremo de pedir disculpas a quienes lo habían precedido en ese diagnóstico y recibieron insultos de su parte.
Son minucias. El problema principal es otro. Si la economía no ofrece las prestaciones prometidas, La Libertad Avanza necesitará fortalecer mucho la política. Dicho de otro modo: si no consigue derrotar con nitidez a la inflación, debería demostrar que es capaz de acabar con la maldita “casta”. Es decir, debería honrar por lo menos una de sus dos promesas de campaña. Pero le está ocurriendo lo contrario. No sólo la agenda del poder está organizada alrededor de escándalos producidos por figuras del oficialismo. Además, desde el gabinete nacional se está llevando adelante una minuciosa maniobra institucional para suministrar impunidad.
El más ruidoso de los bochornos, por lo tragicómico, es el que protagoniza el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Sus esotéricos movimientos inmobiliarios sorprendieron al público, pero sobre todo a sus superiores de la Casa Rosada, con una nueva propiedad todos los días. Siempre financiado por modestísimos “fondos de pensión”. Ahora empezó la saga de los viajes. Después de volar en jet privado a Punta del Este, Adorni viajó con su esposa a los Estados Unidos con los gastos cubiertos por el maldito Estado. Justificó esos movimientos en que desde diciembre de 2023 no se había tomado vacaciones. Pero ayer se verificó que el funcionario también se había estado deslomando en las playas de Aruba. Adorni es el rey de la bicoca. Consigue departamentos por la mitad de precio y adquirió los pasajes al Caribe, en primera clase, por miserables 1400 dólares la unidad.
Los Milei no sólo decidieron sostener a Adorni. Buscan convertirlo en un emblema del oficialismo montando un show en el Congreso cuando se celebre el ritual de la rendición de cuentas al que está obligada la Jefatura de Gabinete. De alguna mente afiebrada puede haber surgido la ocurrencia de utilizar a Adorni como pararrayos frente a dramas más dolorosos y rebeldes. Por ejemplo, el malestar por la inflación y el estancamiento productivo. Es una idea incorrecta. Las malas noticias no tapan malas noticias. Las potencian.
Adorni es una anécdota. La exhibición folclórica de los desarreglos de conducta de un principiante en el arte de sacar ventaja. Mientras opera el cuentagotas de sus pequeñas fechorías, en la penumbra de la administración se teje una urdimbre que, en el largo plazo, será calamitosa. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su segundo, el controvertido abogado Santiago Viola, están consolidando un esquema judicial sospechoso de garantizar que no haya sanción para una oscura trama de negocios. Entre los principales protegidos están los capitostes de la AFA. Recién después vienen los Milei.
No debería sorprender. La sola designación de Viola como secretario de Justicia es una definición de que “la moral como política de Estado” es una consigna que quedará, con suerte, para un eventual próximo mandato. Cuando era defensor de Lázaro Báez, Viola fue procesado por haber montado una patraña judicial contra el juez Sebastián Casanello para impedir que siguiera investigando al presunto testaferro de los Kirchner. La intención final habría sido que Báez quedara en manos de María Servini. Para ese fin Viola utilizó testigos falsos, que también fueron sancionados. La Cámara de Casación, con la firma de Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, lo hizo zafar. En Comodoro Py se atribuye la absolución a los movimientos de Mahiques, hijo de un colega de los camaristas, el “boxindanga” Carlos “Coco” Mahiques.
Viola ahora no sólo es viceministro de Justicia. En esa calidad integra el Consejo de la Magistratura, donde forma parte nada menos que de la Comisión de Selección de Jueces. Es decir: el Gobierno, a instancias de Karina Milei, confía la calidad de los magistrados a un personaje tan cuestionable como Viola. Las atribuciones de este problemático profesional van más allá. Está al frente de la Comisión de Administración del Consejo. Es decir, le han confiado, tan luego a él, el manejo del dinero.
Para que lo que se sospecha que puede ocurrir, ocurra, Viola eligió como colaboradora a Rosana Lodovico. Su nombre alcanzó notoriedad en mayo de 2024, cuando debió ser removida de la conducción de la Aduana porque se descubrió que había recibido un préstamo de Promarlón S.A., una compañía investigada por contrabando. El ex marido de Lodovico, Luis Bocassi, y su cuñado, Alejandro Lucano, también estaban involucrados en la denuncia. Bocassi era Jefe de Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana. Un fanático del librecambio. Ahora se vuelve más creíble la versión que circulaba apenas Milei llegó al poder: que su hermana había encomendado a Viola que se encargue de misteriosos “temas de la Aduana”. Síntesis: la “caja” de la Justicia estará en manos de Viola y de Lodovico. La catástrofe no será un accidente. Es un objetivo.
Viola secunda las decisiones de Mahiques. Desde que se supo que sería el nuevo ministro de Justicia, a Mahiques se le atribuyó el propósito de lograr la impunidad para los dirigentes de la AFA. A medida que pasan los días, esa presunción adquiere más y más verosimilitud. Las relaciones entre este funcionario y el dúo Claudio Tapia/ Pablo Toviggino son numerosísimas. Ellos lo designaron delegado ante una comisión de la FIFA. También vicerrector de una supuesta universidad de la Asociación.
A Mahiques se atribuye la designación de los abogados de la AFA, sobre todo de Toviggino, mucho antes de que salieran a la luz los innumerables negociados de esa organización. Entre esos letrados se destaca Ignacio Jakim, quien protagonizó un fracaso resonante en un emprendimiento de importación de electrodomésticos, que se aprovechaba de las manipulaciones de allegados a Toviggino con el régimen cambiario. Lo demás es anecdótico. Que el papá de Mahiques, el “boxindanga”, y que los hijos de Mahiques festejaron sus cumpleaños en la mansión que Toviggino tiene en Villa Rosa, puesta a nombre de jubilados similares a los que financiaron a Adorni.
Con la designación de Mahiques en el Ministerio de Justicia comenzó “el próximo paso”, como dirían en el Pro. El ministro, que ya había puesto los abogados a Tapia y Toviggino, ahora estaría por ponerles los jueces. Uno clave es Alejandro Catania a quien, por sus legendarios tocados, llaman “Rodete”. Es candidato a ocupar una vacante de la Sala A de la Cámara Federal en lo Penal Económico. Se trata del tribunal de alzada donde se tramita la causa contra los malhechores de la AFA por una multimillonaria evasión de impuestos. Un dato clave: por la naturaleza del delito, ese expediente no podría ser remitido a la tierra prometida del juzgado federal de Campana, donde los imputados confían en contar con la clemencia de Adrián González Charvay.
Para mayor tranquilidad de los investigados, a la misma Cámara de Catania iría Juan Pedro Galván Greenway, quien contaría también con el padrinazgo de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner. Ecuménico, Greenway. Un detalle significativo: Catania tiene una gran relación con Darío Richarte, quien siempre estuvo muy ligado a Daniel Angelici. Casi tanto como Mahiques. Inferencia: Angelici tal vez logre vengarse de los ruidos molestos que provocaba en Villa Rosa el incansable Toviggino con los movimientos de su helicóptero. El problema de Catania es que, siendo diputada, Patricia Bullrich pidió su juicio político, acompañada por Federico Pinedo y Paula Bertol. Bullrich es hoy la figura más poderosa de La Libertad Avanza en el Senado.
Siempre en relación con los negocios del fútbol, hay otra vacante estratégica para el plan de Mahiques: la Sala B de la Cámara Comercial del fuero ordinario. Para esa butaca pensó en José Djivaris quien, como él, integró las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Fue subsecretario de Justicia hasta que lo derivaron al Tribunal Superior de la Ciudad con un cargo administrativo de gran relevancia. La Cámara Comercial es decisiva para una guerra en curso: el establecimiento de sociedades anónimas para la gestión del fútbol.
Djivaris es una demostración viviente del principio expuesto por el camarista federal Alberto Lugones durante la discusión del Reglamento de Concursos del Consejo de la Magistratura, el jueves pasado: “No soy fanático de la meritocracia”. Gracias a la discrecionalidad de la entrevista personal, que es un paso del examen, el candidato de Mahiques pasó del puesto 11º al puesto 4º del concurso Nº 478. Algo parecido sucedió con María Victoria Ordoñez, quien fuera esposa de Mahiques y compitió, con ayuda, para un juzgado de Familia.
Mahiques tiene otra jugada disponible en esa Sala B: en septiembre, Matilde Ballerini cumple 75 años y debería retirarse. Salvo que el ministro decida que se pedirá acuerdo al Senado para que dure 5 años más en el cargo. Los intereses del macrismo en la Sala B de la Cámara Comercial van más allá del fútbol. En ese tribunal se decide el destino del turbulento concurso del Correo Argentino, en el que está involucrada la familia de Mauricio Macri.
Además de pensar en sus “clientes” de la AFA y en sus antiguos amigos del Pro, Mahiques debe poner parte de su atención en las tribulaciones penales de los hermanos Milei. Allí aparece una figura clave: Ana María Juan. Es la candidata a ocupar un juzgado federal en Hurlingham. Juan está casada con Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene en sus manos la causa $Libra, pesadilla del Presidente y de su hermana. ¿Giorgi, el ejemplar más destacado de la escudería tribunalicia del tenebroso Antonio Stiusso, amenazó a la señorita Milei con un llamado a indagatoria? Habladurías. Habrá que ver qué destino toma la causa si la doctora Juan consigue el juzgado que anhela desde hace tantos años.
El otro cortafuegos que Mahiques debe tender frente a Karina se llama Patricio Maraniello. Participó del Concurso 442, que todavía no concluyó, para cubrir varias vacantes de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial. También se postuló para un cargo en la Cámara Federal Contencioso Administrativa. Maraniello acumula denuncias en el Consejo por malos tratos y acosos de distinto tipo. Pero tiene un mérito: fue el que emitió la cautelar estableciendo la censura previa para quienes intentaran divulgar audios obtenidos con la voz de la hermana del Presidente. Marianello preside la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que tuvo durante años como secretario al juez Lugones. La Asociación premió en su momento al ministro Mahiques. Si se sigue el criterio de Lugones, no habrá sido por sus méritos.
El escándalo de la AFA puso en evidencia la profundidad de un vínculo que ya era conocido: el del submundo de la Justicia con el submundo del fútbol. Esta semana esos túneles quedaron otra vez expuestos a la luz. Fue cuando el fiscal Guillermo Marijuan denunció, con términos inusuales por lo crudos, a los empresarios Leandro Camani y Diego Lepera, junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, por integrar una asociación ilícita destinada a cobrar coimas y lavar dinero generado alrededor del negocio del cobro de fotomultas. Camani es el dueño de la empresa Securtrans, en la que, según informan en el ambiente judicial, tendría intereses Claudia Balbín, la mamá de Santiago Viola.
El caso está plagado de misterios. En principio, ya es misterioso que Balbín y su hijo Viola estén interesados en la seguridad vial. No debe ser verdad. Hay que recordar que Viola fue el responsable de un homicidio por transitar a altísima velocidad en horas de la madrugada por la Panamericana, rumbo a su casa del Tortugas Country Club. Las versiones sobre ese trágico episodio son innumerables. En la Policía Bonaerense creen recordar que Viola permaneció varias horas en el auto, enclaustrado, para no prestarse a los exámenes de alcoholemia. ¿Es cierto que se presentó a la Justicia un par de días más tarde? La narración desciende hacia detalles que mejor no mencionar. Sobre todo, porque son versiones. De estas experiencias él, o tal vez su madre, habría pasado al negocio de las fotomultas.
Sin embargo, lo más raro de la denuncia de Marijuan es que revela un conflicto que estalla en las entrañas del massismo. El fiscal, el ministro Marinucci, Camani y, sobre todo, Lepera, el eficaz alegrante del restaurante Roldán, todos responden a Sergio Massa con distintos grados de obediencia. Por eso en el ambiente judicial se preguntan, ya que nadie lo supone un fiscal independiente, quién está detrás de Marijuan. La respuesta es unánime: Toviggino. Al parecer el polémico tesorero de la AFA está indignado con Camani porque está convencido de que el empresario fue quien impulsó a Matías Yofe, militante de la Coalición Cívica de Pilar, a poner los focos sobre la mansión de los jubilados de Villa Rosa. Toviggino cree en esa explicación por un antecedente de Yofe: también denunció a Jorge D’Onofrio, el exministro de Transportes bonaerense, por afectar el negocio de las fotomultas de Camani.
La jugada es riesgosa. Tiene un punto crítico. La irascibilidad del alegrante. Lepera, íntimo amigo de Mahiques, es el silencioso testigo de las mil y una noches de Roldán. Su memoria conserva un tesoro de secretos. Marijuan corre el riesgo de que ese apacible ciudadano de la fiesta se abrace a las columnas del templo y haga temblar todo el edificio. Puesto en otros términos: que Lepera, desde la barra de Roldán, arrase con la casta con una agresividad que todavía no se animó a mostrar Milei.
#DatoINDEC,#IPC,https://t.co/ALtx4h5Sbd,pic.twitter.com/6COSfIep4J,April 14, 2026,Carlos Pagni,Conforme a
POLITICA
Dolor por la repentina muerte de una diputada de San Luis a los 46 años

La diputada de San Luis Luciana Perano falleció este domingo tras sufrir un infarto en la localidad pampeana de Parera, donde había nacido.
La legisladora de 46 años se encontraba junto a su familia cuando, al momento de iniciar su regreso a San Luis cerca de las 7, sufrió una descompensación. Ante el deceso repentino, el cuerpo fue trasladado a General Pico para la realización de la autopsia correspondiente, según informó El Diario de La Pampa. Fuentes cercanas al caso confirmaron que se trata de un deceso por causas naturales y que no existe ninguna circunstancia extraña en el hecho.
Perano había iniciado su segundo mandato como diputada provincial el 10 de diciembre de 2025, en representación del departamento Juan Martín de Pueyrredón, bajo la bandera del Frente Ahora San Luis. Su primer mandato había comenzado en diciembre de 2021, cuando fue electa bajo el ala de “Unidos por San Luis”, la fuerza liderada por el gobernador Claudio Poggi, quien también le dedicó un sentido mensaje.
“De manera inesperada y con profundo dolor despido hoy a la LUCHI. Luciana Perano era Diputada Provincial por el Frente Ahora San Luis, dirigente de Avanzar, y excelente madre, esposa y amiga. Mi pésame para Martín, sus hijos y demás familia. Te vamos a extrañar Luchi QDEP”, escribió en su cuenta de X el mandatario provincial.
Su participación en la política
Antes de llegar a la Cámara de Diputados, se había desempeñado como concejal en la ciudad de La Punta, donde compartió bloque con el legislador Luciano Ayala.
En el plano institucional, presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales e integraba la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales. En los últimos tiempos, su actividad parlamentaria estuvo centrada en el impulso a la creación del municipio del Suyuque.
Perano estaba casada con Martín Olivero, senador provincial y ex intendente de La Punta, también oriundo de Parera, con quien se encontraba en la localidad pampeana al momento de su muerte.
En noviembre del año pasado, la legisladora estuvo al frente de la exposición de los puntos centrales del proyecto durante la sesión en la que la Cámara de Diputados de San Luis aprobó, por unanimidad, la reducción de la feria judicial en la provincia. La votación arrojó 27 votos afirmativos y ninguno negativo.
Durante su intervención señaló que la elaboración de la nueva ley contó con el consenso de los distintos bloques y que todos los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de garantizar el acceso de la población al servicio de Justicia. También subrayó que, desde el bloque Cambia San Luis y en conjunto con los espacios que respaldan al gobierno provincial, continuarían impulsando iniciativas para reducir la mora y perfeccionar el funcionamiento de los tribunales en la provincia.

La sesión también contó con la intervención de la presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, quien enfatizó la importancia de la reforma para combatir la lentitud en la resolución de causas. “La mora judicial es un problema que nos aqueja, es un problema que hace que la justicia sea menos accesible para quienes la necesitan. Una justicia cuando es lenta, cuando es ineficiente, cuando es ineficaz, no es justicia”, expresó, según palabras reproducidas por el área de prensa de la Legislatura provincial.
El proyecto tuvo su origen en una serie de acuerdos entre el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, el presidente de la Cámara, Alberto Leyes, los presidentes de los bloques oficialistas de ambas cámaras y representantes de los colegios de abogados, magistrados, empleados judiciales y el Colegio Forense.
La nueva normativa estableció que la feria judicial se desarrollará en dos semanas durante enero y una semana a mitad de año, cuyas fechas fijará el Superior Tribunal de Justicia. Durante esos períodos, los plazos procesales quedarán suspendidos, aunque se garantizará la atención de asuntos urgentes a través de magistrados y funcionarios designados por la autoridad judicial.
POLITICA
El Gobierno avanza con cambios en inocencia fiscal: la estrategia parlamentaria y el factor Adorni que sigue complicando

En el comienzo de una semana corta, el Gobierno vuelve a impulsar el proyecto para cambiar la ley de Inocencia Fiscal y permitir que los grandes contribuyentes también puedan adherir al régimen, con la esperanza de que las esquirlas del caso Manuel Adorni no enturbien las negociaciones.
Se trata de una de las tres medidas, junto a la reforma política y la normativa sobre Zonas Frías, que el presidente Javier Milei planteó días atrás como las primeras metas del oficialismo en esta nueva etapa tras el cambio de jefe de Gabinete.
El texto en cuestión ya está listo desde junio pasado y plantea una serie de modificaciones al sistema que el propio Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso a finales del 2025.
Aunque ya fue reglamentada, la herramienta no generó el impacto que la Casa Rosada esperaba y es por eso que la cúpula libertaria decidió ampliar el universo de beneficiarios.

El nuevo proyecto, de hecho, fue consensuado con todos los colegios y agrupaciones de contadores del país, los cuales previamente habían cuestionado algunos aspectos de la ley original.
El cambio más importante que plantea ahora el Gobierno tiene que ver con quiénes pueden acceder al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que actualmente es solo para aquellos que tienen ingresos menores a $1.000 millones al año y un patrimonio inferior a los $10.000 millones.
La iniciativa es para que también se permita la adhesión de grandes contribuyentes a esta modalidad, aunque con alcances restringidos en cuanto a los beneficios y presunciones fiscales.
El oficialismo deberá llevar ahora el tema al Congreso, como parte del primer paquete de propuestas tras la salida de Adorni del Ejecutivo.
El propio -ahora- ex jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, realizaron en mayo el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para inscribirse en el régimen de inocencia fiscal.

De esta forma, el entonces funcionario accedió a la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente, sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.
La decisión fue fuertemente cuestionada por la oposición debido a que el ministro coordinador en ese momento ya estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Con Adorni afuera del Gobierno, las autoridades nacionales esperan que esa situación no sea un impedimento a la hora de tener que negociar con el resto de los bloques.
“A esta altura eso ya no está influyendo, por lo menos no en lo que respecta a la dinámica política”, sostuvo a Infobae un integrante de la cúpula libertaria.
Por el momento, sin embargo, el proyecto no comenzó a ser discutido con los otros espacios parlamentarios y tampoco tiene el respaldo de las provincias, que no fueron consultadas sobre este asunto.

“No conozco qué es lo que quieren modificar y tampoco me vino a hablar nadie por ese tema“, explicó un gobernador aliado de la Casa Rosada, que esperará a ver el texto final antes de tomar una posición.
Aunque Milei ya lo planteó como una meta a corto plazo, el Ejecutivo aún no envió la iniciativa al recinto y aún no definió por qué Cámara entrará, aunque este medio pudo saber que la opción más segura por estas horas era que ingresara por Diputados.
De todas estas cuestiones conversará la mesa política en su siguiente reunión, todavía sin fecha confirmada. Si bien el próximo encuentro estaba previsto para el martes, finalmente se suspendió porque ese día, a las 13:00, la selección argentina juega contra Egipto por los octavos de final del Mundial.
Los especialistas en la materia están presionando para que las modificaciones se traten lo antes posible, teniendo en cuenta que el vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025 está previsto para fines de julio.
Es que, el retraso en la sanción de la nueva ley deja en suspenso a quienes evalúan adherir al régimen, por lo que los expertos advierten que la demora podría dejar contribuyentes fuera del sistema y desalentar a quienes buscan certezas antes de exteriorizar fondos.

Quienes opten por la modalidad simplificada deberán mantener la condición de residentes fiscales durante todo el período fiscal. Si ARCA detecta la pérdida de esta condición, podrá excluir al contribuyente del régimen y habilitar procesos de verificación, fiscalización, determinación de oficio y aplicación de sanciones. Esta disposición apunta a garantizar la integridad del sistema y la correcta aplicación de los beneficios del régimen.
Para los Grandes Contribuyentes Nacionales, la adhesión a la modalidad simplificada solo tendrá validez para la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente, sin acceso a otros efectos, presunciones o ventajas que ofrece el régimen para el resto de los pagadores de impuestos.
El proyecto también contempla la eximición de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 11.683 para quienes hayan cancelado o regularizado el tributo y los intereses antes de adherir al régimen, salvo que esas sanciones ya se encuentren firmes.
Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrá la obligación de dictar la normativa complementaria en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el plan para pagar la deuda hasta 2027 y la reforma electoral

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la baja de la edad de imputabilidad, insistió en la necesidad de reformar el código penal y cuestionó la “romantización” del delito de parte de la oposición. La funcionaria también señaló que la cartera está preparando un operativo ante la posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina, marcó diferencias con el modelo penitenciario de El Salvador y anticipó que está trabajando en un nuevo plan nacional.
“En cuanto a la baja de la imputabilidad tenemos una posición muy clara porque no se trata de cuántos delitos efectivamente se ejecutan por menores, sin dar una respuesta a las víctimas y a los perpetradores, que no pueden quedar impunes en la calle, incluso en situaciones peores para ellos”, expresó Monteoliva en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, en LN+.
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