Connect with us

POLITICA

Un golpe bajo del objetivo más deseado

Published

on



Julio María Sanguinetti suele bromear, y no tanto, con un consejo. Es este: “En política, si pronosticás qué, no digas cuándo; y si pronosticás cuándo, no digas qué”. Javier Milei debería ir aprendiendo la lección. El principal organizador de su gobierno, el objetivo sacralizado de su gestión, acaba de pegarle un golpe bajo. La inflación de marzo fue de 3,4%. El discurso oficial relativiza ese número nefasto, subrayando los factores que lo vuelven transitorio. Pero el perjuicio para Milei es otro. Ya no se cumplirá su vaticinio mayor: la inflación anual en 2026 no será de alrededor del 20%.

Con 9,4% en el primer trimestre, los expertos imaginan que a fin de año el porcentaje rondará el 30%. Quiere decir que se mantendrá estable respecto de 2025, cuando marcó 31,5%. El propio equipo oficial está desconcertado. Hay que recordar que hace apenas meses se negó a cambiar la base de cálculo del INDEC porque “van a atribuir a esa modificación y no a nuestro mérito la caída abrupta de la inflación”. Conclusión preliminar: la credibilidad del Presidente comienza a erosionarse en la materia para la cual él se siente más dotado. Peor aún: en la materia para la cual el núcleo de quienes lo votaron lo cree más dotado.

Advertisement

El nivel inconveniente de inflación de marzo combina con otras cifras antipáticas. La industria se sigue deteriorando y la construcción registró una leve mejora, aunque está afectada por una suba de costos del 1,9% en febrero. Es el costo medido en pesos; en dólares saltó 6,5%.

Es verdad que la inflación de marzo estuvo determinada por factores coyunturales. Los precios regulados aumentaron 6,5%. Los combustibles, 8,5%, por culpa de la guerra. Y las tarifas de los servicios públicos 4,7%. Se encareció la educación en 8,6% y hubo un incremento en el precio de la carne. Existió, además, un vector de más larga duración que presionó los precios hacia arriba. Es el tipo de cambio, que entre abril y octubre del año pasado se movió desde 1100 a 1500 pesos, llevando la inflación desde el entorno del 2% al del 3%.

Pero ahora el movimiento cambiario es el inverso, con una tendencia a la apreciación. Y la carne, por su parte, dejó de subir. Es la razón por la cual los expertos confían en que el índice de inflación de abril empezará con un 2. Uno de los inconvenientes políticos del oficialismo es que la sociedad compara esta inflación con la de 2025, que era igual o menor. En cambio, en 2025 lo hacía contra la del año anterior, más alta, lo que sembraba una sensación de progreso.

Advertisement

Más allá de las percepciones, un índice anual de 30% es un resultado muy mediocre. Sobre todo si se lo compara con la agitación autocelebratoria del oficialismo. Hay que recordar que 30% significa 5 puntos más que el por entonces escandaloso 25% de inflación que Cristina Kirchner dejó a Mauricio Macri en diciembre de 2015. Es un número más dramático si se tiene en cuenta que convive con una economía muy poco dinámica. Es verdad: todavía no llegó la ola de inversiones. ¿Llegará? El índice de riesgo-país sigue siendo alto: está cerca de 600 puntos básicos. Significa que el mercado financiero todavía no tiene confianza en Milei y en Luis “Toto” Caputo.

En estos días Milei se ve obligado a introducir en sus discursos algunas justificaciones. En la entrevista que le hicieron en el canal del Estado Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira admitió que durante el primer trimestre del año la situación había sido adversa. Fue más allá: reconoció que mucha gente la estaba pasando mal. No llegó al extremo de pedir disculpas a quienes lo habían precedido en ese diagnóstico y recibieron insultos de su parte.

Son minucias. El problema principal es otro. Si la economía no ofrece las prestaciones prometidas, La Libertad Avanza necesitará fortalecer mucho la política. Dicho de otro modo: si no consigue derrotar con nitidez a la inflación, debería demostrar que es capaz de acabar con la maldita “casta”. Es decir, debería honrar por lo menos una de sus dos promesas de campaña. Pero le está ocurriendo lo contrario. No sólo la agenda del poder está organizada alrededor de escándalos producidos por figuras del oficialismo. Además, desde el gabinete nacional se está llevando adelante una minuciosa maniobra institucional para suministrar impunidad.

Advertisement
Javier milei y Adorni se saludan en Anchampresidencia

El más ruidoso de los bochornos, por lo tragicómico, es el que protagoniza el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Sus esotéricos movimientos inmobiliarios sorprendieron al público, pero sobre todo a sus superiores de la Casa Rosada, con una nueva propiedad todos los días. Siempre financiado por modestísimos “fondos de pensión”. Ahora empezó la saga de los viajes. Después de volar en jet privado a Punta del Este, Adorni viajó con su esposa a los Estados Unidos con los gastos cubiertos por el maldito Estado. Justificó esos movimientos en que desde diciembre de 2023 no se había tomado vacaciones. Pero ayer se verificó que el funcionario también se había estado deslomando en las playas de Aruba. Adorni es el rey de la bicoca. Consigue departamentos por la mitad de precio y adquirió los pasajes al Caribe, en primera clase, por miserables 1400 dólares la unidad.

Los Milei no sólo decidieron sostener a Adorni. Buscan convertirlo en un emblema del oficialismo montando un show en el Congreso cuando se celebre el ritual de la rendición de cuentas al que está obligada la Jefatura de Gabinete. De alguna mente afiebrada puede haber surgido la ocurrencia de utilizar a Adorni como pararrayos frente a dramas más dolorosos y rebeldes. Por ejemplo, el malestar por la inflación y el estancamiento productivo. Es una idea incorrecta. Las malas noticias no tapan malas noticias. Las potencian.

Adorni es una anécdota. La exhibición folclórica de los desarreglos de conducta de un principiante en el arte de sacar ventaja. Mientras opera el cuentagotas de sus pequeñas fechorías, en la penumbra de la administración se teje una urdimbre que, en el largo plazo, será calamitosa. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su segundo, el controvertido abogado Santiago Viola, están consolidando un esquema judicial sospechoso de garantizar que no haya sanción para una oscura trama de negocios. Entre los principales protegidos están los capitostes de la AFA. Recién después vienen los Milei.

Advertisement

No debería sorprender. La sola designación de Viola como secretario de Justicia es una definición de que “la moral como política de Estado” es una consigna que quedará, con suerte, para un eventual próximo mandato. Cuando era defensor de Lázaro Báez, Viola fue procesado por haber montado una patraña judicial contra el juez Sebastián Casanello para impedir que siguiera investigando al presunto testaferro de los Kirchner. La intención final habría sido que Báez quedara en manos de María Servini. Para ese fin Viola utilizó testigos falsos, que también fueron sancionados. La Cámara de Casación, con la firma de Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, lo hizo zafar. En Comodoro Py se atribuye la absolución a los movimientos de Mahiques, hijo de un colega de los camaristas, el “boxindanga” Carlos “Coco” Mahiques.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y los jueces de la Casación, entre ellos su padre Carlos Mahiques

Viola ahora no sólo es viceministro de Justicia. En esa calidad integra el Consejo de la Magistratura, donde forma parte nada menos que de la Comisión de Selección de Jueces. Es decir: el Gobierno, a instancias de Karina Milei, confía la calidad de los magistrados a un personaje tan cuestionable como Viola. Las atribuciones de este problemático profesional van más allá. Está al frente de la Comisión de Administración del Consejo. Es decir, le han confiado, tan luego a él, el manejo del dinero.

Para que lo que se sospecha que puede ocurrir, ocurra, Viola eligió como colaboradora a Rosana Lodovico. Su nombre alcanzó notoriedad en mayo de 2024, cuando debió ser removida de la conducción de la Aduana porque se descubrió que había recibido un préstamo de Promarlón S.A., una compañía investigada por contrabando. El ex marido de Lodovico, Luis Bocassi, y su cuñado, Alejandro Lucano, también estaban involucrados en la denuncia. Bocassi era Jefe de Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana. Un fanático del librecambio. Ahora se vuelve más creíble la versión que circulaba apenas Milei llegó al poder: que su hermana había encomendado a Viola que se encargue de misteriosos “temas de la Aduana”. Síntesis: la “caja” de la Justicia estará en manos de Viola y de Lodovico. La catástrofe no será un accidente. Es un objetivo.

Advertisement

Viola secunda las decisiones de Mahiques. Desde que se supo que sería el nuevo ministro de Justicia, a Mahiques se le atribuyó el propósito de lograr la impunidad para los dirigentes de la AFA. A medida que pasan los días, esa presunción adquiere más y más verosimilitud. Las relaciones entre este funcionario y el dúo Claudio Tapia/ Pablo Toviggino son numerosísimas. Ellos lo designaron delegado ante una comisión de la FIFA. También vicerrector de una supuesta universidad de la Asociación.

A Mahiques se atribuye la designación de los abogados de la AFA, sobre todo de Toviggino, mucho antes de que salieran a la luz los innumerables negociados de esa organización. Entre esos letrados se destaca Ignacio Jakim, quien protagonizó un fracaso resonante en un emprendimiento de importación de electrodomésticos, que se aprovechaba de las manipulaciones de allegados a Toviggino con el régimen cambiario. Lo demás es anecdótico. Que el papá de Mahiques, el “boxindanga”, y que los hijos de Mahiques festejaron sus cumpleaños en la mansión que Toviggino tiene en Villa Rosa, puesta a nombre de jubilados similares a los que financiaron a Adorni.

Allanamiento en la quinta de Villa Rosa, PilarRicardo Pristupluk

Con la designación de Mahiques en el Ministerio de Justicia comenzó “el próximo paso”, como dirían en el Pro. El ministro, que ya había puesto los abogados a Tapia y Toviggino, ahora estaría por ponerles los jueces. Uno clave es Alejandro Catania a quien, por sus legendarios tocados, llaman “Rodete”. Es candidato a ocupar una vacante de la Sala A de la Cámara Federal en lo Penal Económico. Se trata del tribunal de alzada donde se tramita la causa contra los malhechores de la AFA por una multimillonaria evasión de impuestos. Un dato clave: por la naturaleza del delito, ese expediente no podría ser remitido a la tierra prometida del juzgado federal de Campana, donde los imputados confían en contar con la clemencia de Adrián González Charvay.

Advertisement

Para mayor tranquilidad de los investigados, a la misma Cámara de Catania iría Juan Pedro Galván Greenway, quien contaría también con el padrinazgo de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner. Ecuménico, Greenway. Un detalle significativo: Catania tiene una gran relación con Darío Richarte, quien siempre estuvo muy ligado a Daniel Angelici. Casi tanto como Mahiques. Inferencia: Angelici tal vez logre vengarse de los ruidos molestos que provocaba en Villa Rosa el incansable Toviggino con los movimientos de su helicóptero. El problema de Catania es que, siendo diputada, Patricia Bullrich pidió su juicio político, acompañada por Federico Pinedo y Paula Bertol. Bullrich es hoy la figura más poderosa de La Libertad Avanza en el Senado.

Siempre en relación con los negocios del fútbol, hay otra vacante estratégica para el plan de Mahiques: la Sala B de la Cámara Comercial del fuero ordinario. Para esa butaca pensó en José Djivaris quien, como él, integró las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Fue subsecretario de Justicia hasta que lo derivaron al Tribunal Superior de la Ciudad con un cargo administrativo de gran relevancia. La Cámara Comercial es decisiva para una guerra en curso: el establecimiento de sociedades anónimas para la gestión del fútbol.

Djivaris es una demostración viviente del principio expuesto por el camarista federal Alberto Lugones durante la discusión del Reglamento de Concursos del Consejo de la Magistratura, el jueves pasado: “No soy fanático de la meritocracia”. Gracias a la discrecionalidad de la entrevista personal, que es un paso del examen, el candidato de Mahiques pasó del puesto 11º al puesto 4º del concurso Nº 478. Algo parecido sucedió con María Victoria Ordoñez, quien fuera esposa de Mahiques y compitió, con ayuda, para un juzgado de Familia.

Advertisement

Mahiques tiene otra jugada disponible en esa Sala B: en septiembre, Matilde Ballerini cumple 75 años y debería retirarse. Salvo que el ministro decida que se pedirá acuerdo al Senado para que dure 5 años más en el cargo. Los intereses del macrismo en la Sala B de la Cámara Comercial van más allá del fútbol. En ese tribunal se decide el destino del turbulento concurso del Correo Argentino, en el que está involucrada la familia de Mauricio Macri.

Mauricio Macri al salir de los tribunales de Comodoro Py donde declaró como testigo en la causa Sueños CompartidosEnrique García Medina

Además de pensar en sus “clientes” de la AFA y en sus antiguos amigos del Pro, Mahiques debe poner parte de su atención en las tribulaciones penales de los hermanos Milei. Allí aparece una figura clave: Ana María Juan. Es la candidata a ocupar un juzgado federal en Hurlingham. Juan está casada con Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene en sus manos la causa $Libra, pesadilla del Presidente y de su hermana. ¿Giorgi, el ejemplar más destacado de la escudería tribunalicia del tenebroso Antonio Stiusso, amenazó a la señorita Milei con un llamado a indagatoria? Habladurías. Habrá que ver qué destino toma la causa si la doctora Juan consigue el juzgado que anhela desde hace tantos años.

El otro cortafuegos que Mahiques debe tender frente a Karina se llama Patricio Maraniello. Participó del Concurso 442, que todavía no concluyó, para cubrir varias vacantes de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial. También se postuló para un cargo en la Cámara Federal Contencioso Administrativa. Maraniello acumula denuncias en el Consejo por malos tratos y acosos de distinto tipo. Pero tiene un mérito: fue el que emitió la cautelar estableciendo la censura previa para quienes intentaran divulgar audios obtenidos con la voz de la hermana del Presidente. Marianello preside la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que tuvo durante años como secretario al juez Lugones. La Asociación premió en su momento al ministro Mahiques. Si se sigue el criterio de Lugones, no habrá sido por sus méritos.

Advertisement

El escándalo de la AFA puso en evidencia la profundidad de un vínculo que ya era conocido: el del submundo de la Justicia con el submundo del fútbol. Esta semana esos túneles quedaron otra vez expuestos a la luz. Fue cuando el fiscal Guillermo Marijuan denunció, con términos inusuales por lo crudos, a los empresarios Leandro Camani y Diego Lepera, junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, por integrar una asociación ilícita destinada a cobrar coimas y lavar dinero generado alrededor del negocio del cobro de fotomultas. Camani es el dueño de la empresa Securtrans, en la que, según informan en el ambiente judicial, tendría intereses Claudia Balbín, la mamá de Santiago Viola.

El caso está plagado de misterios. En principio, ya es misterioso que Balbín y su hijo Viola estén interesados en la seguridad vial. No debe ser verdad. Hay que recordar que Viola fue el responsable de un homicidio por transitar a altísima velocidad en horas de la madrugada por la Panamericana, rumbo a su casa del Tortugas Country Club. Las versiones sobre ese trágico episodio son innumerables. En la Policía Bonaerense creen recordar que Viola permaneció varias horas en el auto, enclaustrado, para no prestarse a los exámenes de alcoholemia. ¿Es cierto que se presentó a la Justicia un par de días más tarde? La narración desciende hacia detalles que mejor no mencionar. Sobre todo, porque son versiones. De estas experiencias él, o tal vez su madre, habría pasado al negocio de las fotomultas.

Sin embargo, lo más raro de la denuncia de Marijuan es que revela un conflicto que estalla en las entrañas del massismo. El fiscal, el ministro Marinucci, Camani y, sobre todo, Lepera, el eficaz alegrante del restaurante Roldán, todos responden a Sergio Massa con distintos grados de obediencia. Por eso en el ambiente judicial se preguntan, ya que nadie lo supone un fiscal independiente, quién está detrás de Marijuan. La respuesta es unánime: Toviggino. Al parecer el polémico tesorero de la AFA está indignado con Camani porque está convencido de que el empresario fue quien impulsó a Matías Yofe, militante de la Coalición Cívica de Pilar, a poner los focos sobre la mansión de los jubilados de Villa Rosa. Toviggino cree en esa explicación por un antecedente de Yofe: también denunció a Jorge D’Onofrio, el exministro de Transportes bonaerense, por afectar el negocio de las fotomultas de Camani.

Advertisement

La jugada es riesgosa. Tiene un punto crítico. La irascibilidad del alegrante. Lepera, íntimo amigo de Mahiques, es el silencioso testigo de las mil y una noches de Roldán. Su memoria conserva un tesoro de secretos. Marijuan corre el riesgo de que ese apacible ciudadano de la fiesta se abrace a las columnas del templo y haga temblar todo el edificio. Puesto en otros términos: que Lepera, desde la barra de Roldán, arrase con la casta con una agresividad que todavía no se animó a mostrar Milei.


#DatoINDEC,#IPC,https://t.co/ALtx4h5Sbd,pic.twitter.com/6COSfIep4J,April 14, 2026,Carlos Pagni,Conforme a

Advertisement

POLITICA

El caso Adorni y el regreso del game of chicken como política de Estado

Published

on



La escena vuelve a repetirse. Manuel Adorni quiso poner fin a las sospechas que penden sobre su cabeza política y, otra vez, abrió un nuevo capítulo en la saga que tiene como eje sus movimientos patrimoniales. La corrección de sus declaraciones juradas y las respuestas públicas que dio la semana pasada no sólo sumaron contradicciones. También mostraron el regreso de una faceta estructural de la coreografía de poder del Gobierno de Javier Milei, pero ahora recargada. El game of chicken como política de Estado: eso de responder a los desafíos de la oposición o de la ciudadanía acelerando al máximo, a ver quién se corre primero. Dio forma a la gestión mileísta ni bien llegó al poder. Y hechos de los últimos días indican que se potenció hasta lo impensado.

En la última semana, hubo dos ejemplos del todo o nada con el que responde Milei a las presiones que intentan desviarlo de su camino. En un caso, el de Adorni, las chances del Gobierno son una obra en construcción: está pendiente el último ladrillo que determine quién gana la pulseada, si el oficialismo o la oposición. En el otro, el conflicto con las universidades, al Gobierno le torcieron la mano aunque lo presentó como una victoria. Vale la pena pensar por qué en un caso frena y en el otro, acelera.

Advertisement

Con el pie en el acelerador

El caso Adorni, todavía abierto, es una aceleración y escalada en la construcción de una realidad paralela que desafía los hechos evidentes a los ojos de la Argentina. Más allá de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito que está lejos de llegar a un veredicto, el último miércoles, por LN+, el mismo Adorni dejó claro que mintió abiertamente el 29 de abril en su presentación en la Cámara de Diputados: “Nunca existió ocultación alguna”, había sostenido en abril. El miércoles pasado, “la ocultación” salió a la luz de boca, y también de puño y letra, del mismo Adorni.

Y, sin embargo, Milei ratificó el apoyo a su jefe de Gabinete. Por el momento, aún con esa prueba incuestionable sobre la mesa, Milei no está dispuesto a poner el pie en el freno con todo o a dar un volantazo hacia la banquina para evitar la colisión: sigue sosteniendo a Adorni.

Advertisement

El game of chicken se eleva ahora a la enésima potencia: el acelerador rompe el velocímetro. Se ve en varios puntos. Primero, permanece en su cargo un jefe de Gabinete responsable de un “crimen político” grave, mentirle abiertamente a todos: a la Cámara de Diputados en presentación oficial, al Presidente que celebró aquella intervención, al pleno de los ministros del Gabinete que salieron en su apoyó aquel día y a la ciudadanía toda.

La escena del “crimen” fue un informe de gestión obligatorio por mandato constitucional. Con eso solo, sin necesidad de esperar a una sentencia judicial, en una democracia clásica alcanzaría para renunciarlo. En cambio, en una democracia en tiempo de Argentina mileísta, la institucionalidad se reescribe.

Es cierto que desde 1994, cuando se creó la figura de jefe de Gabinete, la adhesión a la obligación de presentarse en el Congreso es baja, según un informe de Chequeado. El top 5 lo ocupan Jorge Capitanich, en el puesto 1, en 2002 y 2013-2015, con un 57 por ciento de cumplimiento; le sigue Marcos Peña durante la presidencia de Cambiemos, con un 56 por ciento; en el puesto tres, Eduardo Bauzá, en el menemismo, con un 50 por ciento y en el cuarto puesto, Jorge Rodríguez, también en los años de Menem, con un 38 por ciento. En la quinta posición está el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, con un 36 por ciento de cumplimiento.

Advertisement

Y está claro que en las presentaciones ante el Congreso, la narrativa de los jefes de Gabinete responde a la lógica política: muchas de las respuestas que dan son discutibles e, incluso, basadas en información falsa. Esa mecánica es condenable, pero se integra dentro del tablero político donde se mueven oficialismo y oposición con estrategia distinta.

Pero la anomalía de Adorni es triple y es de otro nivel: debió haber ido al menos dos veces al Congreso desde que fue nombrado en noviembre, pero no lo hizo; la única vez que fue lo hizo no sólo para informar sobre la marcha del Gobierno sino también para responder por su situación personal, la acusación de enriquecimiento ilícito; y lo más grave, mintió sin vueltas.

El otro punto del todo o nada al extremo por parte del oficialismo es la estrategia argumentativa de Adorni en la entrevista realizada por José Del Rio. La batería de herramientas para desmentir la realidad convierten a sus respuestas en un caso único de estrategia política, más allá de la cronología de su patrimonio, que desafía la verosimilitud. Adorni usó todas las municiones posibles.

Advertisement

Volvió al “deslomado”, esta vez en versión “eran tiempos donde no dormíamos”, en referencia a los primeros meses de gobierno y la presión que debía soportar el Gobierno “con un país al borde del precipicio”. Evitó responder preguntas puntuales basadas en hechos comprobados y optó por refugiarse en la falacia del hombre de paja, eligiendo desacreditar cuestionamientos a su figura basados en hechos falsos y así victimizarse. Justificó su declaración jurada de 2023 al llegar al poder como fruto de la presión en medio de su ingreso a la función pública y su falta de experiencia. Reconoció varios delitos, tipificables como evasión y omisión maliciosa, para esquivar el de enriquecimiento ilícito. Puso a sus hijos como excusa para justificar la compra de nuevas propiedades y mudanzas. Se victimizó para argumentar en favor de su cambio de estilo de vida: la búsqueda de seguridad personal y familiar. Usó una premisa ideológica de La Libertad Avanza y de Milei para justificar la evasión: “no lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro” sin registrar, o quizás sí, que siguió aplicando la misma premisa en plena presidencia de Milei. Extendió un abrazo de oso a Patricia Bullrich para comprometerla con su cercanía en su defensa: “Nos llevamos tan bien con Bullrich que este miércoles le compré una torta porque el jueves es su cumpleaños y se lo vamos a festejar en la mesa política”. Y el dardo más cuestionable, buscó convertir a toda la ciudadanía en cómplice: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.

Bajo el ojo aprobatorio de Milei y Karina Milei, Adorni jugó al game of chicken apretando el acelerador hasta el extremo de la manipulación a cielo abierto del principio de realidad y de la confianza y la credulidad ciudadana.

Milei v universidades, ¿derrota oficialista?

Advertisement

En el caso del conflicto universitario, durante meses, el Gobierno jugó al game of chicken con el sistema universitario público, hasta que se bajó: perjudicó a miles de estudiantes que, en muchos casos perdieron el primer cuatrimestre, acorralados entre la rigidez del Gobierno y el reclamo de docentes y no docentes, con caída salarial del 40 por ciento.

Una vez sancionada la Ley de Financiamiento Universitario el 21 de agosto del año pasado, el Gobierno resistió con todo: después del triunfo de septiembre, la vetó; esquivó el rechazo del veto por parte del Congreso, y la sanción definitiva de octubre con el DNU 759/2025, que suspendió la aplicación de la ley hasta que se determine la fuente de financiamiento; respondió al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el DNU con apelación en segunda instancia; recusó a los jueces de primera y segunda instancia; elevó un recurso extraordinario ante la Corte, que todavía está pendiente; y también recusó a los tres miembros de la Corte por su condición de docentes universitarios, lo que fue rechazado.

El miércoles, después de alcanzar un entendimiento con el CIN y con la firma de un acuerdo con los gremios nacionales paritarios, pareció que había obtenido un triunfo: acordó una actualización de salarios docentes y no docentes del 24,33 por ciento cuando la Ley de Financiamiento Universitario determina un 50 por ciento de actualización para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023.

Advertisement

Sin embargo, fue la primera derrota de 2026 en la gobernabilidad mileísta vía game of chicken: el Gobierno tuvo que bajarse de un argumento clave de su política fiscal para evitar, o al menos posponer, un fallo adverso de la Corte Suprema sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La premisa de que no se puede aprobar una ley que aumente el gasto público sin señalar el origen de los fondos quedó desmentida por el mismo Luis Caputo que dio la venia para asignar nuevas partidas y frenar ese conflicto.

Además, las universidades conservaron la bala de plata: el reclamo central, la aplicación y cumplimiento de la Ley de Financiamiento, sigue vigente ante la Corte.

“Desprendimiento mesiánico”

Advertisement

Con esos dos casos quedó confirmada una psicología política de Milei: una especie de desprendimiento mesiánico de Milei, un juego de todo o nada donde Milei dice, incluso, estar dispuesto a perder una elección con tal de sostener sus premisas. Esa lógica de ejercicio del poder condicionó la gobernabilidad en buena parte de 2025, con el todo o nada aplicado a los casos Garrahan, discapacidad y universidades. Lo frenó durante unas semanas la derrota de septiembre de 2025 en la Provincia de Buenos Aires. Aflojó después del triunfo nacional de octubre: ya no fue necesario. Con la oposición más dura atontada por la victoria mileísta, que contrastó con la derrota bonaerense, Milei tuvo el camino más libre. Pero la lógica volvió con Adorni, mientras que aflojó finalmente con universidades.

¿Por qué el Gobierno se bajó del game of chicken con las universidades pero todavía no está claro que lo haga con Adorni? En el caso de las universidades, fuentes autorizadas de la UBA ven la conveniencia del Gobierno y una negociación posible con la Corte Suprema. Según esa versión, el nombramiento como juez de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no sería ajeno a esas conversaciones.

El Gobierno no tenía señales de lo que podía decidir la Corte. El rechazo de la Corte a la recusación por ser docentes encendió una señal de alarma en el Gobierno. Para el Gobierno, un fallo de la Corte a favor de la Ley los habría obligado a una expansión del gasto universitario de un 50 por ciento en salario: lograron cerrar por la mitad. El acuerdo alcanzado beneficia esa lógica fiscal y le quita presión social a la Corte, que ahora gana tiempo para el fallo de fondo. Eventualmente, la cuestión puede volverse abstracta si antes llega la negociación en el Congreso por el presupuesto 2027. El pragmatismo le puso un freno al game of chicken.

Advertisement

En el caso Adorni, hay más dilemas. Por un lado, desafía esa propensión al “desprendimiento mesiánico” extremo de Milei. Por otro lado, está la cuestión electoral: Milei sigue con atención la brecha entre la mejora de indicadores macro, inflación incluida, y la percepción social de la economía. Hay convencimiento de que si esa brecha se acorta y crece la aprobación económica, Adorni pesará menos.

Queda abierta la cuestión: si Milei sigue conociendo y representando mejor que nadie a su electorado o si, por el contrario, está construyendo los límites de su apoyo popular.




Luciana Vázquez,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,»No va a prosperar». Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado,,Senado. La oposición construye una mayoría para avanzar contra Adorni y el Gobierno activa gestiones con las provincias,,Debate interno. El Gobierno suspende las reuniones de gabinete y mesa política por el caso Adorni

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

Causa SIRA: un hotel de lujo en Tandil aparece como presunto destino de los millones obtenidos con el dólar oficial

Published

on


La causa judicial sobre las presuntas maniobras con el sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández podría abrir una nueva línea de investigación centrada en el destino de los fondos obtenidos a través de esas operatorias.

TN accedió en exclusiva a la declaración de un testigo que aporta nuevas pruebas sobre una presunta segunda etapa de la maniobra investigada por la Justicia: el blanqueo de fondos obtenidos a través de operaciones con el dólar oficial entre 2022 y 2023, una trama que comprometería al menos a exfuncionarios del Banco Central (BCRA).

Advertisement

Este testimonio coincide con Francisco Hauque, el financista y exsocio de Elías Piccirillo, también imputado en esta causa, reveló el viernes en ¿La Ves? (TN) algunos detalles sobre los supuestos vínculos políticos detrás de la causa.

Hauque y el testigo coinciden que un desarrollo turístico iba a ser utilizado para absorber parte de los fondos generados por las maniobras investigadas en la causa del “rulo del dólar”. En ese proyecto aparecen vinculados la exfuncionaria del BCRA Valeria Fernández y el empresario Juan Agra.

“Valeria Fernández ganaba un millón de dólares por día. Iban a lavarla con un proyecto hotelero en Tandil», aseguró el financista.

Advertisement

Otra vez hoteles y bolsos con dólares

El emprendimiento está ubicado sobre la calle Mitre 664, en pleno centro de Tandil, según pudo saber TN. Se trata de una construcción que permanecía abandonada y que habría sido adquirida por Valeria Fernández y Agra, un exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y propietario de la agencia de cambio Mega Latina, investigada por la Justicia. Según el expediente, esa financiera retiró por ventanilla, entre 2022 y 2023, al menos $237 millones de dólares en efectivo.

El esquema de blanqueo de ese dinero incluía la compra y remodelación de este hotel de lujo, con el que solo se avanzó hasta la firma del boleto de compra-venta. La escrituración, según esta fuente, quedó pendiente por el cambio de escenario político generado por la derrota electoral del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

Leé también: Francisco Hauque, investigado en el caso de las SIRA: “Alberto Fernández estaba al tanto de todo”

Advertisement

De hecho, el exministro de economía aparece mencionado como parte de la operatoria. De acuerdo al relato del testigo, Agra “me dijo que trabajaba para Massa”.

Los encuentros se realizaban en una oficina de Agra y Valeria Fernández, ubicada sobre la calle San Martín, frente al Banco Provincia.

“Eran muy desprolijos. Estaban desbordados por la cantidad de dólares que les entraban a través de financieras por el rulo del dólar y las SIRA. Era común ver bolsos con dólares. Un día llegué y había fajos acomodados en el piso porque no había más lugar para guardarlos”, sostuvo el testigo y agregó: “La oficina era muy lujosa, pero nunca había movimiento”.

Advertisement
Sergio Massa. (Foto: Leandro Heredia/TN).

Por el momento, estas afirmaciones forman parte de declaraciones que deberán ser corroboradas en sede judicial. Sin embargo, la aparición de un desarrollo inmobiliario de gran magnitud como presunto destino de fondos vinculados a la causa incorpora un nuevo elemento a una investigación que busca reconstruir tanto el origen del dinero como su recorrido posterior.

El origen de la causa

La investigación intenta esclarecer los presuntos pagos de sobornos para acelerar la aprobación de las SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión Fernández y el entonces ministro Massa.

Según los elementos recolectados hasta ahora, se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones en plazos de 24 horas, cuando los trámites demoraban hasta seis meses.

Advertisement

Leé también: Causa SIRA: ARCA informó que los permisos de importación se aprobaban con un sistema automatizado

La investigación se basa, entre otros elementos, en el análisis del celular de Martín Migueles, dueño de casas de cambio con vínculos con Piccirillo y Hauque.

Elías Piccirillo y Martín Migueles. (Foto: Movil Press).
Elías Piccirillo y Martín Migueles. (Foto: Movil Press).

En conversaciones de 2023 se alude de manera explícita al pago de porcentajes por la gestión acelerada de las SIRA. En paralelo, la causa examina operaciones con dólar oficial bajo el cepo cambiario, en las que intermediarios accedían a divisas a precio regulado para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias significativas.

importaciones, Justicia, Alberto Fernández, Elías Piccirillo, Sergio Massa, Martín Migueles

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

El Gobierno modificará por decreto el sistema de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia

Published

on


El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques firmaron decreto que modifica el régimen de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas.

La medida modifica lo establecido en el decreto 222 de 2003, firmado por Néstor Kirchner, y reduce instancias administrativas previas a la elevación de pliegos al Senado para su aprobación.

Advertisement

Entre los cambios más significativos, se elimina la recomendación de contemplar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al proponer candidatos, suprime la publicación de antecedentes en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional, y quita la etapa de recepción de observaciones e impugnaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia.

El objetivo del gobierno es acortar los plazos y evitar superposiciones con el procedimiento que se desarrolla en la Cámara alta. Desde que asumió, Milei no pudo nombrar jueces en la Corte.

Según pudo saber TN, la reforma unifica los requisitos de información patrimonial y de cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, establece un plazo de cinco días para que los postulantes presenten sus declaraciones juradas de bienes conforme a la Ley de Ética Pública y fija un mecanismo específico para que ARCA informe sobre el estado de esas obligaciones.

Advertisement

En lugar de la publicación tradicional en el Boletín Oficial y dos diarios nacionales, los antecedentes se difundirán ahora en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más breves. Desde el Ejecutivo aseguraron que estas modificaciones no afectan los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana.

Cómo será el nuevo proceso

La normativa vigente hasta este decreto establecía un procedimiento que incluía la publicación del nombre y los antecedentes de los postulantes en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional durante al menos tres días. También preveía un plazo de 15 días para que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales presentaran observaciones o impugnaciones fundadas ante el Ministerio de Justicia.

Tras esa etapa de evaluación, el Poder Ejecutivo elevaba el pliego al Senado, donde el candidato debía enfrentar otra ronda de impugnaciones y apoyos, además de una audiencia pública, y obtener el acuerdo de dos tercios de los senadores presentes.

Advertisement
Corte Suprema de Justicia: Ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Fotos: Comunicación Senado.

El nuevo decreto elimina la etapa de impugnaciones ciudadanas en el Ministerio de Justicia por considerar que constituye una duplicación con el procedimiento que ya se desarrolla en el Senado. También suprime la obligación de publicar los antecedentes en medios gráficos de circulación nacional y moderniza la difusión de la información, que se realizará exclusivamente a través de la página web oficial del Ministerio de Justicia con plazos más reducidos.

Leé también: Milei busca bajar la tensión que generó el caso Adorni en el gabinete e impulsa la vuelta de las conferencias

La Corte Suprema funciona actualmente con tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras las vacantes generadas por la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la de Juan Carlos Maqueda a fines de 2024.

Advertisement

Los intentos previos del Ejecutivo para cubrir las vacantes, como los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, enfrentaron extensos procesos de impugnaciones y no alcanzaron el respaldo de dos tercios necesario en el Senado. En ese marco, el nuevo decreto busca reducir los tiempos administrativos que, según fuentes oficiales, generaban duplicaciones sin agregar valor sustancial al control institucional.

Gobierno, Corte Suprema de Justicia, decreto

Advertisement
Continue Reading

Tendencias