POLITICA
Francisco Paoltroni: “Las explicaciones de Adorni no fueron las más indicadas”

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae al Regreso, el senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni relató las consecuencias de enfrentar al “régimen político” de Gildo Insfrán en Formosa y detalló cómo la coyuntura nacional complica aún más el panorama para las pymes y los ciudadanos de la provincia.
Durante una charla con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Paoltroni sostuvo: “En Formosa combaten a la propiedad privada, combaten a los empresarios, excepto los poquitos amigos y a los privilegiados del sistema. El resto te combaten”.
Paoltroni denunció el impacto del caso Adorni y la crisis de legitimidad política
Paoltroni se refirió al contexto de crisis política derivada del escándalo protagonizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien enfrentó críticas por su viaje a Aruba en primera clase y por su desempeño comunicacional: “Yo también coincido en que por ahí las explicaciones de Manuel no fueron las más indicadas. Algún término que utilizó no lo ayudó en sus explicaciones. Pero insisto, esto es una decisión del presidente y de la mesa política”.
El senador remarcó que la controversia “le beneficia mucho al kirchnerismo. Insfrán y Mayans festejan y se revuelcan de regocijo”, y señaló que la cobertura mediática sobre el caso desplaza otros debates urgentes: “Estoy perdiendo el tiempo ya aquí, hablando de este tema que tiene 40 días y no puedo hablar de lo que justamente te decía… son minutos, minutos oro”.
Paoltroni insistió en que su postura disidente en torno a la nominación del juez Lijo —hecho que lo distanció del oficialismo— respondió a una convicción personal y a la defensa de su provincia: “Fue una decisión que no era de una mesa política, afectaba directamente a mi provincia… porque recordemos que el juez Lijo, por la misma causa que condenó a Boudou, a Insfrán dijo: ‘Usted es de Formosa, que lo juzgue la justicia de Formosa’. Una barbaridad jurídica imposible de sostener”.
La economía regional y nacional bajo presión: tasas, inflación y el retroceso de las pymes
El senador analizó las condiciones económicas actuales, destacando la presión sobre las pymes y el deterioro del tejido productivo: “El mayor impacto negativo que tuvimos las pymes, que depende de la política nacional, fue el apretón financiero y las tasas de interés que nos golpearon muchísimo a todos”.
Señaló que, aunque se han registrado bajas en algunas tasas de créditos y herramientas de reestructuración de deudas, la recuperación es incipiente y desigual: “Hoy se veían tasas del 23, del 24. Hace más de un año habíamos llegado al 25. Perdimos ocho meses monstruosos con este apretón financiero y ahí se ve la mora, problemas en la cadena de pago, pero se empieza a resolver de esta manera”.
Al ser consultado sobre el comportamiento de los distintos sectores, sostuvo: “El flagelo más grande es los impuestos distorsivos y las tasas de interés. Esos son los dos flagelos más grandes que tenemos todos los empresarios. Y la caída de la demanda también. Bueno, depende del sector”.
Paoltroni puntualizó que la construcción “empezó a haber algunos indicadores y eso también viene mucho de la mano del crédito. Empieza a repuntar desde un piso.” Sin embargo, advirtió que la economía argentina todavía no encuentra “el piso”.

Intervención federal y migración: la propuesta para terminar con el “feudo” y sus consecuencias sociales
Francisco Paoltroni anunció la inminente presentación de un proyecto de ley para impulsar la intervención federal de Formosa, buscando romper lo que define como “un modelo de pobreza permanente”: “La intervención federal es un proyecto de ley como cualquiera. Puede venir por iniciativa del Ejecutivo o puede ser por iniciativa del Legislativo. Yo, como representante de Formosa, obviamente tengo un interés particular de cambiar la realidad de mi provincia y empezar a llevar inversiones, porque en Formosa no va a pasar nunca nada mientras el feudo siga”.
Paoltroni comparó el fenómeno migratorio de Formosa con el de Venezuela: “Se fueron 120.000 formoseños en 30 años. Es como Venezuela. ¿Qué pasó con los venezolanos? Y se fueron. Se fueron ocho millones de venezolanos. En Formosa pasa lo mismo. Los tenés en Tierra del Fuego. La segunda población más grande de formoseños fuera de Formosa es Tierra del Fuego, Río Grande. Se van a buscar el laburo y el otro, la otra población se queda, se somete. O te sometés o te vas. Ese es el modelo”.
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POLITICA
El caso Adorni y el regreso del game of chicken como política de Estado

La escena vuelve a repetirse. Manuel Adorni quiso poner fin a las sospechas que penden sobre su cabeza política y, otra vez, abrió un nuevo capítulo en la saga que tiene como eje sus movimientos patrimoniales. La corrección de sus declaraciones juradas y las respuestas públicas que dio la semana pasada no sólo sumaron contradicciones. También mostraron el regreso de una faceta estructural de la coreografía de poder del Gobierno de Javier Milei, pero ahora recargada. El game of chicken como política de Estado: eso de responder a los desafíos de la oposición o de la ciudadanía acelerando al máximo, a ver quién se corre primero. Dio forma a la gestión mileísta ni bien llegó al poder. Y hechos de los últimos días indican que se potenció hasta lo impensado.
En la última semana, hubo dos ejemplos del todo o nada con el que responde Milei a las presiones que intentan desviarlo de su camino. En un caso, el de Adorni, las chances del Gobierno son una obra en construcción: está pendiente el último ladrillo que determine quién gana la pulseada, si el oficialismo o la oposición. En el otro, el conflicto con las universidades, al Gobierno le torcieron la mano aunque lo presentó como una victoria. Vale la pena pensar por qué en un caso frena y en el otro, acelera.
Con el pie en el acelerador
El caso Adorni, todavía abierto, es una aceleración y escalada en la construcción de una realidad paralela que desafía los hechos evidentes a los ojos de la Argentina. Más allá de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito que está lejos de llegar a un veredicto, el último miércoles, por LN+, el mismo Adorni dejó claro que mintió abiertamente el 29 de abril en su presentación en la Cámara de Diputados: “Nunca existió ocultación alguna”, había sostenido en abril. El miércoles pasado, “la ocultación” salió a la luz de boca, y también de puño y letra, del mismo Adorni.
Y, sin embargo, Milei ratificó el apoyo a su jefe de Gabinete. Por el momento, aún con esa prueba incuestionable sobre la mesa, Milei no está dispuesto a poner el pie en el freno con todo o a dar un volantazo hacia la banquina para evitar la colisión: sigue sosteniendo a Adorni.
El game of chicken se eleva ahora a la enésima potencia: el acelerador rompe el velocímetro. Se ve en varios puntos. Primero, permanece en su cargo un jefe de Gabinete responsable de un “crimen político” grave, mentirle abiertamente a todos: a la Cámara de Diputados en presentación oficial, al Presidente que celebró aquella intervención, al pleno de los ministros del Gabinete que salieron en su apoyó aquel día y a la ciudadanía toda.
La escena del “crimen” fue un informe de gestión obligatorio por mandato constitucional. Con eso solo, sin necesidad de esperar a una sentencia judicial, en una democracia clásica alcanzaría para renunciarlo. En cambio, en una democracia en tiempo de Argentina mileísta, la institucionalidad se reescribe.
Es cierto que desde 1994, cuando se creó la figura de jefe de Gabinete, la adhesión a la obligación de presentarse en el Congreso es baja, según un informe de Chequeado. El top 5 lo ocupan Jorge Capitanich, en el puesto 1, en 2002 y 2013-2015, con un 57 por ciento de cumplimiento; le sigue Marcos Peña durante la presidencia de Cambiemos, con un 56 por ciento; en el puesto tres, Eduardo Bauzá, en el menemismo, con un 50 por ciento y en el cuarto puesto, Jorge Rodríguez, también en los años de Menem, con un 38 por ciento. En la quinta posición está el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, con un 36 por ciento de cumplimiento.
Y está claro que en las presentaciones ante el Congreso, la narrativa de los jefes de Gabinete responde a la lógica política: muchas de las respuestas que dan son discutibles e, incluso, basadas en información falsa. Esa mecánica es condenable, pero se integra dentro del tablero político donde se mueven oficialismo y oposición con estrategia distinta.
Pero la anomalía de Adorni es triple y es de otro nivel: debió haber ido al menos dos veces al Congreso desde que fue nombrado en noviembre, pero no lo hizo; la única vez que fue lo hizo no sólo para informar sobre la marcha del Gobierno sino también para responder por su situación personal, la acusación de enriquecimiento ilícito; y lo más grave, mintió sin vueltas.
El otro punto del todo o nada al extremo por parte del oficialismo es la estrategia argumentativa de Adorni en la entrevista realizada por José Del Rio. La batería de herramientas para desmentir la realidad convierten a sus respuestas en un caso único de estrategia política, más allá de la cronología de su patrimonio, que desafía la verosimilitud. Adorni usó todas las municiones posibles.
Volvió al “deslomado”, esta vez en versión “eran tiempos donde no dormíamos”, en referencia a los primeros meses de gobierno y la presión que debía soportar el Gobierno “con un país al borde del precipicio”. Evitó responder preguntas puntuales basadas en hechos comprobados y optó por refugiarse en la falacia del hombre de paja, eligiendo desacreditar cuestionamientos a su figura basados en hechos falsos y así victimizarse. Justificó su declaración jurada de 2023 al llegar al poder como fruto de la presión en medio de su ingreso a la función pública y su falta de experiencia. Reconoció varios delitos, tipificables como evasión y omisión maliciosa, para esquivar el de enriquecimiento ilícito. Puso a sus hijos como excusa para justificar la compra de nuevas propiedades y mudanzas. Se victimizó para argumentar en favor de su cambio de estilo de vida: la búsqueda de seguridad personal y familiar. Usó una premisa ideológica de La Libertad Avanza y de Milei para justificar la evasión: “no lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro” sin registrar, o quizás sí, que siguió aplicando la misma premisa en plena presidencia de Milei. Extendió un abrazo de oso a Patricia Bullrich para comprometerla con su cercanía en su defensa: “Nos llevamos tan bien con Bullrich que este miércoles le compré una torta porque el jueves es su cumpleaños y se lo vamos a festejar en la mesa política”. Y el dardo más cuestionable, buscó convertir a toda la ciudadanía en cómplice: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.
Bajo el ojo aprobatorio de Milei y Karina Milei, Adorni jugó al game of chicken apretando el acelerador hasta el extremo de la manipulación a cielo abierto del principio de realidad y de la confianza y la credulidad ciudadana.
Milei v universidades, ¿derrota oficialista?
En el caso del conflicto universitario, durante meses, el Gobierno jugó al game of chicken con el sistema universitario público, hasta que se bajó: perjudicó a miles de estudiantes que, en muchos casos perdieron el primer cuatrimestre, acorralados entre la rigidez del Gobierno y el reclamo de docentes y no docentes, con caída salarial del 40 por ciento.
Una vez sancionada la Ley de Financiamiento Universitario el 21 de agosto del año pasado, el Gobierno resistió con todo: después del triunfo de septiembre, la vetó; esquivó el rechazo del veto por parte del Congreso, y la sanción definitiva de octubre con el DNU 759/2025, que suspendió la aplicación de la ley hasta que se determine la fuente de financiamiento; respondió al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el DNU con apelación en segunda instancia; recusó a los jueces de primera y segunda instancia; elevó un recurso extraordinario ante la Corte, que todavía está pendiente; y también recusó a los tres miembros de la Corte por su condición de docentes universitarios, lo que fue rechazado.
El miércoles, después de alcanzar un entendimiento con el CIN y con la firma de un acuerdo con los gremios nacionales paritarios, pareció que había obtenido un triunfo: acordó una actualización de salarios docentes y no docentes del 24,33 por ciento cuando la Ley de Financiamiento Universitario determina un 50 por ciento de actualización para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023.
Sin embargo, fue la primera derrota de 2026 en la gobernabilidad mileísta vía game of chicken: el Gobierno tuvo que bajarse de un argumento clave de su política fiscal para evitar, o al menos posponer, un fallo adverso de la Corte Suprema sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La premisa de que no se puede aprobar una ley que aumente el gasto público sin señalar el origen de los fondos quedó desmentida por el mismo Luis Caputo que dio la venia para asignar nuevas partidas y frenar ese conflicto.
Además, las universidades conservaron la bala de plata: el reclamo central, la aplicación y cumplimiento de la Ley de Financiamiento, sigue vigente ante la Corte.
“Desprendimiento mesiánico”
Con esos dos casos quedó confirmada una psicología política de Milei: una especie de desprendimiento mesiánico de Milei, un juego de todo o nada donde Milei dice, incluso, estar dispuesto a perder una elección con tal de sostener sus premisas. Esa lógica de ejercicio del poder condicionó la gobernabilidad en buena parte de 2025, con el todo o nada aplicado a los casos Garrahan, discapacidad y universidades. Lo frenó durante unas semanas la derrota de septiembre de 2025 en la Provincia de Buenos Aires. Aflojó después del triunfo nacional de octubre: ya no fue necesario. Con la oposición más dura atontada por la victoria mileísta, que contrastó con la derrota bonaerense, Milei tuvo el camino más libre. Pero la lógica volvió con Adorni, mientras que aflojó finalmente con universidades.
¿Por qué el Gobierno se bajó del game of chicken con las universidades pero todavía no está claro que lo haga con Adorni? En el caso de las universidades, fuentes autorizadas de la UBA ven la conveniencia del Gobierno y una negociación posible con la Corte Suprema. Según esa versión, el nombramiento como juez de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no sería ajeno a esas conversaciones.
El Gobierno no tenía señales de lo que podía decidir la Corte. El rechazo de la Corte a la recusación por ser docentes encendió una señal de alarma en el Gobierno. Para el Gobierno, un fallo de la Corte a favor de la Ley los habría obligado a una expansión del gasto universitario de un 50 por ciento en salario: lograron cerrar por la mitad. El acuerdo alcanzado beneficia esa lógica fiscal y le quita presión social a la Corte, que ahora gana tiempo para el fallo de fondo. Eventualmente, la cuestión puede volverse abstracta si antes llega la negociación en el Congreso por el presupuesto 2027. El pragmatismo le puso un freno al game of chicken.
En el caso Adorni, hay más dilemas. Por un lado, desafía esa propensión al “desprendimiento mesiánico” extremo de Milei. Por otro lado, está la cuestión electoral: Milei sigue con atención la brecha entre la mejora de indicadores macro, inflación incluida, y la percepción social de la economía. Hay convencimiento de que si esa brecha se acorta y crece la aprobación económica, Adorni pesará menos.
Queda abierta la cuestión: si Milei sigue conociendo y representando mejor que nadie a su electorado o si, por el contrario, está construyendo los límites de su apoyo popular.
Luciana Vázquez,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,»No va a prosperar». Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado,,Senado. La oposición construye una mayoría para avanzar contra Adorni y el Gobierno activa gestiones con las provincias,,Debate interno. El Gobierno suspende las reuniones de gabinete y mesa política por el caso Adorni
POLITICA
Causa SIRA: un hotel de lujo en Tandil aparece como presunto destino de los millones obtenidos con el dólar oficial

La causa judicial sobre las presuntas maniobras con el sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández podría abrir una nueva línea de investigación centrada en el destino de los fondos obtenidos a través de esas operatorias.
TN accedió en exclusiva a la declaración de un testigo que aporta nuevas pruebas sobre una presunta segunda etapa de la maniobra investigada por la Justicia: el blanqueo de fondos obtenidos a través de operaciones con el dólar oficial entre 2022 y 2023, una trama que comprometería al menos a exfuncionarios del Banco Central (BCRA).
Este testimonio coincide con Francisco Hauque, el financista y exsocio de Elías Piccirillo, también imputado en esta causa, reveló el viernes en ¿La Ves? (TN) algunos detalles sobre los supuestos vínculos políticos detrás de la causa.
Hauque y el testigo coinciden que un desarrollo turístico iba a ser utilizado para absorber parte de los fondos generados por las maniobras investigadas en la causa del “rulo del dólar”. En ese proyecto aparecen vinculados la exfuncionaria del BCRA Valeria Fernández y el empresario Juan Agra.
“Valeria Fernández ganaba un millón de dólares por día. Iban a lavarla con un proyecto hotelero en Tandil», aseguró el financista.
Otra vez hoteles y bolsos con dólares
El emprendimiento está ubicado sobre la calle Mitre 664, en pleno centro de Tandil, según pudo saber TN. Se trata de una construcción que permanecía abandonada y que habría sido adquirida por Valeria Fernández y Agra, un exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y propietario de la agencia de cambio Mega Latina, investigada por la Justicia. Según el expediente, esa financiera retiró por ventanilla, entre 2022 y 2023, al menos $237 millones de dólares en efectivo.
El esquema de blanqueo de ese dinero incluía la compra y remodelación de este hotel de lujo, con el que solo se avanzó hasta la firma del boleto de compra-venta. La escrituración, según esta fuente, quedó pendiente por el cambio de escenario político generado por la derrota electoral del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
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De hecho, el exministro de economía aparece mencionado como parte de la operatoria. De acuerdo al relato del testigo, Agra “me dijo que trabajaba para Massa”.
Los encuentros se realizaban en una oficina de Agra y Valeria Fernández, ubicada sobre la calle San Martín, frente al Banco Provincia.
“Eran muy desprolijos. Estaban desbordados por la cantidad de dólares que les entraban a través de financieras por el rulo del dólar y las SIRA. Era común ver bolsos con dólares. Un día llegué y había fajos acomodados en el piso porque no había más lugar para guardarlos”, sostuvo el testigo y agregó: “La oficina era muy lujosa, pero nunca había movimiento”.
Por el momento, estas afirmaciones forman parte de declaraciones que deberán ser corroboradas en sede judicial. Sin embargo, la aparición de un desarrollo inmobiliario de gran magnitud como presunto destino de fondos vinculados a la causa incorpora un nuevo elemento a una investigación que busca reconstruir tanto el origen del dinero como su recorrido posterior.
El origen de la causa
La investigación intenta esclarecer los presuntos pagos de sobornos para acelerar la aprobación de las SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión Fernández y el entonces ministro Massa.
Según los elementos recolectados hasta ahora, se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones en plazos de 24 horas, cuando los trámites demoraban hasta seis meses.
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La investigación se basa, entre otros elementos, en el análisis del celular de Martín Migueles, dueño de casas de cambio con vínculos con Piccirillo y Hauque.
En conversaciones de 2023 se alude de manera explícita al pago de porcentajes por la gestión acelerada de las SIRA. En paralelo, la causa examina operaciones con dólar oficial bajo el cepo cambiario, en las que intermediarios accedían a divisas a precio regulado para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias significativas.
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POLITICA
El Gobierno modificará por decreto el sistema de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques firmaron decreto que modifica el régimen de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas.
La medida modifica lo establecido en el decreto 222 de 2003, firmado por Néstor Kirchner, y reduce instancias administrativas previas a la elevación de pliegos al Senado para su aprobación.
Entre los cambios más significativos, se elimina la recomendación de contemplar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al proponer candidatos, suprime la publicación de antecedentes en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional, y quita la etapa de recepción de observaciones e impugnaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia.
El objetivo del gobierno es acortar los plazos y evitar superposiciones con el procedimiento que se desarrolla en la Cámara alta. Desde que asumió, Milei no pudo nombrar jueces en la Corte.
Según pudo saber TN, la reforma unifica los requisitos de información patrimonial y de cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, establece un plazo de cinco días para que los postulantes presenten sus declaraciones juradas de bienes conforme a la Ley de Ética Pública y fija un mecanismo específico para que ARCA informe sobre el estado de esas obligaciones.
En lugar de la publicación tradicional en el Boletín Oficial y dos diarios nacionales, los antecedentes se difundirán ahora en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más breves. Desde el Ejecutivo aseguraron que estas modificaciones no afectan los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana.
Cómo será el nuevo proceso
La normativa vigente hasta este decreto establecía un procedimiento que incluía la publicación del nombre y los antecedentes de los postulantes en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional durante al menos tres días. También preveía un plazo de 15 días para que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales presentaran observaciones o impugnaciones fundadas ante el Ministerio de Justicia.
Tras esa etapa de evaluación, el Poder Ejecutivo elevaba el pliego al Senado, donde el candidato debía enfrentar otra ronda de impugnaciones y apoyos, además de una audiencia pública, y obtener el acuerdo de dos tercios de los senadores presentes.
El nuevo decreto elimina la etapa de impugnaciones ciudadanas en el Ministerio de Justicia por considerar que constituye una duplicación con el procedimiento que ya se desarrolla en el Senado. También suprime la obligación de publicar los antecedentes en medios gráficos de circulación nacional y moderniza la difusión de la información, que se realizará exclusivamente a través de la página web oficial del Ministerio de Justicia con plazos más reducidos.
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La Corte Suprema funciona actualmente con tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras las vacantes generadas por la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la de Juan Carlos Maqueda a fines de 2024.
Los intentos previos del Ejecutivo para cubrir las vacantes, como los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, enfrentaron extensos procesos de impugnaciones y no alcanzaron el respaldo de dos tercios necesario en el Senado. En ese marco, el nuevo decreto busca reducir los tiempos administrativos que, según fuentes oficiales, generaban duplicaciones sin agregar valor sustancial al control institucional.
Gobierno, Corte Suprema de Justicia, decreto
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