POLITICA
“El que apuesta al dólar, pierde”: la historia detrás de una de las frases más recordadas de la economía argentina
Los ministros de economía argentinos fueron creadores -voluntaria e involuntariamente- de una gran cantidad de frases célebres de nuestra historia. Del “Hay que pasar el invierno” de Álvaro Alsogaray al “Me quiero ir” de Hernán Lorenzino pasando por “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo” del desesperado Juan Carlos Pugliese en medio de la hiperinflación de Alfonsín.
Una de ellas, tal vez una de las más recordadas, y posiblemente la más dañina, la pronunció 45 años atrás, Lorenzo Sigaut, Ministro de Economía de Roberto Viola, segundo presidente de la Dictadura: “El que apuesta al dólar, pierde”, dijo.
El 19 de junio de 1981, con los mercados en ebullición, la inflación descontrolándose, las tasas desorbitadas y creciente inquietud social con movimientos gremiales significativos por primera vez desde el golpe del 76, el ministro Sigaut enfrentó a los medios y soltó su frase célebre, la que lo perseguiría por siempre.
El Proceso, como se autodenominaba, tambaleaba. La política económica se había resquebrajado y el diseño de Martínez de Hoz se había agotado por completo. La Plata Dulce había llegado a su fin. No habría más Deme Dos ni la lluvia de artistas internacionales que bajaban a nuestro país por el dólar barato. Dejaría también de haber productos importados en cada comercio. Se acababa la Tablita del ministro orejudo. Esas eran las manifestaciones de una inflación que se desbocaba, de un desempleo que crecía, de sueldos deprimidos, del déficit fiscal y de pérdidas abruptas de reservas.
El clima social estaba convulsionado. SMATA hizo un paro con manifestaciones callejeras con el saldo de 1.100 detenidos. La carne aumentaba, también los transportes y los servicios. El malestar era creciente. El Gral Viola, presidente de facto, intentaba con su perfil más político hacer equilibrio pero nada resultaba y las internas militares recrudecían. El modelo y el plan de la Dictadura parecían haberse agotado.
Lorenzo Sigaut trataba de llevar tranquilidad. El 15 de junio los diarios daban cuenta de sus declaraciones. Los títulos trataban de insuflar cierto ánimo: «Sigaut se muestra optimista», decían. El ministro sostenía que había que tener un poco de paciencia, que muchos productos estaban sobrevaluados y que con Martínez de Hoz se vivía algo que se había presentado como un milagro pero era una ficción, algo artificial que debía ser corregido, ajustado a parámetros reales: “Muchos argentinos de clase media viajaron al exterior y acá se compran artículos importados de una calidad que no habíamos visto, eso no era fruto de un milagro sino de un tipo de cambio irreal”, explicó. La inflación de ese momento la atribuía al tipo de cambio atrasado que había dejado su antecesor.
Casi como anunciando que vendría un ajuste o algún tipo de cimbronazo. Si su intención era detener la incertidumbre, estas declaraciones sólo la acrecentaron.
Mientras tanto otros referentes económicos, ex funcionarios de Videla, como Luis Estrada y los hermanos Juan y Roberto Alemann decían que el Ministro no atacaba a la inflación, que la menospreciaba y que eso era riesgoso y hasta criminal.
Viola trataba de mostrar una autoridad que no tenía. En los diarios las malas noticias se agolpaban. Suba de tarifas, paros que se multiplicaban luego del de SMATA, protestas crecientes.
Unas semanas antes, Sigaut había tratado de encaminar la situación con una devaluación discreta. Pero nada se modificó. Para fin de esa semana la situación era muy tensa. El viernes 19, con la esperanza de que el fin de semana apaciguara los ánimos, se anunció una cadena nacional. El mensaje de Viola al país buscaba tranquilizar. Pero se seguían perdiendo reservas. Más de 250 millones en dos días. Ese mismo día, más temprano, Sigaut debió salir a hablar una vez más antes del fin de la jornada bursátil y cambiaria.
El ministro, como todos los funcionarios de ese tiempo -ni hablar los militares con sus modos marciales- utilizaba un lenguaje algo alambicado. Una especulación: no sabían bien cómo salir del paso, cómo arreglar la economía. Sólo tenían claro que debían llevar algo de serenidad.
Al principio se quejó: “Algunos no nos están dando un voto de confianza”. Después negó la noticia que había ocupado la portada de los principales diarios de esa mañana, la pérdida de reservas de centenares de millones. “Esas son noticias disparatadas” afirmó. A esa altura los que lo escuchaban empezaron a sospechar: nunca es un buen indicio que un funcionario niegue muy rotundamente algo, suele ser la mejor manera de confirmar lo que él trata de desmentir. Predijo también que la inflación de ese mes rondaría el 10% (después sabríamos que se equivocó por bastante). Sobre el final de la conferencia, vendría la declaración que lo inmortalizaría, que haría su gestión inolvidable. Sin entender que a la plaza cambiaria no se la doma con palabras, vaticinó: “El que apuesta al dólar, pierde”. 
Un buen one-liner que los ávidos editores periodísticos rescataron para sus títulos, que ocuparon un buen lugar en los diarios del sábado.
Horas después, Viola habló al país. Trató de mantenerse firme pero a la vez comprensivo de las protestas que aparecían por primera vez en mucho tiempo, había un despertar social que los militares no esperaban. “No toleraremos desbordes, pero analizaremos reclamos legítimos”, dijo. Trató, también, de elogiar al Proceso: “El esquema de poder actual le dio al sistema una estabilidad política inédita en el país”. Y casi como si citara a algún filósofo chino le adjudicó el mal momento a algo que llamó “La crisis del cambio”, que describió como la adaptación del gobierno militar a la nueva situación y a su permanencia en el poder (que quedaba claro no tenían intenciones de abandonar): lo malo que estaba sucediendo se debía -según su visión peculiar- por lo bueno que hicieron antes. Fue un discurso que no cumplió con sus fines: después de escucharlo, la gente se mostró más inquieta todavía.
El lunes a primera hora de la mañana, el microcentro porteño se pobló de manera inusual. Por Florida y por San Martín, calles en las que proliferaban las casas de cambio, se movía una multitud. Una foto en la portada de Clarín del día siguiente muestra la calle atiborrada, como si se tratara de la salida de un estadio después de un superclásico (por la cara de las personas que se ven: de un superclásico perdido por su equipo). Nadie quería los pesos. Todos, desobedeciendo al ministro, salieron a comprar dólares.
La cotización voló. De 3.900 pesos que costaba a principios del día, durante esa jornada pasó los 6.100 pesos.
Pero esa multitud que volvió intransitable el centro de Buenos Aires descubrió que se habían convertido en apostadores tardíos, que esa mañana de lunes ya habían perdido. En el medio, Sigaut anunció una devaluación del 30% y el desdoblamiento del mercado cambiario. Al mediodía, las casas de cambio cerraron. No tenían cotización para la divisa y se les habían acabado los dólares.
El que apuesta al dólar, pierde, dijo el ministro Lorenzo Sigaut y en el primer día hábil posterior a su declaración dejó en claro que la derrota era para otros.
Al día siguiente, el diario Crónica tituló: SI APOSTÓ AL DÓLAR, SE SALVÓ: drástica devaluación del peso. En un artículo del interior del diario, se transcribía este diálogo escuchado en la calle:
—¡Te dije que compraras los dólares el viernes! —le gritó una mujer exasperada a su marido.
—Pero, mujer, el ministro de Economía dijo que los que apostaban al dólar iban a perder.
—Vos sos un idiota por creer todo lo que te dicen —le respondió la esposa.
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Con el movimiento sísmico de ese día, el dólar en los primeros seis meses del año llevaba un aumento de más del 200%.
En un país en el que muchos habían invertido en dólares, esa devaluación produjo un cimbronazo brutal y varios quebrantos. Acaso el más célebre, el que retrate esa era, sea el de Palito Ortega y sus pérdidas millonarias con la visita de Frank Sinatra al país que se produciría en agosto.
Sigaut, que provenía de la empresa FIAT, fue el único ministro de economía que tuvo Viola durante su breve mandato. Comandó las finanzas del país desde fines de marzo del 81 hasta el 11 de diciembre cuando Galtieri se hizo con el poder (esa aventura también sabemos cómo terminó y produjo otras infaustas frases célebres).
Fue una época que anticipó el fin de la Dictadura, el agotamiento de la fórmula y el inicio del malestar manifiesto de la gente y de los sindicatos. Se pareció, en muchos aspectos, a 1975, con las devaluaciones y los cambios de planes tratando de detener una caída inevitable y empeorando todos los índices.
Los números de la gestión de Sigaut fueron muy negativos. En abril de 1981 el dólar estaba en 3.200; en diciembre cuando dejó el ministerio había trepado hasta los 10.400 pesos. La inflación anual rondó el 135%. La deuda externa aumentó un tercio. El PBI cayó un 5,4%.
El que apostó al dólar -como casi siempre en la Argentina- no perdió.
Un dato resume de manera cabal el descalabro: en noviembre de ese año el Banco Central por primera vez en nuestra historia imprimió el billete de un millón de pesos.
Dólar, ministro de economía, dictadura militar, Devaluación, Sumario
POLITICA
El viaje que podría postergar el debate del proyecto sobre Malvinas y los ajustes que el Gobierno evalúa para sumar votos
El Gobierno evalúa si conviene y/o vale la pena enviar una comitiva a Estados Unidos para darle respaldo a Donald Trump en unas elecciones que se vislumbran complicadas para los republicanos. Sin embargo, varios diputados ya tienen definido ir juntos, invitados por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Lo cual podría generar un alargamiento de los tiempos para el eventual debate en el recinto del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas que apadrina y sobre el que decidió apoyarse especialmente Javier Milei, y sobre el cual ya se están imprimiendo cambios para asegurarse un pronto dictamen.
La posibilidad de ir al recinto aún es ciencia ficción, dicen en el oficialismo. Aún no están las firmas para que avance la iniciativa, entre dudas de aliados y fuerte presión de los opositores duros. Y si bien en el plenario de comisiones previsto para el próximo martes intentarán darle luz verde al proyecto, algunas voces propias y afines advierten dificultades.
Javier Milei todavía no definió si irá en persona a EE.UU. y nada está confirmado, admiten en la Casa Rosada. La decisión dependerá de una serie de factores. El Presidente estuvo en Nueva York por la Asamblea General de la ONU y en Washington por la gala de la Fundación Herencia Hispana, dos viajes en pocas semanas. Ahora sopesa si vuelve, y cuánto le conviene hacerlo. Las encuestas anticipan una elección difícil para el Partido Republicano, y en el oficialismo evalúan si corresponde estar presente, y con qué nivel de representación. Por lo pronto, según pudo reconstruir este medio, los cielistas no serían de la partida.
Puertas adentro, en el Gobierno relativizan el impacto de un mal resultado para Trump y dicen que no les molesta que pierda, porque se trata de una elección legislativa y no presidencial. Esa misma mirada explica el desinterés de algunos de los invitados. Entre quienes declinaron las invitaciones para viajar, el razonamiento es que unas elecciones de medio término no son lo suficientemente relevantes como para justificar el traslado. “Prefiero quedarme en casa”, resumen, mientras hacen otros planes para esas fechas.
Sí irán varios diputados libertarios y de PRO, invitados por AmCham, durante la semana de los comicios del 3 de noviemnbre. Y sus ausencias, advierten en el oficialismo, podrían postergar el eventual debate en el recinto.
El viaje de los que sí van confirmados a Washington tiene un efecto inmediato en el Congreso. Con varios diputados en Estados Unidos, el oficialismo no lograría asegurarse el quórum para sesionar el primer miércoles de noviembre. Y después viene el Papa.
Si el Vaticano lo confirma -aun hay dudas debido a su estado de salud-, León XIV llegará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, y en el oficialismo no quieren sancionar nada durante esos días. Es otra semana que “se pierde”. Por eso la fecha que manejan hoy es el 18 de noviembre, junto con el Presupuesto, aunque aclaran que la idea es llevar el proyecto al recinto “lo antes posible”, si los números lo permiten.
En ese contexto, el Ejecutivo apuró cambios para asegurarse el dictamen. La decisión se terminó de tomar después de que funcionarios norteamericanos que responden al jefe del Departamento de Estado de Trump, Marco Rubio, manifestaran su preocupación por el efecto de la nueva norma para sus empresas. Y de que, posteriormente a la advertencia, fueran recibidos por Milei, y por Luis Caputo junto a Santiago Caputo.
El Gobierno ya “redefinió el alcance de las sanciones”, dijeron fuentes oficiales sobre las modificaciones acordadas en la reunión de trabajo que reveló Infobae ayer, entre la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal y la diputada Silvana Giudici, con sus equipos. A la que se sumó, al final, Santiago Caputo, ideólogo de la iniciativa.
Los cambios se presentan como un ajuste técnico y no como una concesión. “Había artículos muy amplios, sin delimitar el alcance de las sanciones administrativas y las excepciones. Eso es lo que están tratando de instalar que pidió Estados Unidos, pero en realidad eran cosas que había que pulir del texto original, porque son medidas muy novedosas que no habían sido tomadas nunca en nuestro país”, dijo un impulsor del proyecto.
La versión oficial insiste en que la letra no cambia en lo esencial y descartan de plano la posibilidad de que se separe en varias normas, como pedía el kirchnerismo: “Sigue igual. Y no se divide, nunca pensamos en dividir nada”, se plantaron.
Donde sí hay diferencias -con la oposición pero también en el propio Gobierno- es en la integración del Consejo de Seguridad Nacional que buscan crear y que interesa especialmente a Caputo. En Balcarce 50 quieren que quede tal cual está redactado, sin intervención de representantes legislativos, excepto en una comisión de seguimiento, aparte. Los bloques, en cambio, insistirán para que el Congreso tenga un lugar en el órgano. Es un punto que puede terminar condicionando los votos. Y desde el PRO sospechan que las diferencias en el propio Gobierno por este punto podrían jugarle en contra.
Entre los aliados del oficialismo ya lo advierten y marcan: “Una cosa es la posición del Ejecutivo y otra es la realidad de los votos. Somos prudentes hasta el martes que estemos en el plenario”.
El plenario del martes es, entonces, la primera prueba. Allí se verá cuánto de lo que el Gobierno presenta como una corrección técnica alcanza para ordenar el apoyo de los bloques, y cuánto de lo que reclaman los aliados el oficialismo está dispuesto a aceptar antes de que el reloj, entre las elecciones en Estados Unidos y la visita del Papa, los acerque al fin de las ordinarias. Con todo, en Casa Rosada como en el Congreso son optimistas y creen que se aprobará no sólo en Diputados sino que se transformará en ley en el Senado antes de fin de año, quizá, en una extensión o en extraordinarias. Si no hay sesión el miércoles 28 de octubre ni la semana siguiente, y con la visita del Papa León XIV luego, el oficialismo apunta al 18 de noviembre.
POLITICA
Caso $LIBRA. Jueces, fiscales y vínculos con el poder: el derrotero de una causa destinada al archivo
El fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que sobreseyó a Javier y Karina Milei en el caso $LIBRA sin que quedara en pie un acusador que pudiera apelarlo, es el final de una compleja ingeniería judicial.
El 4 de septiembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día con los nuevos jueces nombrados por el propio Milei, confirmó la decisión de apartar del expediente a cinco inversores que pedían ser reconocidos como querellantes por las pérdidas que sufrieron con la compra de la criptomoneda que promocionó el Presidente. Sin querellantes, quedaba como único acusador el fiscal Eduardo Taiano, quien –se supo el viernes- promovió el sobreseimiento de todos los imputados en un dictamen que se mantuvo en reserva.
Con el fiscal pidiendo lo que pretendían las defensas y sin posibles víctimas que pudieran ser escuchadas en el expediente, no quedó quien apelara y solicitara la reapertura del caso. Al menos, no en principio. Todavía hay un camino, pero no es nada sencillo. “La causa ya está herida de muerte”, dijo un experimentado funcionario de Comodoro Py.
Aquel fallo de la Cámara Federal que validó las exclusiones de los querellantes dispuestas por Martínez de Giorgi fue clave para este desenlace. Lo firmaron Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
El concurso del Consejo de la Magistratura que permitió que Bertuzzi entrara en la terna de candidatos de donde lo eligió Milei fue un trámite poco ortodoxo. Tras corregirse los exámenes escritos y analizarse los antecedentes de todos los concursantes, Bertuzzi había quedado en el puesto 21°. Después de la entrevista personal –la parte más discrecional del proceso-, el dictamen de mayoría de comisión lo llevó al lugar 16°, lejos todavía de las ternas (tenía que entrar entre los seis primeros). Pero este año, el consejero juez Diego Barroetaveña volvió a analizar las entrevistas de todos los postulantes (son filmadas y subidas a YouTube) y, tras esa revisión, Bertuzzi pasó al sexto lugar. Justo lo que necesitaba para llegar. El 2 de septiembre Milei lo nombró y dos días después confirmó la exclusión de los querellantes de $LIBRA. Fue una de las decenas de designaciones de jueces de Milei, que incluyeron el nombramiento de la mujer de Martínez de Giorgi, dos meses antes, como magistrada federal de Hurlingham.
A fines de 2023, Llorens y Bertuzzi (por entonces camarista trasladado, no titular) habían revocado un sobreseimiento de la expresidenta Cristina Kirchner en el caso de la ruta del dinero K. Aquel fallo solo fue posible porque esa vez ambos camaristas hicieron una interpretación amplia sobre quién puede ser querellante. Cristina Kirchner estaba sobreseída a pedido de la fiscalía y se presentó la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG cercana a Pro: pidió ser aceptada como querellante (es decir, como damnificada) y reclamó que el caso se reabriera. Llorens dijo entonces que los argumentos expuestos por Bases Republicanas resultaban “suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”.
En el caso $LIBRA, en cambio, Llorens y Bertuzzi fueron estrictos al sostener que los damnificados no habían logrado probar su condición de víctimas del supuesto delito, que no acreditaron la existencia de un engaño que los hubiera hecho invertir en la criptomoneda. Validaron así lo que había sostenido Martínez de Giorgi. Era, en los hechos, prácticamente pedirles a los querellantes que probaran el delito que la propia causa estaba investigando.
Fue así como el expediente quedó con Taiano como único acusador. Tampoco intervino en esta causa la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -organismo del Ministerio Público que suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos-. Taiano no le dio intervención, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto un expediente sobre $LIBRA.
Esta Procuraduría, dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, llevó adelante causas de las que los fiscales se habían bajado. Fue así, por ejemplo, como consiguió la reapertura del caso Skanska. La PIA insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente.
Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa que investigó el desvío de vacunas durante la pandemia (conocida como Vacunatorio VIP) y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, dijeron a fuentes del Ministerio Público. Sostienen que el fiscal pidió los sobreseimientos y el juez los dictó, y que la PIA, que no fue siquiera notificada, ya no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal del caso.
La única vía para una eventual reapertura de la causa sería una intervención de la Cámara Federal de Casación, especulan en Comodoro Py. Las presuntas víctimas excluidas de la causa presentaron un recurso de casación contra el fallo de Bertuzzi y Llorens. Estos camaristas no se lo concedieron (es decir, no les habilitaron el camino al tribunal superior), pero quienes buscan ser querellantes fueron directo, “en queja”, a esa cámara. Ahora les espera un proceso que, en el mejor de los casos, es largo. Y que podría ser muy corto si directamente les rechazaran su queja.
En la Casación coinciden en que no es posible que sean repuestos como querellantes antes del jueves próximo, cuando vencería el plazo para apelar los sobreseimientos. No dan los tiempos. Si Casación abre la queja, los camaristas deberían notificar a las partes, convocar a una audiencia y recién después decidir. La sala que tiene pendiente resolver este tema está integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Fuentes judiciales dijeron a que hasta el momento los camaristas no tienen una decisión consensuada.
Las presuntas víctimas podrían presentar de todos modos, antes del jueves, una apelación a los sobreseimientos de Martínez de Giorgi, confiando en que a futuro la Casación las reponga como parte. Un recurso extremo en una causa en la que hoy no intervienen, contra un fallo que nadie les notificó, y para intentar ser habilitadas a impulsar una causa desde cero, en contra de la fiscalía, con un juez que ya decidió que no había nada que investigar.
sobreseyó,confirmó,Paz Rodríguez Niell,Conforme a
POLITICA
Obras sociales: luego de tres reuniones secretas y fallidas entre el Gobierno y la CGT, alertan que la crisis del sistema es “casi terminal”
En la CGT se prendieron las luces rojas: la crisis de las obras sociales se agudiza semana tras semana, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero esa decisión está complicando el funcionamiento de los sindicatos.
Hace un mes, el dirigente que advirtió públicamente sobre este cuadro crítico fue Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, quien, en el programa de Carlos Pagni en LN+, comparó este momento con lo sucedido en los años 90, antes de la asunción de Carlos Menem, cuando “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”.
“Todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales, donde tenemos las escuelas, campings, vacaciones, cooperadoras -describió-. Hay un montón de elementos alrededor del sindicato que también representan plata y que hoy no te alcanzan”.
El dirigente gremial dijo que, ante ese cuadro, hay que plantearle al Gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”.
Se trata de una solución extrema, que nadie contempla seriamente, pero que revela la dificultad para salir del laberinto en el que se están los sindicalistas: al cabo de tres reuniones reservadas que mantuvo con la CGT, realizadas en la sede de la UOCRA, dicen que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar una crisis de las obras sociales que los expertos cegetistas califican de “casi terminal”.
Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.
Las prestaciones por discapacidad representan desde hace años el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía al 22% del FDS; en 2019, al 37%; en 2019, al 50% y hoy, casi al 90%.
Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.
Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y director de la obra social de Obras Sanitarias, es un sanitarista que asesora a la CGT y dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.
Si las obras sociales están al borde del colapso se debe a diversos factores, como se detalla en un informe elaborado por la CGT: allí se alertó que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales, no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y que el sistema destina 9% del salario al financiamiento de la cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%. A esa caída se suma el aumento de los servicios asistenciales, que, según la CGT, superó ampliamente los índices del costo de vida.
“La situación económica financiera general del sistema de obras sociales está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, advirtió la central obrera en su informe.
Como la mayor parte de las obras sociales necesita asistencia de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos, sostuvo la CGT, esa dependencia financiera repercute sobre la cadena de pagos a los prestadores, con efectos sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y el malestar de los afiliados, mientras la capacidad de compra de medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.
La incorporación de monotributistas representa otro déficit para las obras sociales. Sus aportes mensuales, de acuerdo con el informe cegetista, rondan cifras que son un 78% inferior al costo estimado del PMO.
La CGT señaló que una parte de quienes se incorporan mediante el régimen de monotributo presenta una carga de enfermedad superior a la de los afiliados provenientes de la actividad laboral. “Utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, sostuvo la central obrera.
Los jubilados que permanecen afiliados a las obras sociales también agravan las cuentas del sistema sindical de salud. Más del 80% de los jubilados y pensionados que derivan sus aportes se ubica en la franja de mayores de 65 años y de este grupo la transferencia fija por cápita está establecida en 53.277,38 pesos, mientras la recaudación por persona es de unos 159 mil pesos.
La diferencia entre ambos valores no tiene, según el informe de la CGT, una contraprestación de servicios. El documento calificó esa situación como “ampliamente negativa y discriminatoria” para las obras sociales que mantienen la cobertura para jubilados.
Los hospitales públicos suman otra fuente de tensión financiera para las obras sociales. La CGT cuestionó que, en algunos distritos, como en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los nomencladores para facturar prestaciones contemplan valores que pueden superar los de los prestadores privados.
La central obrera también objetó que no se solicite autorización previa para prácticas programadas y que las internaciones de urgencia se informen de forma irregular o tardía, lo que impide realizar auditorías en el lugar. Como resultado, remarcó el informe, las facturas hospitalarias pueden convertirse en cosa juzgada y su cobro termina, en ocasiones, judicializado.
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