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Caputo viaja al G20 en busca de sumar respaldo internacional al programa económico: expectativa por el encuentro con Bessent

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El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a fines de agosto a Estados Unidos para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se realizará en Asheville, Carolina del Norte. También está previsto que integren la delegación el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otros funcionarios del equipo económico.

La cumbre será encabezada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. En el Gobierno evitan confirmar por ahora si ambos mantendrán una reunión bilateral y aseguran que la agenda se dará a conocer más cerca de la fecha del viaje. El encuentro marcará una nueva participación de Caputo y Bausili en una cumbre financiera internacional luego de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, realizadas en abril en Washington.

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En aquella ocasión ambos defendieron ante inversores el programa económico, ratificaron el rumbo fiscal y monetario del Gobierno y anticiparon que profundizarían las reformas estructurales para reducir impuestos, desregular la economía y mejorar la competitividad. Si bien el Tesoro estadounidense aún no difundió la agenda bilateral de Scott Bessent para la cumbre, en Balcarce 50 consideran probable que existan espacios para encuentros entre funcionarios durante las actividades oficiales.

La reunión estará encabezada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de la presidencia estadounidense del G20. Según informó el Tesoro norteamericano, los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales debatirán sobre modernización de la regulación financiera, desequilibrios macroeconómicos globales, transparencia y reestructuración de deuda, activos digitales, sistemas de pagos transfronterizos, fraude financiero y educación financiera.

También se espera que buena parte de las conversaciones estén atravesadas por la coyuntura internacional, marcada por la volatilidad de los precios de la energía, el conflicto en Medio Oriente, la evolución de las tasas de interés de los principales bancos centrales y las tensiones comerciales impulsadas por la administración de Donald Trump.

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Javier Milei y sus ministros junto a Donald Trump en la Casa Blanca (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst).

Como ocurre en cada reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, Santiago Bausili participará junto al resto de las autoridades monetarias de los países miembros e invitados. El foro reúne habitualmente a los responsables de la política monetaria para debatir sobre estabilidad financiera, regulación, inflación, mercados y coordinación macroeconómica.

En el Gobierno buscarán además continuar mostrando los avances del programa económico ante funcionarios, organismos multilaterales e inversores. El Ejecutivo sostiene que el orden fiscal, la desaceleración de la inflación y las reformas impulsadas durante los últimos meses fortalecieron la posición argentina en los mercados internacionales.

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El viaje también se producirá en medio de la profundización del vínculo económico entre Buenos Aires y Washington. La Argentina continúa trabajando en la implementación del acuerdo comercial firmado en febrero y la Casa Rosada espera avanzar en los próximos meses con los pasos regulatorios pendientes para su tratamiento parlamentario.

En Balcarce 50 mantienen además un seguimiento permanente de la política comercial de Estados Unidos luego de la decisión de la administración Trump de mantener para la Argentina el arancel mínimo del 10% sobre las exportaciones alcanzadas por la investigación vinculada al trabajo forzoso, mientras continúan las negociaciones sobre el resto de los capítulos del acuerdo bilateral.

La reunión del G20 se realizará semanas después de la visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a la Argentina, donde respaldó el programa económico y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y el equipo económico. En el Ejecutivo consideran que ese respaldo fortaleció la posición del país de cara a los próximos encuentros internacionales.

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Luis Caputo, Estados Unidos

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La Corte Suprema convocó a dos conjueces para resolver una nueva demanda contra la Ley de Tierras

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La Corte Suprema dispuso incorporar a dos conjueces para intervenir en una causa que cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. El expediente fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes y está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Según la resolución judicial, el sorteo se realizará este martes 6 de octubre a las 16.30, en la Secretaría Judicial N.º 4 del máximo tribunal. Los magistrados serán seleccionados entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelaciones en lo federal de la Ciudad de Buenos Aires y de las cámaras federales con asiento en las provincias.

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La convocatoria busca completar la integración necesaria para adoptar una decisión. El documento establece que corresponde sumar dos conjueces “a fin de lograr el número necesario para fallar”, aunque no detalla las posiciones de los actuales integrantes de la Corte sobre el planteo.

La medida tampoco contiene una definición sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado ni anticipa cómo se resolverá la demanda. Por ahora, dispone la incorporación de los jueces que participarán del análisis del expediente.

Ley de Tierras: el reclamo ambiental que deberá analizar la Corte

La causa está identificada como “Asociación Civil Árbol de Pie y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo colectivo”. En la misma resolución, el tribunal ordenó comunicar al Estado Nacional, como parte demandada, que el expediente se encuentra ante la Corte.

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La asociación ambiental presentó un pedido de aclaratoria después de la sentencia del 29 de septiembre que rechazó la demanda del CECIM por falta de legitimación. Su reclamo también apunta contra la derogación de la Ley de Tierras, pero invoca la protección del ambiente reconocida por la Constitución Nacional.

La presentación se inició en la Justicia Federal de Bariloche y luego fue remitida a La Plata por su vinculación con el proceso colectivo de los excombatientes. El planteo ambiental no había recibido un pronunciamiento específico sobre su pretensión.

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El Gobierno alertó sobre los cambios que provocaría la derogación del DNU 70/23

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El Gobierno alertó este martes sobre los cambios que provocaría la derogación del mega DNU 70/2023 que impulsa la oposición en el Congreso. En conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió que volvería la ley que regula los alquileres, los precios en las góndolas y la venta de tierras.

“Durante años la Argentina acumuló regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de actividades; una de ellas fue la Ley de Tierras, sancionada en 2011; el DNU 70 derogó esa norma. El país tiene enormes tierras con potencial productivo; hace falta la inversión en esas tierras y el desafío es generar las condiciones para que se transformen en producción”, introdujo Ravier esta mañana, y aseguró que la habilitación de la venta de tierras está “lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o atentar contra nuestra soberanía”.

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Fuerte advertencia de RavierPresidencia

Las declaraciones del portavoz presidencial surgen luego de que la Corte Suprema dictara un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al poner una vez más en vigencia un artículo del megadecreto de Javier Milei de 2023 que derogaba la legislación vigente entonces y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros. El DNU había sido previamente frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

En este contexto, la oposición convocó a una sesión en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar en su totalidad el DNU 70/23.

Fue así que Ravier enumeró las consecuencias de derogar la norma. “El DNU empezó a desarmar regulaciones y le devolvió capacidades de decisión a empresas. Un ejemplo es alquileres, su derogación permitió que inquilinos y dueños vuelvan a acordar. Los resultados fueron contundentes. Los precios reales bajaron 38% en términos reales y la oferta se cuadruplicó”, aseguró el vocero.

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Y continuó: “También se avanzó en un esquema de importar con más oferta, recordemos que hasta 2023 funcionó el SIRA, que el Estado fijaba qué se podía importar. Ahora el Estado no puede fijar cupos para exportar e importar por motivos económicos. La libertad de comerciar es la regla. El DNU terminó con la ley de Góndolas, habilitó los Cielos Abiertos, en comunicaciones se incorporaron nuevas tecnologías y prestadores, como la tecnología satelital. Además, los precios de productos medicinales bajaron 19%, se desregularon los regímenes para elegir la obra social y se eliminó la cédula azul”.

Luego, apuntó contra los diputados que impulsan la sesión para derogarlo. “Es importante saber qué implicaría. Significaría un retroceso hacia un pasado calamitoso y al que la mayoría de los argentinos no quiere volver. Aumentarían los alquileres, volvería la ley de Góndolas, los obstáculos para cambiar la prepaga del trabajador; es volver a un modelo de país agotado que el Gobierno dejó atrás. Volver a esas leyes es volver a ese modelo en el que el Estado tiene la ultima palabra. Favorece a quien tiene contactos, no a quienes producen. Es pedirle permiso al Estado o competir en libertad”, advirtió.

Sesión en el Congreso

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Si los bloques críticos, con el peronismo a la cabeza, logran reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate en el recinto —un escenario todavía hoy lejano—, lo que sigue es una sesión de altísimo riesgo para los libertarios. El Senado ya rechazó el megadecreto en 2024 y la oposición en Diputados vio en la resolución de la Corte una oportunidad inédita para avanzar contra una de las principales banderas del mileísmo.

Germán Martínez encabeza el bloque opositor de UPSantiago Filipuzzi

El conteo arroja hoy números ajustados para ambos lados. La oposición tendría asegurados alrededor de 120 votos: todo el bloque de Unión por la Patria (UP), más de la mitad de Provincias Unidas —aunque todavía está en veremos qué hará su jefa de bancada, Gisela Scaglia—, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda.

La propuesta del Gobierno para enmendar el fallo de la Corte y el toma y daca con los gobernadores serán determinantes. En ese intercambio sobrevuelan los reclamos por obra pública y mayores Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un reparto que en lo que va del año benefició a provincias como Misiones, Chubut, Salta, Corrientes, Jujuy y Catamarca.

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El megadecreto de 2023 funcionó como una suerte de antecedente de la Ley Bases y de marco desregulatorio para reformas posteriores. Pero si la Cámara baja consiguiera voltearlo —con la mitad más uno de los presentes—, el impacto sería bien tangible.




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Peter Lamelas le pidió al Senado que apruebe el tratado de patentes y adelantó que la FDA abrirá una oficina en Buenos Aires en 2027

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El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, reclamó este martes ante el foro de salud de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham) que la Argentina suscriba al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y proteja los datos regulatorios de los medicamentos. En esta línea, advirtió que una adhesión plena podría atraer USD 8.000 millones en inversiones en los próximos seis años.

El diplomático habló en el AmCham Forum Health 2026, celebrado este martes bajo el lema “Salud y desarrollo: una mirada federal”. Lamelas centró su intervención en dos ejes: la puesta en marcha del Acuerdo de Comercio e Inversiones (ATCI) firmado en febrero y la protección de patentes y datos regulatorios, y la adhesión argentina al PCT, por sus siglas en inglés.

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El acuerdo bilateral, suscrito el 5 de febrero de 2026, contempla la reducción de barreras comerciales, reglas claras para inversores y compromisos concretos en propiedad intelectual, según se informó de manera oficial. Lamelas señaló que la embajada trabaja para identificar oportunidades y resolver obstáculos, pero exigió avanzar hacia su aprobación y puesta en marcha definitiva. “Ya pasaron ocho meses y esperamos dar el próximo paso. Queremos verlo plenamente aprobado e implementado”, sostuvo.

En el ámbito regulatorio, Lamelas destacó que el ANMAT avanza para reconocer productos médicos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y que, en marzo, se derogaron las resoluciones conjuntas que limitaban el patentamiento de nuevos medicamentos —las llamadas Resoluciones Conjuntas 118/2012, 546/2012 y 107/2012—. En junio, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) eliminó además los criterios restrictivos para patentes de biotecnología mediante la Resolución 197/2026, que derogó la Resolución 283/2015.

El embajador insistió en varios pasajes de su discurso en el reclamo a la adhesión al PCT, el tratado que permite presentar una única solicitud internacional de patente con validez en múltiples países. Lamelas cifró en USD 8.000 millones las inversiones que los miembros de AmCham proyectan para los próximos seis años si Argentina completa ese proceso. “Ocho mil millones, que son billions en inglés”, subrayó el embajador para evitar confusiones de escala.

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La Cámara de Diputados aprobó la adhesión al PCT el 27 de agosto de 2026 por 147 votos contra 93, pero el texto incorporó una reserva al artículo 64 sobre el examen preliminar internacional, lo que obligó a devolver el proyecto al Senado para una nueva votación.

Lamelas también reclamó protección para los datos regulatorios que acreditan la seguridad y eficacia de los medicamentos, y exigió que esa información se almacene en redes confiables “que no están controladas por gobiernos comunistas”, en una referencia implícita a plataformas de origen chino. En esta línea, y ante la consulta periodística, insistió: “Yo leí la ley de inteligencia del gobierno chino, y esa ley dice que las compañías chinas tienen que compartir la información privada con el Partido Comunista; las leyes de los Estados Unidos no dicen eso, tampoco la ley del Occidente dicen eso”.

Sobre el tratado de patentes, remarcó: “Yo soy médico y he visto cuando hay un descubrimiento nuevo. Pasó con el sida, pasa con el cáncer, pasó con el COVID. Esos descubrimientos no se han hecho aquí en Argentina, se han hecho en otros países, porque la ley de patentes no es clara aquí. No hay respeto cuando alguien inventa algo”.

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“Entonces, yo quiero que Argentina pueda tener esa oportunidad de desarrollar una medicina nueva, de tener una patente; de que un científico aquí, un médico aquí pueda tener esa oportunidad de hacer eso y ofrecérselo a los pacientes”, señaló, y agregó: “Pedimos (que la adhesión) sea lo más rápido posible; cada día que demora cuesta más que dinero, puede ser la vida de un paciente.

Una oficina de la FDA en Buenos Aires

Lamelas, además, anunció tres líneas de cooperación bilateral en salud pública. La primera es el trabajo conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para la detección temprana de amenazas sanitarias. La segunda apunta a incorporar tecnología diagnóstica en hospitales argentinos. La tercera, y más concreta, es la apertura de una oficina de la FDA en Buenos Aires antes de que finalice 2027, la primera de ese organismo en el país.

En marzo, el ministro de Salud, Mario Lugones, junto a autoridades de la ANMAT, recibió a representantes de la agencia estadounidense, encabezados por el comisionado asociado para Estrategia y Política Global, Mark Abdoo, para avanzar en ese plan de trabajo. En aquel momento, se indicó de manera oficial que el objetivo del encuentro fue avanzar en la convergencia de estándares científicos y regulatorios y en el desarrollo de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de la población a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad.

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El diplomático cerró su exposición con un llamado a convertir el talento científico local en investigación con impacto global. “La próxima respuesta, el próximo tratamiento que espera un paciente también puede nacer acá en la Argentina”, concluyó, y reiteró su compromiso de trabajar desde la embajada para transformar las condiciones de inversión en resultados concretos para los pacientes.

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