El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete y la leyó como una señal de apertura del Gobierno nacional hacia los distritos, al tiempo que reivindicó al PRO como el espacio opositor con mayor dinamismo territorial de cara a las elecciones de 2027. Lo dijo este domingo en Radio Mitre, una semana después de que Santilli asumiera el cargo que dejó Manuel Adorni tras su renuncia forzada por un escándalo patrimonial.

Para Torres, la llegada de Santilli representó un punto de inflexión en la relación entre la Nación y las provincias. “Hubo un momento bisagra con la asunción de Santilli, donde se recuperó la agenda o la iniciativa”, afirmó el mandatario chubutense, quien precisó que los ejecutivos de Chubut, Neuquén y Río Negro debieron financiar de forma coordinada obras de infraestructura de alcance nacional —una práctica que describió como inédita— ante la concepción de un gobierno que circunscribe su rol a la macroeconomía, las relaciones exteriores y la seguridad interior.

Torres señaló que Santilli permitió resolver en una sola reunión cuestiones que venían trabadas desde hacía meses, entre ellas garantías soberanas y acceso a financiamiento para la región patagónica. “De la mano de Santilli pudimos destrabar en una sola reunión muchas cuestiones que son importantísimas, no solamente para Chubut, sino para la Patagonia”, subrayó. El gobernador reconoció que el costo político de sostener a Adorni fue real, y que la decisión del presidente Javier Milei de designar a Santilli implicó un mensaje hacia los gobernadores. “Creo que la decisión del presidente de que sea Santilli tiene que ver también con un mensaje hacia los gobernadores, hacia el generar un diálogo, generar consenso”, sostuvo.

Santilli se desempeñaba como ministro del Interior desde noviembre de 2025, cuando Milei lo convocó para articular la relación con los gobernadores y gestionar los acuerdos legislativos que el oficialismo necesitaba para avanzar en sus reformas. Su designación contó con el respaldo de Karina Milei y del asesor Santiago Caputo, una combinación de apoyos internos que no tuvieron sus tres antecesores en el cargo. Es el cuarto jefe de Gabinete de la administración libertaria.

Torres reveló que habló con Santilli un día antes del anuncio oficial, cuando todavía no circulaba su nombre con fuerza. “Había hablado justo un día antes, donde la verdad que no había rumores, pero todavía ni siquiera se hablaba de la posibilidad de que Diego pueda llegar a ser jefe de Gabinete”, contó. Cuando se enteró de la noticia, dijo haberla celebrado ante todo “por la vocación de diálogo y la posibilidad de tener un interlocutor que nos lleve en este veranito que queda antes de las elecciones a avanzar en una agenda intensiva de gestión».

En su primera semana al frente de la Jefatura, Santilli ratificó ante Infobae que su prioridad es construir las mayorías políticas necesarias para profundizar las reformas del gobierno. “Para que la Argentina no vuelva atrás, el presidente tiene que reelegir», sostuvo, y aclaró que el diálogo con gobernadores y otras fuerzas políticas tendrá sentido solo si sirve para aprobar los cambios impulsados por el oficialismo. Torres coincidió en que el candidato natural del oficialismo es Milei.

Sobre el escenario político más amplio, el gobernador chubutense trazó una defensa del PRO como fuerza con identidad propia. Atribuyó a Mauricio Macri el mérito de haber anticipado la necesidad de cambios en el gabinete y consideró que la incorporación de Santilli le dio la razón. “El tiempo le va a terminar dando la razón o ya se la está dando, en relación a la incorporación de Santilli”, afirmó Torres.

El vínculo entre Santilli y Macri tiene historia. El nuevo jefe de Gabinete fue uno de los referentes del PRO durante más de dos décadas y ocupó cargos en la administración porteña bajo los gobiernos de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta, entre ellos vicejefe de Gobierno entre 2015 y 2021. Su incorporación a La Libertad Avanza (LLA) se consolidó con la alianza electoral de octubre de 2025 en la provincia de Buenos Aires, donde encabezó la boleta oficialista y condujo una remontada que le dio al oficialismo 17 bancas contra 16 del peronismo, con el 41,5% de los votos. En la entrevista con Infobae, Santilli destacó “el acompañamiento estoico” del PRO durante estos años y afirmó que “el PRO ayuda” a la gobernabilidad desde el Congreso.

Torres describió a un Macri “relajado, sincero” y valoró que el expresidente haya asumido un rol más activo en la conducción del partido. “Esta versión de un Macri relajado, sincero, a mí por lo menos me parece que es sano y es muy bueno para el PRO”, dijo, y agregó que lo ve como “una persona que está despojada de mezquindades de la política y quiere fortalecer un espacio que fue muy importante para generar el cambio que necesitaba la Argentina”. Para el gobernador, el PRO es “el partido que más se está movilizando y que más se está construyendo a lo largo y ancho del país” fuera del oficialismo.

Sobre la posibilidad de que una candidatura del PRO fragmente el voto y favorezca al kirchnerismo, Torres rechazó el argumento. “Plantear esa premisa es antidemocrático”, dijo, y recordó que el mismo razonamiento se usó contra Milei cuando compitió fuera de Juntos por el Cambio en 2023, sin que eso impidiera su victoria. El gobernador también abordó la discusión sobre el sistema electoral: se mostró escéptico ante las colectoras y advirtió que podrían beneficiar más a la oposición que al oficialismo. Defendió la boleta única de papel implementada en Chubut como un avance en transparencia y practicidad, y celebró su adopción a nivel nacional. La eliminación de las PASO figura entre las prioridades legislativas que el propio Santilli identificó en su primera semana al frente de la Jefatura de Gabinete.

Ya no están para experimentos. El mensaje quedó claro. El receptor: Javier Milei. Los emisarios: los gobernadores. En un hecho inédito, la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete tuvo como protagonistas a 13 gobernadores, entre radicales, peronistas blue y ex macristas. Se invitaron solos. El ascenso del funcionario fue celebrado por toda la plana mayor del PRO y reordenó a Patricia Bullrich, principal foco de rebeldía entre los libertarios. Milei escenificó su propia casta. Ya nadie tiene miedo. Con el fin de Manuel Adorni, también llegó el fin del Presidente antisistema. Ahora gobierna la política.

En una semana, la Casa Rosada logró ordenarse con la salida de Adorni de manera sorprendente. Reactivó la gestión administrativa, apuró sus influencias en la Justicia para limpiar la causa $Libra, reinstaló la reelección presidencial y puso en marcha al Congreso para aprobar la reforma electoral pensada para impedir que la oposición se ordene. Todo lo hizo bajo el código de corporaciones.

Los gobernadores pretenden encontrar en Santilli un resorte claro para apuntalar la gestión, un único interlocutor para terminar de cerrar el acuerdo que más les interesa: evitar que los liberarios promuevan candidatos propios en las elecciones provinciales que pongan en riesgo sus propias reelecciones. A cambio, el Gobierno les pide votos en el Congreso. Es un pacto lento y trabajoso, un cheque que se firma en blanco, con promesas que recién se harán efectivas el año que viene, cuando cierren las listas, pero que necesita los votos ahora. El empoderamiento de Santilli, con códigos de la política, es clave para la confianza que necesitan los jefes territoriales. La lectura que hicieron, y que le hacen llegar a Milei, es que llegó el tiempo de una única lapicera y una única decisión.

En ese punto entra en juego Karina Milei, golpeada hacia afuera pero forzada a mostrarse fortalecida hacia adentro. Siempre tendrá la última palabra. Ya se anticipa la tensión. En el juego de la silla en el que gira el círculo presidencial, la Secretaria General retuvo la Jefatura de Gabinete con un Santilli que le reporta, pero que aspira a manejarse con algo de autonomía. De alguna manera, la conducción política de Karina es adueñarse de los funcionarios que no llegaron con ella, sino por ella. Ese es el caso de Santilli. A esta altura, el funcionario, todavía afiliado al PRO, sabe bien cómo ser equilibrista en un gobierno cruzado por la interna. Eligió un bando y no se equivocó. Pueden dar cuenta de eso Cristian Ritondo o Guillermo Montenegro, que vivieron el frío helado del destrato de la hermana presidencial.

El golpe que significó para Karina la caída de Adorni la obligó a reconfigurar su estructura. Ella misma convocó a diputados y senadores a la Casa Rosada el miércoles, tomó el control de la Secretaría de Medios y de la vocería presidencial, y dejó a Ignacio Devitt como enlace, un hombre que había llegado con Adorni. Esta semana encabezará la primera reunión de mesa política después de la crisis y puso sus propios pies en los bloques parlamentarios para que nada se le escape. Su naturaleza es la desconfianza. Y más aún después de haber visto caer a su alfil. No pasó inadvertido, de todas maneras, que al otro día de la demostración de fuerza interna de Karina en Casa Rosada, Santilli y Patricia Bullrich tuvieran su propia reunión de aliados en el Senado, territorio al que a la hermana presidencial le cuesta entrar.

Patricia Bullrich fue esta semana la contracara de Karina. Quedó fortalecida hacia afuera, cuidando su capital político y su electorado, pero bajo fuego amigo hacia adentro. El domingo salió rápidamente a promocionar la reelección de Milei. El camino más clásico que le queda es apostar a la vicepresidencia. Nunca será una figura decorativa. Quiere ser socia. Una vice con lapicera. El ordenamiento que lograron los libertarios le hace más difícil su camino de diferenciación. Está obligada a ser una amenaza. A su lado dicen que Milei entiende su rol y que la destaca por eso en pos de resguardar a ese electorado. “Yo voy a seguir siendo así”, avisó a su gente, reversionando el clásico de Tita Merello. Por más intervención de Karina, los acuerdos con los senadores lo seguirá manteniendo Bullrich.

Colectoras, la casta está de fiesta

El Gobierno pretende reactivar el Congreso esta semana con la prioridad de aprobar la reforma electoral. ¿Volverá a diferenciarse Bullrich ahí? Eliminar las Primarias se convirtió en una obsesión. Si no es eliminación será suspensión. A cambio de esos votos, negocia con los gobernadores radicales y los peronistas blue la incorporación de las colectoras, una vieja herramienta de la casta para sacar provecho electoral. En la Casa Rosada sostienen que es un pedido de los mandatarios, que ven solapados los electorados con los libertarios y que de esa manera podrían colgar sus candidatos a legisladores nacionales, sean diputados o senadores, y mantener así su poder de presión en el Congreso. Las colectoras están prohibidas desde 2019, por un decreto de Mauricio Macri. ¿El PRO se hará el distraído?

La mayoría de las provincias va a desdoblar los comicios. Con la colectora, la candidatura presidencial de Milei sumaría tracción horizontal por el aporte provincial y los gobernadores podrían colar ahí legisladores nacionales propios. Sólo se permitiría hasta dos listas, es decir, la violeta y una más, lo que suma dificultad a la hora de cerrar acuerdos. Tienen que coincidir radicales, macristas o peronistas violetas en una sola opción. El problema que ven quienes trabajan de cerca con los senadores es que Santilli puede concretar pactos con los gobernadores, pero no con los espacios políticos de los distritos donde no gobiernan. Ahí, la única garantía de que no habrá candidatos libertarios la puede dar Karina Milei, jefa del partido.

Por más empuje que le ponga Santilli, la agenda parlamentaria arrancará después de las vacaciones de invierno. En el Senado hay intención de sesionar el próximo 16 de julio, pero varios legisladores ya avisaron que no estarán. Está en carpeta la media sanción a la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con el capítulo de extranjerización de la tierra como eje de discusión. En el bloque libertario se sentarán a hacer números esta semana pero es poco probable que lleguen a tiempo. Tampoco están los votos para darle sanción definitiva al proyecto de revisión de la ley de Zonas Frías. Uno de los que se opone es Rodolfo Suárez, ex gobernador de Mendoza.

Negociador sin fierros

En la negociación futura entra el Presupuesto 2027. Es la llave que tiene Santilli para convencer a los gobernadores, pero cada vez con recursos más escasos. La recaudación volvió a mostrar una caída real del 7,1%. El IVA es una de los más afectados, con una baja de 7,2% respecto de 2025, lo que demuestra un consumo deprimido. También bajan los recursos por aportes personales en 4,6% y contribuciones patronales en 3,3%, todos síntomas de la precarización laboral.

La baja de la recaudación nacional presiona a las provincias. Las transferencias automáticas acumulan una caída real del 3% interanual en el primer semestre del año. La única excepción fue mayo, por Ganancias, pero desde enero sólo se ve pérdida de ingresos. En junio fue 5,9%. Esa merma hace a los gobernadores absolutamente dependientes de las transferencias no automáticas, también escasas y de los acuerdos políticos que le habiliten, por ejemplo, las actualizaciones de los flujos de las cajas jubilatorias no transferidas. Es una dependencia mutua. Milei los necesita para aprobar sus reformas y ellos necesitan fondos para sobrevivir. La gran audacia del Gobierno fue haberlos vaciado de entrada, lo que los dejó sin margen. Ahora apuestan a que la flexibilidad de Santilli pueda revertir el maltrato. Pero billetera mata simpatía.

Leve mejora

La salida de Adorni coincidió con una leve mejora de bolsillo producto de la desaceleración de la inflación, que llegó a tocar 3,7% en marzo, y salarios que, aun con una pérdida importante desde la llegada de Milei, lograron recuperar terreno. Es la contracara del primer trimestre. En abril el salario de los trabajadores registrados del sector privado se recuperó luego de la caída de marzo. Creció un 4% contra un 2,6% de inflación. Sigue un 3,5% abajo de noviembre de 2023, aportó el economista Luis Campos y agrega que el sector público volvió a caer en términos reales. Está un 17,3% abajo de noviembre de 2023.

Eso se tradujo en una parcial recuperación de la imagen de Milei y su gestión. La aprobación se estabilizó en torno a entre el 37% y el 40%. Recupera pero está lejos aún de su mejor momento. Según el sondeo mensual que hace Atlas Intel para Bloomberg, un 39,7% aprueba la gestión de Milei, mientras que un 58,2% la desaprueba. Venía de números complicados. En abril había tocado el piso de 36% de aprobación. Su gestión está peor calificada: llega a sólo el 33,5%. El peor dato se lo lleva el mercado de trabajo. Un 73% considera que la situación en ese rubro es mala. En la evaluación de la economía en general, la calificación negativa alcanza el 62%.

Cuando se mide a los líderes políticos, Bullrich queda en el podio con 45 puntos. El salto es notorio desde el estallido del caso Adorni y su diferenciación. En ese momento tenía 37 puntos. Subió 8 con pedir su declaración jurada. Myriam Bregman pasó en junio al segundo lugar, con 42 puntos, y tercero aparece Milei, con 40 puntos. Debajo, Axel Kicillof, con 38 y Cristina Kirchner, con 34. Mauricio Macri no entra al podio. Alcanza apenas 22. Es poco probable que el ex presidente juegue en el próximo turno electoral, pero usará su amenaza como herramienta de presión.

De cómo se acomode la oferta electoral dependerá lo que viene. A modo de ejemplo, La Libertad Avanza perdió 13,5 puntos en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires por el solo hecho de la dispersión opositora, según refleja un trabajo del consultor Lucas Romero, de Synopsis. Una elección se gana con un buen candidato, pero sobre todo, con estrategia para ordenar o desordenar la oferta.

La recuperación de Milei se ve en el trabajo de la consultora Trespuntozero para Alaska, de Juan Courel. En la gestión de gobierno se recupera hasta el 40,6% cuando había bajado hasta 33% en su peor momento. El núcleo duro sigue compuesto por varones, jóvenes y del interior del país. Sus peores guarismos los alcanza en la zona del AMBA donde toca el 66,6% de rechazo versus el 55,2% del interior. Milei no se puede dar el lujo de desprenderse de Patricia Bullrich. Si se mira el votante 2023 de la hoy senadora, el 32,5% tiene una imagen mala o muy mala del Presidente.

Lo que muestra este trabajo es que la batalla cultural llegó a su fin. Mandan los resultados económicos. El 61,9% quiere que el Gobierno se enfoque en la economía, el valor más alto de la serie. Solo el 3% prioriza la batalla cultural. El sostén a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia alcanza su máximo histórico: 61,3%; casi 8 de cada 10 personas consideran justo protestar cuando se vulneran derechos; el rechazo a volver a prohibir el aborto crece por segunda medición consecutiva y ya supera la mitad de la población (52,7%); 7 de cada 10 quieren un Estado más activo en la economía, el registro más alto de la serie iniciada en 2023 y el rechazo a privatizar empresas públicas pasó del 34,5% al 61% en un año y medio. Lo mismo pasó con la reforma laboral. Se invirtió la tendencia: por primera vez el rechazo (48,9%) supera al apoyo (43,4%). La reforma perdió 14 puntos en siete meses.

Sin Adorni, la oposición no encuentra eje para regenerar expectativas. La pelea infinita entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner deja el terreno fértil para esta recuperación libertaria, que emprende la tarea de reconfigurar los contornos de sus alianzas de la mano de la “casta”.

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Un antiguo conflicto limítrofe entre las provincias de La Rioja y San Juan volvió a ocupar el centro de la escena política luego de que ambas administraciones avanzaran en los últimos días con medidas legislativas vinculadas al desarrollo de un importante proyecto minero de cobre.

La iniciativa, que prevé una inversión inicial estimada en 18.000 millones de dólares, se ubicaría en una zona cuya jurisdicción es motivo de controversia desde hace décadas, lo que provocó un fuerte cruce entre funcionarios de los gobernadores Ricardo Quintela y Marcelo Orrego.

La disputa territorial tiene raíces históricas que se remontan a fines de la década de 1960. Desde La Rioja sostienen que una porción de territorio que actualmente forma parte de San Juan fue incorporada a esa provincia mediante una decisión adoptada durante la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía. Según la posición riojana, aquella modificación de límites nunca contó con la legitimidad necesaria y perjudicó los intereses provinciales.

El conflicto, que durante años permaneció relegado a ámbitos administrativos y judiciales, cobró una nueva dimensión a partir de la aparición de un proyecto de explotación de cobre considerado estratégico para el desarrollo económico de la región.

La posibilidad de que la futura mina genere miles de puestos de trabajo, inversiones en infraestructura y millonarios ingresos por regalías reavivó el debate sobre la pertenencia de las tierras donde se desarrollaría la actividad extractiva.

En ese marco, el gobernador riojano Ricardo Quintela promulgó una ley provincial que ratifica el rechazo a los límites establecidos durante el gobierno de facto de Onganía. Tras la sanción de la norma, el mandatario utilizó su cuenta oficial de X para defender la iniciativa y reafirmar la postura de su administración.

“La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano”, escribió Quintela en la red social.

Para el gobierno riojano, la medida constituye un paso institucional destinado a recuperar lo que consideran un territorio históricamente perteneciente a la provincia. La administración provincial sostiene además que existen fundamentos jurídicos para revisar la situación y cuestionar la vigencia de las decisiones adoptadas durante el período dictatorial.

La respuesta de San Juan no tardó en llegar. Apenas unos días antes, la Legislatura de esa provincia había aprobado la Ley de Desarrollo Local Minero, una herramienta orientada a fortalecer la participación de trabajadores y empresas locales en los proyectos extractivos que se desarrollen dentro de la provincia.

Tras la aprobación de la norma, el gobernador Marcelo Orrego también recurrió a su cuenta oficial de X para destacar los beneficios de la iniciativa.

“Con esta herramienta, vamos a seguir asegurando que la minería genere cada vez más trabajo sanjuanino y más oportunidades para nuestras pymes”, expresó el mandatario.

Sin embargo, cuando la Legislatura riojana avanzó con su reclamo territorial, Orrego endureció su postura y difundió un extenso mensaje a través de la misma red social, donde defendió la jurisdicción de San Juan sobre el área en disputa.

“Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, manifestó.

En el mismo mensaje, el gobernador agregó: “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”.

Las diferencias también quedaron expuestas entre funcionarios de ambos gobiernos. Desde San Juan, el jefe de asesores provincial, Rodolfo Colombo, calificó la ley promovida por Quintela como una “bravuconada” y aseguró que carece de fundamentos legales.

“Llama la atención que este año piensen en minería cuando nunca han planteado un programa minero en La Rioja. Esto es parte de un gobierno que con demagogia le plantea a sus comprovincianos que va a defender lo suyo buscando donde no le corresponde”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que una provincia no puede modificar unilateralmente sus límites mediante una legislación local y comparó la situación con una hipotética expansión territorial arbitraria sobre otras jurisdicciones.

Desde La Rioja, el asesor general de Gobierno, Pedro Goycochea, rechazó las acusaciones y aseguró que el planteo no busca generar un enfrentamiento con los sanjuaninos.

“No es una confrontación con el pueblo de San Juan”, afirmó. Según explicó, la intención del gobierno riojano es discutir la validez jurídica de las decisiones adoptadas durante la dictadura y apoyarse en antecedentes judiciales recientes para revisar la cuestión.

Aunque ambos mandatarios tienen origen en el Partido Justicialista, el conflicto también refleja diferencias políticas en el plano nacional. Quintela mantiene una relación cercana con el kirchnerismo y con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que Orrego es uno de los gobernadores peronistas que ha mantenido una relación institucional más fluida con el presidente Javier Milei.

Con el proyecto de cobre avanzando y el interés económico creciendo alrededor de la región, todo indica que la disputa podría trasladarse a los tribunales y eventualmente requerir la intervención del Congreso Nacional o de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, La Rioja y San Juan continúan defendiendo posiciones opuestas sobre un territorio cuya importancia estratégica se multiplicó con la llegada de una de las inversiones mineras más ambiciosas previstas para la Argentina en los próximos años.