POLITICA
La reforma electoral, el primer desafío para Santilli: los gobernadores aliados piden cambios al proyecto sobre las PASO
Diego Santilli estrenó su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete con una señal clara de respaldo político de los gobernadores dialoguistas, pero también con un mensaje que expone las dificultades que enfrentará el Gobierno para avanzar con una de sus principales reformas. Tras la ceremonia de jura, los mandatarios provinciales y el flamante funcionario intercambiaron opiniones sobre la agenda legislativa y coincidieron en la necesidad de modificar el sistema electoral.
Sin embargo, dejaron en claro que no acompañarán el proyecto en los términos que pretende la Casa Rosada, por lo que el oficialismo deberá intensificar las negociaciones si quiere reunir los votos necesarios en el Congreso.
En sus primeras declaraciones como jefe de Gabinete, Santilli ratificó que sus prioridades serán trabajar en el avance de las reformas estructurales del oficialismo —entre ellas la reforma electoral—, donde el vínculo con los gobernadores será imprescindible. El Gobierno intenta combinar las discusiones legislativas con los reclamos de los gobernadores vinculados a recursos, infraestructura y obras públicas.
Según pudo saber TN, los gobernadores que asistieron a la jura conversaron con el jefe de Gabinete sobre la agenda legislativa que el gobierno busca impulsar en las próximas semanas. El gran tema fue la reforma electoral, que tiene como uno de los ítems principales la eliminación (o suspensión) de las PASO.
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“Lo hablaron sí, pero muy general. La ley hay que cambiarla, pero no como quieren ellos”, señalaron a este medio desde las filas de un gobernador aliado. “Estuvieron de acuerdo en que hay que hacer reformas, pero no en el formato que está planteando el gobierno”, remarcaron.
Ante este panorama, la primera certeza es que Santilli tendrá un duro trabajo por delante: de momento no hay consenso para la reforma electoral.
“La ley de reforma electoral es prioridad”, remarcó este miércoles la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Lo hizo luego de compartir una reunión en la Cámara alta con Santilli.
La estrategia política del Gobierno ingresó en una nueva etapa, con mayor foco en la construcción de consensos parlamentarios y el fortalecimiento del vínculo con gobernadores, legisladores y referentes territoriales. En ese marco, Diego Santilli asumió la tarea de encabezar las negociaciones para ordenar la agenda legislativa y consolidar los apoyos necesarios para impulsar una serie de proyectos que el Ejecutivo busca aprobar antes del inicio de las sesiones ordinarias de marzo.
Entre las iniciativas prioritarias figuran la reforma electoral, los cambios vinculados a la propiedad privada, los pliegos judiciales, la denominada Ley Hojarasca y los proyectos sobre ludopatía y etiquetado frontal.
En paralelo, la Casa Rosada pretende profundizar las conversaciones con los gobernadores de cara al escenario electoral. La intención es alcanzar entendimientos con mandatarios provinciales que puedan transformarse en competidores de La Libertad Avanza, pero preservando los canales de diálogo institucional.
En el oficialismo explican que el objetivo es definir en qué provincias conviene disputar con mayor intensidad y en cuáles evitar una confrontación que pueda afectar la gobernabilidad.
La idea no necesariamente contemplaba conformar alianzas electorales, sino mantener acuerdos que permitieran facilitar el tratamiento de las reformas impulsadas por el Ejecutivo y, al mismo tiempo, evitar conflictos políticos en determinados distritos. Con la llegada de Santilli, el Gobierno busca profundizar esa estrategia y darle un marco más amplio.
Mientras tanto, el oficialismo mantiene la decisión de competir con el sello de La Libertad Avanza en la mayor parte del país. Sin embargo, procura sostener una relación de cooperación con los mandatarios provinciales cuyos votos considera clave para avanzar con su agenda en el Congreso.
En el Ejecutivo aseguran que el diseño electoral seguirá una lógica similar a la aplicada en 2025: competir sin alianzas con los oficialismos locales en la mayoría de las provincias y concentrar el esfuerzo político en los distritos de mayor peso electoral y con una estructura partidaria más desarrollada.
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POLITICA
El Gobierno oficializó nombramientos en la Justicia, entre ellos, el del juez que se hará cargo de la causa contra Martín Insaurralde
El Gobierno oficializó este miércoles una nueva tanda de designaciones en la Justicia. Entre los nombres más salientes figura el del exsecretario del juez Ariel Lijo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien se convirtió en el titular del juzgado de Lomas de Zamora donde tramita la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio.
Las designaciones, firmadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanzan a cinco áreas distintas de la Justicia nacional y federal.
En el fuero penal federal, además de Rodríguez Ponte, fue designado para integrar un Tribunal Oral Federal de San Martín. Bernardo María Rodríguez Palma.
El nuevo bloque de nombramientos sigue a la prórroga por cinco años que obtuvo el camarista del fuero laboral Víctor Pesino, quien falló a favor del gobierno de Javier Milei al suspender la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.
El Gobierno ha exhibido distintos criterios para hacer uso de la facultad de extender por cinco años las magistraturas de aquellos jueces que cumplen 75 años.
El camarista Martín Irurzun, por caso, debió dejar la Cámara Federal de Comodoro Py tras alcanzar esa edad este fin de semana.
Pesino y el juez de la Casación Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, sí obtuvieron la renovación de sus cargos.
Rodríguez Ponte
El Gobierno oficializó así la designación de Rodríguez Ponte al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, donde tramita y atraviesa instancias clave la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof.
En la causa acaba de concluir un largo peritaje contable realizado por especialistas de la Corte Suprema y peritos de parte que complicó a Insaurralde. Además, el expediente entró en estado de ebullición con el video que dio a conocer de Cirio mostrando un vestidor repleto de dólares.
Rodríguez Ponte también intervendrá en otra causa delicada: la que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la financiera Sur Finanzas, en cuyo centro está el empresario Ariel Vallejo, de vínculo con Claudio “Chiqui” Tapia.
Rodríguez Ponte es un funcionario bien considerado en el mundo judicial. Creció profesionalmente en el juzgado de Lijo y, desde 2016, es titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), un organismo técnico que depende de la Corte Suprema y está a cargo de las escuchas judiciales.
El cargo lo convirtió también en representante del Poder Judicial ante organismos internacionales en materia de lavado de dinero. Fue parte de la delegación argentina que viajó a París para afrontar la evaluación -finalmente favorable- del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por los países y organismos de mayor peso en el mundo.
Apadrinado por su antiguo jefe, Lijo, Rodríguez Ponte llegó a un juzgado por el que había concursado hacía más de una década. En ese mismo concurso participó Ana Juan, secretaria de la Cámara y esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, ella finalmente se impuso en la competencia por un juzgado de Hurlingham, donde quien quedó en el camino fue Diego Arce, actual secretario de Lijo.
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POLITICA
El Gobierno recibió al nuevo embajador del Vaticano en medio de la expectativa por la visita de León XIV
El Gobierno recibió al nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en medio de la expectativa por la eventual visita del papa León XIV al país. El representante diplomático de la Santa Sede arribó a Buenos Aires y fue recibido por el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, por instrucción del canciller Pablo Quirno.
En Cancillería sostienen que Banach presentará en los próximos días las copias de cartas credenciales ante Quirno y luego las cartas credenciales ante el presidente Javier Milei. En el Palacio San Martín remarcan que todavía no hay fechas definidas y que se seguirá el protocolo habitual para la llegada de nuevos embajadores acreditados ante la Argentina.
El arribo del nuncio se da en un momento de especial sensibilidad diplomática y religiosa. En la Casa Rosada miran su llegada como un paso institucional relevante para avanzar en la coordinación con la Santa Sede y con la Iglesia argentina ante la posibilidad de que León XIV viaje a la Argentina durante noviembre.
Banach fue designado por el Papa como embajador del Vaticano ante la Argentina y llega para reemplazar a Miroslaw Adamczyk, que fue destinado a la representación diplomática de la Santa Sede en Albania. Su desembarco abre una nueva etapa de diálogo formal entre la Nunciatura, el Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal Argentina.
Además de Caulo, estuvieron en el recibimiento monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y monseñor Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado. La presencia de la conducción de la CEA buscó darle respaldo institucional al nuevo representante pontificio desde su llegada al país.
En Balcarce 50 sostienen que el primer paso será completar la acreditación diplomática. El procedimiento comenzará con la presentación de las copias de cartas credenciales ante el canciller y continuará con la entrega de las cartas credenciales al Presidente, el acto por el que el Estado argentino reconoce formalmente al nuevo representante de la Santa Sede.
Ese trámite es protocolar, pero en el Gobierno le asignan un peso político adicional por el contexto. Una vez acreditado, Banach quedará formalmente en condiciones de encabezar las conversaciones cotidianas entre el Vaticano y la Casa Rosada por la eventual visita papal.
La Santa Sede todavía no confirmó oficialmente el viaje de León XIV. En el Gobierno y en la Iglesia, sin embargo, trabajan sobre la posibilidad de que el Pontífice llegue a la Argentina en la segunda semana de noviembre, en el marco de una gira regional que también podría incluir Uruguay y Perú.
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En Nación evitan dar por cerrada la visita y remarcan que la definición final depende exclusivamente del Vaticano. La lectura diplomática es que la llegada de Banach no confirma el viaje, pero sí ordena el canal institucional necesario para avanzar en la organización si la Santa Sede termina de aprobar la gira. En el Episcopado sostienen que no habrá anuncio formal de la visita en los próximos días.
La expectativa creció después del encuentro que Milei mantuvo con León XIV en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Desde entonces, el Gobierno siguió con atención las señales del Pontífice sobre una visita al Río de la Plata, una región que Francisco no llegó a visitar durante su papado.
Dentro de la Iglesia argentina también se mueven con cautela. En el Episcopado insisten en que, si el viaje se concreta, deberá tener un perfil principalmente pastoral y no quedar reducido a una agenda institucional o política. Esa mirada será central en la definición de celebraciones, mensajes y actividades públicas.
Según trascendió, entre los escenarios de trabajo aparecen un encuentro institucional con Milei, una misa multitudinaria en la avenida 9 de Julio, una celebración en la Basílica de Luján y una actividad en Córdoba. Ninguna de esas escalas fue confirmada oficialmente por el Vaticano. Se trata de un proceso que demandará un operativo grande de seguridad, traslados, protocolo, actos masivos, comunicaciones y vínculo con autoridades locales.
Gobierno, papa León XIV
POLITICA
Violento enfrentamiento entre piqueteros y las fuerzas de seguridad en protestas contra el Gobierno por la baja de un plan social
La jornada de protestas por la eliminación del programa Volver al Trabajo, decidida por la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, y avalada por una decisión judicial la semana pasada, que los grupos piqueteros realizan este miércoles, se cargó de tensión en puntos como el Puente Pueyrredón, donde la Prefectura utilizó gases lacrimógenos para impedir que los manifestantes cortaran ese acceso central a la Capital Federal. También hubo choques entre efectivos y manifestantes en Rosario, entre otros puntos de protesta.
Apostados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en Avellaneda, manifestantes de organizaciones como el Polo Obrero (PO) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), intentaron avanzar hacia el Puente Pueyrredón. Efectivos de la Prefectura Naval y de la Policía Federal impidieron su aproximación al puente, mediante la utilización de gases lacrimógenos.
La protesta se replicó en distintos puntos del país, con el reclamo principal centrado en la reinstauración del programa Volver al Trabajo, por el que los beneficiarios cobraban $78.000, y su reemplazo por vouchers de capacitación.
Tras un primer fallo judicial favorable a las organizaciones sociales, dictado por el juez Adrián González Charvay, que mantuvo la vigencia del plan con una medida cautelar, el ministerio de Pettovello logró una decisión en contrario de la Cámara Federal de San Martín (de la Sala I, integrada por Juan Pablo Salas,Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán).
En Rosario, los manifestantes cortaron la autopista que va hacia Buenos Aires. La Gendarmería los desalojó sin incidentes, pero se vivieron momentos de tensión. “Queremos que se reestablezcan los programas sociales para destinar a los comedores”, dijo una militante con la pechera del PO a LN+.
Noticia en desarrollo
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