POLITICA
La Rosadita chaqueña: condenaron a 10 años a un dirigente social que aparecía en videos contando dinero junto a sus hijos
Un dirigente social de Chaco que apareció en videos contando y trasladando dinero en su casa, una tarea en la que incluyó a sus hijos menores de edad, fue condenado este lunes a diez años de prisión por asociación ilícita y lavado de activos. Se trata de Fernando Ayala, quien tendría vínculos con el también detenido piquetero Ramón “Tito” López. Junto a Ayala fueron condenadas otras diez personas, entre ellas, su pareja, que fue titular de una fundación. Se los investigó por la utilización de facturas apócrifas con organismos del gobierno provincial durante los gobiernos de Jorge Capitanich.
El Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia encontró culpables de ser jefes de una asociación ilícita fiscal para lavar activos a Ayala y a Walter Antonio Pasko, que actuaba como contador en la trama investigada. Ambos fueron condenados a diez años de cárcel. Los jueces que dictaron la sentencia son Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano.
El caso de Ayala adquirió notoriedad en abril de 2025, cuando fue detenido luego de que se difundieran videos grabados por cámaras de seguridad de su casa, en los que se lo observa al contar dinero en fajos, que luego trasladaba, tareas en las que lo ayudaban sus hijos, menores de edad.
Ayala y el contador Pasko estaban acusados de utilizar facturas truchas de cooperativas dirigidas a dependencias estatales chaqueñas como el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, el Ministerio de la Producción, y cinco municipalidades. La investigación, que estuvo a cargo del fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, relevó delitos por alrededor de 150 millones de pesos.
La esposa de Ayala, María José Reinau, que era titular de una fundación, fue condenada a siete años de prisión, como integrante de una asociación ilícita, en concurso con el delito de lavado de activos. Cuando fue detenido su marido, Reinau fue fotografiada en la casa de ambos, estaba vestida con una remera negra que tenía la inscripción “Coqui gobernador”.
Otras ocho personas fueron condenadas en el mismo juicio. Se trata de Diana Daniel (seis años de condena), María Belén Reinau (cinco años y seis meses), Edith Ayala (cinco años), Jorge Pasko (cuatro años y seis meses), Álvaro Pasko (cuatro años y seis meses), Ariel Acevedo (cuatro años), Osvaldo Godoy (cuatro años), Juana Brahim (tres años y seis meses).
Al informar las penas, el tribunal ordenó también el decomiso de los bienes que hayan sido obtenidos por los condenados a partir del lavado de activos, dentro de los diez días hábiles. Para concretar esa medida, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF) confeccionarán un inventario.
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POLITICA
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.
Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.
Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.
Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.
Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.
“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.
La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
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Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de la obra social OSPRERA en una causa por presunta corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores que el Gobierno designó en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La causa investiga presuntos contratos irregulares.
El magistrado los procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. También les trabó un embargo de $1000 millones.
OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y el Gobierno la tiene intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE.
La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa de Aguirre que se creó en abril de 2024. Según la causa, la firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de trabajar para la obra social. HTECH le cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025 recibió unos $266 millones.
Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, que se dedica a importar y vender suplementos dietarios.
El contrato con HTECH lo firmó Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y lo amplió. Ambos estaban entre los citados a indagatoria en la causa. Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y al mismo tiempo trabajaba como secretaria privada de Petroni.
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En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Aguirre, por su parte, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó que se filtraran datos de la causa.
A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación. Los camaristas invalidaron el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas que se obtuvieron de ese aparato. También dejaron sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Sin embargo, la causa general siguió en marcha a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
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Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores nombrados por el Gobierno en la obra social de los peones rurales
El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy por un presunto desvío de 247 millones de pesos a dos exinterventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y a dos personas vinculadas con la empresa que se habría beneficiado con el desvío; una de ellas, Sergio Aguirre, exsocio comercial de Martín Menem.
En la causa se investiga una contratación directa de la empresa HTECH Innovation, constituida por Aguirre en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder.
Los exinterventores procesados son Virginia Montero y Marcelo Petroni; ambos, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Aguirre y María Casandra Mirabelli, socio y presidenta de HTECH Innovation, respectivamente, fueron procesados por los mismos delitos que los exinterventores, pero como “partícipes necesarios” y no como autores.
A cada uno de los cuatro procesados, Casanello les impuso embargos de $1.463.896.868.
Según el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, “ambos interventores -Montero y Petroni- habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa”.
Petroni es un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente.
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