Desde el comienzo de la semana, el Gobierno dejó en claro cuál será su estrategia para encarar el año electoral. La hoja de ruta se apoya sobre dos ejes: el ordenamiento financiero para afrontar los vencimientos de deuda y la negociación con los gobernadores. El tercer pilar, el desempeño de la macro y la microeconomía, en la Casa Rosada lo dan prácticamente por descontado.

El objetivo es uno: la reelección.

El lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicitó cómo piensa cubrir los vencimientos por unos US$ 24.000 millones. Horas más tarde, durante el Tedeum, Javier Milei se mostró junto a 13 gobernadores con los que mantiene diálogo político y aseguró que “se inicia una nueva etapa”. Para el oficialismo, ese es el camino que conduce a las elecciones presidenciales de 2027.

Caputo decidió avanzar sobre el frente financiero con la presentación del programa que, según explicó, permitirá afrontar todos los vencimientos hasta fines de 2027 y alejar el fantasma de un default.

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En el Gobierno consideran que el riesgo de un regreso del kirchnerismo es bajo, aunque admiten que siempre existe la posibilidad de que un cambio en las expectativas electorales impacte sobre el tipo de cambio. Por eso buscan minimizar riesgos y construir un blindaje que despeje el horizonte electoral, aporte certidumbre y reduzca la posibilidad de una corrida cambiaria o bancaria.

Cuatro días antes, el Banco Central había anunciado que refinanció préstamos por US$ 6000 millones con diez entidades financieras mediante una operación tipo REPO, entregando bonos como garantía. De esa manera postergó los vencimientos hasta 2028, es decir, después de las elecciones, y consiguió una tasa de interés más baja.

Además, Caputo explicó cómo se pagarán los vencimientos de este año y de 2027 sin necesidad de volver al mercado internacional. Dejó abierta esa posibilidad únicamente si las tasas de interés descienden, pero aclaró que no constituye un objetivo en sí mismo.

La primera reacción del mercado fue positiva. Desde el mismo lunes, el riesgo país se mantuvo cerca de los 400 puntos básicos, mientras subieron tanto los bonos como las acciones.

La negociación con los gobernadores y la agenda legislativa

El segundo eje de la estrategia oficial pasa por la necesidad de avanzar en el Congreso con distintos proyectos, especialmente los vinculados con la reforma política.

A último momento, Milei sumó otra iniciativa: modificar la Carta Orgánica del Banco Central para limitar la facultad de emitir dinero. Durante la presidencia de Cristina Kirchner y la gestión de Mercedes Marcó del Pont se incorporó entre los objetivos de la autoridad monetaria no solo preservar el valor de la moneda, sino también promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Milei busca eliminar esas referencias.

También pretende obtener autorización para disponer el cierre de las oficinas de la administración pública (“shutdown”) cuando se agote el presupuesto. El objetivo es reducir el margen para que alguna decisión altere el rumbo del mercado. El Presidente aplica así las enseñanzas de Friedrich Hayek en su versión más pura.

La iniciativa también funciona como un gesto hacia la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que llegará a la Argentina antes de fin de julio como señal de respaldo al programa económico. De hecho, el jueves la vocera del organismo, Julie Kozack, elogió la mayor transparencia en el financiamiento del sector público.

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Durante su discurso en Tucumán, Milei repasó los logros de su gestión y los proyectos que impulsa en el Congreso. Pero el dato político más relevante fue la presencia de los gobernadores que habitualmente mantienen una actitud dialoguista con la Casa Rosada. El Presidente les agradeció especialmente el respaldo y dejó abierta la puerta para profundizar esos acuerdos de cara a la reelección.

El contexto explica buena parte de esa estrategia. La mayoría de los gobernadores buscará la reelección en sus provincias o, cuando no tenga habilitado un nuevo mandato, intentará imponer a un sucesor propio.

En ese escenario, la negociación entre Diego Santilli y los mandatarios provinciales tiene dos caras.

La primera está vinculada con los fondos, avales y obras que reclaman las provincias, afectadas por la caída de la recaudación nacional y de la coparticipación. Si esa cara tuviera un nombre, sería el de Luis Caputo. La lógica que guía a Santilli es que toda asistencia económica debe traducirse en gobernabilidad para Milei.

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La otra cara del acuerdo pasa por una discusión todavía abierta: si La Libertad Avanza impulsará candidatos propios en cada distrito o permitirá que los gobernadores compitan sin enfrentar una verdadera alternativa libertaria. En ese terreno, quien tiene la última palabra es Karina Milei, cuya estrategia hasta ahora dio resultado en las elecciones de medio término.

Santilli administra ese delicado equilibrio entre gobernadores, Caputo y Karina Milei.

Ahora, sin la presión que implicó la campaña de Manuel Adorni, el Gobierno necesita que los proyectos avancen en el Congreso. Tanto la reunión de la mesa política del miércoles como el encuentro de Labor Parlamentaria en el Senado, que prepara la sesión prevista para la próxima semana, apuntan en esa dirección: impulsar una agenda que habilite nuevas negociaciones.

Aunque para la mayoría de los ciudadanos las elecciones todavía parecen lejanas, para la dirigencia política ya comenzaron a influir sobre todas las decisiones.

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El cronograma provincial suele iniciarse en febrero y los gobernadores necesitan saber cuál será el escenario político antes de definir si desdoblan los comicios o los hacen en forma simultánea con los nacionales. En la mayoría de los casos no solo se ponen en juego bancas legislativas, sino también la continuidad de sus propios proyectos políticos. La excepción es Corrientes, que tiene un calendario diferente.

Con el Mundial de fútbol a ocho días de finalizar, los tiempos políticos comenzarán a acelerarse.

El proyecto de reforma política enviado por Milei todavía no reúne el respaldo de la mayoría de los gobernadores. Solo manifestaron apoyo Raúl Jalil, Leandro Zdero y Gustavo Valdés.

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Mientras tanto, el Gobierno puso sobre la mesa otra alternativa: el regreso de las colectoras o alguna variante de listas de adhesión.

No se trata de una discusión sencilla. Ese mecanismo fue utilizado en distintas elecciones hasta que Mauricio Macri lo prohibió por decreto. Bastaría con derogar esa norma para volver a habilitarlo, aunque la implementación presenta complejidades, especialmente con la Boleta Única de Papel.

Además, Patricia Bullrich considera que volver a las colectoras sería un retroceso porque implica resolver las internas el mismo día de la elección general. Santilli evalúa otras alternativas, aunque toda reforma electoral enfrenta un obstáculo adicional: requiere una ley especial aprobada por mayoría absoluta de ambas cámaras, es decir, 37 senadores y 129 diputados.

Macroeconomía, inflación y el desafío del bolsillo

El tercer eje de cualquier estrategia electoral es la economía. Sin embargo, en el Gobierno parten de la premisa de que las condiciones macroeconómicas llegarán alineadas al momento de la elección.

El miércoles se conoció que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8%. Ese dato coincide con las proyecciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que estima una inflación nacional cercana al 2% para junio, mientras que los diez pronosticadores más precisos la ubican entre 1,8% y 1,9%.

Para el período comprendido entre julio y diciembre, el REM proyecta registros mensuales cercanos al 1,8%, equivalentes a una inflación anual del orden del 30%.

Todo indica que el próximo martes el Indec difundirá un dato nacional en línea con esas previsiones.

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El Gobierno sostiene una fuerte política de contracción monetaria para contener la inflación y evitar un salto del dólar. A su vez, el Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento del 3,5% para la economía argentina durante este año.

La incógnita pasa por determinar cuándo esa mejora de la actividad llegará a los sectores urbanos. Mientras la construcción mostró un crecimiento sólido, con una suba del 6,3% intermensual y del 4,1% interanual en mayo, la industria continúa exhibiendo un comportamiento irregular, con un avance del 0,4% mensual y del 5,7% interanual.

¿Ese crecimiento ya se refleja en el bolsillo de la gente? El viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció que todavía hay personas que no perciben esos beneficios, aunque aseguró: “No habrá plan platita. No hay atajos populistas”. Según sostuvo, la recuperación llegará a través de la expansión del crédito.

Javier Milei, La Libertad Avanza

Javier Milei concentró en los últimos días toda su atención política en un solo objetivo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. No solo ocupó buena parte de la reunión de Gabinete del jueves —pese al feriado—, sino que también se convirtió en el eje casi excluyente de su actividad en redes sociales, entre tuits propios y reposteos sobre el tema.

La iniciativa, aseguraron en Gobierno, fue ideada por el propio Milei, con los lineamientos que había expuesto semanas atrás en un discurso ante la Fundación Faro, con foco en dos puntos centrales. Por un lado, el artículo 3 de la Carta Orgánica vigente —el que habilita el mandato múltiple, introducido en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. Por otro, los adelantos transitorios al Tesoro, que el Gobierno busca directamente prohibir.

El plan oficial es que la iniciativa ingrese por el Senado y no por Diputados, lo que deja buena parte de su suerte en manos de las gestiones de Patricia Bullrich, pero sobre todo de los gobernadores, a quienes Milei viene mimando desde hace varias semanas.

“Fue un privilegio discutir esto con tres ex presidentes del Banco Central”, les dijo Milei a sus ministros durante la reunión de Gabinete del jueves, en referencia a Caputo, Sturzenegger y Bausili. El encuentro se organizó a instancias del propio Presidente, que quería transmitirles en persona a los ministros los detalles del proyecto que, aseguran quienes lo rodean, es hoy su prioridad excluyente.

En el Gobierno adelantaron que el proyecto probablemente sea girado por el Senado —aunque todavía no está confirmado— y que llegaría en un paquete de tres o cuatro leyes. En Casa Rosada calculan que el envío podría concretarse la semana próxima. Antes, buscan reunir a la mesa política y volver a convocar al Gabinete, además de medir el nivel de consenso real que tiene la iniciativa en la Cámara alta.

Milei planea un anuncio formal, con bombos y platillos, alto despliegue comunicacional y posiblemente con un nombre de marketing que le dé mayor visibilidad. “Es una reforma estructural”, repitieron en el entorno presidencial. E insistieron en que no hay una especulación política detrás: “El Presidente no toma decisiones económicas por motivos políticos”, sostuvo un colaborador de la cúpula.

El consenso para la iniciativa aún es un misterio y pocos en la dirigencia aliada se refirieron al tema. “No leímos siquiera un borrador”, dijo un alto referente de PRO. Un funcionario de confianza de Milei fue elocuente: “Nada sale como uno quiere, siempre tenés que negociar con la política”, aunque aclaró que “no es un proyecto que genere polémica”. El único punto de fricción, según reconocieron, podría ser el artículo vinculado al “shutdown” del financiamiento al Tesoro: “Quizás eso puede tener un poco más de picante”, admitieron. Más allá de los resultados, festejaron que el Gobierno haya retomado la iniciativa: “El oficialismo propone nuevamente la agenda”, se entusiasmó un alto funcionario.

Sobre el origen de la idea, en el Gobierno fueron categóricos: se trata de una iniciativa personal de Milei, que trabaja junto a Caputo, Sturzenegger y Bausili. “Básicamente es blindar la baja de la inflación”, explicaron, al detallar que buscan impedir que el Banco Central emita dinero sin respaldo —una conducta que planean directamente tipificar como delito— y prohibir el financiamiento al Tesoro.

“Faltan detalles que durante este fin de semana se pulirán”, agregaron.

En Balcarce 50 no descartan que Milei les pida a sus ministros del equipo que le lleven el proyecto nuevamente a la residencia este fin de semana, mientras la iniciativa permanece en lo que definen como “etapa final de redacción”.

El martes, Milei ya había convocado a Caputo, Bausili y Sturzenegger a Olivos para avanzar en la redacción del proyecto. Y, pudo saber Infobae, no se descarta una nueva convocatoria en los próximos días: “Que no extrañe que los llame de raje”, señaló una fuente con acceso directo al Presidente.

Más allá de la discusión sobre la Carta Orgánica en sí, la reforma se despliega en un paquete más amplio. “Son tres proyectos, que también pueden ser cuatro, si tenés que cambiar algo asociado a la ley penal”, explicaron en el Gobierno, en referencia a la tipificación como delito de la emisión sin respaldo. El cuarto proyecto podría estar vinculado a la elección de las autoridades del Banco Central. “Es un paquete de reformas”, dijeron.

En el oficialismo sostienen que será difícil que la oposición —con excepción del kirchnerismo y la izquierda— no la acompañe: “Darle mayor independencia al Banco Central… no hay muchas maneras de discutir que eso es algo bueno”, deslizaron.

El Ministerio de Defensa firmó el contrato con su contraparte de Israel para la compra de fusiles ARAD y de esta manera las Fuerzas Armadas comenzarán a reemplazar progresivamente a los históricos FAL en el marco de modernización del equipamiento militar que intenta llevar adelante la Argentina.

El acuerdo, al que tuvo acceso TN en exclusiva, contempla una primera entrega por parte de Israel de 700 fusiles ARAD 7 con accesorios y 167 dispositivos de fogueo por un monto de 1.730.499 dólares. Si bien se estableció que el envío puede realizarse durante 2026, se espera que se produzca en las próximas semanas.

No está previsto un cronograma de pago y entrega del equipamiento militar luego de este primer desembolso. Lo que sí figura en el contrato firmado el 28 de junio es que habrá una ventana de ejecución de 3 años en donde la Argentina podrá solicitar armamento por un total máximo de 12 millones de dólares.

Teniendo en cuenta la primera transferencia mencionada anteriormente, al ministerio de Defensa argentino le quedará un saldo restante de 10.269.501 a abonar en los próximos tres años para la incorporación de los fusiles ARAD 7 –calibre 7,62 mm- y ARAD 5 –calibre 5,56mm-.

El equipamiento militar que comprará la Argentina está producido por la empresa Israel Weapon Industries, a quien el Ministerio de Defensa israelí seleccionó para que sea el principal contratista para ejecutar el acuerdo.

Como es habitual en este tipo de acuerdos, el ministerio de Defensa encabezado por Carlos Presti se compromete a no vender ni transferir el armamento adquirido a otras personas, empresas, entidades o gobiernos. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la situación económica argentina, se plantearon anexos para proceder en caso de demoras en los pagos o entregas.

La firma del acuerdo supone una nueva confirmación del alineamiento en política exterior que adoptó la Argentina desde la llegada de Javier Milei en diciembre de 2023: primero, Estados Unidos; segundo, Israel. En este contexto es que se priorizó la oferta realizada desde Oriente Medio. Otros países que son potencia en industria militar están también interesados en convertirse en proveedores.

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Las negociaciones con Israel para adquirir los modernos fusiles comenzaron hacia 2024 bajo la gestión del por entonces ministro Luis Petri con reuniones técnicas con representantes del Estado Mayor Conjunto, a las que le siguieron distintos encuentros con miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En los primeros años de Petri se activaron distintas líneas de negociación para adquirir insumos, equipamiento y transportes para modernizar las Fuerzas Armadas, una cuenta pendiente en las últimas décadas en el país.

En este contexto, hay diálogos en curso con distintos países para evaluar la adquisición de drones, helicópteros y hasta submarinos, aunque el sueño de volver a tener presencia militar debajo de los mares y océanos parece una idea más lejana por la escasa capacidad económica con la que cuenta la Argentina para afrontar estos proyectos.

Fuerzas Armadas, Israel, Benjamin Netahyahu