En una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve, Iván Dubois negó que exista una crisis en el oficialismo, relativizó el impacto de las disputas públicas entre referentes y defendió la postura del gobierno frente al caso Adorni y la coyuntura económica.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Iván Dubois abordó las controversias internas de La Libertad Avanza, la situación judicial de Manuel Adorni y los desafíos económicos del gobierno de Javier Milei.

“No es que hay una enemistad profunda entre Lidia y Dan. Digamos, fue un intercambio en Twitter. ¿Cuántas veces yo me he peleado con alguno de ustedes o con amigos?”, relativizó Dubois, en referencia al cruce entre Lilia Lemoine y Daniel “Gordo Dan” Parisini, que encendió las redes el fin de semana.

La interna

El parlamentario del Mercosur aseguró que las discusiones entre referentes de La Libertad Avanza en redes sociales no constituyen una fractura del espacio. “No es que hay una enemistad profunda entre Lidia y Dan. Digamos, fue un intercambio en Twitter”, expresó, en alusión al cruce protagonizado por Lemoine, presidenta de la Comisión de Juicio Político, y Parisini (“el Gordo Dan”), del sector de Santiago Caputo y referente del streaming Carajo. “Todos estamos en el mismo barco de alguna forma”, agregó.

Dubois defendió la libertad de expresión dentro del espacio, aunque marcó límites: “Banco lo que sea en Twitter. Lo que pasa es que tenés que hacerte cargo de lo que decís. Si yo disiento con vos en Twitter, no voy a publicar tu teléfono o tu dirección, primero porque me parece una bestialidad y segundo porque es un delito, y hay que hacerse cargo de esas cosas”.

Sobre la denuncia de Sebastián Pareja, diputado nacional y armador de Karina Milei en Buenos Aires, Dubois fue enfático: “Si a mí me publican mi número de teléfono, yo también denuncio y sería la primera denuncia que hago en mi vida. Tenés que protegerte porque ya no es una cuestión política. Cuando publican donde vos vivís o tu número de teléfono exponen de alguna manera tu entorno íntimo”.

No obstante, minimizó el impacto político del enfrentamiento: “No es una fractura del gobierno que Lilia y Dan se peleen en Twitter o discutan en Twitter. Yo no lo veo así”.

El caso Adorni y la situación judicial

Consultado sobre la situación del vocero presidencial Manuel Adorni, Dubois descartó que se trate de un funcionario acabado, pese a la presión mediática y las declaraciones del biógrafo de Milei. “No creo que sea un muerto político. Lo que creo es que Adorni tiene uno de los trabajos más pesados que se puede tener en un gobierno”, afirmó.

Frente a las críticas sobre la falta de explicaciones públicas ante la denuncia judicial, justificó la estrategia del vocero: “Él decidió presentar sus evidencias y sus escritos y todo lo que tenía la justicia sin pasar por los medios. Es su estrategia. Para él, para el puesto de poder que está y para la situación que le toca, válida”.

En cuanto a la rapidez de la investigación, destacó: “Esta es la causa más rápida, yo nunca vi esto en mi vida. Me encanta que sea rápida la justicia. Y es porque se resuelve rápido y vamos a saber qué pasa”. Y subrayó: “No defiendo a ningún delincuente. Para mí el que las hace las paga, no me importa quién sea. Lo va a definir la justicia”.

Ante la consulta sobre si el caso Adorni provocó parálisis en el gobierno, lo negó: “Todos los ministros siguen trabajando, todo el gobierno sigue laburando todos los días. No es que te lleva las veinticuatro horas del día defender a Adorni en los medios”.

Economía, gestión y el rol de Caputo

La economía ocupó un lugar central durante la entrevista. Dubois reconoció las dificultades, pero defendió la estrategia oficial: “La economía está en un proceso de despegar. Se hicieron todos los deberes y lo que corresponde en la macro. Se hicieron los recortes que había que hacer, se llamó a las inversiones que se tenían que llamar de la forma más apropiada y ordenada posible”.

Sobre los reclamos del ministro Luis Caputo y la necesidad de un acuerdo político, Dubois consideró: “Va por ese lado más el buscar el acuerdo político o explicar un poco más cómo se puede hacer esto con otros actores”.

En cuanto a la demora en la recuperación del poder adquisitivo, fue directo: “Para que eso se traslade a la micro falta tiempo. Y lo que te predice que viene un mejor futuro, una economía más estable, es la baja en el interés del crédito y la baja en el riesgo país. Eso augura un futuro mejor”.

Frente a la presión social, especialmente de los empleados públicos afectados por el ajuste, Dubois sostuvo: “Siempre hubo gente que no aguantaba más, pero podés tomar la decisión que solucione eso, que es hacer las cosas bien. Este gobierno, a nivel macro, está haciendo lo correcto, más allá del costo político”.

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El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.

El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.

Según el texto oficial, la iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. «Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión ante cualquier inconsistencia de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

Respecto al mundo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones. «Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones“. Pero no solo eso, sino que también apunta a los beneficios que se les otorgaba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que elimina uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.

Otro punto que también suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos es que introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema. El proyecto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.

La comparación con la legislación vigente arroja diferencias de fondo ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia. La actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral. El nuevo proyecto retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. La iniciativa oficial contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.

El ingreso de la norma por el Senado de la Nación es porque en la Casa Rosada entienden que la conformación de un número mayoritario es más simple que en Diputados. En este contexto, es de esperar una fuerte tensión en los bloques “socios” del oficialismo que durante el año pasado votaron a favor de la emergencia.

Otro punto en debate, es el de la actualización del valor de las prestaciones y pensiones. El proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores.

South America / Central America,Civil Unrest,Buenos Aires