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POLITICA

La trampa de las asimetrías

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Las postales que retratan el desempeño de la economía argentina están siempre marcadas por el contraste y la dualidad. La actividad productiva muestra sectores que están creciendo aceleradamente (minería, energía, bancos), y otros que no encuentran un piso en su caída (textiles, calzados). Hay empresas que cierran (Fate) o que se van del país (Nissan), y marcas que anuncian su próximo desembarco (H&M). Nichos de bienes dolarizados que están en su mejor momento (autos de lujo) y alimentos básicos cuyo consumo retrocede (productos lácteos).

Surge entonces, inevitable, una pregunta absolutamente central para evaluar el proyecto económico de Javier Milei: ¿es la disparidad un rasgo intrínseco del modelo libertario, o constituye un desvío coyuntural? ¿Las asimetrías pueden representar una característica tan determinante para un programa económico, o en realidad sólo simbolizan la fase de transición hacia un estadio más evolucionado del plan? Las respuestas a estos interrogantes son decisivas para el futuro del proyecto oficial, porque determinan si el Gobierno debe mantenerse prescindente de esas dinámicas o, si por el contrario, tiene que administrar de algún modo ese proceso.

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Luis Caputo y Santiago Bausili, la semana pasada en Nueva YorkGuillermo Idiart

Hasta ahora se pueden identificar tres tipos de asimetrías que tienen raíces profundas en el tiempo, pero que se visibilizaron como derivaciones propias del actual programa económico. Por un lado, la que surge de observar el desempeño dispar de los distintos sectores productivos, entre los que encontraron mayores facilidades en la apertura comercial y los que la padecen, y entre los que tienen una proyección global y los que dependen del mercado interno.

La segunda marca divisoria emerge entre grupos sociales, con una clase alta y media alta que aceleró sus compras en dólares y que se beneficia con el tipo de cambio, y clases media-baja y baja que consumen menos y tienen dificultades importantes para llegar a fin de mes.

Y la tercera bifurcación es la geográfica, con las regiones cordillerana (minería), patagónica (energía) y pampeana (campo) en un momento de prosperidad, y los conurbanos de las grandes ciudades, en particular el AMBA, con industrias deprimidas y consumos deteriorados.

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El agro y el petróleo, dos de los motores de la economía argentina actualShutterstock

La nueva Argentina se está construyendo sobre estas tres líneas de fractura. Se trata del intento de reconversión más profunda de la concepción del país desde que se agotó el modelo de sustitución de importaciones a mediados de los 70. Es el experimento más ambicioso porque apunta a trasladar el epicentro productivo de la era industrial a zonas determinadas por los recursos naturales. También porque asume que la competitividad es la única fuerza organizadora de la matriz productiva, en donde cualquier esquema de compensación es considerada una adulteración distorsiva. Y además porque lleva implícita una lógica de restauración individual que desafía la tradición igualitaria que caracterizó al país desde el siglo XX, un orden en el cual la libertad personal representa un valor superior al de la realización comunitaria.

Las asimetrías entre los diferentes sectores productivos ­­empezaron a intuirse en los primeros dos años de gestión libertaria como un fenómeno emergente, pero ahora se están cristalizando como un rasgo estructural.

La última medición del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que se conoció esta semana fue una demostración muy clara. El informe correspondiente a febrero exhibió una caída general de la actividad del 2,1% interanual, y de 2,6% respecto de enero. Una nueva señal de que el primer trimestre ha sido muy árido para la economía argentina.

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Sin embargo, lo que más llama la atención es la disparidad absoluta entre los distintos rubros relevados. Por un lado, aparecen los ganadores: la pesca subió el 14,8% interanual, la minería 9,9%, la agricultura el 8,4% y los bancos el 6,6%. Por el otro, los perdedores: la industria manufacturera, con una caída interanual de 8,7%, y el comercio con un retroceso del 7%. Es decir, de un extremo a otro hay diferencias de más de 20 puntos de actividad.

Es un paisaje que se tornó habitual, aunque no esté claro hasta qué punto es sustentable en el tiempo, porque como señaló Carlos Melconian en su reciente columna en , mientras el sector ganador “apenas araña el 20% de la economía”, el perdedor “ronda el 50% del PBI”. Por eso desestima la idea de una economía en dos velocidades, “porque da una idea de simetría”, y prefiere hablar de una “fragmentación regresiva”.

Planta de extracción de gas de la empresa NAM, expresión de la nueva economía neerlandesa JILMER POSTMA – ANP

Para algunos analistas, la Argentina en un claro ejemplo de lo que se conoce como “la enfermedad holandesa” (Dutch Disease), que es un fenómeno económico que se genera como consecuencia de un aumento repentino en los ingresos de divisas (generalmente por el hallazgo de recursos naturales como gas o petróleo), que termina perjudicando al resto de los sectores productivos del país, especialmente a la industria. El término deriva del caso de los Países Bajos en los años 70, cuando el descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural enriqueció al país, pero la fortaleza de la moneda de entonces, el florín, terminó por hundir su sector industrial. Claro que después la economía holandesa adoptó un set de profundas reformas, tras un amplio acuerdo político, y que se reconvirtió hacia el sector de servicios, logística y alta tecnología para lograr altos niveles de competitividad.

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Daniel Schteingart, especialista en temas de económicos y sociales de Fundar, marca una distinción fundamental entre los tres sectores más perjudicados con el actual modelo. Sostiene por un lado que la merma que exhibió la construcción en los últimos dos años “tiene un rasgo más coyuntural” que puede revertirse a partir de las inversiones del RIGI y de que se reactiven obras de infraestructura, con intervención pública y privada. Algo similar ocurre con el comercio, que desde su perspectiva podría recomponerse a partir de una recuperación del consumo, aunque “en modo más dual, no en todos los rubros por igual”.

Daniel Schteingart ve que algunas asimetrías son coyunturales, pero que lo de la industria es estructural

Pero después remarca que el desplome de la industria es la que exhibe características más estructurales. “La industria no sólo cae en términos absolutos, es decir, en comparación con su desempeño en años anteriores, sino que también retrocede en términos relativos, lo que implica que pierde incidencia en el PBI. Por lo cual aún si la economía crece, la industria va a perder terreno”, apunta Schteingart.

En la lógica del Gobierno, esto constituye una etapa del proceso de reconversión productiva, que apunta a una progresiva transformación de una matriz basada en una industria demandante de protección, a otro esquema que sólo contiene algunos sectores industriales muy competitivos y un crecimiento fuerte en el área de servicios. Esto se complementa con la potenciación de los recursos naturales, a manos del agro, los hidrocarburos y la minería.

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Cierre de la fábrica Fate. Trabajadores de la empresa se manifiestan en la puerta tras el despido de más de 900 empleadosValeria Rotman

El gran dilema en este esquema es el efecto laboral, porque los sectores que hoy son más dinámicos son los menos demandantes de mano de obra. Esa reconversión es la más compleja de efectuar, porque entraña adicionalmente un desafío geográfico, ya que los puestos de trabajo se pierden rápido en los cordones urbanos y crecen lento en el interior productivo del país. Y no es imaginable una migración masiva, simplemente porque no habría puestos laborales suficientes. Sólo basta con escuchar al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien no se cansa de advertir que el impulso logrado por Vaca Muerta tiene que ser capitalizado por los neuquinos, no por los forasteros. Como si el conurbano bonaerense pudiera mudarse a Añelo.

Muchas veces se cita el ejemplo de Australia como un caso virtuoso de reconversión productiva que se inició en los 80 y se profundizó en los 90, y que le permitió pasar de una economía cerrada y poco competitiva, a otra pujante y globalizada. Si se comparan las medidas económicas adoptadas allí con el proceso que lidera Milei se pueden encontrar varios paralelismos: apertura comercial, reforma laboral, eliminación de regulaciones, flotación monetaria.

Productos australianos en la góndola de un supermercado de SydneyDAVID GRAY – AFP

Pero hay dos diferencias sustanciales. La primera, es que fue un programa consensuado con todos los actores políticos, empresariales y sindicales. La segunda, es que como parte del plan se adoptó una serie de medidas tendientes a arbitrar el proceso de transformación con un programa de reentrenamiento laboral enfocado en áreas productivas, una fuerte inversión en desarrollo tecnológico y científico, y un fomento a las industrias vinculadas con los recursos naturales. Es decir, un modelo que incluyó una guía de la transición, no sólo con contención social sino también con políticas orientadas a la reconversión propuesta.

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Las asimetrías sociales tuvieron en los últimos días dos retratos tremendamente gráficos, que ilustran la cristalización de segmentos cada vez más distantes, uno arriba y otro abajo de la pirámide poblacional. La primera de esas pinturas la aportó Fernando Moiguer al presentar su más reciente trabajo que, contraintuitivamente, se enfocó en la nueva configuración de la clase alta. El consultor la caracteriza como una emergente del modelo propuesto por el Gobierno, legitimada por el discurso de Milei de que ser rico no está mal. “Históricamente, la clase alta argentina tendió a diluirse simbólicamente bajo la ‘identidad de clase media’, como forma de integración cultural y resguardo frente a la inestabilidad política y social. Hoy, ese pacto implícito comienza a romperse. Cambia el contexto macroeconómico, el clima social y las formas de legitimación del éxito”, describe el estudio.

Fernando Moiguer, autor del informe sobre la clase altaAníbal Greco

A partir de ese disparador hace una profunda radiografía económica y sociológica de ese sector que representa el 6% de la población, pero el 49% del ingreso total del país. Señala que hay un desacople entre la clase media y la clase alta, porque “mientras amplios sectores de la clase media ajustan expectativas y profundizan sus estrategias de supervivencia, la clase alta, más allá de preservar su posición relativa, se transforma y redefine sus códigos. Deja de funcionar como una extensión aspiracional de la clase media y comienza a operar como un sujeto social con lógica propia”.

Remarca que la clase alta empieza a tener nuevas dinámicas, como la territorialización (élites regionales vinculadas a los polos más activos), la fragmentación (diferencia la clase alta de los “herederos”; la de los “auto-construidos”, como profesionales y empresarios consolidados; y la de los “emergentes”, nuevos ricos de origen popular, los tres grupos con conductas y estéticas diferentes), y el consumo estratégico (búsqueda de calidad, de promociones, de experiencias).

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La clase alta se define tanto por sus consumos como por sus conductasSoledad Aznarez

En definitiva, Moiguer pinta con agudeza a la punta de la pirámide como un actor social con una identidad propia que ya no disimula su riqueza, y que se siente validada por un mensaje que emana desde el propio Milei y que coexiste con un ecosistema digital que contribuyó a socializar modos, estilos, consumos, conductas, sentido de pertenencia y aprobación.

En el otro extremo se sitúa el último informe del Indec sobre Indicadores de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos, con datos consolidados del segundo semestre de 2025. En ese trabajo se desglosa una serie de datos que dan cuenta de un empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores de estratos más bajos. Quizás la cifra más abarcativa es la que señala que sólo el 28,2% de los pobres acceden a servicios de agua, gas y desagües, mientras que un año antes esa cifra era de 32,1%. Lo mismo ocurre con el ítem vivienda: el 65,9% habita en construcciones con materiales de calidad, pero el año anterior esa cifra era de 67,9%.

Menos de un tercio de quienes habitan en los barrios populares tienen todos los servicios básicos
Gentileza Observatorio de La Poderosa

Son pequeñas señales que parecen sustentar el dato sobre pobreza que el Indec dio a conocer anteayer. Al desagregar el último trimestre del año pasado se notó una suba de tres puntos, que pasó del 26,9% en el período julio-septiembre al 29,9% entre octubre y diciembre. Es una tendencia que preanuncia un crecimiento de la pobreza en el arranque del 2026, pero que puede tener una parábola inversa en los próximos meses, si se cumple la previsión de una baja inflacionaria en el segundo trimestre.

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Más allá de las estadísticas, se nota que así como la clase alta se cristaliza hacia arriba con dinámicas propias, la clase baja se consolida hacia abajo con consumos retraídos, en un comportamiento dual que es un signo distintivo de la marcha de la economía hoy.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, esta semana junto al empresario tecnológico Peter ThielOficina del Presidente

La clase media, que históricamente caracterizó a la sociedad argentina y funcionó como un amortiguador y al mismo tiempo como un promotor aspiracional, aparece hoy más atenta a no caer dentro de los parámetros de la clase media-baja, que a mantenerse en la ilusión del ascenso social. En la Argentina de las asimetrías su margen de identidad se angosta. Ser de clase media hoy no es un significante nítido.

Santiago Poy, investigador en temas de desigualdad socioeconómica del CIAS, remarca que “la clase media sufrió mucho los recortes del sector público: la reducción de subsidios deterioró su ingreso disponible, el empleo público perdió poder adquisitivo y se contrajeron los recursos clave para sus expectativas de movilidad social, como sucede con la educación superior. Pero en buena medida ese segmento mantuvo expectativas porque hasta el año pasado había una narrativa, impulsada por el Gobierno, de que la estabilidad era un valor. Lo que ahora está en tela de juicio es si la estabilidad también es capaz de generar una mejora económica”.

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Carlos Melconian en su reciente columna en La Nacion,el último informe del Indec sobre Indicadores de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos,Jorge Liotti,Conforme a

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El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno

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El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.

La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.

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El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.

La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.

En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.

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En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.

Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.

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Itaí Hagman representa al espacio de Juan Grabois en la Cámara de Diputados

La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.

El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.

La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.

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Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.

La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.

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La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.

La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.

Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.

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La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.

La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.

La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.

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La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos

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La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.

La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.

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La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.

Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.

En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.

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Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.

La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.

Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.

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Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.

El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.

Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.

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Petrobras, la empresa de energía más grande de BrasilEraldo Peres – AP

La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.

Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.

Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.

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Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.

Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.

Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.

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Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.

La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.

El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.

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Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.

El camarista Carlos Mahiques

Ricardo Pristupluk

Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.

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En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.

Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.

Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.

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Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.

Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.




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