Lo que se presumía que iba a ocurrir, ocurrió. Las autoridades de los Estados Unidos avanzaron en la investigación de los negocios que se realizaron alrededor de la AFA. Hasta ahora no llegan al presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a su tesorero, Pablo Toviggino. Pero sí a Javier Faroni, intermediario de grandes contratos de la organización a través de su sociedad TourProdEnter LLC. Faroni deberá declarar ante la Justicia del Sur del Estado de La Florida. En la misma AFA admitieron que se le requirió información y documentación sobre las autoridades de la Asociación. Hay que recordar que Tapia y Toviggino eligieron a Faroni como intermediario de convenios multimillonarios en los que el empresario se quedaba hasta con el 30% del monto del negocio.

Una información de fuentes muy confiables asegura también que en el aeropuerto de Nueva York agentes del FBI incautaron los teléfonos y otros dispositivos de comunicación de Tapia, cuando el presidente de la AFA estaba por subir al avión en el que regresó a Buenos Aires. La AFA desmintió esa noticia en un comunicado oficial. También el abogado Gregorio Dalbón pidió a Infobae, el medio que había asegurado que los aparatos electrónicos de Tapia habían sido decomisados, que corrija esa información porque era falsa. A pesar de esas desmentidas, personas con acceso a los operativos que realiza el FBI en los Estados Unidos seguían ayer asegurando que los teléfonos de “Chiqui” quedaron en Nueva York.

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El intendente de Castelli, Francisco Echarren (Fuerza Patria), presentó en el Concejo Deliberante de ese distrito bonaerense un proyecto que busca sancionar la primera carta orgánica municipal, con el objetivo de lograr autonomía en decisiones locales y evitar la burocracia provincial. La iniciativa busca otorgar mayor poder al municipio en materia sanitaria, tributaria y de seguridad, entre otros puntos, y también definir un régimen electoral propio para el distrito, punto que abre especulaciones sobre la posibilidad de que se establezca la reelección indefinida, prohibida para los intendentes de la provincia de Buenos Aires. No obstante, el jefe comunal subraya que no busca reelegirse y sostiene que los mandatos consecutivos deben estar limitados.

Con fecha del 8 de julio, Echarren envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza “sobre la necesidad de sancionar la Primera Carta Orgánica Municipal del Municipio de Castelli”. En los considerandos de la iniciativa, se señala que “en la reforma constitucional de 1994 se estableció, en su artículo 123, la autonomía municipal, que ‘cada provincia dicta su propia Constitución lo dispuesto por el artículo 5º [de la Constitución Nacional] asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero’”, pero que, “no obstante ello”, la Constitución bonaerense “no ha reconocido en su texto la autonomía municipal de los 135 municipios”.

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Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a contactar a empresas que firmaron contratos millonarios con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como parte de la investigación sobre el presunto desvío de fondos de la entidad y el posible lavado de activos mediante un fraude a través del sistema bancario norteamericano, confirmaron fuentes con conocimiento directo de los avances de la pesquisa.

Los contactos de los fiscales y agentes que responden al Departamento de Justicia (USDoJ) abarcan a compañías no argentinas que sellaron negocios con la AFA, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter LLC, la firma del productor Javier Faroni que recaudó cientos de millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte durante los últimos años.

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El Gobierno compartió este miércoles en las redes oficiales de la Casa Rosada un video de la firma que se hizo esta mañana con la provincia de Santa Fe para el traspaso del manejo de la ruta nacional A012. En una movida poco usual hasta ahora para la gestión libertaria, el compilado incluyó declaraciones de la secretaria general, Karina Milei, que así toma cada vez más protagonismo y poder en la gestión de su hermano Javier Milei.

La funcionaria aseveró en la grabación institucional que el gobierno nacional está comprometido con la ayuda a las provincias.

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Una vez terminado el mundial, la agenda de la oposición en las calles se reinició este miércoles con una protesta de los jubilados contra el Gobierno, que la CGT acompañó como parte de un plan de acciones sectorizadas. En la protesta confluyeron las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los estatales porteños de ATE, agrupaciones de izquierda y emisarios del gobernador Axel Kicillof.

El eje principal de la movilización fue el reclamo por una mejora en los haberes de los adultos mayores. Desde julio, el haber mínimo pasó de $403.302,81 a $411.989 por la actualización mensual. Con el bono extraordinario de $70.000 —que permanece congelado desde el inicio de la gestión libertaria—, el ingreso mínimo alcanza los $481.989, un monto que fue calificado como una “miseria” durante la protesta.

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El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles un nuevo acuerdo salarial entre los choferes de la UTA y las cámaras empresarias para los meses de julio, agosto y septiembre.

El acuerdo establece para el personal de conducción un salario básico de $1.645.721,36 a partir del 1° de julio; de $1.676.990,06 desde el 1º de agosto y de $1.707.175,88 a partir del 1º de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías laborales, indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello.

En la mañana de este miércoles, arribó al país el nuevo nuncio apostólico en la Argentina, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach. Designado en mayo pasado por el papa León XIV, una de las primeras misiones del flamante jefe diplomático de la Santa Sede será la organización de la visita del pontífice a nuestro país, que se estima podría realizarse en noviembre, aunque aún no existe una confirmación del Vaticano.

En su llegada a la Argentina, el nuncio apostólico fue recibido por el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro. También estuvo presente el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, a quien el canciller Pablo Quirno le encomendó darle la bienvenida.

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“Vamos a profundizar nuestro plan de lucha”. “Vamos a seguir peleando para que no les saquen a los 900 mil compañeros de la economía popular el programa Volver al Trabajo, el salario social complementario que es una conquista que se logró en el 2016 y que la justicia le dio el visto bueno al gobierno para que lo puedan bajar”. “No vamos a dejar de darle batalla a este gobierno”.

Las tres frases corresponden a Johana Duarte, secretaria gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y Silvia Saravia, referente de Libres del Sur. Los dirigentes protagonizaron junto a piqueteros, agrupaciones de izquierda, sindicatos, líderes de las dos CTA y de la CGT, una multitudinaria marcha junto a los jubilados que, como todos los miércoles, se manifestaron frente al Congreso de la Nación. También se realizaron 100 cortes de rutas, accesos y puentes en todo el país. En algunos casos, como en el Puente Pueyrredón se registraron escenas de violencia entre las fuerzas de seguridad federales y los manifestantes que calificaron el acción de “represión”. Integrantes de la Policía Federal y Prefectura intentaron evitar la quema de neumáticos y la interrupción del tránsito, hechos que de todos modos ocurrieron. La alta concentración de manifestantes evitó que los uniformados impusieran de manera efectiva el protocolo antipiquetes, al menos por varias horas. “La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia. Exigimos el cese de la represión y políticas que garanticen el derecho al trabajo”, publicó la UTEP en sus redes sociales.

La de ayer fue una muestra de unidad entre diversos espacios sociales y políticos, que van desde la izquierda encabezada por el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni; la fracción del Partido Comunista Revolucionario, encarnado en la Corriente Clasista y Combativa, liderada por el ex diputado Juan carlos Alderete, hasta espacios que se referencian con el peronismo como el Movimiento Evita, encabezado por Emilio Pérsico y Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez, el Subsecretario de Economía Popular dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que lidera Andrés “Cuervo” Larroque, bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof.

La demostración de fuerza del martes fue el anticipo de las próximas medidas que ya decidieron tomar contra la administración de Javier Milei.

El catalizador de las “medidas de lucha” que darán en las calles fue la desarticulación del Programa Volver al Trabajo, a través del cual 930.000 beneficiarios cobraban $78.000 mensuales. La medida, tal como explicó Esteban Castro al comienzo de esta crónica, fue avalada por la Cámara Federal de San Martín, que hace dos semanas, revocó la cautelar dictada en primera instancia y que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a mantener el programa continuador del Potenciar Trabajo, lo que habilitó el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. El fallo le permite al Gobierno nacional materializar lo que ya anunció Sandra Pettovello: reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

Ayer, minutos después de que la Policía Federal avanzó sobre manifestantes que cortaban el Puente Pueyrredón, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, cargó contra la Casa Rosada por “poner en riesgo la paz social” en el país y alertó: “Los pibes empiezan a chupar cartón para sobrevivir. Esa es la triste realidad que atraviesa el pueblo trabajador”.

Ante las cámaras de TV, el dirigente pidió disculpas por la interrupción del tráfico durante la protesta, que tuvo sus réplicas en otros puntos del país, como Mar del Plata, pero remarcó que las organizaciones sociales seguirán “en las calles para defender a los trabajadores”. “Este reclamo empalma también con los jubilados, que tienen que elegir entre comprar un medicamento o comida”, agregó.

Lo que viene

La próxima movilización de los espacios que representan a los trabajadores informales (UTEP) y formales (sindicatos, gremios y centrales obreras) está prevista para el 7 de agosto. Será una peregrinación (se estima multitudinaria), en celebración del día del patrono del trabajo que partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar ese mismo día, pero de 2016 y en la que se reclamaba, al igual que ahora “Tierra, Techo y Trabajo”, una de las consignas que supo acuñar el papa Francisco.

Los movimientos sociales no estarán solos en la peregrinación del 7 de agosto. La CGT junto a las dos CTA (como lo hicieron ayer en apoyo a los jubilados) ya anunciaron su participación. Será el segundo paso de un plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei que se prolongará con una Marcha Federal y un paro general en una fecha que la principal central obrera del país aún no definió.

En diálogo con Infobae, Johana Duarte recordó: “Estuvimos acompañando los 100 cortes en todo el país porque la situación social en el territorio es insostenible y la quita del cobro del programa Volver al Trabajo solo va a profundizar esta crisis, por eso vamos a profundizar nuestro plan de lucha de cara al 7 de agosto que será una enorme demostración de unidad denunciando las políticas criminales de este gobierno nacional que nos lleva a crisis terminal”.

En igual sentido, se expresó Silvia Saravia, la dirigente de Libres del Sur: “La decisión de la justicia de hacer lugar a la apelación del gobierno deja vía libre al Gobierno para que deje de pagar los 78 mil pesos del programa Volver al Trabajo a casi un millón de personas. El impacto en las familias va a ser muy duro, porque tienen un nivel de endeudamiento muy grande, y a esto hay que sumarle el recorte en la entrega de medicamentos. Todo esto hace más profunda la precariedad de la situación que atraviesan. El aumento de la garrafa, el aumento del transporte, los servicios, los alquileres”.

La referente social también opinó: “El presidente Javier Milei le quita impuestos a los yates y aviones de lujo y a la par elimina la ayuda a las personas que más lo necesitan. Es un gobierno muy injusto y cruel” y advirtió “no vamos a dejar de darle batalla a este gobierno”.

Las empresas públicas deficitarias serían privatizadas, habría más protestas en las calles y se podrían comprar armas en un supermercado, de acuerdo a las propuestas contempladas en su plataforma

28 de junio de 202310:2811‘minutos de lectura

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Podríamos tener pesos, dólares, guaraníes, euros, reales o yuanes en la billetera y pagar mercancías o el alquiler con esas u otras monedas. Tendríamos que pagar la escuela de los chicos con “vouchers” o cheques. Podríamos comprar cualquier bien de capital del mundo. Pero también lidiaríamos con el cierre de un número impreciso de industrias locales. Tendríamos más protestas en las calles y el Mercosur podría llegar a su final. Los trámites burocráticos serían mucho más sencillos y rápidos, pero la tasa de desempleo –al menos en el corto plazo– podría escalar de manera sustancial y los nuevos empleados podrían ser despedidos sin indemnización, aunque accederían a un seguro de desempleo.

Un eventual gobierno de Javier Milei podría registrar estas y otras vivencias positivas, neutras o negativas, según surge de las consultas de a especialistas que buscaron vislumbrar cómo serían nuestras vidas cotidianas si aplicáramos su plataforma electoral, cuya concreción, anticipa el candidato, insumiría 35 años, “en etapas sucesivas”.

Cuánto de esa plataforma podría plasmarse en la realidad, sobra aclarar, es futurología. Ningún Presidente logró jamás concretar todas sus propuestas, sino que avanzó hasta donde pudo… cuando no optó por traicionar sus promesas. Conviene recordar, también, que incluso si Milei llegara a la Casa Rosada con el 50% de los votos en primera vuelta solo obtendría la cuarta parte de las bancas en la Cámara de Diputados y, acaso, un puñado de senadores.

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¿Presionaría con consultas populares no vinculantes al resto del arco político para impulsar sus reformas, que tampoco podrían abordar ciertos temas vedados por la Constitución? ¿Cuántas veces podría llamar a las urnas a la ciudadanía sin hastiarla? ¿Gobernaría con decretos de necesidad y urgencia, aunque la Constitución también los veda en “materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”?

Las empresas públicas deficitarias

Sin apoyo del Congreso, ni gobernadores o intendentes propios, Milei sí tendría una variable a disposición: la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque por decisión administrativa del jefe de Gabinete podría distribuir los gastos (por programas y partidas) y los recursos (por rubros). Y, en esa línea, es un indicio que la primera propuesta concreta de las 13 carillas de su plataforma sea la promesa de un fuerte recorte del gasto del Estado.

Ese recorte, anticipó, abarcaría una larga lista de empresas públicas que pasarían a manos privadas. ¿Cuáles? Todas las deficitarias, según su plataforma. Incluiría, pues, de Aerolíneas Argentinas a AySA, del Correo a trenes como el Belgrano Cargas, y de Casa de Moneda a Enarsa. También, a Tandanor, los yacimientos de Río Turbio (YCRT) y de Agua de Dionisio (YMAD), y la Fábrica de Aviones (Fadea) y La TV Pública, entre otras.

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Esas empresas públicas registraron, sumadas, un resultado financiero negativo anual que rondó los $400.000 millones durante 2022, según datos oficiales analizados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), ante la consulta de . Pero la revisión acotada a los números excluiría otros factores intangibles que deberían evaluarse. Entre ellos, el valor estratégico o el servicio público o el aporte al bien común que esas empresas realizan –o pueden realizar– al país.

En el rubro impuestos, Milei promete que los argentinos pagarían menos gravámenes distorsivos, como Ingresos Brutos –aunque su regulación y alícuota no depende de la Nación, sino de cada provincia–, y corregiría la aplicación de otros como el IVA. También terminaría con los derechos de importación y exportación. Eso dejaría más dinero en los bolsillos de los contribuyentes, aunque también acotaría los ingresos del fisco. ¿Un ejemplo? La recaudación por impuesto al cheque y los derechos al comercio exterior –que el libertario sostiene que eliminaría– significaron 1,6% y 2,8% del PBI en 2022.

¿Conllevaría esto a un aumento del déficit público? Según los libertarios, no, porque el recorte se compensaría con más reformas y achiques del Estado, que tendría menos ministerios y dependencias, aunque eso no siempre redunde en menos gastos.

“Resulta complejo develar el impacto de la reducción en ministerios”, indicaron en ASAP a . “El impacto directo (cantidad de cargos jerárquicos) podría calcularse, pero no tendría mayor significación en las cuentas públicas”.

Mayor impacto en las cuentas públicas tendría, en cambio, lo que hasta hoy es un secreto a voces entre los precandidatos presidenciales. ¿Cuál? La posibilidad de que la Argentina promueva un canje de su deuda soberana con una quita sustancial o, más drástico, entre otra vez en cesación de pagos. En ambos horizontes, el próximo gobierno no tendría que afrontar ciertos vencimientos previstos en el corto y mediano plazo, por lo que Milei podría destinar esos fondos a solventar parte de su plan de reformas y propuestas.

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En el horizonte internacional, además, Milei prometió “una apertura unilateral al comercio internacional”. ¿Qué significaría eso? Más variedad de bienes y productos en las góndolas de supermercados, ferreterías y otros comercios. También, más insumos estratégicos y bienes de capital importados que ahora escasean. Pero también conllevaría el cierre de industrias y pymes locales que no podrían competir con lo que llegue de otros países que más competitivos o que hacen “dumping”.

No sólo eso. “Lo que propone Milei es bajar nuestros aranceles al 5% o 10%, sin contraprestación de otros países, ni negociar acuerdos de libre comercio con ‘canastas’ de rubros para bajar de manera progresiva los aranceles a cinco, diez o quince años”, tradujo un embajador especializado desde hace décadas en ese campo, ante la consulta de . “La OMC [Organización Mundial de Comercio] nos diría ‘todo bien’, pero recibiríamos reclamos de nuestros socios del Mercosur, con los que debería acordar antes. ¿Te doy un ejemplo? A fines de 2021, Bolsonaro impulsó una rebaja unilateral de aranceles al 10% en distintos bienes y la Argentina reclamó y presionó para evitar su impacto en automóviles, lácteos y otros ítems. Ahora sería al revés”, detalló.

Jubilaciones, trámites y armas

De concretarse las propuestas del libertario, el régimen jubilatorio también sería distinto. La Argentina volvería a un sistema mixto, con un régimen estatal de reparto y otro privado de capitalización, como el que tuvimos con las AFJP, aunque eso incrementaría el rojo fiscal frente a los actuales jubilados. ¿Dónde hay sistemas duales? En Canadá, Noruega, Suecia, Islandia, Israel y Australia, entre otros países. Una opción interesante, pero que presenta desafíos mayúsculos en sociedades con informalidad y pobreza elevadas.

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Lidiar con el sector público, en tanto, sería más sencillo, según promete Milei, posibilidad que ya se vislumbró durante la pandemia. Muchos trámites serían digitales, al igual que todos los expedientes administrativos, que le dirían adiós al papel. Y la interacción con la AFIP, el Senasa, INTA y otros organismos públicos prometería ser menos engorroso. De hecho, también la compra de armas debería ser más expeditiva, al punto que se podría adquirir un arma en la armería o hasta en el supermercado del barrio, como en Estados Unidos.

“La propuesta [de Milei] es muy genérica. ¿Significa que vos podrías comprar cualquier arma, sin requisitos, sin siquiera una credencial o certificado vigente que te acredite como ‘legítimo usuario’?”, inquirió un extitular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) que es legítimo usuario, porta armas y critica las regulaciones excesivas. “En Estados Unidos, cada Estado fija su propia regulación, que puede ser más estricta o más laxa, pero se lleva un registro de cada arma. Algún tipo de control, registro y trazabilidad hay que tener, sobretodo en la situación que vivimos en la Argentina”, remarcó a .

Aborto y derribos

Menos engorroso, pero más costoso sería acudir a cualquier centro de salud público. Las derivaciones hospitalarias quedarían descentralizadas, se promovería la telemedicina –una realidad para muchos desde la irrupción del Covid-19– y “todas las prestaciones” quedarían aranceladas, aunque habría un seguro de salud proporcional a la capacidad de pago de cada paciente. Y dos reformas sustanciales: la opción de abortar y la píldora del día después quedarían prohibidas, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, y en las escuelas dejaría de ser obligatoria la Educación Sexual Integral (ESI).

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¿Y los extranjeros? Deberían pagar por cada tratamiento médico que reciban, aunque para algunos sería incluso más gravoso: solo podrían ingresar al país si presentaran algún tipo de seguro de cobertura médica y no tuvieran antecedentes penales. Pero podrían comprar las tierras que quieran, donde quieran, porque se derogaría la llamada “Ley de Tierras”, incluso si fueran campos en zona de frontera, en zonas estratégicas o con espejos de agua dulce.

Hablando de fronteras, Milei anticipa que su gobierno buscaría la completa radarización del territorio argentino, además de controles con drones, satélites, vehículos “y todo equipamiento necesario” para monitorearlo. Pero evitó abordar la pregunta subsecuente: ¿Habilitará el derribo de aeronaves bajo sospecha? Y en ese caso, ¿cómo?

Menores, bancos y calles

Si de seguridad se trata, en tanto, Milei promete más cárceles, con un régimen militarizado, con presos que solo accederían a un salario si estudiaran o trabajaran, mientras que abre la puerta a “estudiar la posibilidad” de reducir la edad desde la cual somos responsables ante la ley penal. Hoy es a los 16 años y Milei querría bajarla, aunque omite precisar cuál sería el nuevo piso. ¿15, 14, 12? A la hora de debatirlo, acaso sea bueno saber que solo el 3,8% de los menores en conflicto con la ley tiene menos de 16 años, según un relevamiento de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef en 2015.

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Si derribo de aeronaves o menores en cárceles son respuestas pendientes, algo más precisa es la propuesta sobre el sistema bancario. Se podrían comprar dólares libremente, pedirlos por ventanilla del banco o retirarlos por cajero automático. Pero la plataforma no es tan asertiva sobre la dolarización como lo es Milei en sus declaraciones. En la segunda página alude a promover “la libre competencia de divisas” y en la siguiente avanza sobre la idea, pero solo como opción: “Se prevé [la] competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización de la economía”.

En la misma senda, propone la eliminación del Banco Central, pero recién “en una tercera etapa” –no en lo inmediato–, reforma que permitiría abrir un banco en cada esquina, sin regulación, aunque con encajes del 100% para depósitos a la vista. Restaría determinar qué entidad u organismo –ante la ausencia del BCRA– se encargaría de supervisar.

“Tener que contar con encajes del 100% complicaría la generación del mercado crediticio. O dicho de otro modo: con encajes del 100 por ciento no podés prestar dinero”, indicó a un referente del sistema bancario con décadas en el sector, donde llegó a liderar uno de los principales bancos privados del país. “El problema de fondo es el déficit fiscal –planteó–. Con déficit no podés dolarizar, ni podés tener moneda, ni tampoco tener depósitos consistentes que lleven a la expansión del crédito”.

Si esa y otras propuestas son inciertas, junto a Milei destacaron tres puntos sobre su plataforma, ante la consulta de . La primera, que la presentó, a diferencia de las vaguedades o el silencio de los otros precandidatos. La segunda, que su plataforma le permitió, otra vez, pisar fuerte en la agenda pública y que todos –periodistas incluidos– hablen sobre él y sus ideas. La tercera, que si gana la Presidencia, “nadie podrá alegar que Milei los sorprendió con sus actos de gobierno”.

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Si gana el libertario, también se pueden anticipar qué reacciones cosechará. Registrará apoyos, claro, pero también paros y movilizaciones, ya fuera por oposición al achique del Estado nacional, por la reforma de los sindicatos o de los sistemas de salud y educación, o por la eliminación de los planes sociales que sería, según Milei, “progresiva”. Último dato: a lo largo de las 13 carillas de su plataforma, omitió precisar qué hará ante los cortes de calles.

Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política