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La UBA alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar por falta de financiamiento

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento que se aprobó el año pasado y alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar.

Según pudo saber Infobae, las autoridades de la alta casa de estudio señalaron que “en lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales”. Esto se da en un nuevo reclamo por parte de la Universidad de Buenos Aires que anticipó una nueva marcha federal universitaria para el próximo 12 de mayo en el centro porteño.

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Ante este escenario, este martes a las 8.30 de la mañana los directores de la red de hospitales universitarios realizarán una conferencia de prensa frente al Hospital de Clínicas.

En ese sentido, señalaron que las instituciones que podrían ver afectado el funcionamiento son: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

Largas filas en las afueras de la Facultad de Odontología para tener atención gratuita (Adrián Escandar)

De acuerdo a lo que sostienen los universitarios, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos bajo la planilla “Hospitales”. No obstante, la gestión de Javier Milei no ha transferido los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que representa una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Estos recursos deberían haberse ejecutado para cubrir insumos, mantenimiento y servicios básicos esenciales para la atención sanitaria.

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La situación de los hospitales universitarios de la UBA es crítica: se atienden más de 700 mil personas por año en sus seis centros, lo que da cuenta del alcance y la importancia de su funcionamiento regular. El bloqueo en la transferencia de fondos impacta de manera directa en la provisión de servicios, la continuidad laboral de profesionales y trabajadores, y la posibilidad de sostener la atención a la comunidad.

La parálisis en la llegada de fondos refuerza la tensión instalada en el sistema universitario tras la sanción y puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma fue aprobada en 2025 por una amplia mayoría en el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia, luego de impugnaciones presentadas por el Ejecutivo nacional. A pesar de las garantías legales, los recursos no llegan a destino.

El próximo 12 de mayo se realizará una nueva marcha federal universitaria (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El reclamo de la UBA adquiere especial gravedad porque, según sindicatos docentes y no docentes, el Gobierno estaría incurriendo en una doble falta: el incumplimiento de la ley específica y la desatención de la Ley de Presupuesto vigente. De acuerdo con estos sectores, la situación compromete no solo el funcionamiento de los hospitales, sino también el derecho a la salud y a la educación pública.

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Por su parte, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades a garantizar el dictado de clases y adoptar medidas en medio de la semana de paro docente que llevan adelante los profesores universitarios. En un comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitó a las autoridades universitarias que informen las acciones tomadas para asegurar el derecho de los estudiantes a la educación, considerando que los paros impulsados por los gremios llegan a extenderse durante varias semanas.

En el documento oficial, se advirtió: “Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”.

El reclamo sobre el financiamiento se da nuevamente en vísperas de la próxima marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo. La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y se espera una amplia concurrencia en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior.

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Mañana habrá una conferencia de prensa en la puerta del Hospital de Clínicas

Uno de los ejes centrales de la protesta es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a fines de marzo. Tras un fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia volvió a exigir al Gobierno nacional el “cumplimiento inmediato” de los artículos referidos a la recomposición salarial y a las becas estudiantiles. En respuesta, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.

Al respecto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, remarcó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.

El vicerrector añadió que esta situación ocurre porque “el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”.

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El Gobierno apuntó contra los estudiantes que tomaron Educación: “Viven en una fantasía revolucionaria” – Nexofin

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El Gobierno volvió a cuestionar este jueves a los estudiantes universitarios que protagonizaron la toma de la Secretaría de Educación de la Nación y elevaron el tono de sus críticas contra los manifestantes.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificó la protesta como un hecho de carácter político y acusó a los estudiantes de haber “asaltado un edificio público”.

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En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario sostuvo que los manifestantes habían solicitado ingresar para dialogar, pero luego avanzaron sobre el ingreso al edificio ubicado en el Palacio Pizzurno.

“Pidieron hablar, se vio en el video que ellos difundieron, que después saltaron el molinete y atropellaron, golpearon a la policía de consigna, rompieron una puerta de vidrio, de ingreso, y entraron hasta el hall”, relató Álvarez.

Declaran inconstitucional el decreto de Javier Milei que frenó la Ley de Financiamiento Universitario

El subsecretario también cuestionó las consignas difundidas por los estudiantes en redes sociales y aseguró que habían convocado al “asalto” del edificio y a “iniciar un París en Buenos Aires”.

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La referencia apunta a las protestas estudiantiles que se desarrollaron en París, protagonizadas por alumnos de escuelas secundarias que reclaman mejores condiciones y que se producen en un contexto de fuerte tensión social y económica en Francia.

“Viven en una fantasía revolucionaria”

Álvarez sostuvo que detrás de la protesta existe una intención de generar un conflicto político contra la administración de Javier Milei.

“Viven en una fantasía revolucionaria, lo único que hicieron fue agredir a gente que estaba trabajando. Pretenden generar un hecho revolucionario y que caiga el Gobierno. Son partidos opositores”, afirmó.

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En esa línea, cuestionó que los estudiantes hayan concurrido a la Secretaría de Educación durante un día de semana y bajo la lluvia para participar de la protesta.

“Porque los estudiantes están en su casa, estudiando, yendo a trabajar, no un miércoles, en medio de la lluvia, asaltando un edificio público”, sostuvo el funcionario.

Desde el Gobierno remarcaron así su interpretación de que la protesta no representa al conjunto de los estudiantes universitarios, sino que responde a una movilización impulsada por sectores políticos opositores.

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Los rectores llevan su reclamo a Plaza de Mayo y exigen al Gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, también repudió la protesta que terminó con la toma de la Secretaría de Educación.

La funcionaria sostuvo que “por la fuerza, nada” y adelantó que el Gobierno presentará una denuncia contra los estudiantes que ingresaron el miércoles por la tarde al Palacio Pizzurno.

La protesta se produjo en medio del conflicto entre las universidades nacionales y el Ejecutivo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Los estudiantes reclaman el cumplimiento de la norma, además de otras medidas vinculadas con la situación presupuestaria de las universidades y los salarios docentes y no docentes.

El Gobierno, en tanto, sostiene que la implementación de la ley requiere determinar previamente las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias correspondientes.

La tensión entre ambas partes se profundizó luego de que la Justicia declarara inconstitucional el decreto que mantenía suspendida la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenara al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento.

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El juez federal de Campana sobreseyó a familiares de Toviggino en una causa por lavado de dinero

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El juez federal de Campana Adrián González Charvay, el mismo que concentró la mayoría de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sobreseyó a media docena de familiares directos del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La decisión judicial se concretó en el marco de un expediente por lavado de dinero que se inició en la provincia de Santiago del Estero, donde están radicadas la mayoría de sus empresas.

En esa causa, el fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que habría comenzado en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

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Simón pidió la indagatoria y la detención de Tapia y Toviggino, pero además había imputado a un total hay 26 personas. En el listado aparecían dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su ex mujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana, entre otros.

El mismo día que regresó de sus vacaciones, el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay desestimó la denuncia, pero fue apartado del expediente porque se detectó que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio del 2024. Cuando todo indicaba que la Cámara de Tucumán podía revocar el fallo, el fiscal general de esa provincia, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega de primera instancia y la causa terminó en manos de González Charvay, el mismo juez que eligieron los presuntos testaferros de la mansión de Pilar.

Con el argumento de que “no hay impulso fiscal”, el juez federal de Campana sobreseyó a trece familiares y allegados de Pablo Toviggino y a seis empresas vinculadas a su familia: HR SRL, Barwa SRL, Bori SRl, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS.

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La resolución no incluye a Toviggino, quien no se presentó en esa causa, a Tapia, y a otras personas que figuraban en la imputación inicial.

Los sobreseimientos fueron pedidos por los abogados Alvaro Aitor Irazusta, en representación de los familiares de Toviggino, y dos abogados en nombre de la pareja del tesorero de la AFA.

“Se verifica en autos que respecto de las personas cuyo sobreseimiento se solicita no existe impulso penal por cuanto el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado”, dice la resolución firmada este miércoles por González Charvay. Y agrega: “No hay acción habilitada contras las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”.

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Pablo Toviggino y Claudio «Chiqui» Tapia@natyponcefotos

La causa que derivó en el pedido de detención de Tapia y Toviggino y otras 22 personas (solo quedaron afuera los dos hijos del tesorero) comenzó en diciembre del año pasado, a partir de una denuncia de Aldo Sergio Parodi.

En casi cuatro meses, el fiscal Simón obtuvo informes de la Anses, del Renaper, de la Dirección de Migraciones, de los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y de ARCA, entre otros organismos. Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.

La investigación patrimonial de las sociedades arrojó algunas sorpresas. La empresa HT SRL, dedicada a la venta de combustible, y con apenas un empleado registrado, fue creada en 2016 y comenzó con un patrimonio neto de $17.390. En 2024, finalizó con un patrimonio neto de $2.026.874.657, lo que significa que se multiplicó aproximadamente 116.552 veces.

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La empresa Carbello SRL se destaca por la compra de bienes por más de 2 millones de dólares. El fiscal enumeró siete bienes: El Deán, Lote B, adquisición por $12000000; El Deán, Lote C, adquisición por $28000000; Lote 3A, adquisición por US$235.950; Lote 3B, adquisición por US$627.900; Lote X, adquisición por US$315.900; inmueble en calle pública, zona rural, por US$200.000; inmueble en calle pública, zona rural, por US$420250.

Otro caso especial es del SOMA SRL, donde aparece la pareja de Toviggino. Se encontraron a su nombre una docena de vehículos, varios de lujo, un avión privado matrícula LV-FUT, pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de facturación a partir de 2021. “Registra acreditaciones bancarias en el año 2022 por $1.831.176.994, en el 2023 $7.048.180.804, en el 2024 por $32.634.470.137 y en el 2025 por $5.043.601.193“, expuso el fiscal.




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La CGT hace una fuerte apuesta a la movilización de hoy en defensa de la industria: qué denuncia el duro documento que se leerá

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La CGT retomará este jueves su plan de lucha con una movilización en defensa de la industria nacional, donde alertará en un documento que el rumbo del Gobierno ocasiona “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y cuestionará al oficialismo porque, “en su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional”.

Los impulsores de la concentración, que tendrá lugar, a las 15.30, ante la Secretaría de Industria de la Nación, en la avenida Julio Roca 651, en esta capital, anticiparon que buscarán llevar una fuerte cantidad de manifestantes a la calle para concretar una demostración de fuerza.

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Los líderes cegetistas se reunirán a las 14 en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), en la avenida Belgrano 665, desde donde marcharán juntos hasta el lugar de la convocatoria, cuya consigna es “Las Malvinas son argentinas; la industria nacional también”.

La mesa chica de la CGT decidió en la UOCRA movilizarse en defensa de la industria nacional

Para graficar la importancia de la protesta, se resolvió que habrá discursos de los 3 cotitulares cegetistas, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros): hablarán desde un escenario que se instalará arriba de camión.

Además, se leerá un documento con críticas a las políticas de administración libertaria: en el texto se alerta sobre “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y advierte que “estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el FMI en función de intereses que no son los nuestros”.

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“Un modelo -agrega la CGT- que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”.

La movilización fue decidida hace una semana durante la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que deliberó en la sede de la UOCRA, donde no se habló de avanzar en el quinto paro general contra el Gobierno.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

De esa forma, la CGT se diferenció de las dos CTA, con las que comparten un plan de lucha desde el 22 de julio, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.

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En el encuentro cegetista también se resolvió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también otros sectores sindicales, políticos y sociales.

Serán las últimas medidas de la CGT antes de la visita del Papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre, adonde los sindicalistas donde esperan que el sucesor de Francisco brinde señales que puedan interpretarse inequívocamente como críticas a la política socioeconómica de la administración libertaria.

La CGT, en la última marcha de San Cayetano

Por lo pronto, ya está agendado que habrá un encuentro del Papa con la CGT, representantes del empresariado y de los movimientos sociales que se realizará el lunes 9 de noviembre se realizará en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA).

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Qué dice el documento de la CGT

El siguiente es el texto que se leerá en la movilización:

“El diagnóstico de situación es claro: estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en función de intereses que no son los nuestros.

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“Un modelo que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos.

“Las consecuencias también son claras y están a la vista: una situación social angustiante, creciente pobreza y marginalidad; cientos de miles de hogares con carencias alimentarias severas y un endeudamiento familiar descontrolado que dispara graves alarmas en materia de salud mental; jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte. En definitiva, un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia.

“Hoy nos movilizamos en defensa de la industria nacional para visibilizar la realidad del sector productivo y alertar sobre la difícil situación que atraviesa, en especial la de las pymes, principal sostén del empleo. Este achicamiento no sólo involucra quebrantos empresariales, sino que también implica un daño que agudiza las dificultades en la cadena de pagos y debilita los entramados productivos regionales. No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria.

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“No hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías. Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, que transitamos cotidianamente las grandes mayorías, donde «la plata no alcanza» y la situación de las y los trabajadores —ocupados, subocupados, precarizados y desocupados— es cada vez peor.

“Este gobierno ya ha dado claras muestras de que las argentinas y los argentinos no son su prioridad. En su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional.

“Por tanto, en defensa de una Argentina con producción, desarrollo y trabajo digno, nos cabe la tarea de organizar allí donde todavía no hay organización y de construir alternativas consistentes, políticamente confiables y participativas, capaces de conmover y contener a todas aquellas personas y organizaciones que no queremos convalidar este estado de cosas: el de un país para unos pocos.

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“Frente a estas propuestas del «sálvese quien pueda», nosotros proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada»

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