POLITICA
La UBA alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar por falta de financiamiento

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento que se aprobó el año pasado y alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar.
Según pudo saber Infobae, las autoridades de la alta casa de estudio señalaron que “en lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales”. Esto se da en un nuevo reclamo por parte de la Universidad de Buenos Aires que anticipó una nueva marcha federal universitaria para el próximo 12 de mayo en el centro porteño.
Ante este escenario, este martes a las 8.30 de la mañana los directores de la red de hospitales universitarios realizarán una conferencia de prensa frente al Hospital de Clínicas.
En ese sentido, señalaron que las instituciones que podrían ver afectado el funcionamiento son: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

De acuerdo a lo que sostienen los universitarios, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos bajo la planilla “Hospitales”. No obstante, la gestión de Javier Milei no ha transferido los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que representa una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Estos recursos deberían haberse ejecutado para cubrir insumos, mantenimiento y servicios básicos esenciales para la atención sanitaria.
La situación de los hospitales universitarios de la UBA es crítica: se atienden más de 700 mil personas por año en sus seis centros, lo que da cuenta del alcance y la importancia de su funcionamiento regular. El bloqueo en la transferencia de fondos impacta de manera directa en la provisión de servicios, la continuidad laboral de profesionales y trabajadores, y la posibilidad de sostener la atención a la comunidad.
La parálisis en la llegada de fondos refuerza la tensión instalada en el sistema universitario tras la sanción y puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma fue aprobada en 2025 por una amplia mayoría en el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia, luego de impugnaciones presentadas por el Ejecutivo nacional. A pesar de las garantías legales, los recursos no llegan a destino.

El reclamo de la UBA adquiere especial gravedad porque, según sindicatos docentes y no docentes, el Gobierno estaría incurriendo en una doble falta: el incumplimiento de la ley específica y la desatención de la Ley de Presupuesto vigente. De acuerdo con estos sectores, la situación compromete no solo el funcionamiento de los hospitales, sino también el derecho a la salud y a la educación pública.
Por su parte, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades a garantizar el dictado de clases y adoptar medidas en medio de la semana de paro docente que llevan adelante los profesores universitarios. En un comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitó a las autoridades universitarias que informen las acciones tomadas para asegurar el derecho de los estudiantes a la educación, considerando que los paros impulsados por los gremios llegan a extenderse durante varias semanas.
En el documento oficial, se advirtió: “Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”.
El reclamo sobre el financiamiento se da nuevamente en vísperas de la próxima marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo. La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y se espera una amplia concurrencia en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior.

Uno de los ejes centrales de la protesta es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a fines de marzo. Tras un fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia volvió a exigir al Gobierno nacional el “cumplimiento inmediato” de los artículos referidos a la recomposición salarial y a las becas estudiantiles. En respuesta, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.
Al respecto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, remarcó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.
El vicerrector añadió que esta situación ocurre porque “el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”.
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POLITICA
El Gobierno promulgó la ley del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

El Gobierno promulgó este martes la Ley 27.819, que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso completara su aprobación el pasado 26 de agosto.
La norma permite que Argentina complete el proceso interno necesario para ratificar el entendimiento, considerado el primero de estas características entre el bloque regional y un país del sudeste asiático.
El tratado está compuesto por 19 capítulos y establece reglas para diferentes áreas de la relación económica entre las partes.
Entre ellas aparecen el intercambio de bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y las pequeñas y medianas empresas.
Qué establece el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur
El Mercosur definió el entendimiento como un “acuerdo de nueva generación” por la cantidad y diversidad de disciplinas que incorpora.
“El acuerdo comercial con Singapur es un acuerdo de nueva generación: implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló oficialmente el bloque.
Además de reducir y ordenar barreras vinculadas al intercambio comercial, el tratado busca establecer mayor previsibilidad regulatoria y mejores condiciones para las inversiones.
Según el Mercosur, el entendimiento “contribuirá al aumento del comercio, a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones”.
Su relevancia también está vinculada con la inserción del bloque en Asia: se trata del primer tratado de libre comercio del Mercosur con un país del sudeste asiático.
El fuerte respaldo que tuvo el tratado en el Congreso
El proyecto llegó a la promulgación después de conseguir un amplio respaldo de las principales fuerzas políticas.
El Senado le había dado media sanción de manera unánime en mayo. Luego, el 26 de agosto, la Cámara de Diputados lo convirtió en ley con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención.
Tras la aprobación parlamentaria, el canciller Pablo Quirno sostuvo que el entendimiento es “clave para la integración de Argentina con el mundo”.
“Seguimos generando las condiciones. El sector privado es el que tiene que salir a jugar. La Argentina es próspera”, afirmó.
POLITICA
El Gobierno promulgó la ley que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio

El Gobierno promulgó la Ley 27.820 que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de este martes mediante el Decreto 1006/2026. Además, la nueva normativa establece que en el Jardín de la República se realizarán los actos centrales por el Día de la Independencia.
“Declárase a la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, como ‘Capital simbólica de la República Argentina’ todos los días 9 de julio de cada año”, puede leerse en el primer artículo de la nueva legislación.
La iniciativa, aprobada el 26 de agosto por el Congreso, fue impulsada por las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza. Luego de obtener el aval unánime del Senado con 67 votos afirmativos, tras su debate y aprobación previa en la Cámara baja, la propuesta completó su trámite parlamentario y quedó sancionada.
En el artículo 2 de la ley, puede leerse: “Establézcase que, en lo sucesivo, los actos centrales que organice el gobierno nacional, en conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, tendrán lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán”.
De esta manera, la norma que hasta el lunes se encontraba respaldada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a partir de este martes cuenta con rango legal.
“Este es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano. Un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación. Allí no solamente se libró la batalla de Tucumán en 1812 a cargo del general Manuel Belgrano, sino que el norte tuvo una vital participación. Está el Éxodo Jujeño, la Batalla de Salta y, por supuesto, la de Tucumán”, fueron las palabras que utilizó Ávila en aquel entonces para referirse a su proyecto.
Durante esa misma alocución, la senadora también hizo hincapié en la importancia de que, el por entonces decreto, devenga en ley. “Hoy hay un decreto pero, para que la gente sepa, un decreto firmado por un Presidente está a tiro de otro decreto de otro Presidente que no le puede llegar a gustar este proyecto. Entonces, estas reivindicaciones tienen que salir por una ley del Congreso de la Nación”.
Durante el 9 de julio pasado, el presidente Javier Milei habló en cadena nacional desde la entrada a la Casa Histórica de la provincia de Tucumán, en el marco de la conmemoración del 210° aniversario del Día de la Independencia. “Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo”, sostuvo el mandatario, que consiguió reeditar su foto de 2024 con diferentes gobernadores.
Al evento inaugural de las celebraciones por el 9 de julio en la capital Tucumán asistieron 13 mandatarios provinciales en medio de un escenario de negociaciones claves para conseguir apoyo frente a los nuevos proyectos parlamentarios que impulsa el oficialismo.
Este martes quedó establecido que las chances de que aquel cónclave que tuvo lugar en el Jardín de la República se repita, están más vigentes que nunca.
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POLITICA
Jalil no competirá por su reelección en Catamarca y pone en suspenso su apoyo a la eliminación de las PASO

Raúl Jalil ya lo tiene decidido. No buscará la reelección como gobernador en la provincia de Catamarca. Ya no hay especulaciones. Su segundo mandato será el último. No habrá un tercero, como pretendían en algunas oficinas de la Casa Rosada, en la que esperaban un guiño del norteño para, en el caso de que haya una doble reeleción (en la provincia y en la Nación), la buena sintonía continúe en el tiempo.
Jalil no quiere buscar otro mandato. No tiene voluntad para hacerlo, pese a que posee niveles de aprobación altos en la provincia. Es partidario de impulsar una renovación generacional. La cara visible de ese paso será el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, que, de no mediar inconvenientes y en base a un acuerdo político con la ex gobernadora Lucía Corpacci, será el candidato a gobernador del peronismo en el 2027.
La Constitución provincial no tiene límites, le permite ir por un mandato más. Pese a haber intentado una reforma para restringir las reelecciones, en los últimos 12 años el oficialismo, siempre al mando del peronismo, no logró que la oposición, comandada por el Frente Cívico y Social, avale la restricción. Existe una ley, sancionada en el 2023, que le impide una tercer mandato.
El 15 de diciembre de ese año, seis días después de que Jalil asumiera su segundo mandato, se publicó la aclaración funcional de los artículos 73, 80, 133 y 250, de la ley 5823, donde se sostiene que las autoridades del poder ejecutivo pueden ser reelectas consecutivamente por un período y luego deben tener un intervalo de una gestión completa para volver a presentarse.

En el artículo 4 se sostiene que “los mandatos en ejercicio al momento de la entrada en vigencia de la presente ley deberán ser considerados como primer período”. Es decir que su segundo período real puede ser considerado como el primero y, de esa forma, quedaría habilitado a competir por un período más. Sin embargo, la Constitución provincial es una ley superadora y anula lo dispuesto por cualquier ley ordinaria.
Jalil no quiere forzar ninguna interpretación y atravesar instancias judiciales para pelear una eventual reeleción. No le interesa. No tiene ganas. Además, sabe que se metería en una cruzada que la Corte Suprema de Justicia podría cortalrle en un abrir y cerrar de ojos. Tiene en claro que en Catamarca pasará lo que debería suceder en el peronismo a nivel nacional. Habrá un recambio generacional para sostener el proceso político que inició Corpacci y continuó él. Cada uno estuvo dos mandatos. Ahora, si el peronismo logra imponerse en la elección, llegará el turno de Saadi.
El “Turco”, como lo conocen en el ambiente de la política, está distanciado del esquema nacional del PJ. Máximo Kirchner lo ha fustigado en reiteradas oportunidades y ha acusado de traidor por jugar tácticamente con Milei. El kirchnerismo es el sector que lo trata con más dureza. En el resto de las vertientes creen que es importante contenerlo y que jugue dentro del PJ el año que viene.
De la cumbre peronista que se realizó en el Hotel Emperador salió la idea de que el ex gobernador Gerardo Zamora, con el que tiene una relación fluida, lo trate de acercar al esquema nacional. Jalil, por el momento, se mantiene distante y hace su juego. La semana pasada anunció que alineará la elección catamarqueña con la nacional. El movimiento generó ruido político en la oposición, aunque el Gobernador ya había hecho lo mismo en el 2023, cuando el gobierno justicialista buscó la reelección.
La jugada que trae mayor tensión está asociada al armado de las listas legislativas. Catamarca es una de las ocho provincias que renueva senadores. Se le vence el mandato a la ex gobernadora Lucía Corpacci y a Guillermo Andrada, ambos del peronismo, aunque integran distintos bloques. El tercero es Flavio Fama, de la UCR. A priori, la única posibilidad de que el radicalismo pueda sostener alguna banca es que haga una acuerdo sólido con La Libertad Avanza (LLA), sino es problable que la pierdan.
El primer lugar de la lista de senadores justicialistas será para Jalil. Y el segundo podría ser para Corpacci. El problema que divisan en el peronismo es para adelante. Entienden que si LLA logra hacer una buena elección general en Catamarca y mete a dos senadores, la incorporación de Jalil por la minoría, es una derrota en todos los órdenes para el peronismo, ya que el actual gobernador se ha mostrado cercano a varios de los planteos del Gobierno.
El mandatario provincial se ha mantenido cerca de la Casa Rosada y siempre abierto a negociar. En la necesidad de avanzar con la reforma política – especialmente con la eliminación de las PASO – que tiene el Gobierno, lo lleva a ser un actor preponderante. Sobre todo porque, al día de hoy, el oficialismo no tiene el número para que el proyecto pueda pasar el filtro de la Cámara alta.
Jalil ya ha dicho en varias oportunidades que él no está de acuerdo con las PASO porque “son una encuesta muy cara” y “no le sirven a la sociedad”. Entiende que los partidos políticos deben fortalecerse con internas y que las primarias a nivel nacional desgastan a la gente y generan una competencia que solo les interesa a los partidos.

Sus declaraciones podrían atarlo a un acompañamiento casi seguro de la eliminación de las PASO que quiere lograr el Gobierno y que el peronismo intenta resistir con los dientes apretados. Sin embargo, el catamarqueño tiene en suspenso su decisión por dos motivos muy concretos: quiere que la Casa Rosada cumpla con el acuerdo por zonas frías y zonas cálidas, y que haya un consenso más grande entre los gobernadores para sacar las elecciones primarias.
Jalil comprometió su apoyo a la reducción de subsidios al gas para en las zonas frías a cambio de aumentar los topes de consumo eléctrico subsidio en las zonas cálidas. El movimiento es en base a un nuevo tope de ingreso en el calculo subsidiado. El reclamo de los gobernadores del norte tiene varios años. La polémica reside en la compensación entre bajar los subsidios en los lugares fríos para subirlos en los lugares cálidos.
El Gobernador quiere que primero se concrete el subisidio para las zonas cálidas, para después tratar la reforma política. Primero lo primero. Paso a paso. Ese es el mensaje que le hizo llegar a la Casa Rosada. Cada uno lo hace a su manera. Desde Balcarce 50 dejaron saber que los gobernadores que no apoyen la eliminación de las PASO, quedarán excluidos de cualquier acuerdos electoral que pueda tener lugar el año que viene. La presión es mutua.
El mandatario catamarqueño también considera que tiene que haber un acuerdo más grande entre los gobernadores para sostener el cambio que propone la reforma política. Y ese acuerdo hoy no existe. Por eso considera que se debe seguir discutiendo y negociando. Su postura no es terminante. Y sus votos en las dos cámaras del Congreso siguen latentes. La rosca política está girando.
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