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La UBA celebró el fallo de la Corte Suprema que obligó al Gobierno a cumplir con la ley de financiamiento universitario

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La Corte Suprema de Justicia este jueves dejó firme la cautelar que obligaba al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que el Poder Ejecutivo había vetado. Ahora, desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) celebraron el fallo y destacaron que deberán cumplir con la normativa que aprobó el Congreso el año pasado.

La primera reacción pública llegó por parte del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien destacó en sus redes sociales: “Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”.

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La cautelar que dejó firme el máximo tribunal nació a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales. El planteo buscaba que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, por el que el Estado dispuso que la ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.

La justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado, como medida cautelar y antes de resolver el fondo del expediente, que el Gobierno cumpliera de inmediato una parte de la ley. Esa orden alcanzó a los artículos 5 y 6, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todas las becas del estudiantado.

La cautelar no incluyó el conjunto completo de cuestiones previstas por la ley. Quedaron afuera la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros gastos vinculados con programas de asistencia y fortalecimiento.

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Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA

Es decir, el fallo firmado por los tres ministros del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no tiene efectos económicos concretos porque el aumento de este año ya estaba acordado en paritaria. En el arreglo que coincidió el Poder Ejecutivo con las autoridades de las universidades, llegaron a un acuerdo para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.

Sin embargo, desde la UBA advirtieron que la decisión de la Corte Suprema lo que hace es dar un aval implícito a la ley de financiamiento universitario. En esa línea, Emiliano Cagnaci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), señaló a Infobae que a partir de esta cautelar deberían actualizarse los salarios que habían quedado retrasados de años anteriores.

El Gobierno no puede elegir qué cumplir y qué no. Tiene que actualizar los salarios. Lo que hizo la corte fue darle un mensaje al Poder Ejecutivo y darle la razón a la cautelar”, agregó.

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En el acta firmada el 10 de junio participaron la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario y organizaciones gremiales docentes y no docentes. Allí se precisó que la recomposición salarial acordada incluía el desfasaje de 2025, la actualización por inflación hasta mayo y un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de 2024.

El acuerdo también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano a partir de junio de este año.

En el futuro, las partes fijaron un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre en las paritarias con los gremios docentes y no docentes para discutir la actualización de los salarios según la variación acumulada del IPC y la recomposición por el desfasaje de 2024.

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Los gremios docentes acordaron un aumento salarial del 24%. Sin embargo, volverán a reclamar por la recomposición de 2024 y 2025

Cuánto cobrarán los docentes universitarios tras el acuerdo

A partir de junio de 2026, según se desprende del acta acuerdo, los valores brutos establecidos para las categorías testigos son los siguientes:

  • $1.497.941,97 para los cargos de Dedicación Exclusiva.
  • $748.970,98 para los puestos con Dedicación Semi Exclusiva.
  • $374.485,49 para los cargos con Dedicación Simple.

Alrededor del 70 % de los docentes universitarios tienen puestos con dedicación simple. Solo una minoría cercana al 10 % está categorizado con dedicación exclusiva a las tareas de enseñanza e investigación en el nivel superior.

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El Gobierno declaró como orgaización terrorista a la banda narco ecuatoriana Chone Killers

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El Gobierno declaró este jueves a los Chone Killers como organización terrorista, mediante un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei. La medida dispuso la incorporación del grupo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia, con lo que quedan habilitadas sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción de la banda en territorio argentino.

El anuncio tuvo lugar en coincidencia con la visita oficial de Milei a Quito, donde fue recibido por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. La comitiva argentina incluyó a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

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Según el comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina, la decisión fue adoptada en coordinación entre esa cartera y el Ministerio de Seguridad Nacional, con base en informes de carácter reservado elaborados por áreas competentes de ambas dependencias.

El texto oficial señala que los Chone Killers “representan una amenaza externa real o potencial para la seguridad nacional, con riesgo para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación”. La banda es descripta como una organización narcocriminal dedicada al narcotráfico internacional, la extorsión, el sicariato y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado transnacional. El comunicado también precisa que el grupo mantiene vínculos con carteles mexicanos para el tráfico de drogas y que ha perpetrado ataques contra civiles, fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.

La incorporación al RePET habilita sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de los Chone Killers en territorio argentino

La medida se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiación, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente. Su inscripción en el RePET protege, según el texto presidencial, al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

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La reacción del gobierno ecuatoriano no tardó. El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, celebró la decisión a través de su cuenta de X: “La decisión del Gobierno de Argentina de declarar a Los Chone Killers como una amenaza terrorista para la seguridad continental demuestra que la región ha decidido actuar con firmeza. El crimen organizado será perseguido de manera coordinada, sin tregua y con todo el peso del Estado”.

Reimberg afirmó además que “la lucha contra el crimen organizado ha entrado en una nueva etapa” y que “ya no habrá fronteras que protejan a los terroristas ni refugios para quienes amenazan la paz” de los ciudadanos. La cooperación internacional, dijo, es la “mayor fortaleza” en el combate a estos grupos.

No es la primera vez que Argentina actúa en este frente. En octubre de 2025, el gobierno de Milei ya había declarado como organizaciones terroristas a Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas criminales ecuatorianas de mayor alcance. Los tres grupos —Los Choneros, Los Lobos y los Chone Killers— figuran además en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los Chone Killers fueron incorporados a esa lista el 1 de julio de 2026.

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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, celebró la decisión y afirmó que la cooperación internacional es la mayor fortaleza en el combate al crimen organizado

Qué son los Chone Killers

El origen del grupo se remonta a 2020, cuando operaban como brazo armado de Los Choneros bajo el liderazgo de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”. Tras el asesinato de este cabecilla en diciembre de ese año, la organización se fragmentó y los Chone Killers se separaron para operar de forma independiente, en disputa abierta por el control de rutas, puertos y economías ilegales con otras bandas.

Desde entonces, la organización expandió su presencia en la provincia del Guayas, con influencia en Durán —considerado su principal bastión—, varios sectores de Guayaquil y Daule. Su modelo de operación combina el control armado del territorio con una estructura descentralizada de células con autonomía operativa para realizar atentados, cobros extorsivos, secuestros y asesinatos, aunque bajo la coordinación de mandos superiores.

Uno de sus principales negocios es el narcotráfico internacional: según investigaciones de autoridades ecuatorianas y estadounidenses, la organización participa en el almacenamiento, transporte y envío de cargamentos de cocaína que salen por los puertos de Guayaquil con destino a Estados Unidos y Europa, a través de empresas de fachada, contaminación de contenedores y redes logísticas. Paralelamente, mantienen una red de microtráfico en los barrios bajo su influencia y el cobro de extorsiones —conocidas en Ecuador como “vacunas”— a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios.

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Los Chone Killers surgieron en 2020 tras separarse de Los Choneros, y desde entonces disputaron el control de rutas, puertos y economías ilegales en la provincia del Guayas

La organización también ha sufrido golpes contra su dirigencia. Sus principales líderes, Terry Israel Camacho, alias “Trompudo”, y Antonio Benjamín Camacho, alias “Ben 10”, habrían sido asesinados en Colombia en diciembre de 2024. Antes de ello, fueron capturados otros cabecillas: Julio Alberto Martínez Alcívar, alias “Negro Tulio”, detenido en Panamá; Cristhian Pastor Valverde, alias “Gato Celi”, arrestado en Colombia; y Gutenberg Rodríguez Zambrano, alias “Bob Marley”.

Esas bajas provocaron una fragmentación interna que dio origen a subestructuras que continúan operando bajo el nombre de los Chone Killers o con vínculos con la organización principal.

En cuanto al mapa de alianzas, los Chone Killers llegaron a integrar, junto a Los Lobos y Los Tiguerones, la denominada “Nueva Generación Ecuador”, creada para enfrentar a Los Choneros. Sin embargo, entre finales de 2023 y 2024, investigaciones policiales señalaron un acercamiento entre ambas organizaciones para enfrentar a grupos rivales en Guayas y Esmeraldas.

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El presidente Milei reafirmó en el comunicado “el compromiso indeclinable del Gobierno Nacional con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”, con la convicción de identificar y combatir a las organizaciones que emplean la violencia, la intimidación y el terror como herramientas de acción. Milei y Noboa tienen previsto trasladarse a Cali para participar este viernes en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ocasión en la que también firmarán una serie de acuerdos bilaterales entre Argentina y Ecuador.

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Milei pierde con Milei y ni Cristina lo ayuda

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“Yo solo compito contra mí mismo”, le gusta afirmar a Javier Milei.

La máxima con la que responde sobre sus posibilidades de ser reelegido busca tanto descalificar a cualquier rival político-electoral, como subrayar el vacío de adversarios competitivos que le provee la fragmentación y la crisis de liderazgos que padece la oposición. Sin embargo, el espejo le está devolviendo al Presidente la imagen menos deseada.

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La mayoría de las encuestas más serias cerradas en los últimos 10 días muestran que Milei está perdiendo contra Milei. No en la brumosa y lejana intención de voto para elegir en una góndola vacía de alternativas, sino en otros indicadores más concretos.

El índice de aprobación del Presidente no solo sigue descendiendo. Ahora, bastante más de la mitad de los argentinos (entre el 55% y el 63%) considera que la dirección en la que va el país es incorrecta. Pocas señales de alerta podrían ser más contundentes si no fuera porque asoman otras, como la caída de expectativas positivas a futuro, o, mejor dicho, el aumento del porcentaje de consultados que consideran que el año próximo su situación personal empeorará.

A eso se agregan las sonoras derrotas y retrocesos que sufrieron algunos de sus proyectos y medidas en apenas dos días a manos de la política, de amplios sectores de la sociedad y de intereses sectoriales.

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Ahí está la marcha atrás que debió aplicar el Gobierno contra su voluntad en el proyecto de ley de tierras, que el Senado no trató este jueves, y en la liberación del practicaje de barcos, que había paralizado el comercio internacional por vía fluvial y marítima, con un altísimo costo para el país.

Son dos tropiezos que, además del costo político para el oficialismo y el impacto hacia afuera, generaron fisuras en el elenco mileísta. La imagen de Federico Sturznegger, uno de los ministros preferidos del Presidente, es usada en estas horas por varios oficialistas como blanco de su práctica diaria de tiro. “Al Coloso se le empieza a ver que tiene pies de barro”, ironizó una fuente del Senado.

La obstinación para sostener sus proyectos y el desapego por el cálculo de riesgo y la viabilidad de sus ambiciosas iniciativas que caracterizan al ministro de Desregulación es motivo de duras críticas internas, que ya se expresan en voz alta, a pesar de la defensa que de él sigue haciendo el Presidente. A la corte de objetores se habría sumado, según altas fuentes de la Casa Rosada, la hermanísima Karina Milei, dueña del pulgar más poderoso y temido del Gobierno.

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Este contexto parece explicar la intensidad con la que el Presidente ha tratado de instalar anticipadamente el escenario electoral y su pretensión de ser reelegido en la serie de entrevistas concedidas durante los últimos días, aún cuando para las elecciones generales nacionales faltan todavía casi 15 meses. Tanto que hasta buscó adelantar la discusión sobre su futuro compañero o compañera de fórmula. El Prode, en el que fueron inscriptos en el top tres Martín Menem, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, en ese orden, tuvo una efímera popularidad. Su presencia en la agenda pública duró apenas algunas horas.

La discusión pública sigue dominada por asuntos menos gratos para el Gobierno y mucho más actuales. El endeudamiento y la morosidad que padecen y en la que han incurrido millones de argentinos, la fragilidad del consumo masivo, la vuelta del aumento de la pobreza, la falta de empleo y el freno o la reversión de la tendencia bajista de la inflación compitieron en el interés social con una difundida percepción, en tiempo récord, de que el oficialismo se proponía poner en riesgo la soberanía con la ley de tierras.

La narrativa oficialista se chocó de frente con dos realidades. Por un lado, con el nervio nacionalista que activó la ola antiargentina en las postrimerías del Mundial de Fútbol y se expresó contra la ley de tierras. Poco había colaborado en esa dimensión la (muy celebrada por el Gobierno) presencia de la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, en el yacimiento de YPF de Vaca Muerta. “Se pareció demasiado al gerente del banco yendo a ver el estado de la casa hipotecada”, fue una mordaz observación que circuló por las redes.

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Por otra lado, y más profundamente, caló la situación económica cotidiana de numerosas familias, con el agravante de que el Gobierno optó por desatender o peor aún por culpar a quienes expresaban esas preocupaciones o críticas.

Como sal sobre heridas recién abiertas operó la descalificación del propio Presidente por supuesta ignorancia de los mínimos rudimentos financieros hacia quienes tomaron deudas que no están pudiendo pagar, sin admisión de responsabilidad alguna del impacto que han tenido algunas políticas y decisiones oficiales o el abuso incontrolado en la fijación de tasas por parte de entidades financieras y billeteras digitales.

Otro tanto generó la provocadora frase del cada vez más provocador ministro de Economía, Luis Caputo, para desacreditar a quienes cuestionan la política económica sobre el sector productivo. Los llamó “tarados que hablan de la industria”, lo que llevó al más que prudente titular de la Unión Industrial, Martín Rapallini, a afirmar que “no son declaraciones felices”. La empatía y la sensibilidad siguen perdiendo por goleada con la arrogancia en la cúpula oficialista.

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“La idea de que ‘Milei y su Gobierno no hablan de mí ni se preocupan por mis problemas’ es un concepto cada vez más instalado, que se esparce como una mancha de aceite por muchos ámbitos sociales y geográficos”, señala un consultor al que el oficialismo suele contratar, pero no necesariamente escucha.

En esa línea, la última encuesta de Poliarquía señala que “siete de cada diez argentinos creen que el Gobierno actúa pensando en ‘algunos sectores’ y no en ‘la mayoría de la gente’ y alcanza los niveles más altos de la serie histórica. En tanto, quienes creen que el Gobierno piensa en la mayoría caen al 25%, el mínimo de la administración de Milei, con valores similares a los que había dejado el gobierno anterior”.

En tanto, el relevamiento de la consultora Escenarios, cerrada hace una semana, expone como primera conclusión un dato más que debería ser de máxima preocupación para la gestión mileísta: “Se quebró el principal activo del Gobierno: la expectativa. El pesimismo prospectivo (52,9% cree que la situación estará peor dentro de un año) más que duplica al optimismo (24,0%), y el rebote registrado en junio (29,9% ‘mejor’) se revirtió en un solo mes. De un malestar transaccional (‘aguanto porque viene algo mejor’) se pasó a un malestar estructural, más difícil de revertir”, señala el informe de Escenarios.

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A eso agrega que ya la herencia recibida dejó de exculpar al Gobierno, aunque el rechazo al pasado sigue vigente. Más del 70% de los consultados responsabiliza a la actual gestión por los problemas de índole económico que padecen. Así no resulta extraño que la calificación de “incorrecta” aplicada a la dirección en la que va el país haya llegado a su nivel más alto, con un 63,4, señalan en sus conclusiones los politólogos Pablo Touzón y Federico Zapata, directores de Escenarios.

En términos político-electorales, al Gobierno no parece irle mejor. Podría decirse que a Milei no lo mejora ni Cristina Kirchner. La reinstalación que hizo de sí misma con su presentación ante el comité de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo de que apoye su reclamo de revisión de la condena y, especialmente, la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, no cambió el panorama general, aún cuando pareció complicar los intentos de renovación de la principal fuerza opositora que sigue siendo ese archipiélago de facciones, conocido como el panperonismo.

“La Libertad Avanza mantiene una posición de liderazgo [de cara a 2027]: reúne el 32% de las preferencias electorales medido por fuerza política, Pro alcanza el 7%, el kirchnerismo 14% y el peronismo no kirchnerista 21%”, señala Poliarquía. Sin embargo, el informe aclara: “La suma de los espacios políticos afines da 39% vs 35%, la menor diferencia desde que se iniciamos las mediciones con vistas al 2027”.

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En tanto, para Escenarios se registra en el campo opositor una “reperonización sin resolución. La autoidentificación ’peronista kirchnerista’ trepó al 23,3% (desde valores de 17–19% un año atrás), mientras los independientes caen de picos de 34–40% al 22,1% y los (que se autodefinen) libertarios se desinflan del 18% al 9,6%”.

El fenómeno, que entusiasma o consuela al Gobierno por considerarlo divisivo del voto opositor que va del centro a la izquierda, es el crecimiento que viene registrando la dirigente de la izquierda trotskista Myriam Bregman, “la única figura del sistema político con diferencial de imagen positivo [+6,7], con 36,5% de positiva contra 29,9% de negativa”, señala Escenarios.

Sin embargo, Touzón y Zapata advierten que el caso de Bregman “debe leerse menos como emergencia electoral propia que como síntoma doble: de la vacancia de representación juvenil que dejó el derrumbe oficialista en esa cohorte, y la demanda de figuras percibidas como íntegras. El descontento juvenil no migra hacia la moderación: busca radicalidad y autenticidad, y hoy encuentra ese atributo en una outsider de izquierda como antes lo encontró en un outsider libertario”.

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Mientras tanto, el tapón para la renovación que pareció haber reforzado Cristina Kirchner con su presentación, la reposición de una eventual candidatura suya y la difusión del rechazo a Axel Kicillof como candidato a Presidente estaría mostrando algunas fisuras.

Los movimientos y contactos subterráneos, aún más que los muchos de superficie, que despliegan varios gobernadores (hasta los más colaboracionistas con el Gobierno), intendentes y dirigentes como Sergio Massa o el porteño Juan Manuel Olmos son producto de lo que ellos ven como una ventana de oportunidad. Las encuestas parecen validar la existencia de una demanda, tanto como la ausencia de una oferta que la canalice.

Bajo ese prisma debe verse la coalición que se formó para impedir que el proyecto de ley de tierras fuera aprobado en el Senado, de la que participaron senadores que responden a los gobernadores que desde el peronismo más han ayudado al Gobierno. Por ahora, son solo arrestos circunstanciales.

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“El peronismo es un partido del poder que se va a terminar uniendo o dirimiendo sus diferencias para tener un candidato único. Aunque también es cierto que hoy no hay quien logre consenso. Y a muchos nos sobra actitud electoral, pero por ahora nos falta aptitud electoral”, suele responderles a sus interlocutores el siempre hiperactivo Massa, en una síntesis de optimismo y realismo. Un circunloquio para decir que voluntad para candidatearse le sobra, pero hoy no abundan las posibilidades de ser elegido.

Y como para el peronismo la única verdad es la realidad, nada alienta más su optimismo que Milei esté perdiendo contra Milei. Aunque por ahora nadie asome con chances de ganarle. Eso también sostiene la esperanza oficialista. Y al partido le queda mucho por jugarse.




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Mansión de Pilar: la jueza delegó la investigación en el fiscal y empieza una nueva etapa en el caso

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La causa judicial que investiga la compra de una mansión en Pilar valuada en unos 20 millones de dólares ingresó en una nueva etapa. La jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia delegó la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial, el mismo funcionario que impulsó la acusación contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino en la causa por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones, expediente que se encuentra próximo a la instancia de juicio oral.

La decisión fue confirmada a TN por fuentes cercanas a la magistrada, que en tribunales es considerada una funcionaria judicial seria y honesta. “Sí, efectivamente se delegó la dirección de la investigación en el fiscal, por lo tanto la causa está tramitando en la fiscalía”, señalaron.

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El cambio implica que Navas Rial quedará al frente del impulso de la investigación mientras continúa la instrucción del expediente, que busca determinar cómo fue adquirida la propiedad ubicada en Pilar y si detrás de la operación existieron presuntos testaferros vinculados a Toviggino.

El fiscal tendrá ahora la potestad de impulsar medidas, excepto detenciones, que deben tener el visto bueno del juez.

Entre las medidas pendientes figuran las declaraciones indagatorias de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, madre e hijo y titulares de Real Central SRL, la empresa propietaria de la mansión. Hasta el momento, ninguno de los dos fue citado a esa instancia procesal.

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Leé también: Tras haber detectado inconsistencias en el informe patrimonial de Insaurralde, el fiscal podría ampliar el pedido de indagatoria

La investigación ya incorporó una pericia que valuó el predio en alrededor de 20 millones de dólares, incluyendo los vehículos hallados durante los allanamientos. En el lugar, la Justicia encontró una mansión construida sobre aproximadamente cinco hectáreas, junto con 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.

Otro de los elementos considerados relevantes dentro del expediente es el hallazgo de una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano. Según consta en la investigación, esa tarjeta estaba vinculada con gastos relacionados con los vehículos encontrados en la propiedad. Además, Pantano ocupaba un cargo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino.

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En el último mes y medio, Pantano viajó a los Estados Unidos, mientras el expediente continuaba su trámite judicial. En rigor solo Pantano está imputado, no tiene prohibición de salida del país.

Construida sobre cinco hectáreas, en la mansión se encontraron 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto. (Foto: Telenoche)

Uno de los aspectos que intenta reconstruir la investigación es el recorrido societario de la empresa propietaria del inmueble. Según surge del expediente, la firma originalmente se denominaba Central Parks Drinks SRL, contaba con un capital social de 300.000 pesos y el 16 de mayo de 2024 cambió su nombre por Real Central SRL, además de elevar su capital a 58 millones de pesos. Apenas dos semanas después concretó la compra del predio de Pilar.

La hipótesis que analiza la Justicia sostiene que Pantano y Conte no tendrían un perfil patrimonial compatible con una operación de semejante magnitud y que habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino, tesorero de la AFA.

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La delegación del caso en Navas Rial cobra relevancia también por sus antecedentes en otras investigaciones vinculadas con la conducción de la AFA. El fiscal impulsó la acusación contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes en la causa por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social, expediente en el que la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero y de la propia entidad como persona jurídica.

Además, amplió esa investigación a partir de una denuncia de ARCA por presunta evasión agravada mediante el uso de facturas falsas y promovió nuevas medidas de prueba para determinar si existieron otras maniobras tributarias irregulares.

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Fuentes judiciales señalan en marcar a Navas Rial como un fiscal de bajo perfil, técnico y contundente en sus decisiones judiciales.

AFA (Asociación de Fútbol Argentino), AFA, Pablo Toviggino

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