POLITICA
La UCR pedirá información sobre los supuestos terroristas mencionados por Milei

La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.
Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.
Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.
Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.
“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.
La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.
“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.
“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.
Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.
La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.
Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.
Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.
La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría
Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.
La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.
Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.
La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.
Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.
La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.
Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.

Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.
Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.
“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.
La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.
Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.
La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.
Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.
La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.
El endeudamiento familiar y los límites de una regulación
Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.
Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.
Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.
La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.
Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.
La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.
También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.
La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.
Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.
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POLITICA
Malvinas: exhiben actos de vandalismo contra placas y ofrendas argentinas en el cementerio de Darwin

“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá [mostrando un basural entre los pastizales] porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá en Falkland”, señala el periodista Samuel Rojas, del Canal Teletrece de Chile, enviado a las Islas Malvinas para mostrar como viven los 190 ciudadanos chilenos radicados en el archipiélago.
Durante su informe, Rojas hace un detenimiento en el Cementerio de Darwin donde descansan 249 caídos en la guerra de 1982, para mostrar a las cámaras como detrás de la Cruz Mayor del cenotafio aparecen placas tiradas que fueron colocadas allí como tributos conmemorativos, pero también objetos personales dejados por familiares de los combatientes argentinos como ofrendas, los cuales fueron arrojados fuera del perímetro como material de descarte, acumulándose en una suerte de basural improvisado detrás de la cerca blanca que lo rodea.
Durante el informe televisivo se puede observar, por ejemplo, una placa colocada recientemente por una emisora radial de Comodoro Rivadavia con la leyenda: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. “Malvinas nos une” – Abril 2026”. Se la ve como violentada y arrojada en las inmediaciones del cementerio, junto a ella se observan muchos listones rotos, pulseras, estatuillas y cerámicas partidas. Todo como arrancado a la fuerza y tirado a un costado de las cercas.
Los propios isleños dan cuenta de que esto no había sucedido hasta ahora: el Cementerio de Darwin siempre fue un lugar respetado por los locales, nunca se vieron estos actos vandálicos, salvo algún hecho aislado, pero no con tanto encono como muestra el informe de la TV chilena.
Darwin era el único lugar en las islas donde las autoridades hacían la “vista gorda” para que familiares puedan mostrar una bandera argentina, algo prohibido en todo el archipiélago desde el año 2014, cuando se decretó una es norma estricta de cumplimiento local que prohíbe exhibir banderas, atuendos o realizar manifestaciones públicas que pongan en duda la soberanía del Reino Unido en las islas. Esta iniciativa fue impulsada en su momento por Kris Thorsen, una isleña que reclamaba al gobierno local que interviniera a través de la Policía Real ante cada gesto de parte de un argentino que pudiera ser considerado una provocación.
El informe entrevistó a varios residentes isleños que no dudaron en increpar al presidente argentino. “Isleños piden que Milei “los deje tranquilos” dice el graph principal que acompaña toda la cobertura. También se manifiestan los chilenos en favor de la voluntad de los isleños de seguir perteneciendo al Reino unido.
La ruta de Punta Arenas
El trabajo periodístico también tenía como objeto mostrar cómo se preparan los isleños para reestablecer la ruta marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino, que dejó de funcionar en 2002. “Creo que es una buena noticia para los isleños, ya que no solamente en los productos alimenticios o de construcción o todo lo que tú te imagines, va a ser más cercano”, señala uno de los chilenos residentes. Otra chilena en Malvinas detalla que la creación de esta ruta con Punta Arenas “es muy beneficiosa para Magallanes. Y, lamentablemente, lo que puede decir Argentina sobre nuestro país, no nos tiene que incumbir mucho. Porque son temas que les corresponden a Chile, no a la Argentina”.
Si bien la cancillería argentina rechazó este tipo de colaboración de Chile con las islas, ayer se conoció que la empresa Easter Island Naviera, dueña del contrato naviero con las islas, publicó el tarifario oficial con el que operará el buque mercante de bandera chilena Danstar a través del Estrecho de Magallanes. Lo hizo en el propio portal de la Falkland Islands Development Corporation, la organización isleña encargada de todos los negocios locales. El primer viaje estaría programado para la primera semana de diciembre.
Todo este nuevo escenario, los actos de vandalismo, la posición de Chile, que formalmente sigue apoyando a la argentina en foros internacionales, pero que desarrolla y expande su comercio con las islas, forma parte de las consecuencias, quizás esperables, que podían aparecer desde que la Argentina comenzó la escalada diplomática por la soberanía de las islas y contra el avance del proyecto petrolero de Sea Lion.
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POLITICA
Archivaron la causa contra Macri, Caputo y Sturzenegger por el acuerdo con el FMI en 2018 – Nexofin

La Cámara Federal de Casación Penal archivó definitivamente la causa judicial que investigaba el préstamo contraído con el FMI en 2018. La medida se tomó de forma unánime tras la retirada de la apelación dispuesta por el fiscal Raúl Omar Pleé.
El expediente penal buscaba determinar la comisión de delitos por parte de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Las actuaciones evaluaban presuntas irregularidades en la gestión del crédito acordado por 57.100 millones de dólares.
Christine Lagarde, extitular del FMI, y Mauricio Macri
Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky desestimaron las acusaciones formuladas contra los exfuncionarios.
Asimismo, los camaristas confirmaron el criterio previo de la jueza María Eugenia Capuchetti respecto al control judicial de las medidas de gobierno. Los integrantes de la Sala IV fundamentaron que la causa constituía “el desacuerdo con un modelo económico determinado”.

Macri y Luis Caputo
La acusación penal comenzó en 2018 por impulsos presentados por Claudio Lozano, Jonatan Baldiviezo y la Oficina Anticorrupción. El tribunal rechazó además el pedido formulado por un particular para sostener la causa en el fuero federal.
La entrada Archivaron la causa contra Macri, Caputo y Sturzenegger por el acuerdo con el FMI en 2018 se publicó primero en Nexofin.
Federico Sturzenegger,FMI,Luis Caputo,Mauricio Macri
POLITICA
La senadora nacional Flavia Royón propuso que las PASO sean voluntarias: “Hay que analizar un mecanismo”

La senadora nacional por Salta Flavia Royón propuso evaluar un sistema de participación voluntaria en las PASO, en medio de las dificultades del Gobierno para avanzar con la reforma electoral. “Hay que analizar un mecanismo voluntario para ir a las PASO, que eso también abarataría el costo”, sostuvo en una entrevista con Infobae al Regreso.
La legisladora advirtió que el oficialismo todavía no cuenta con los respaldos necesarios para eliminar las primarias de cara a las elecciones de 2027. “Hoy no están los votos para tratar la eliminación de la PASO”, afirmó.
El proyecto impulsado por el Gobierno también contempla modificaciones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, las negociaciones parlamentarias continúan abiertas y la iniciativa todavía no reúne el consenso necesario para avanzar en el Senado.
Royón propuso revisar el funcionamiento de las PASO
La senadora consideró que la utilidad de las primarias depende de la existencia de competencia real entre candidatos de un mismo espacio político. “Yo creo que es un tema que hay que discutirlo más en profundidad”, señaló.
En ese sentido, cuestionó que la instancia electoral se convierta en una medición anticipada cuando no hay alternativas para los votantes. “Terminó siendo una encuesta cuando no hay oferta”, sostuvo.
Royón también defendió el propósito original del sistema, orientado a ampliar la participación ciudadana en la selección de candidaturas y evitar que las conducciones partidarias resuelvan las postulaciones sin competencia interna.
“Lo que vino a resolver las PASO [fue] que los partidos políticos no decidan en un escritorio quiénes son los candidatos”, explicó. Por eso, planteó la necesidad de perfeccionar el mecanismo antes que descartarlo definitivamente.
Consultada sobre una eventual suspensión temporal, la legisladora no descartó esa posibilidad. “La suspensión se podría ver, se podría analizar”, respondió.
Como alternativa, propuso estudiar una modalidad voluntaria que permita reducir los costos de organización. También consideró necesario elevar las exigencias para la conformación de partidos y la presentación de candidaturas. “Me parece que hay que levantar el piso”, afirmó.
La senadora reclamó que el Senado trate Ficha Limpia
Royón cuestionó la falta de acuerdos sobre la reforma electoral y criticó la dificultad para introducir modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo durante su tratamiento parlamentario.
“Cuando te mandan una ley y no se acepta ningún tipo de modificaciones, es muy difícil”, señaló. A su entender, la construcción de mayorías requiere negociación entre el Gobierno y las distintas fuerzas políticas.
En paralelo, reclamó que el Senado avance con Ficha Limpia, una iniciativa que busca establecer restricciones para que determinadas personas con condenas por delitos puedan presentarse como candidatas a cargos electivos, según las condiciones que determine la legislación.

“Ficha limpia sí”, afirmó al expresar su respaldo. Además, calificó el tema como “una deuda pendiente del Senado”.
La senadora recordó que, durante las conversaciones sobre la reforma electoral, existía el compromiso de tratar primero esa iniciativa. “Uno de los compromisos para trabajar en reforma electoral es que íbamos a tratar antes Ficha Limpia. Y esto no se ha cumplido”, sostuvo.
Royón también remarcó que hay distintos proyectos presentados por integrantes de la Cámara alta y pidió que la discusión no quede supeditada al resto de los cambios electorales. “No puede ser que te manden un proyecto de ley y sea todo o nada”, afirmó.
Royón planteó una tercera vía con foco en el empleo
La legisladora también se refirió al escenario político de cara a 2027 y planteó la necesidad de construir una alternativa que combine estabilidad macroeconómica y desarrollo productivo.
“Argentina tiene que tener una tercera vía”, sostuvo. Según explicó, ese espacio debería reconocer los avances en el equilibrio de las cuentas públicas y la desaceleración de la inflación, pero incorporar propuestas para ampliar la producción y generar puestos de trabajo.

“Que ponga en valor los logros de las cuentas públicas, de la estabilidad fiscal, de bajar la inflación”, enumeró. Sin embargo, advirtió que la economía no puede depender exclusivamente de los sectores energético y minero. “No todo es energía y minería”, remarcó.
Royón reclamó una estrategia que contemple las particularidades de las economías regionales e incluya debates sobre la reforma tributaria, el sistema previsional y la coparticipación federal.
Al referirse a Salta, destacó el potencial de la energía solar y la minería para atraer inversiones y generar exportaciones. No obstante, advirtió que ambas actividades requieren grandes inversiones de capital y tienen una capacidad limitada para absorber mano de obra en relación con los recursos que movilizan.
“Energía y minería son muy intensivos en capital, pero eso no es sinónimo de que sean intensivos en generar mano de obra”, explicó.
Por ese motivo, defendió el desarrollo del turismo, el comercio, la agroindustria y la ganadería. También señaló que la infraestructura es determinante para mejorar la competitividad de esas actividades y reducir los costos logísticos.
En particular, mencionó los ramales ferroviarios C14 y C15, vinculados con la conexión de Salta con Chile y Bolivia, y cuestionó la falta de avances en las obras. “Las obras para el ramal C14 y C15 que nos conectan con Chile y con Bolivia son optativas o no están”, concluyó.
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