«Los trabajadores no queremos ser la variable de ajuste del sistema. Por eso decimos basta». Con este contundente título, el consejo directivo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a advertir tanto a los empresarios como al propio gobierno, la posibilidad de aplicar medidas de fuerza que afecten el servicio de colectivos del AMBA, dejando a miles de usuarios sin transporte.

El gremio insistió sobre la situación crítica de la actividad y el repetido fracaso de las negociaciones salariales, que consideran estancadas. Asimismo, apuntó que el transporte de pasajeros se sostiene a través de un esquema de subsidios nacionales, provinciales y municipales y de las tarifas que pagan los pasajeros. Al respecto, detalló que los análisis basados únicamente en números o planillas «no reflejan el verdadero funcionamiento del sistema».

Explicó que «para que funcione el sistema deben estar presentes los trabajadores, los empresarios y el Estado en sus diversos niveles», al tiempo que denunció que hoy son «únicamente los trabajadores quienes salen a dar explicaciones, mientras empresarios y funcionarios mantienen silencio frente a una situación que se agrava».

Cómo puede actuar el gobierno frente a un paro e interna gremial

En las últimas semanas, la UTA advirtió que «peligra la paz social» desafiando a la Casa Rosada que hoy cuenta con la Ley de Modernización Laboral para desactivar conflictos que tienen alto impacto en la población, como el tema del transporte. Desde la secretaría de Trabajo ven que cualquier posibilidad de paro en los colectivos puede ser desactivado con la denuncia de esencialidad del servicio, que debe garantizar un 75% del transporte.

A esto se agrega la atomización que sufre la conducción del gremio a cargo de Roberto Fernández, cuestionado por distintos sectores que se presentarán como opositores en las próximas elecciones para renovar el consejo directivo. De hecho, el personal del Grupo Dota siempre van a contramano de las decisiones de la conducción de la UTA.

Estado de alerta y paritaria congelada

El sindicato ratificó el estado de alerta y movilización, aunque nunca habló de medidas de fuerza concretas, aunque fue uno de los impulsores de un paro de 36 horas con marcha en la reciente reunión del consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), aunque sin consenso.

En un comunicado, la UTA recordó que la actualización salarial continúa congelada, con una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Apuntó que «el salario no alcanza y las paritarias deben ser realmente libres», dejando entrever una intromisión del Poder Ejecutivo en las discusiones salariales a través del ministerio de Economía.

Subrayó que varias líneas de colectivos permanecen paralizadas por falta de pago de salarios, una situación que «genera conflictos innecesarios y pone en riesgo tanto las fuentes laborales como la continuidad del servicio público«, afirmando que «peligran el salario, las fuentes de trabajo y el sistema de transporte de pasajeros».

El documento detalló que la actividad genera alrededor de 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país y planteó la incertidumbre que atraviesan diariamente los choferes por no saber si cobrarán sus haberes en tiempo y forma. Sin embargo, declaró que los trabajadores y trabajadoras «continúan cumpliendo con sus tareas a pesar de la inseguridad, el deterioro de calles y avenidas y las dificultades propias de la actividad, mientras deben afrontar compromisos económicos sin garantías de percibir sus salarios en fecha».

El gremio criticó tanto a los empresarios como al Estado

En el reparto de críticas, la UTA cuestionó al Estado por la falta de planificación, diciendo que «solo le preocupan las cuestiones financieras» y que, en algunos casos, favorece situaciones de concentración o monopolio, «lo que termina debilitando aún más al sistema». Fuentes gremiales manifestaron que «los sucesivos cambios en la secretaría de Transporte también son una señal de la falta de políticas para el Estado».

En cuanto a las empresas, las responsabilizó por limitarse a plantear que los recursos «no alcanzan», sin ofrecer soluciones concretas. Al respecto, el gremio dijo: «Queremos saber si es cierto el ‘no alcanza’ y qué tan claro es el Excel». Los voceros expusieron que las patronales «solo exigen una mejora tanto de la tarifa como de los subsidios, sin aportar ningún tipo de ideas a la mejora del sistema».

Frente a este panorama, solicitó transparentar las cuentas del transporte, abrir los números del sistema y convocar a todos los actores involucrados para encontrar una salida que garantice la continuidad del servicio sin afectar a los trabajadores.

Ratificó que «buscamos la paz social y la tranquilidad de todos los actores. Somos protagonistas, no nos rebajemos a meros espectadores».