POLITICA
La “vecina” de Cristina Kirchner admitió que compró el primer piso de San José 1111 y dijo para qué lo adquirió

La sindicalista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner y es dueña de otras propiedades, se presentó ante la Justicia para pedir su sobreseimiento en el marco de la causa que investiga el contrato de la empresa USEM con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante la gestión de Abel Furlán.
En ese contexto, Calle admitió la compra del primer piso en San José 1111, algo que había negado ante una consulta de , y argumentó que lo adquirió para “una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.
Calle compró el inmueble el 20 de agosto del año pasado, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal dos le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta. ¿Para qué lo hizo? había revelado que durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”. En su presentación judicial, la sindicalista no dio detalles de la supuesta Fundación.
En cambio, le adjudicó otro de sus bienes, un BMW M135 X Drive, a su actual pareja, Federico Darío Monzón, que también adquirió una moto de la misma marca valuada en US$ 20.000.
“Fue adquirido por su pareja conviviente, quien decidió compartir con ella la titularidad registral, aunque es él quien lo utiliza personalmente”, dice el escrito firmado por el abogado Slonimsqui.
Junto a Monzón, Calle creó su segunda empresa, Grupo Vertice Global.
La presentación judicial aclara que esa firma estaba vinculada a “un proyecto empresarial estrictamente privado y familiar” y que “la sociedad no llegó a desarrollar actividad comercial efectiva.
Cuando reveló la compra del departamento de San José 1111, Calle negó la operación y hasta una vinculación con la UOM. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, dijo ese día.
Luego se confirmó que fue empleada de la UOM entre abril de 2021 y junio de 2026, cuando fue despedida por decisión del actual interventor, Alberto Biglieri.
Ahora confirmó, también, que era dueña del departamento que negaba.
reveló que Calle también es propietaria de un dúplex de unos 170 m2 en el barrio privado La Reserva de Cardales y de una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana, justo al lado de un edificio en construcción del sindicato. Solo esas dos propiedades suman al menos US$450 mil dólares, según inmobiliarias de la zona y fuentes oficiales consultadas por este medio.
La casa de la calle Belgrano tiene un enorme paredón blanco que no permite ver el interior. Pero las imágenes del drone revelan que tiene varios ambientes, y una terraza con vista al jardín y a la pileta.
Sobre esos bienes, Calle solo dijo que “fueron adquiridos con anterioridad a la constitución de USEM S.A y a la celebración del contrato” con la UOM.
La semana pasada, el juez Julián Ercolini levantó el secreto fiscal de Calle y Furlán y solicitó una batería de medidas de pruebas para investigar el patrimonio de ambos que incluyen pedidos de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones y hasta la Prefectura Naval.
Esa causa tiene como objeto una presunta administración fraudulenta por el contrato firmado en 2023 entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la empresa USEM, que administró los aportes de los afiliados al gremio. Su ganancia equivalía al 0,5% del total de los fondos administrados (un negocio estimado en $100 millones mensuales, según la denuncia).
La defensa de Calle sostiene que la contratación de USEM “fue una decisión del secretariado general de la UOM” y que la empresa “dispuso de una organización funcional, personal asignado, oficinas, equipamiento y asesoramiento externo destinados a la ejecución del contrato”.
“El contrato no cedió a USEM S.A. la conducción económica de la UOMRA ni le permitió disponer libremente de su patrimonio. Su objeto fue gestionar, dentro del marco del fideicomiso UOMRA-BNA, la apertura y operatoria de cuentas bancarias correspondientes a las seccionales y al Secretariado Nacional, y atender excepcionalmente pagos por cuenta y orden de la entidad cuando ésta lo requiriera”, completa la presentación judicial.
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Cuadernos de las coimas: un empresario dijo que para cobrar certificados de obra atrasados se tenía que “poner”: apuntó contra el financista Clarens

Uno de los empresarios de la construcción que declaró hoy como testigo en el juicio de la causa de los Cuadernos de las Coimas sostuvo que existía una “camarita” y que había “obras con retorno”. Se trata de Fernando Palluchini, representante de la firma Mapal, quien afirmó que para destrabar certificados de obra atrasados debía “hacer los aportes que había que hacer”, pero negó haber pagado coimas.
Palluchini entró a la causa porque, según indicó, apareció en un amplio listado de empresas que habrían pagado sobornos, aportado a la Justicia por Ernesto Clarens, el financista vinculado a los Kirchner que mantenía contacto con el empresariado. En este caso, el empresario sanjuanino contradijo esa versión, aunque habló del supuesto rol de Clarens.
“Clarens era quien nos podía destrabar”, recordó Palluchini. En su declaración relató problemas de su empresa Mapal. “Llegamos a tener hasta 200 días sin cobrar”, se quejaba de los atrasos sobre los certificados de obra que no tenían pagos por parte del Estado.
La fiscal del juicio, Fabiana León, le solicitó al testigo que recordara su experiencia con las obras de la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces, Palluchini comenzó a narrar inconvenientes que tenía para cobrar por las obras.
“La forma de cobrarlo era que te pongas con lo que te tenías que poner”, indicó. De esa manera, ubicó su relato en un contexto de “empresarios ahorcados”, debido a lo que describió como una situación que casi lleva a la quiebra a su empresa por obra pública que habría realizado en San Juan y que no recibía el pago correspondiente.
El testigo describió que durante los años investigados se desempeñó como presidente de la firma Mapal. Esta empresa se dedicaba a obras civiles, ya sean caminos o barrios de viviendas, entre otras tareas.
Según aseguró Palluchini, su empresa no participó de “ningún club o camarita”. Dijo que sabía que existía a raíz de comentarios de su gestor que estaba en la Ciudad de Buenos Aires y por conversaciones telefónicas de su hermano con Clarens. “Siempre surgía el tema de entrar a la camarita”, recordó.
Ante una consulta del abogado defensor de Clarens, Pedro Migliore, el empresario dijo que su hermano se comunicaba con el financista para “reclamarle por atrasos de cobros”.
La “camarita” hace referencia a la supuesta cartelización de la obra pública entre empresas miembro de la Cámara de la Construcción entre 2003 y 2015. Palluchini señaló que su empresa se retiró de la organización empresarial en 2006. “Sabíamos que eran obras con retorno”, mencionó cuando explicaba los motivos de dicha decisión.
El empresario sanjuanino apuntó contra Clarens cada vez que se refirió a los certificados de obra impagos y las posibilidades que tenía para destrabarlos. Pese a eso, no identificó ni explicó puntualmente qué personas se encargaban del presunto mecanismo de pagos espurios.
En paralelo, cuestionó algunas declaraciones como “arrepentidos” dentro de la causa. Precisamente, Clarens prestó declaración como arrepentido o imputado colaborador en los inicios de la causa de los Cuadernos. Uno de sus aportes a la justicia fue el listado de empresas donde apareció Mapal. Por este motivo, Palluchini ingresó al expediente.
Primero fue imputado. Prestó declaración indagatoria por escrito. Posteriormente, fue sobreseído y ahora, durante la etapa de juicio oral, participa del proceso como testigo.
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La Cancillería advirtió los riesgos para los argentinos que se incorporen a ejércitos extranjeros

La Cancillería emitió este martes una alerta para los argentinos que evalúan incorporarse voluntariamente a fuerzas armadas de otros países en medio de una escalada de fallecimientos y desapariciones de ciudadanos en conflictos internacionales.
A través de un comunicado, el Ministerio que conduce Pablo Quirno advirtió que “se ha registrado en el último tiempo un aumento de casos de fallecimientos, desapariciones, restricciones a la libertad personal y distintas situaciones de vulnerabilidad, así como serias dificultades para abandonar la participación en dichas fuerzas”.
En ese contexto, el Gobierno recomendó extremar las precauciones ante las ofertas de empleo que circulan en redes sociales, plataformas digitales u otros medios. La advertencia alcanza tanto a las propuestas vinculadas a actividades militares como a las que se presentan como tareas civiles en zonas de conflicto, que según el comunicado suelen terminar en la firma de contratos de carácter militar.
A su vez, la Cancillería remarcó el alcance limitado de la ayuda estatal en estos casos. “La asistencia consular en estos escenarios puede verse seriamente limitada, tanto por las condiciones establecidas en los contratos que los connacionales suscriben con fuerzas armadas de otros países, como por las restricciones de acceso existentes sobre el terreno”, explicaron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo llamaron a los argentinos que se encuentren en situación de emergencia y requieran asistencia a dirigirse a la Representación Argentina correspondiente al país donde se encuentren o, en caso de tratarse de países sin representación residente, a la Embajada concurrente que corresponda.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno reforzó el mensaje en su cuenta de X. “Alistarse en fuerzas armadas extranjeras pone en serio riesgo vidas de argentinos y la capacidad de nuestros Consulados se ve seriamente limitada para asistirlos”, escribió. Y agregó: “Atención con las ofertas de empleo, muchas veces engañosas, que circulan en redes”.
El caso del argentino que viajó a Rusia por trabajo y ahora es prisionero de guerra en Ucrania
El comunicado no menciona casos ni conflictos puntuales ni aporta cifras. Sin embargo, la comunicación se produjo horas después de que se conociera la historia de Roberto Yamil Ibrahim, un argentino de 37 años que, según la información difundida por el programa ucraniano “Quiero Vivir”, fue presentado como el primer ciudadano del país capturado como prisionero de guerra en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Ibrahim, padre de dos hijos, contó en un video que se viralizó en redes que todo comenzó en abril de 2026, cuando respondió a un anuncio que prometía un trabajo de logística en el Ministerio de Defensa de Rusia y una paga de US$20 mil. Como no tenía pasaporte, dijo que el reclutador gestionó la documentación y el visado, y pagó los pasajes. “Te mandan a morir prácticamente, no es lo que parece en internet”, lamentó.
Viajó con escalas en Roma y Estambul y llegó a Moscú el 11 de abril junto a un grupo de latinoamericanos, entre ellos colombianos, peruanos y mexicanos, también convocados para sumarse a las fuerzas rusas. Desde la capital, fueron trasladados a un centro de entrenamiento en la región de Vorónezh.
En mayo, Ibrahim fue destinado al frente de Lyman, donde quedó incorporado al 272º Regimiento de Fusileros Motorizados. El 6 de julio resultó herido en combate y permaneció internado unas tres semanas. Según la misma fuente, lo enviaron de nuevo a pelear antes del alta médica definitiva, esta vez en el 347º Regimiento, una unidad integrada también por soldados heridos. A mediados de agosto fue capturado por las fuerzas ucranianas y desde entonces permanece en un campo de prisioneros de guerra junto con otros extranjeros reclutados por Rusia.
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Lacunza descartó una posible alianza electoral entre Pro y La Libertad Avanza en 2027: “No creo que pase”

El economista Hernán Lacunza ratificó que será candidato a presidente en las próximas elecciones como cabeza de Pro, aseguró que cuenta con el apoyo del expresidente Mauricio Macri y desestimó un posible acuerdo electoral ente el partido amarillo y La Libertad Avanza, tal como ocurrió en las últimas legislativas en la ciudad de Buenos Aires. “Tenemos diferencias irreconciliables”, remarcó.
“No creo que pase [una alianza] porque no creo que esa mesa de negociación consiga llegar a buen puerto. Tenemos diferencias irreconciliables, constitucionales y económicas. De hecho, en la agenda se habla de territorios, cargos y listas, que no es la mismo que trata la de la gente. Por lo tanto, soy escéptico”, expresó este martes a la noche en LN+ entrevistado por Alfredo Leuco.
Acto seguido, el economista señaló que su vocación y convicción está en proponerle a la sociedad una alternativa “más allá de lo que digan otros dirigentes”. “Por supuesto no voy a ser insolente, no me es indiferente y sé que todas las voces valen, pero me importa más lo que opine la gente. Y si hay un auditorio para nuestra propuesta, allí voy a estar”, siguió.
Luego insistió en que es muy difícil que exista un acuerdo entre ambos partidos y, consultado sobre qué ocurriría con su candidatura en caso de que se llegue a una alianza y la candidata sea Patricia Bullrich, respondió: “Ella es hoy presidenta del bloque del Senado de La Libertad Avanza, no está en el Pro. Podemos hacer conjeturas de todo tipo, pero hay que hablar sobre la realidad. Hoy en día no está ese escenario”.
Lacunza también negó que su candidatura -o la de cualquier dirigente de Pro- sea “funcional al kirchnerismo”. “¿Qué clase de liberales somos si quisiéramos inhibir la competencia electoral? ¿Queremos monopolios para votar? Además, si Milei pensara así sería panelista de televisión. De última, existe el balotaje, con lo cual hay distintas instancias», explicó.
En cuanto a su vínculo con Mauricio Macri, el presidente de Pro, el economista aseguró que hablan periódicamente y que internamente apoyo su candidatura. “Varios colegas me hicieron llegar que su mensaje en la reunión en Jujuy fue pedir que se respalde mi candidatura. También me lo ha dicho a mí, que hay que mantener esa alternativa para la sociedad”, declaró.
Por otra parte, el exministro de Economía planteó dos principales diferentes entre sus propuestas y la administración de Milei: la obra pública, sobre la cual dijo que un país no puede estar cuatro años sin inversiones, y la morosidad, sobre lo que argumentó que el Gobierno debería intervenir. “El Gobierno dice que es un problema entre privados, pero el Estado tiene un rol ahí. Hay que reconstruir capacidades”, sentenció.
“El plan contra la inflación fue exitoso en un principio en cuanto a evitar la herencia porque estábamos en la puerta de una hiperinflación. Pero después se enamoró de la herramienta del anclaje cambiario, que es muy eficaz, pero presionó sobre la competitividad de muchos sectores”, continuó. En esta línea también se refirió al dólar y dijo que “no es libre”. “El Gobierno interviene. Hay que terminar de levantar los controles cambiarios para saberlo”, cerró.
Hernán Lacunza,@alfleuco,pic.twitter.com/89spFPj7Uc,September 30, 2026,LN+,Hernán Lacunza,,Conforme a
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