El exfuncionario Roberto Baratta pidió ampliar su declaración indagatoria en la causa Cuadernos para responder a testimonios que lo acusaron de haber recibido coimas. El Tribunal Oral Federal N° 7 adelantó que buscará una fecha para que pueda hacerlo.

El pedido fue presentado por su abogado, Marcos Aldazábal y el presidente del tribunal adelantó que hará “un espacio en la agenda” para convocar al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal “lo antes posible”.

El planteo surgió después del testimonio del 25 de agosto de Héctor Zabaleta, exdirector de Administración de Techint. El empresario admitió haber entregado paquetes con dinero a Baratta y dijo que esas entregas coincidían con lo que figuraba en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Según su relato, los envíos, por un monto cercano a un millón de dólares, aunque en pesos, se hicieron por instrucción de Luis Betnaza, entonces director de Relaciones Institucionales de la compañía.

Zabaleta, que en su momento fue detenido e imputado en la causa y luego sobreseído, relató además un cruce con el exfuncionario. Dijo que Baratta se enojó porque el dinero no estaba en dólares y le atribuyó esta frase: “Me dijo: ‘Me tenés que dar dólares porque si no te voy a cortar el gas en la planta de Campana’”.

Zabaleta contó que Baratta le había pedido que las operaciones se realizaran de manera que nadie pudiera verlo. Por eso, según relató, el exfuncionario ingresaba con su vehículo al segundo subsuelo y recibía allí los paquetes.

“A pedido del señor (Roberto) Baratta, la primera vez me dijo que no quería ser visto por nadie, entonces yo lo hacía subir al auto, él ingresaba y yo le daba el paquete. El chofer no estaba cerca nuestro vehículo”, explicó.

Durante su declaración recordó también que Baratta llegó en algunas oportunidades a las cocheras a bordo de un Toyota Corolla. El lugar elegido para las entregas, reiteró, no contaba con cámaras.

La defensa negó de plano esa versión. “Esta defensa niega que esos pagos hayan existido”, sostuvo Aldazábal. Además de pedir la ampliación de la indagatoria, el letrado requirió medidas de prueba sobre el origen de los fondos. Según el planteo, el dinero habría salido de una banca de Lugano, en Suiza, y por eso solicitó que se levante el secreto bancario de la cuenta que Techint tenía en esa entidad.

Zabaleta había sido detenido en 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio. En ese momento decidió acogerse a la figura de imputado colaborador. Posteriormente, quedó sobreseído junto con otros integrantes de la empresa de la familia Rocca.

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Baratta es uno de los acusados centrales de la causa que investiga el presunto esquema de recaudación irregular en el área de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas. En el expediente aparece como uno de los destinatarios de entregas de dinero que, de acuerdo con los cuadernos de Centeno y con varios testimonios, habrían sido canalizadas a través de empresarios.

Julio De Vido, entonces ministro del área, y la expresidenta Cristina Kirchner también están imputados en el proceso.

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La sindicalista María Soledad Calle solicitó su sobreseimiento en la causa que investiga el contrato entre la empresa USEM y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) bajo la gestión de Abel Furlán. En ese marco judicial, reconoció ser la dueña del piso inferior al de Cristina Kirchner.

La propiedad, ubicada en la calle San José 1111, había sido negada públicamente por la acusada. Sin embargo, en su reciente escrito argumentó que adquirió el inmueble para instalar “una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.

Sobre la titularidad de un automóvil BMW M135 X Drive, el documento judicial firmado por su abogado adjudicó la compra a Federico Darío Monzón. Explicaron que “fue adquirido por su pareja conviviente, quien decidió compartir con ella la titularidad registral”, pese a utilizarlo de manera exclusiva.

La ex empleada gremial, despedida por el interventor Alberto Biglieri, posee inmuebles en Campana y Cardales valuados en 450 mil dólares. Sobre esto, afirmó que “fueron adquiridos con anterioridad a la constitución”. Antes había declarado: “Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”.

San José 1111

Ante estas irregularidades, el juez federal Julián Ercolini levantó el secreto fiscal de Calle y Furlán. El magistrado solicitó múltiples medidas de prueba a organismos como la UIF, ARCA y Migraciones para investigar el crecimiento patrimonial vinculado a la presunta administración fraudulenta.

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A pesar de que un sector de la oposición le pidió no organizar jornadas tan apretadas, con legisladores que saltan de un salón a otro, el oficialismo organizó un Supermiércoles de comisiones para las próximas horas en el Senado, donde se discutirán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II -libertarios buscarían dictaminar ambas o, al menos, una-, iniciativas relacionadas con la obra pública, y se reanudará el debate de un texto de radicales sobre beneficios para inversiones por más de USD 12 millones.

En medio de todo esto se realizará -14- la cumbre de Labor Parlamentaria, que comandará la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para definir una casi segura sesión de cara a mañana. Ayer, la bancada mileísta, que lidera Patricia Bullrich (Capital Federal), mantuvo un encuentro informal con aliados y cerró una agenda que incluye cambios en cortes de biocombustibles y más transferencias de competencias penales de Nación a la Ciudad.

A partir de las 10.30, las comisiones de Economía Nacional e Inversión; y de Presupuesto y Hacienda escucharán las exposiciones del titular y vice del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente, sobre la norma para reformar la Carta Orgánica, que ya fue avalada por Diputados y da marcha atrás con la que empujó el cristinismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Si el Gobierno lograra la sanción en el Senado, el único fin será preservar el valor de la moneda. También se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.

Una hora más tarde -11.30-, la comisión de Infraestructura analizará un combo de propuestas. Allí aparece una del libertario Enzo Fullone (Río Negro) que sigue de cerca Balcarce 50 e impone un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública, para darle un cierre definitivo a contratos de proyectos paralizados desde hace largos años.

Ya por la tarde -15-, las de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales intentarán avanzar con la iniciativa de radicales que promueve un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas. Por un lado, la amortización en Ganancias estaría direccionada, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”.

En tanto, en cuanto a obras, será “como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida, al sesenta por ciento (60%) de la estimada”; y en “equipos de riego agrícola y/o equipos de alta eficiencia energética, una cuota”, al igual que en “bienes semovientes amortizables” y “mallas anti granizo”. También se contempla la devolución de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La pregunta a hacerse aquí es si guiño a esto ablandaría la resistencia para obtener un despacho relacionado con el RIGI que desea la Casa Rosada, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que el Ejecutivo considera “industrias del futuro”. Hasta anoche, nadie visualizaba un sendero de intercambio.

Desde las 17.30, un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda discutirán la ampliación de la Inocencia Fiscal vigente, a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. A través de esto, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.

Patricia Bullrich,Casa Rosada,reunión de gabinete,Buenos Aires,Argentina