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Las preocupaciones que afloraron en el Gobierno y la hipótesis de una interna libertaria para 2027

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Miércoles por la mañana. Faltaba un día para que el Senado tratara la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Mientras iba a su oficina, uno de los miembros de la Mesa Política levantó su teléfono y vio un mensaje de una persona que estima mucho en términos intelectuales. “No dejes que vendan la tierra”, decía la notificación. Ahí mismo, terminó de percatarse de que la batalla narrativa estaba perdida y que el capítulo de venta de tierras a extranjeros podía entrar en un callejón sin salida. Finalmente, el oficialismo también se vio obligado a quitar el capítulo de Manejo del Fuego. Aunque La Libertad Avanza había conseguido la media sanción, la derrota estaba consumada en términos simbólicos.

En la Casa Rosada no son fatalistas, pero saben que lo acontecido durante esta semana supone un llamado de atención. El oficialismo decidió reiniciar la agenda legislativa con uno de los pocos proyectos que tenía dictamen, pero que, vista la nueva oleada nacionalista post-Mundial, resultaba difícil de posicionar en la agenda pública sin una estrategia política y comunicacional adecuada. Eso fue objeto de múltiples críticas puertas adentro.

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Hacia el afuera, el primer atisbo de varios funcionarios del Poder Ejecutivo fue criticar en el off the record a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Pero lo cierto es que Propiedad Privada fue presentada en marzo y los funcionarios la defendieron oportunamente en las reuniones de comisión. Esta se podría haber aprobado en una sesión celebrada en junio, pero el bloque comunicó su retiro luego de que el karinismo negociara con senadores kirchneristas la postergación de ese tratamiento para poder sancionar pliegos de jueces federales.

Nadie al interior del Gobierno cree que Sturzenegger tenga capacidad de poder real para imponer los tiempos legislativos de las reformas libertarias. “Él cumple su rol. Piensa reformas y tiene la mente preparada para el escritorio”, se sinceraban en un despacho de Balcarce 50. Javier Milei conversó con él en los últimos días, pero no lo retó. Sí existió la orden para que uno de los miembros de la Mesa Política se encargara de conversar sobre lo sucedido en los últimos días.

La Mesa Política está constituida hace un año y la estrategia política en el Congreso pasa por esa instancia. La crítica a “El Coloso” fue solamente una pantalla para no hacer pública una autocrítica que, puertas adentro, se hace desde todos los sectores. “El error fue nuestro, porque la orden de tratarlo siempre vino de Casa Rosada”, asumió uno de sus integrantes más importantes. Por su parte, un senador de La Libertad Avanza marcaba: “Tengo miedo de que pifien en el diagnóstico. Porque de ser así vamos a seguir con los problemas”.

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Federico Sturzenegger. RS Fotos

Esto no implica que los operadores políticos del oficialismo no tengan capacidad para corregir en el futuro. El Gobierno suele tener dosis de pragmatismo para circunstancias dificultosas y ha sabido retrotraer situaciones incluso más adversas ocurridas en los dos años anteriores. Pero el clima ahora es diferente, porque el advenimiento de la temporada de elecciones comienza a empastar el vínculo de los libertarios con los aliados, más en un contexto en el que las mediciones de aprobación sobre la gestión disminuyen y la recuperación de los salarios sigue sin percibirse. Hay preocupación en los alfiles políticos por esta cuestión sistémica.

En el Senado admiten que no pasó desapercibida la presencia etérea de Sergio Massa a lo largo de las horas de negociaciones. “Se sentía en los pasillos. Los del bloque Justicialista te lo hacían saber sin decirlo. Pusimos a jugar a un player. Y esta vez, los gobernadores que eran aliados nuestros no nos respondieron. Me da cosa que pueda replicarse a futuro”, confiesa una fuente libertaria.

Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén) son algunos de los ejemplos de mandatarios que han sido extremadamente útiles para el Gobierno en otras votaciones. Esta vez, ninguno les brindó su apoyo para la votación en general.

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¿Excepcionalidad o presagio de lo que puede acontecer en un futuro no muy lejano? Es la pregunta que se hacen algunos diputados y senadores que en las próximas semanas deberán volver a sesionar. Quienes declaran en privado, afirman que el panorama se volvió algo neblinoso, como si no supieran bien con qué se van a encontrar en cuestión de días. “Lo de esta semana me hizo perder la brújula. ¿El gobernador que dijo que quiere acordar electoralmente conmigo nos va a apoyar, o el clima es tal que me voy a volver a encontrar a José Mayans haciéndose ojitos con una senadora que nos acompañó en el último año?“, confiesan.

Resultó llamativo que en los últimos días trascendió una orden de Karina Milei de que todos los proyectos comiencen a pasar por el tamiz de la Mesa Política y, en particular, por Diego Santilli. Cabe preguntarse, ¿cómo funcionaba entonces la dinámica al interior del Gobierno?

La mesa emergió como una forma de organización política de la cúpula del Gobierno luego de la derrota bonaerense del año pasado. También buscó ser una forma de licuar responsabilidades y ordenar el mecanismo de interlocución con los actores políticos, tanto gobernadores como bloques legislativos.

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La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

En el pasado existía la queja de que tanto Guillermo Francos, como Santiago Caputo y los primos Menem mantenían negociaciones paralelas con todos ellos y que eso entorpecía la efectividad de las gestiones. Con los nuevos roles asignados en el último semestre, se esperaba que cada uno de los actuales miembros tuviera una esfera particular en la que no se pudieran cruzar los mandos. A grandes rasgos, se estableció que Patricia Bullrich tendría predominancia en el Senado; Martín Menem en Diputados; Diego Santilli y Lule Menem, con los gobernadores.

Esta semana demostró que esa repartija de roles resultó una quimera a los efectos prácticos: las negociaciones legislativas implican conversar con varios estamentos políticos al mismo tiempo. “¿Sabés quién negoció los votos del Senado? Todos. Volvimos a lo mismo, pero con más actores involucrados. Antes eran tres quienes lo hacían. Ahora son más», afirma, enojado, un legislador violeta que vio la secuencia desde adentro.

Tal y como está, la mesa política se confeccionó de una forma que no permite mayores cambios en su funcionamiento. Eso tiene como ventaja que sus integrantes pueden manejarse con algo más de independencia en base a sus criterios políticos, lo malo es que le impone una rigidez tal que, en el caso de un defecto en su funcionamiento, no existen mayores posibilidades de corregirse. “Ese es un síntoma significativo. Porque o continuamos así, o se rompe ese esquema para encontrar uno nuevo”, marcan.

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Con el resultado del viernes a la madrugada, el karinismo volvió a arremeter contra Patricia Bullrich. La acusan de tener un modo de operación política de carácter unipersonal que impide a los mismos senadores conocer cuál es el rumbo de las gestiones. Creen que la senadora no debe realizar sesiones semanales y concentrar más temas dentro de una misma jornada. También están preocupados por la cantidad de proyectos que todavía siguen sin media sanción en esa Cámara. Al salir del Palacio del Congreso luego de la aprobación de la Ley, la jefa de bloque atribuyó la caída de los dos capítulos a la especulación de los gobernadores y al desgaste político sufrido por el caso de Manuel Adorni.

A propósito de esto último, resultó llamativo que una figura importante del Gobierno diera a entender que extraña el esquema anterior con el otrora vocero presidencial. “Era bueno para ir y escuchar las verdades de cada una de las alas del Gobierno porque todo lo que se habla en mesa política es una mentira. Ahí somos todos hipócritas”, afirma una fuente. Adorni nunca terminó matando políticamente a Santiago Caputo. Milei le dio otras tareas a su entonces jefe de Gabinete, quien lo explicitó en su carta de renuncia: “He cumplido a rajatabla y hasta el último día aquel pedido especial que me hizo aquella noche en la Quinta Presidencial de Olivos”. Aunque no fue exactamente eso, el siguiente trascendido se acerca bastante: le habría pedido que le haga ver a su hermana “quienes son los malos” y que la proteja.

La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

Al margen de las consideraciones, el Gobierno ya tiene en mente una sesión el 26 de agosto para tratar una batería de proyectos, entre los que se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación de Inocencia Fiscal y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). De prosperar, son nuevas iniciativas que recaerán en el ámbito del Senado, que por ahora solo tiene dictamen la Ley Hojarasca, aunque muchos al interior del oficialismo piden no tramitar en solitario. “Decime cómo le explico a un laburante que gana 900.000 pesos que lo único que tengo para mostrarle es la derogación de la Ley del Lobizón y la Ley del Azote. Sería un papelón”, agregan.

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Se prevé que la Casa Rosada le quiera dar tratamiento exprés a estas iniciativas mencionadas. Pero ya se divisa en el horizonte la complejidad que supondrá negociar la Reforma Política y el Presupuesto 2027, las dos iniciativas más complejas que el mercado mira con una atención particular. Al respecto de la primera, operadores del oficialismo creen que serán los mismos gobernadores quienes se verán forzados a apoyar la suspensión de las PASO porque “no tienen candidato nacional y, por ende, no tienen palanca para sus propios candidatos”. En otro importante despacho de Balcarce 50 son más pesimistas y ven que lo máximo que pueden conseguir es eliminar la obligatoriedad y pasar a un esquema de PAS.

Son algunas de las tantas negociaciones paralelas que tiene la Quinta de Olivos con las provincias. Una de ellas es con la Ciudad de Buenos Aires. Los armadores nacionales de LLA querrían que Jorge Macri traslade las elecciones porteñas hacia octubre. Todavía no llegaron emisarios formales a presentar esa propuesta, pero de ser el caso, en Uspallata no tendrían problema si es que les dejan imponer a ellos las condiciones. Esto no implicaría la falta de competencia, sino todo lo contrario: no ven con malos ojos realizar una competencia y, por primera vez en mucho tiempo, ven un panorama optimista hacia adelante.

“No nos desfavorece el paso del tiempo. Es lo contrario: nos favorece porque la narrativa orden y seguridad ya se empezó a consolidar ante un electorado porteño que se ha ido derechizando, pero que cree en el Estado. Hay un 60% de derecha y un 40% de izquierda. Hoy el panorama que vemos es que LLA y el PRO compiten por los primeros puestos”, afirma una fuente inobjetable.

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De todas maneras, no han recibido gestos desde Nación que muestren una voluntad acuerdista. Si existe, Mauricio Macri no negaría una instancia de diálogo, pero el temor es que antes de que se produzca un encuentro con Javier Milei, su hermana Karina lo obligue a reunirse con ella primero. Son pocos adentro del espacio amarillo los que creen que el expresidente tenga intenciones reales de candidatearse. Algunos dan su punto de vista de que la gran mutación que se está produciendo en Occidente es el debilitamiento de las centroderechas.

El círculo rojo está buscando candidatos que puedan resultar una alternativa “amigable” a Milei. Los outsiders pueden ser un camino. Uno de ellos planea lanzarse entre las elecciones de Brasil y las de Estados Unidos y ya consolidó a su nueva mesa chica luego de echar a dos importantes operadores que lo cebaban frente al establishment. Pero más de un gobernador le dijo a Infobae que Milei tiene su principal riesgo -en el eventual caso de no suspenderse las PASO- es la posibilidad de una competencia interna. “Para mí en un contexto donde el peronismo no va a conseguir o no prevé conseguir un candidato fuerte, la mayor amenaza de Milei no es Mauricio: es Patricia”, asestó uno de ellos.

Lo que resultó una verdadera novedad es que una fuente de la primera línea del oficialismo consultada por este tema no se horrorizó ante ese hipotético caso: “Si las PASO se mantienen y ella quiere, yo no tendría problema que compita. Javier le va a ganar”. Esto no es convalidado por el sector bullrichista. No por el momento.

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Diputadas de la UCR denuncian “adoctrinamiento” en una escuela de un pueblo de Formosa

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Dos diputadas nacionales de la Unión Cívica Radical denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.

En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.

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“¿Todos tienen guardapolvos? ¿Quién les mandó esos guardapolvos?”, les pregunta a los alumnos Gladys Esther González, la delegada zonal, que protagoniza el video difundido en redes sociales. Ante el silencio de los estudiantes, ella misma responde: “El Gobierno provincial”. Luego, les consulta a los niños el nombre del gobernador de Formosa. Solo algunos contestan y González vuelve a responder por ellos: “Gildo Insfrán”.

Denuncian adoctrinamiento en una escuela de Formosa: una delegada buscó que los alumnos reconocieran a Insfrán

“¿Qué más les mandó además de los guardapolvos? Zapatillas, los útiles… Eso no lo compré yo, no lo compró Benjamín [un docente parado a su derecha], no los compró la directora. Eso es una decisión política del señor gobernador, de mandarles para que ustedes a principio de año tuvieran útiles escolares, zapatillas y guardapolvo«, reforzó la delegada zonal.

Más adelante, González también vinculó el servicio de comedor escolar con el gobierno provincial. “¿Toman la leche aquí? ¿Y la comida?“, preguntó. Ambas interrogantes recibieron un ”sí“. ”¿Es riquísima, no? Me consta porque yo varias veces vine a comer acá. Y vine a tomar la leche también. Ese beneficio, ¿quién lo envía? Gildo Insfrán, el gobernador. Por supuesto. Quiere la formación integral de todos los alumnos, de todos los estudiantes, que estén bien físicamente, psicológicamente y emocionalmente», completó.

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Noticia en desarrollo.




Gildo Insfrán,Formosa,Conforme a

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Manuel Adorni deberá explicar su patrimonio ante la Justicia esta semana en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

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Este martes 22 de septiembre vence el plazo -que ya fue prorrogado anteriormente- para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presente ante la Justicia las explicaciones sobre su evolución patrimonial.

El exfuncionario debe responder un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que lo investiga, junto a su esposa Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni podría pedir una nueva prórroga.

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La fecha no es menor. El requerimiento original se computó en días hábiles, no corridos. El primer tramo venció el 1 de septiembre. El juez Ariel Lijo le concedió entonces otros 15 días hábiles, luego de que la defensa pidiera acceder a material vinculado al contratista Matías Tabar, testigo clave de las refacciones.

El expediente busca reconstruir el período que va desde diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la administración de Javier Milei, hasta el 27 de junio de 2026, día de su renuncia. Según el análisis técnico que respalda al fiscal, el grupo familiar tuvo ingresos comprobados por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones. La diferencia, de $43.068.549, es uno de los puntos que la fiscalía considera sin respaldo suficiente.

Matías Tabar, el arquitecto que comprometió a Manuel Adorni con su declaración, en competencias de atletismo y ciclismo. (Foto: captura Facebook @matiastabar)

A ese desajuste en pesos se suman gastos en dólares por US$402.578. El monto incluye la compra y la refacción de inmuebles, mobiliario, alquileres temporarios y viajes. El punto más sensible es el pago en efectivo de US$245.000 a Tabar por la remodelación de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

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El cuestionario no se limita a esa casa de fin de semana. Pollicita también exige el origen de los dólares en efectivo declarados al rectificar las declaraciones juradas, la existencia real de préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra del departamento de Miró 550, en Caballito y la operatoria con criptoactivos.

También el uso de terceros para adquirir bienes, facturas informadas a ARCA por más de $6 millones cuyos pagos no cierran con bancos ni tarjetas, deudas con el Banco Galicia y consumos de personas del entorno como adicionales de tarjetas del exfuncionario.

En las DDJJ rectificativas, Adorni consolidó un patrimonio declarado de $944,5 millones al cierre de 2025 e invocó ahorros y criptoactivos que no habían figurado en presentaciones anteriores. El fiscal no discute que esos bienes existan: pide trazabilidad.

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Viajes y deudas

Otro eje de la investigación son los viajes de Adorni. El grupo familiar viajó a distintos destinos y registró desembolsos tanto con tarjetas como en efectivo. Entre esos movimientos aparece un viaje a Aruba, con gastos por US$14.696.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti en una imagen de diciembre de 2023 (Foto: Instagram/@madorni/Archivo)
Manuel Adorni y Bettina Angeletti en una imagen de diciembre de 2023 (Foto: Instagram/@madorni/Archivo)

La evolución de las deudas también forma parte del requerimiento. Durante el tramo investigado, el pasivo declarado pasó de $92,4 millones a $317,3 millones.

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Discapacidad: los cambios que reclaman Pro y la UCR, el punto que no quiere ceder Milei y el proyecto de la oposición

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Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.

Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.

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Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quieren aprovechar el costo político que dejó la presentación del presupuesto 2027 para convencer al equipo económico de que el plan original es difícil de sostener. Pretenden conseguir margen para negociar con Pro y la UCR.

Diego Santilli al llegar a la última reunión de Gabinete en Casa RosadaNicolás Suárez

La discusión corre ahora por dos carriles, aunque conectados entre sí. Mientras la libertaria Laura Rodríguez Machado intercambia borradores y condiciones con los aliados en Diputados, Menem y Santilli llevan la negociación hacia adentro del Gobierno. Economía ya fijó los límites presupuestarios; Salud y Legal y Técnica también intervienen en la letra chica.

El cronograma que se votó durante la última sesión en Diputados marca el ritmo del debate. El miércoles a las 12 habrá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad. El oficialismo necesita llegar a esa reunión con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.

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Los libertarios Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Alberto Benegas Lynch durante un plenario de comisiones en Diputados
Soledad Aznarez

Los libertarios pretenden conservar una definición política: terminar con la lógica de las sucesivas emergencias y reemplazarla por una ley permanente, con recursos previstos cada año en el Presupuesto. “Solicitar nuevas prórrogas de emergencia representa una continuidad del modelo excepcional”, argumentan en La Libertad Avanza (LLA).

Los aliados comparten ese objetivo, pero pusieron condiciones. Pro y la UCR reclaman que se mantenga el nomenclador, que las prestaciones continúen actualizándose y que el Gobierno cumpla con la compensación a los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.

“Todo el fin de semana fueron y vinieron mensajes en este sentido”, contó a un referente libertario. El cronograma de pago, anticipó, será incorporado al texto.

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Germán Martínez discute con Giudici durante la última reunión por discapacidad, cuando se conoció el Presupuesto 2027Soledad Aznarez

El giro respecto del planteo original es significativo. Tanto el proyecto sobre discapacidad que el Poder Ejecutivo envió al Senado en abril como el proyecto de presupuesto 2027 proponen eliminar los aranceles únicos y universales del nomenclador y desligar de la inflación las prestaciones financiadas por el Estado, como PAMI e Incluir Salud.

Donde el Gobierno no quiere ceder es en las pensiones. El planteo inicial establecía una incompatibilidad absoluta entre el beneficio y un empleo formal, una posición que se flexibilizó durante las conversaciones. Los libertarios ya no hablan de una prohibición total, pero sí pretenden establecer criterios más rigurosos para acceder a una pensión por discapacidad.

Todavía quedan “horas de trabajo”, reconocen de ambos lados de la negociación.

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Javier Milei y Mario Lugones, el ministro de SaludIgnacio Amiconi –

La definición dependerá también de Economía. El lunes, Menem y Santilli llevarán el tema a la reunión de Gabinete y el martes volverá a discutirse en la mesa política. Su argumento será esencialmente político: ceder ahora en algunos puntos para evitar que la discapacidad vuelva a reunir después una mayoría adversa en el recinto.

El objetivo, en otras palabras, es evitar que se repita lo ocurrido en diciembre, cuando el oficialismo perdió un capítulo completo del presupuesto durante la votación en Diputados.

La letra chica se terminará de definir el miércoles. Si prospera, resta resolver cómo se instrumentará el acuerdo: si habrá una ley independiente y se eliminarán del presupuesto los artículos que modifican la normativa vigente. O si toda la negociación terminará incorporada al propio proyecto de gastos e ingresos.

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