La Corte Suprema de Justicia determinó que el exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay desde 2024, siga siendo investigado en dos causas que tramitan por separado en la justicia federal argentina y en la justicia provincial de Entre Ríos. Uno de los expedientes es por presunto enriquecimiento ilícito y el otro, por presuntos sobornos.

En lo formal, el fallo del máximo tribunal rechazó el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal n° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y dispuso que, por ahora, sigan tramitándose en forma separada dichas investigaciones contra el exlegislador.

La resolución, fechada el 23 de septiembre de 2026, fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se remitió al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia.

Kueider fue arrestado en 2024, junto a su secretaria, en el puente internacional que une Argentina con Paraguay, con más de 200 mil dólares sin declarar. En Paraguay fue condenado por tentativa de contrabando de dinero y se lo investiga por lavado. En la Argentina, en tanto, enfrenta dos causas que ahora la Corte determinó que sigan su curso.

Las causas argentinas contra Kueider

La primera causa contra Kueider tramita en los tribunales federales de San Isidro, donde la jueza Arroyo Salgado investiga sobornos pagados por la empresa de seguridad privada Securitas a distintos organismos públicos y privados, nacionales y provinciales. Entre ellos figura ENERSA, la empresa estatal de distribución eléctrica de Entre Ríos, que Kueider integraba como representante de la provincia con derecho a voto. La jueza también analiza posibles delitos conexos, como cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de dinero.

La segunda se lleva adelante en el juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, que investiga si Kueider incrementó de manera apreciable y no justificada su patrimonio entre 1999 y 2019, período en el que ejerció cargos en el gobierno municipal y provincial. Según el dictamen, esa causa se abrió formalmente por enriquecimiento ilícito, por la presunta adquisición de bienes muebles e inmuebles.

El conflicto entre expedientes es que ambas causas tendrían una conexión. La denuncia en Entre Ríos tuvo su origen por parte de un periodista contra Kueider, entonces senador nacional: lo acusó de estar comprometido en hechos de corrupción que le habrían permitido incrementar su patrimonio, y mencionó que sería dueño de la mitad de las acciones de una sociedad anónima con la que habría adquirido departamentos y cocheras en un edificio de Paraná. Ese edificio fue construido por dos hermanos que, a su vez, habían sido imputados en San Isidro por sobornar a integrantes de ENERSA para obtener un contrato a favor de Securitas. Por esa relación, el juzgado federal ordenó acumular la denuncia a la causa principal, aunque mantuvo su trámite por separado.

Más tarde, el fiscal federal planteó la inhibitoria del juzgado de Entre Ríos, y Arroyo Salgado la aceptó y libró un oficio para que el tribunal provincial no avanzara sobre el período 2015-2019. Alegó conexidad con la causa Securitas y riesgo de doble persecución penal, ya que el enriquecimiento ilícito es una figura subsidiaria, y sostuvo que en el fuero federal se investigan “acontecimientos históricos que explicarían en mejor medida” el aumento patrimonial. También invocó razones de economía procesal.

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Pero el juez provincial, Edwin Ives Bastian, titular del Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, rechazó inhibirse. Sostuvo que el enriquecimiento ilícito de un funcionario en cargos provinciales es materia local, que el auto de mérito de la causa Securitas no describe con precisión la participación de Kueider, y que no se trata del mismo hecho histórico. La Cámara de Apelaciones entrerriana confirmó esa decisión y precisó que, en la causa federal, la intervención de Kueider sería posterior a abril de 2019, mientras que en el fuero local se analizan incrementos patrimoniales desde 1999. La jueza federal insistió y elevó el conflicto a la Corte.

En su dictamen del 28 de mayo de 2026, el procurador general interino Eduardo Casal recomendó rechazar el planteo. Consideró que “un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas”. Casal señaló además que la pretensión federal no tiene en cuenta que, mientras integraba ENERSA, Kueider seguía siendo secretario general de la gobernación de Entre Ríos. Y que ni los hechos de la causa Securitas ni el presunto blanqueo de su producto excluyen que en ese tiempo hayan ocurrido otros hechos penalmente relevantes al alcance de la justicia local.

El Procurador reconoció la inquietud de la jueza federal por el riesgo de doble juzgamiento, pero entendió que la inhibitoria no era la decisión adecuada. La Corte Suprema, entonces, ahora resolvió “de conformidad con lo dictaminado” por el Procurador interino. Así, rechazó el planteo de inhibición del Juzgado Federal n° 1 de San Isidro y ordenó comunicar la decisión al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, por lo que ambas causas contra Kueider seguirán su curso en paralelo.

Edgardo Kueider, Corrupción, enriquecimiento ilicito, Corte Suprema

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires reunió este viernes a un plenario de las comisiones de Legislación General y Derechos del Usuario y Consumidor para tratar una serie de proyectos de ley que interceden ante la morosidad familiar, que en territorio bonaerense -según el Mapa de la Deuda- se ubica en una tasa del 20,17%. En ese marco, distintos expedientes, que fueron aprobados por mayoría y serán tratados en la sesión del próximo martes, pero en la votación sorprendió la abstención de los legisladores que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a una iniciativa impulsada por el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, y cuya coautora es Mayra Mendoza.

El texto propone crear un régimen para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de consumidores, con una negociación obligatoria y gratuita ante la Defensoría del Pueblo antes de iniciar reclamos judiciales.

Al momento de su votación, el diputado del bloque Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, presentó algunas disidencias al proyecto y lo propio hicieron Ana Luz Balor, Diego Nanni y José Galván, que optaron por abstenerse cuando se trató esa iniciativa. Estos últimos forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que comanda Kicillof.

Tignanelli, que es autor, no se conectó de manera virtual a participar del encuentro. El proyecto también lleva la firma de Mendoza. Las disidencias y dudas que surgieron de la iniciativa se refieren a la potestad otorgada a la Defensoría. Galván, Cuervo y Balor, se basaron en que el artículo 55 de la Constitución Provincial remarca que la Defensoría del Pueblo tiene poder de intervención “frente a los hechos u omisiones de la Administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones” y que darle más atribuciones puede abrir un planteo de inconstitucionalidad.

Balor, que presentó distintas iniciativas al respecto, también remarcó que la autoridad de aplicación tiene que ser la de las dependencias municipales, ya que la Defensoría “tiene otras facultades”. Las diferencias también fueron leídas por algunos legisladores como parte de la discusión interna que atraviesa el peronismo.

Fue entonces cuando el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado massista, Rubén Eslaiman —que coordinaba el encuentro— planteó que existía la posibilidad de que el próximo lunes Tignanelli reciba a los legisladores para saldar las deudas que se presentaban y que, en caso de modificaciones al proyecto, se pongan a consideración en misma sesión que será el día martes. Pese a todo, el proyecto se aprobó por mayoría. Lo rechazó el bloque de La Libertad Avanza. También se abstuvieron los diputados que forman parte de las comisiones e integran las bancadas del PRO y de la UCR.

El rol de la Defensoría del Pueblo, que preside Guido Lorenzino, en este proyecto es clave. Será la autoridad de la instancia prejudicial obligatoria. La persona endeudada, un acreedor que pretenda comenzar una acción de cobro o la propia Defensoría, con conformidad del consumidor, podrán iniciar el trámite.

Una vez admitida la solicitud, el organismo deberá identificar a todos los acreedores y procurar que las obligaciones sean tratadas en un único procedimiento. El objetivo es impedir que una refinanciación individual haga imposible afrontar las deudas restantes.

Además de esta iniciativa, se unificaron en tres proyectos todos los expedientes presentados sobre la agenda de endeudamiento. Los legisladores de La Libertad Avanza rechazaron todas las iniciativas.

La UCR + Cambio Federal y el PRO se abstuvieron en cada votación porque consideraron que hubo demasiadas propuestas en poco tiempo para analizarlas en detalle, aunque expresaron su respaldo al objetivo de las normas. El FIT aprobó el expediente que reunió cuatro proyectos y se abstuvo en los restantes, mientras que Nuevos Aires acompañó tres y se abstuvo en el presentado por Tignanelli.

El primer expediente unificó iniciativas de Ana Luz Balor, Noelia Saavedra, Ariel Archanco y Juan Malpeli (todos de Fuerza Patria) sobre hostigamiento en cobranzas extrajudiciales, protección frente al endeudamiento y las cobranzas abusivas, derechos de los usuarios de servicios financieros y reestructuración judicial de deudas de consumo.

Otro reunió un proyecto de Balor con uno de la diputada Silvina Vacarezza (UCR+Cambio Federal) que combina el trato digno a personas sobreendeudadas con la propuesta de incorporar políticas de información y capacitación financiera en favor de los consumidores

Mientras que un tercero integró propuestas de Leonardo Moreno y Malpeli para reforzar la protección de consumidores sobreendeudados y de quienes acceden a créditos y financiaciones. Todos los proyectos serán aprobados en la sesión del martes 29 de septiembre y seguirán su curso en el Senado bonaerense, donde las diferencias internas dentro del peronismo también gravitarán.

Los diputados buscarán cerrar los consensos durante la próxima semana. El debate también reflejó la tensión que atraviesa al peronismo en la provincia de Buenos Aires.

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CÓRDOBA.- El juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó al camarista federal Abel Sánchez Torres por abuso de autoridad y lesiones graves agravadas por violencia de género. La situación es inédita para el fuero federal cordobés.

La causa que dio lugar a la decisión también incluía a la camarista Graciela Montesi, quien fue sobreseída en uno de los dos hechos que abarca el expediente y recibió falta de mérito por el otro.

El primero de los hechos -en el que Sánchez Torres fue procesado por abuso de autoridad- da cuenta de que, a mediados del 2023, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Montesi (Sala A) y Sánchez Torres (Sala B) “habrían acordado manipular la integración” del tribunal con el fin de intervenir los dos en el caso “Bunge”, de evasión tributaria (compuesto por los expedientes “Padilla” de la Sala A y “Humanes” de la Sala B), “privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”.

El segundo hecho -por el que el funcionario fue procesado por lesiones graves agravadas por violencia de género- fue denunciado por Celina Laje Anaya, quien era secretaria de Sánchez Torres.

La mujer acusó al camarista de haberla sometido a “maltrato y violencia laboral”, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo, “logrando de este modo dañar su salud, en represalia por haberse negado a realizar la certificación ilegítima de la Sala”.

En esa investigación puntual, Sánchez Freytes otorgó oportunamente medidas protectivas para el secretario del tribunal, Francisco Juárez Rouvier, quien declaró como testigo de Laje Anaya.

Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, en agosto, pidieron el procesamiento de los dos camaristas y el arresto domiciliario de Sánchez Torres.

Para el juez Sánchez Freytes, en los dos hechos hay pruebas suficientes para procesar al camarista. Cuando los fiscales solicitaron el procesamiento, describieron que Sánchez Torres negó los hechos atribuidos por la acusación y se abstuvo de prestar declaración por consejo de sus abogados defensores, aunque “se reservó el derecho de hacerlo en una etapa posterior luego de un examen integral de las constancias” del proceso.

Después, presentó un memorial de descargo. Los fiscales relataron que en ese documento se defendió diciendo que la integración ilegal de la sala fue “un error corregido inmediatamente cuando fue advertido”, mientras que negó haber ejercido violencia en contra de Laje Anaya.

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