POLITICA
Arde la interna del PJ bonaerense: diputados de Kicillof no apoyaron un proyecto de Tignanelli y Mayra Mendoza
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires reunió este viernes a un plenario de las comisiones de Legislación General y Derechos del Usuario y Consumidor para tratar una serie de proyectos de ley que interceden ante la morosidad familiar, que en territorio bonaerense -según el Mapa de la Deuda- se ubica en una tasa del 20,17%. En ese marco, distintos expedientes, que fueron aprobados por mayoría y serán tratados en la sesión del próximo martes, pero en la votación sorprendió la abstención de los legisladores que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a una iniciativa impulsada por el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, y cuya coautora es Mayra Mendoza.
El texto propone crear un régimen para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de consumidores, con una negociación obligatoria y gratuita ante la Defensoría del Pueblo antes de iniciar reclamos judiciales.
Al momento de su votación, el diputado del bloque Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, presentó algunas disidencias al proyecto y lo propio hicieron Ana Luz Balor, Diego Nanni y José Galván, que optaron por abstenerse cuando se trató esa iniciativa. Estos últimos forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que comanda Kicillof.
Tignanelli, que es autor, no se conectó de manera virtual a participar del encuentro. El proyecto también lleva la firma de Mendoza. Las disidencias y dudas que surgieron de la iniciativa se refieren a la potestad otorgada a la Defensoría. Galván, Cuervo y Balor, se basaron en que el artículo 55 de la Constitución Provincial remarca que la Defensoría del Pueblo tiene poder de intervención “frente a los hechos u omisiones de la Administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones” y que darle más atribuciones puede abrir un planteo de inconstitucionalidad.
Balor, que presentó distintas iniciativas al respecto, también remarcó que la autoridad de aplicación tiene que ser la de las dependencias municipales, ya que la Defensoría “tiene otras facultades”. Las diferencias también fueron leídas por algunos legisladores como parte de la discusión interna que atraviesa el peronismo.
Fue entonces cuando el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado massista, Rubén Eslaiman —que coordinaba el encuentro— planteó que existía la posibilidad de que el próximo lunes Tignanelli reciba a los legisladores para saldar las deudas que se presentaban y que, en caso de modificaciones al proyecto, se pongan a consideración en misma sesión que será el día martes. Pese a todo, el proyecto se aprobó por mayoría. Lo rechazó el bloque de La Libertad Avanza. También se abstuvieron los diputados que forman parte de las comisiones e integran las bancadas del PRO y de la UCR.
El rol de la Defensoría del Pueblo, que preside Guido Lorenzino, en este proyecto es clave. Será la autoridad de la instancia prejudicial obligatoria. La persona endeudada, un acreedor que pretenda comenzar una acción de cobro o la propia Defensoría, con conformidad del consumidor, podrán iniciar el trámite.
Una vez admitida la solicitud, el organismo deberá identificar a todos los acreedores y procurar que las obligaciones sean tratadas en un único procedimiento. El objetivo es impedir que una refinanciación individual haga imposible afrontar las deudas restantes.
Además de esta iniciativa, se unificaron en tres proyectos todos los expedientes presentados sobre la agenda de endeudamiento. Los legisladores de La Libertad Avanza rechazaron todas las iniciativas.
La UCR + Cambio Federal y el PRO se abstuvieron en cada votación porque consideraron que hubo demasiadas propuestas en poco tiempo para analizarlas en detalle, aunque expresaron su respaldo al objetivo de las normas. El FIT aprobó el expediente que reunió cuatro proyectos y se abstuvo en los restantes, mientras que Nuevos Aires acompañó tres y se abstuvo en el presentado por Tignanelli.
El primer expediente unificó iniciativas de Ana Luz Balor, Noelia Saavedra, Ariel Archanco y Juan Malpeli (todos de Fuerza Patria) sobre hostigamiento en cobranzas extrajudiciales, protección frente al endeudamiento y las cobranzas abusivas, derechos de los usuarios de servicios financieros y reestructuración judicial de deudas de consumo.
Otro reunió un proyecto de Balor con uno de la diputada Silvina Vacarezza (UCR+Cambio Federal) que combina el trato digno a personas sobreendeudadas con la propuesta de incorporar políticas de información y capacitación financiera en favor de los consumidores
Mientras que un tercero integró propuestas de Leonardo Moreno y Malpeli para reforzar la protección de consumidores sobreendeudados y de quienes acceden a créditos y financiaciones. Todos los proyectos serán aprobados en la sesión del martes 29 de septiembre y seguirán su curso en el Senado bonaerense, donde las diferencias internas dentro del peronismo también gravitarán.
Los diputados buscarán cerrar los consensos durante la próxima semana. El debate también reflejó la tensión que atraviesa al peronismo en la provincia de Buenos Aires.
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El Arzobispado de La Plata anunció este martes el fallecimiento de su arzobispo emérito, el monseñor Héctor Aguer. Su muerte coincide con la visita del papa León XIV a la Argentina, que comenzó el pasado domingo.
El Arzobispado comunicó la noticia a través de sus redes sociales. “Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Mons. Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata”, expresó en su cuenta de Instagram.
Y sumó: “Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros”.
Las honras fúnebres serán informadas más adelante.
En paralelo, desde el Arzobispado invitaron a toda la feligresía a “unirse en ferviente oración por su eterno descanso, pidiendo, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, a Jesús, Buen Pastor, que lo reciba en la liturgia celestial”. “Elevamos también nuestras plegarias por el consuelo y la fortaleza de sus familiares y seres queridos”, detallaron.
Luego, compartieron las plegarias correspondientes: “Dios nuestro, que concediste el ministerio episcopal a tu servidor Héctor Rubén Aguer, y lo contaste entre los sucesores de los apóstoles; concédele compartir con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén”.
Añadieron una segunda plegaria: “Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz que no tiene fin. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén”.
Aguer, de orientación conservadora, fue un fuerte opositor a la legalización del aborto. En declaraciones radiales en 2019, aseguró que la interrupción del embarazo es un “crimen abominable” y aseguró que el presidente que la legalice “debería ser excomulgado”.
“Hay que establecer primero la cuestión biológica. Eso que está creciendo en el abdomen de una mujer es un ser humano. Aún en el minúsculo embrión, tiene un ADN diverso del de la madre y del padre, tiene un alma”, señaló.
Noticia en desarrollo.
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POLITICA
"Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa": fuerte contrapunto entre Argentina y Reino Unido por el petróleo de Malvinas
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) abrió este martes en Hamburgo las audiencias sobre la solicitud argentina de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, con argumentos enfrentados desde el primer momento: la delegación argentina sostuvo que la explotación unilateral de recursos en un área en disputa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), mientras que el Reino Unido rechazó la competencia del tribunal y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.
El embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y agente de la República Argentina, encabezó la exposición de apertura. Ante los 21 miembros del tribunal, señaló que Buenos Aires no pide que el TIDM resuelva la cuestión de soberanía, sino que ordene el cumplimiento de obligaciones relativas a la explotación de recursos mientras la controversia de fondo se tramita en un tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convemar.
En el Gobierno hay entusiasmo. Según supo Infobae, Javier Milei compartió en las últimas horas un mensaje entre los integrantes del gabinete: “Más allá de la justa euforia por el Papa, la foto es descomunal. Estamos en este tribunal para frenar la explotación petrolera en Malvinas. Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”. La imagen a la que se refiere el presidente es la que muestra a la delegación argentina completa que viajó a Alemania.
La arquitectura jurídica del Gobierno se apoya en dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a las partes a no adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. “Cincuenta años después, aquello que la resolución 31/49 procuraba evitar está a punto de concretarse”, afirmó Oyarzábal ante los jueces.
Milei presentó su solicitud el 13 de octubre al invocar el artículo 290 de la Convemar. El pedido tiene cuatro puntos concretos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación a través de Sea Lion; que se abstenga de otorgar nuevos permisos en el área; que preserve la información obtenida durante la exploración; y que proteja el medio marino.
Sobre el argumento británico de la autodeterminación de los isleños, Oyarzábal fue terminante: “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, señaló, y trazó una distinción precisa: Argentina reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, pero sostiene que eso no les otorga el derecho a decidir a qué Estado pertenece el territorio. “Lo que estos ciudadanos británicos no tienen es el derecho a decidir a qué Estado pertenecen las Islas. Esa cuestión debe resolverse entre los dos Gobiernos, tal como lo ha determinado la Asamblea General”, afirmó.
El embajador también alertó sobre los riesgos ambientales del proyecto. Recordó que en abril de 2015 falló un preventor de reventones en un pozo de exploración situado a unos 30 kilómetros al sur del yacimiento, y que el propio plan de contingencia de una de las licenciatarias estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo proveniente de un reventón en Sea Lion alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. “En caso de reventón o de derrame, sería la Argentina quien soportaría sus consecuencias y quien estaría llamada a responder, no un Estado situado a 12.700 kilómetros de distancia”, advirtió.
Oyarzábal también cuestionó el vínculo financiero entre la explotación y la base militar. Citó documentos de 1991 en los que el entonces ministro de Hacienda británico indicaba que los ingresos fiscales del petróleo “deberían corresponder al Tesoro del Reino Unido”, y señaló que desde entonces el gobierno británico ha repetido que las autoridades de las Islas tienen la intención de compartir esos ingresos “para compensar el costo de los gastos de defensa en relación con las islas”, extremo confirmado en julio de 2026.
El Reino Unido rechazó la jurisdicción del tribunal
La fiscal general, Ellie Reeves, encabezó la réplica británica al frente de un equipo de seis abogados. En la sala, afirmó que las medidas provisionales solicitadas por Argentina “tendrían consecuencias devastadoras” e impedirían a la población de las islas Malvinas “explotar los recursos naturales de su territorio, como tiene derecho a hacerlo conforme a su derecho fundamental a la autodeterminación”. Advirtió que las islas correrían el riesgo de perder miles de millones de libras en ingresos esenciales para su desarrollo económico, y que el proyecto tampoco podría sobrevivir a una suspensión.
Reeves también marcó distancia respecto de la caracterización argentina del conflicto. “El Reino Unido rechaza categóricamente la reivindicación de Argentina (sobre la soberanía). No obstante, hemos buscado entablar un diálogo constructivo. El Reino Unido ha reiterado constantemente su voluntad de cooperar con Argentina en cuestiones de interés y preocupación comunes en el Atlántico Sur y más allá. Argentina, en cambio, ha optado por intensificar su retórica agresiva en las últimas semanas”, afirmó.
La fiscal cuestionó la coherencia de la posición argentina. Señaló que Buenos Aires autorizó y llevó a cabo la perforación de más de 400 pozos en el mar argentino, y que si su preocupación ambiental fuera sincera, el gobierno argentino habría podido participar en las consultas sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto en 2024. “Lo que Argentina desea es tomar ella misma el control de esos recursos”, sostuvo. También recordó el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus británico de las islas, con una participación del 92%.
El “hecho irreversible” y la urgencia del plazo
Uno de los ejes centrales del planteo argentino fue la irreversibilidad. Oyarzábal subrayó que los hidrocarburos son recursos no renovables, que su extracción es definitiva y que ninguna indemnización podría restablecer el statu quo. “El petróleo, una vez extraído, no puede ser devuelto. Tampoco podrá jamás retirarse la información obtenida”, afirmó. El inicio de las perforaciones está previsto para enero de 2027, con la plataforma semisumergible Noble Endeavour ya contratada para el proyecto.
Reeves respondió que Argentina no demostró la urgencia requerida: el tribunal arbitral del Anexo VII, señaló, se constituirá antes de que comience cualquier perforación, sin hablar de cualquier extracción de material. También destacó que las perforaciones se realizan en el área desde 1998, y que Argentina no explicó por qué, 28 años después, la situación se volvió urgente.
En la misma línea, Sir Michael Wood, quien también integró la delegación británica, precisó que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción no se iniciará antes de marzo de 2028, un plazo que, según el abogado, es más que suficiente para que el tribunal arbitral quede constituido y en condiciones de actuar. Recordó además que ambas partes ya designaron a sus árbitros y que las consultas para nombrar a los tres miembros restantes estaban previstas para el 12 de noviembre, en Hamburgo.
Sobre el argumento económico, Oyarzábal no fue menos directo: si Sea Lion sobrevivió a seis años de estancamiento entre 2016 y 2022 y a una demora total de diez años, puede sobrevivir a una medida temporal. Además, el Informe Anual 2025 de Navitas revela que se había emitido una póliza de seguro contra riesgo político por 1.000 millones de libras a favor de los prestamistas del proyecto.
La ingeniería jurídica y tres escenarios posibles
La delegación argentina en Hamburgo estuvo encabezada por Oyarzábal como agente, junto a María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania. También integraron el equipo Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y el asesor Agustín Giustiniani.
Del lado de la Procuración del Tesoro participaron Julián Rivanera y Juan Ignacio Goya, mientras que por Cancillería lo hicieron Maite Fernández García, Alejandro Luppino, Juan Pablo Paniego, Juan Manuel Galindo Roldán, Laura Márquez, Pablo Alonso, Daniela Varela, Mariano Pagliettini y Facundo Rodríguez. El asesor externo Marcelo Kohen tuvo un papel clave en la exposición. El especialista representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, en el que el mismo tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque.
La delegación británica estuvo compuesta, además de la fiscal general Ellie Reeves, por los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto a funcionarios del gobierno de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general del archipiélago, y Jack Ford, miembro de su Asamblea Legislativa. Un dato de color. La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, partió la noche del 8 de noviembre desde Leicestershire rumbo a las Malvinas, según confirmó el Court Circular, el registro oficial de actividades de la Casa Real británica. Llegó al archipiélago el 9 de noviembre, un día antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzara a escuchar los argumentos en Hamburgo.
El procedimiento tiene una particularidad técnica que define el alcance de las audiencias. El Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para la resolución de controversias de la Convemar, mientras que Argentina optó por el TIDM. Como las elecciones no coinciden, el fondo del caso deberá resolverse mediante un arbitraje del Anexo VII. El TIDM solo puede intervenir para dictar medidas provisionales mientras ese tribunal se constituye.
El gobierno argentino analiza tres escenarios. En el primero, el tribunal acepta el planteo en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad. Londres ya se comprometió a acatar la eventual orden del TIDM, lo que paralizaría la explotación hasta que se constituya el tribunal arbitral. En el segundo, el TIDM acoge de forma parcial los argumentos argentinos. El tercero, que los especialistas consideran altamente improbable, es que el tribunal rechace el planteo por considerar que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie.
La decisión sobre las medidas provisionales debería dictarse en torno al viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el tribunal difiera la resolución hasta la semana siguiente.
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POLITICA
Jorge Macri habló de la polémica por la “carpa VIP” en la misa del Papa: “Las medialunas y los budines estuvieron de más”
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a la polémica por la “carpa VIP” en la que se ubicaron a distintos funcionarios públicos y celebridades durante la primera misa del papa León XIV en la Argentina. Macri reconoció posibles excesos, aunque negó que haya existido un “lujo descomunal”.
“Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, reconoció el funcionario porteño, en conversación con la emisora Radio La Red.
Las críticas al sector reservado surgieron en redes sociales tras la viralización de distintas historias y publicaciones que las propias personalidades públicas compartieron en sus redes sociales. En ellas se veía el servicio de catering que les ofrecieron y la visión preferencial, cercana al escenario.
Durante la entrevista, Jorge Macri buscó evaluar el desarrollo general de la visita del Papa y destacó la coordinación operativa entre las distintas fuerzas de seguridad y los equipos de emergencias que trabajaron en el despliegue logístico de la convocatoria.
Alejandro Gravier habló sobre la carpa vip
Por su parte, el empresario Alejandro Gravier, esposo de la modelo Valeria Mazza, fue consultado sobre esta situacion en la misma emisora. Al respecto, aseguró: “A nosotros nos invitan y vos aceptás una invitación, así que te diría que cuando a vos te invitan lo vivís con emoción. Es casi imposible rechazar una invitación así, a una misa del Papa”.
Según detalló, ambos llegaron por la mañana y estuvieron tres horas bajo el sol hasta ubicarse en el lugar asignado por la organización. En cuanto a los cuestionamientos por el servicio de catering, Gravier se desmarcó de la controversia: “No te puedo decir porque yo no entré a esa parte; nosotros justo cuando entramos nos enganchamos con otra gente y después nos fuimos al lugar porque a las 9 te decían que tenías que estar sentado”.
En cambio, el empresario prefirió destacar el contenido del mensaje que dio el Santo Padre. Valoró la centralidad de la familia como pilar social, el valor del trabajo para la dignidad humana y su visión sobre la inteligencia artificial, que según León XIV debe ponerse al servicio del empleo de las personas, pero sin reemplazarlas.
Por otro lado, el diputado Esteban Paulón presentó un pedido formal de informes con el objetivo de citar al Congreso a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, para que brinden detalles sobre organización y el financiamiento asignado a las áreas exclusivas.
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