El pedido de los intendentes bonaerenses para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires avance con la creación de policías municipales encontró su primera reticencia dentro del peronismo y repercutió en la Legislatura bonaerense, donde se discutirá la ley. El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado provincial, Sergio Berni, avisó que impulsará su propio proyecto de reforma policial y desconfía de la idea que vienen traccionando los jefes comunales, sobre todo del peronismo. Así, el tema empieza a ingresar a un laberinto, antes de ver la luz.

Para Berni, el tema tiene que ver con los tiempos electorales. Se emparenta, de hecho, a lo que sucedió en 2014 cuando el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, creó por decreto la Policía Local, antes de ingresar con énfasis en el campaña electoral hacia la elección del 2015. Esa fuerza de seguridad quedó absorbida luego por la estructura de la policía bonaerense. “Parece que responde más a una cuestión electoral que a un abordaje del tema. ¿Hace falta más policía o hace falta profesionalizar la bonaerense?”, suele repetir el ex ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Hoy está distanciado con el gobernador y mantiene un frente abierto en el Senado, desde la conducción del bloque peronista, con la vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, Verónica Magario.

En la apertura de sesiones, Kicillof había anunciado que enviaría un proyecto de ley para el personal policial. El mismo, había dicho el mandatario, “actualiza la normativa y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del Siglo XXI”; además, también informó que buscará modificar la Ley de Seguridad Pública. En ese punto, Berni tiene un proyecto similar. Ya lo presentó cuando asumió como senador, pero el texto perdió estado parlamentario. Entre las distintas modificaciones que propone, se prohíbe que los policías retirados estén al frente de las secretarías de seguridad en los distritos. La idea es mirada con recelo por distintos intendentes que tienen en su gabinete a ex efectivos. “Los intendentes quieren el control del territorio”, opina Berni al respecto, y no pasa por una cuestión de mayor presencia policial. Lo ejemplifica con la cantidad de efectivos en promedio de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense y el número de delitos entre una administración y la otra. Cree, también, que los intendentes rechazarán esa cláusula.

Desde hace más de un mes que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, viene reuniéndose con intendentes tanto del peronismo como de la UCR o del PRO para debatir detalles del proyecto que el Ejecutivo presentará ante la Legislatura. Ese movimiento aún no se ejecutó.

“Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”, decía el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, del PRO aunque cercano a la senadora nacional y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Pero los intendentes que orbitan cerca de Kicillof también presionan para darle un marco normativo a las fuerza de seguridad local. Lo planteó el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, luego de reunirse con Alonso. “Tenemos que ver un marco normativo superior que es la ley provincial, que ordene a todos, otorgue facultades, que otorgue financiamiento, que mejore los presupuestos y que esa garantía sea política de Estado”, aseguró Sujarchuk.

Además de ser el presidente del bloque peronista en el Senado, Berni quedó al frente de la comisión de Seguridad. Recientemente conformada la comisión, el exministro usará ese ámbito para marcar sus diferencias con la vicegobernadora y titular de la Cámara alta. Lo explicitó cuando se conformó la comisión de Seguridad, semanas atrás. “En virtud de que la cámara hace casi 6 meses que no funciona, y que es una falta de respeto hacia los bonaerenses, por todas estas falencias y nulidades, vamos a hacer la formalidad de crear una comisión de seguridad”, planteó en la primera reunión de comisión. Las diferencias son políticas y se enmarcan en la discusión interna y macro que atraviesa el peronismo.

En el recorrido legislativo, en algún momento, el proyecto que eleve el Ejecutivo sobre policías locales debería pasar por la comisión de Seguridad que comanda Berni, que tiene once integrantes. De ese total, Fuerza Patria tiene seis integrantes, aunque están repartidos sectorialmente. Por el cristinismo, además de Berni, se anota Sabrina Bastida. Los intendentes cuentan con la figura de Adrián Santarelli; mientras que el Frente Renovador -que está a favor de las policias comunales- cuenta con la presencia de Marcos Pisano y Malena Galmarini.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno argentino a adoptar “medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado” para “garantizar el buen funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito adecuados y efectivos a nivel nacional, regional y sectorial, y velar porque las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y los empleadores”.

Así surge de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, cuyo informe se conoció este miércoles y que fue la consecuencia de las denuncias efectuadas por la CGT y las dos CTA ante ese organismo sobre la “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones del trabajo en el país y “la aniquilación de los derechos laborales”.

En el documento, se afirmó que aquella Comisión de la OIT “tomó nota de la información oral y escrita proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación” y, además, “tomó nota de las observaciones de la Comisión de Expertos relativas a la reducción de los recursos humanos, operativos y financieros de que disponen la administración del trabajo y los servicios de inspección del trabajo”.

Aparte de su exhortación sobre el diálogo tripartito y las reformas laborales, la OIT pidió al gobierno de Javier Milei “realizar, en consulta con las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores, una evaluación exhaustiva del funcionamiento y la capacidad del sistema de inspección del trabajo en todo el territorio nacional, incluida información actualizada sobre el número de inspectores del trabajo, su distribución territorial, los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral y los convenios ratificados”.

Al mismo tiempo, la Comisión de Aplicación de Normas pidió “fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales responsables de la administración del trabajo y la inspección del trabajo”.

En ese sentido, “recomendó al Gobierno que, de ser necesario, recurra a la asistencia técnica de la OIT” y se instó a las autoridades argentinas a “comunicar a la Comisión de Expertos (del organismo), a más tardar el 1° de septiembre de 2026, información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones mencionadas y sobre los resultados obtenidos».

En diálogo con Infobae, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, quien fue elegido vicepresidente de la conferencia anual de la OIT, hizo hincapié en “el excelente debate del caso argentino por el incumplimiento y la violación de los convenios 150, 81 y 129″ y resaltó que “el movimiento sindical argentino fue apoyado por el sindicalismo de la región”, algo que “determinó que se concluyera que el gobierno argentino debe adoptar medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado” sobre la reforma laboral, el diálogo social y la inspección del trabajo.

“En definitiva -añadió-, la Comisión de Aplicación de Normas dio por probados los incumplimientos de la Argentina, tal como fue expresado por la CGT”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA), afirmó a Infobae que “las conclusiones a las que arribó la Comisión de Aplicación de Normas dejan en claro que dieron lugar a las denuncias de las centrales sindicales argentinas instando al Gobierno a que garantice lo que establecen los convenios 81, 129 y 150 de la OIT”.

“Es un logro del trabajo coordinado y en unidad a nivel internacional de la CGT y de ambas CTA”, resaltó.

Presencia del sindicalismo petrolero en la OIT

Por otra parte, el titular de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASIPEGyBIO), Mario Lavia reclamó en la conferencia de la OIT políticas que impulsen inversiones para sostener la actividad convencional del petróleo, el gas y los biocombustibles, tras enfatizar en que de ese proceso dependen los puestos de trabajo del sector y parte del desarrollo industrial argentino.

Lavia expuso en el encuentro que reúne a representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores de todo el mundo y calificó al diálogo social como “una herramienta fundamental para construir consensos y encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo”, tras lo cual consideró que las transformaciones energéticas deben avanzar sin poner en riesgo las fuentes laborales ni la producción nacional.

En ese marco, sostuvo que “es indispensable generar las condiciones necesarias para que continúen las inversiones porque de ello dependen miles de puestos de trabajo y el desarrollo de numerosas economías regionales”. Agregó, además, que esas inversiones podrían hacer que Vaca Muerta no quede limitada a la extracción de recursos. Según señaló, el yacimiento también puede convertirse en un polo capaz de generar empleo, interacción productiva y mayor tecnología.

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En la Justicia hay dudas de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pueda justificar su patrimonio, en la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La estrategia del funcionario fue presentar una declaración jurada realizada por contadores, con supervisión de su abogado, documento que la Justicia dejó trascender que le resulta insuficiente, que se trata de “un dibujo”.

El funcionario deberá probar con documentación sus declaraciones, en las que dijo que parte de su patrimonio proviene de ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas junto a su esposa.

La situación del funcionario es muy complicada, porque tendrá que justificar su patrimonio, como el origen de los US$200.000 que dijo que invirtió en criptomonedas junto a su pareja, por el que ganaron, según su versión, US$300.000 entre 2014 y 2018. El funcionario también reconoció que se trataba de ahorros “de toda la vida, en negro”. Entre las justificaciones deberá presentar las claves de acceso a las cripto, y demostrar si eran de él.

El fiscal trabaja en una medida clave para avanzar con a invstigación: el requerimiento de justificación de bienes de Adorni, una instancia previa a un eventual llamado a indagatoria, que solo se concretará en el caso de que el jefe de Gabinete no pueda probar su crecimiento patrimonial.

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La redacción de este escrito, que está casi listo, avanzado, tiene más de 150 páginas. Previo a la concreción de este procedimiento se deben analizar las declaraciones juradas del funcionario, que incluyen rectificativas de presentaciones anteriores. Sumado a la declaración de carácter reservado, donde deben figurar, por ejemplo, todos los detalles para acceder a las cripto en cuestión. Declaración que todavía el funcionario no presentó.

La semana pasada, Pollicita dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, como anticipó TN, con el pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe si el funcionario y su esposa presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025. En caso afirmativo, requirió que sean remitidas de manera urgente a la fiscalía, además de las declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El fiscal solicitó además que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público correspondientes a esos ejercicios sean incorporadas al análisis patrimonial que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Manuel Adorni