Javier Milei partirá este lunes por la noche rumbo a Madrid, en una nueva gira internacional en la que combinará encuentros académicos y empresariales con su batalla cultural, con un explícito respaldo a la derecha local en la previa de las elecciones anticipadas convocadas en España para el 29 de noviembre.

Según confirmaron fuentes oficiales, el Presidente despegará a las 23 rumbo a Europa, en un contexto de fuerte convulsión por la ola de protestas que sacuden a Francia en reclamo por el costo de vida. Las movilizaciones derivaron en disturbios, con más de 2400 detenidos y alrededor de 1000 policías heridos, además de saqueos en 1500 comercios que fueron repudiados por el Gobierno de Emmanuel Macron.

En ese sentido, el Presidente viene de reflotar su discurso de 2024 en Davos, donde advirtió que “Occidente está en peligro” por el descuido de sus Gobiernos que, según él, han cedido ante “el socialismo”, la inmigración y el “wokismo”. “¿Reconocerán que otra vez acerté y que ellos erraron fuerte? Lo dudo», sentenció este domingo, en alusión a quienes cuestionaron su exposición en aquel entonces.

Con ese mensaje, el mandatario aterrizará en Madrid el martes a las 13.30 (hora argentina), junto al canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier, con una agenda que concentrará sus actividades durante el miércoles.

Allí, Milei encabezará una exposición a las 5.15 en el Nueva Economía Fórum, ante un auditorio de empresarios y economistas en el Real Casino Gran Círculo. Luego, en una actividad de tono académico, participará a las 8 de la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos. Allí coincidirá con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de sus mentores y condecoró en abril de 2025 con la Orden de Mayo en Casa Rosada por sus aportes a la defensa de “las ideas de la libertad”.

Luego, tendrá su encuentro de mayor peso político a las 12 (de Argentina), cuando se reúna con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras del Partido Popular. Se trata de uno de los espacios que el Presidente respalda para disputarle el Gobierno a Pedro Sánchez en los próximos comicios, junto con la opción más radicalizada de Vox. Su líder, Santiago Abascal, es un amigo personal de Milei, pero fuentes oficiales señalaron que de momento no está en agenda un encuentro entre ambos.

Sin embargo, sí está previsto tras su charla en la Universidad, un encuentro con la Fundación Disenso, el think tank vinculado a Vox que actúa como el aparato ideológico y de análisis del partido. Para finalizar su gira, a las 14, el mandatario dará una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia. A las 16 emprenderá su regreso a la Argentina, donde aterrizará el jueves a las 8 en la aeroestación militar de Aeroparque.

Una gira presidencial atravesada por la campaña electoral española

La visita de Milei a Madrid tendrá lugar a pocas semanas de la decisión de Pedro Sánchez de disolver las Cortes y convocar a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. El llamado respondió al rechazo de dos decretos de su Gobierno en materia de vivienda que vinculó a un escenario de ingobernabilidad en el Parlamento, en medio del clima de movilizaciones en el país impulsadas por el desalojo de una mujer de 87 años en la capital.

En ese contexto, la campaña formal iniciará el 13 de noviembre, con el Partido Popular liderando la intención de votos en las encuestas pero sin alcanzar la mayoría absoluta para formar Gobierno -se necesitan 176 votos en la cámara-. En ese escenario, Vox aparece como un socio necesario para desplazar al PSOE, que planteó la elección como una disyuntiva entre sumarse a la “ola ultraderechista” o sostener a España como “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”, en términos de Sánchez. Este sábado, antes de la llegada de Milei, el mandatario español fue proclamado candidato del partido y remarcó: “Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan”.

La relación entre ambos mandatarios es tensa desde un inicio, pero tuvo su pico de presión en mayo de 2024, cuando Milei participó de un acto de Vox en Madrid y calificó de “corrupta” a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. El episodio derivó en un pedido de disculpas del Gobierno español, que llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera provisoria la aplicación de multas al Gobierno a partir de la judicialización de la actualización de los salarios docentes y no docentes universitarios.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick había impuesto este miércoles una multa de 100 mil pesos por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el “incumplimiento verificado” de la medida cautelar que ordenó actualizar salarios universitarios, además de garantizar el fondo para becas en base a los parámetros que establece la Ley de Financiamiento Universitario. El 22 de septimbre el mismo magistrado le había dado un plazo de cinco días al Gobierno para que aplicara de manera efectiva la Ley bajo apercibimiento de astreintes.

La medida efectivizada ayer duró poco. Las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano de la Nación presentaron esta mañana un escrito que fue aceptado por la Sala III del Contencioso Administrativo. La apelación a esa resolución se sostuvo en que la cautelar “ya se encontraba íntegramente cumplida”, por lo que la Cámara ordenó al juzgado de primera instancia adoptar las medidas necesarias para tramitar el recurso, que deberá concederse con efecto suspensivo.

Esto implica que, mientras se sustancia la apelación, queda suspendida de manera provisoria la aplicación de las astreintes al jefe de Gabinete. Un funcionario del Gobierno explicó en términos simples la implicancia del fallo dado a conocer este jueves. “La Cámara no se pronunció expresamente sobre los efectos de la concesión. Al haberse concedido el recurso de queja se suspenden las astreintes”, marcó.

La sanción a Santilli fue dispuesta horas antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para esta jornada en reclamo de la aplicación de la norma. La decisión alcanzó inicialmente al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque el magistrado advirtió que podría modificar tanto el monto como los funcionarios obligados a cumplirla. La resolución fue dictada luego de dos advertencias previas al Gobierno.

El Estado Nacional sostuvo que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 elevaron la mejora acumulada de los salarios universitarios al 226,80 %, por encima del 226,40 % que, según su interpretación, correspondía para el período entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El cálculo incluyó un aumento del 21,33 % dispuesto en junio de 2026.

La cautelar judicial

La medida judicial ordena adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor entre enero de 2023 y julio de 2025. Ese mecanismo supondría un aumento del 40,25 % sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

La ley también dispone una actualización mensual de los haberes conforme al índice de inflación y la recomposición de las becas estudiantiles. El juez consideró acreditado que esas obligaciones no habían sido cumplidas.

La cautelar continúa vigente aunque la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza el expediente principal, donde se discute la validez del decreto 759/2025. Esa norma condicionó la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cormick concedió la apelación presentada por el Estado contra el fallo que declaró inconstitucional una cláusula del decreto, pero rechazó que tuviera efecto suspensivo. También desestimó un planteo de reposición del Gobierno y remitió las actuaciones al tribunal de alzada.

El Consejo Interuniversitario Nacional solicitó la aplicación de las multas al sostener que el Estado “continúa sin cumplir la medida cautelar”, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026. La organización recordó que el plazo inicial de cinco días venció el 22 de septiembre y que luego fue prorrogado por el mismo término, sin que se registraran los pagos exigidos.

El Gobierno argumentó que la resolución judicial afecta el funcionamiento del Estado porque lo obliga a realizar pagos sin que se hubieran determinado con precisión las sumas adeudadas ni el alcance concreto de la obligación. Por esa razón, pidió que la apelación frenara los efectos de la cautelar, una solicitud que el magistrado rechazó.

La administración nacional afirmó que la medida le impone una carga económica indeterminada, ya que no fija un monto ni un porcentaje específico para considerar satisfecha la orden judicial. También señaló que el 21 de septiembre presentó un informe sobre las medidas adoptadas para cumplirla.

El Gobierno acelera el envío al Congreso del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado con Estados Unidos y espera remitirlo en los próximos días, una vez que quede terminado el expediente administrativo. En la Casa Rosada aseguran que no pretenden esperar hasta noviembre y que el proyecto será girado al Poder Legislativo apenas complete las revisiones internas.

La definición se produjo después de que el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, firmaran un protocolo adicional que modificó el texto acordado en febrero y despejó el camino para someterlo al Congreso argentino. En Nación consideran posible completar el trámite interno durante los próximos días.

El Ejecutivo separa ese procedimiento de la implementación de los capítulos que no requieren una nueva ley. La estrategia es avanzar en paralelo por vía administrativa con todos los compromisos que puedan instrumentarse mediante decretos y resoluciones, mientras el acuerdo general atraviesa el debate parlamentario.

La agenda legislativa con Estados Unidos tendrá además otros dos movimientos. La Casa Rosada quiere completar antes de fin de octubre la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y prepara el envío a Diputados de otros seis tratados internacionales de propiedad intelectual incluidos entre los compromisos asumidos con Washington.

En el oficialismo reconocen que la instrumentación completa llevará tiempo. Distintos capítulos requieren leyes, reglamentaciones, modificaciones administrativas o decisiones estadounidenses, de forma que el envío del acuerdo al Congreso no implicará que todas sus disposiciones entren en vigencia de manera inmediata.

La nueva versión modificó uno de los puntos que habían quedado afectados por los cambios jurídicos en Estados Unidos. El texto firmado en febrero establecía que Washington aplicaría a los productos argentinos una “tasa arancelaria recíproca revisada”. La versión actual reemplazó esa formulación por el compromiso de aplicar el “tratamiento arancelario” establecido en los anexos del acuerdo.

El cambio se produjo después de que decisiones judiciales estadounidenses alteraran la base jurídica utilizada por la administración de Donald Trump para parte de su política de aranceles. En el Gobierno reconocen que ese escenario demoró la instrumentación de algunos capítulos y obligó a revisar la redacción antes de avanzar con la ratificación argentina.