El Gobierno anunció que estudia llevar a tribunales internacionales la causa por el atentado contra la AMIA, de modo de conseguir una condena fuera del país contra Irán, señalado como responsable del atentado terrorista de 1994.

Así lo dijo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en su cuenta de la red social X, tras reunirse con las autoridades de la AMIA.

“Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994″, escribió Mahiques.

Fuentes oficiales dijeron a que se estudia acudir a la Corte Penal Internacional para denunciar a Irán, que para la justicia argentina es responsable del atentado.

“Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”, dijo Mahiques.

La investigación por el atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, avanza con un juicio en ausencia. El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete iraníes y a un libanés por el ataque a la AMIA y sobreseyó a otros dos que habían sido acusados por el fiscal Sebastián Basso.

Por los plazos del proceso, es probable que el caso esté en 2027 en un tribunal oral y que el juicio en ausencia comience en 2027 o en 2028 en un tribunal oral a designarse.

Así se podrá avanzar con la investigación y el juzgamiento de los responsables del atentado a la sede de la AMIA ocurrido en 1994.

Los acusados a juzgar en ausencia son, por ahora: Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Al Quds.

Como cómplices necesarios quedaron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada, y Ahmad Reza Asghari, exdiplomático y agente de inteligencia.

Como coorganizador y agente operativo fue procesado Salman Raouf Salman, alias Samuel El Reda, agente de Hezbollah, por haber coordinado la fase final del ataque.

Resta sumar a este grupo a Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei, muerto en los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Teherán. Hejazi es el principal acusado, junto con Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, número 1 y 2 del gobierno de Irán actualmente.

Ahora en paralelo el Gobierno quiere llevar a quienes considera responsables a tribunales internacionales. En septiembre pasado, cuando se destrabó el juicio en ausencia por la AMIA, impulsado por el propio Gobierno cuando Mariano Cúneo Libarona era ministro de Justicia y un sector de la comunidad judía, hubo celebraciones en el oficialismo.

El ministro Mahiques dijo en ese momento del juicio en ausencia que “gracias a la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia (Ley 27.784), la Justicia Federal dio un paso fundamental en favor de las 85 víctimas fatales, sus familias y toda la sociedad argentina, marcando un hito en la lucha contra la impunidad”. Esta ley fue promovida por la comunidad judía y el Gobierno.

El presidente Javier Milei reposteó el mensaje de su ministro y dijo: “La moral como política de Estado. MAGA”.

El Gobierno dijo que la justicia, con la intervención del fiscal Basso, acreditó que la decisión estratégica del ataque fue adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní y ejecutada por Hezbollah.

La calificación legal es homicidio calificado por odio racial/religioso y peligro común, lesiones dolosas y daños agravados, encuadrados como crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Además, se dictó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar y se comprobó coordinación con el atentado contra un avión comercial en Panamá al día siguiente, el 19 de julio de 1994, con 20 muertos. Ambos ataques fueron reivindicados conjuntamente por Hezbollah.

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois cruzó este jueves a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, luego de que la funcionaria anunciara que denunciará en la Justicia a los estudiantes que realizaron el miércoles último una protesta en el Palacio Pizzurno.

“La fanática de los desacatamientos judiciales ahora quiere denunciar una manifestación pacífica de un montón de pibes que se cansaron de que se caguen en las universidades. ¿Sabes qué es más fácil, Sandrita? Cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario», escribió el dirigente social a través de X.

El miércoles último cientos de estudiantes ingresaron a la sede de la Secretaría de Educación y concretaron una “sentada” en las inmediaciones, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario después de que la Justicia Federal declarara como inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la ley.

También exigieron un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.

Hubo empujones y forcejeos por personal de la Policía Federal que, durante las primeras horas de la noche, desalojó a los estudiantes del edificio. Previamente, los manifestantes habían denunciado que tuvieron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que no respondieron a ninguno de los reclamos presentados.

“Aguante la Universidad Pública, aguanten estos pibes que pelean. El coraje se contagia”, cerró Grabois su publicación.

El dirigente social compartió un video donde se ven los empujones y forcejeos entre los estudiantes y los agentes de las fuerzas de seguridad.

El anuncio de Pettovello

La ministra de Capital Humano compartió el miércoles en sus redes sociales el mismo video con el mensaje “Por la fuerza, nada”, antes de que la cartera a su cargo informara que denunciará ante la Justicia la protesta en el Palacio.

“Un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta, provocando daños al patrimonio histórico”, señaló el organismo en un comunicado.

Precisó además que el edificio fue evacuado por un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad nacional y la Policía Federal. “El Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”, indicó.

Junto al escrito, Pettovello concluyó: “No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.