En Bahía Blanca, un hombre de 35 años está preso, acusado de haberle transmitido VIH a su pareja después de ocultarle su diagnóstico y mientras ambos buscaban tener un hijo. La mujer se enteró de que tenía el virus durante los controles de su embarazo de mellizos. Según la investigación, él conocía su condición desde 2016 y había interrumpido el tratamiento.

La denuncia de la mujer dio origen a una investigación a cargo de Marina Lara, titular de la UFI N°7, que derivó en la prisión preventiva del acusado. La jueza Marisa Gabriela Promé, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 4 de Bahía Blanca, hizo lugar al pedido de la fiscal por el delito de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, en concurso ideal con lesiones graves. La resolución, a la que accedió Infobae, reúne los testimonios y los estudios médicos que sustentan la acusación.

La historia que la víctima reconstruyó ante la Fiscalía comenzó a fines de 2019, cuando conoció al acusado. En 2021 empezaron a convivir y hablaron de formar una familia. “Veníamos conversando de tener un hijo”, declaró. La decisión fue compartida: “Ambos queríamos ser papás”, respondió cuando le preguntaron si la propuesta había sido suya. Por eso dejó de tomar anticonceptivos.

Cuando quedó embarazada, su ginecólogo le indicó los estudios de rutina. Dos días después la llamó para pedirle que se acercara al consultorio: uno de los resultados había dado mal. Allí le comunicó que el análisis de VIH era positivo y que ya le había conseguido un turno con una infectóloga para esa misma jornada.

La mujer contó que se lo dijo llorando a su madre y que, al mediodía, habló con su pareja. Según su testimonio, él respondió con tranquilidad que también se haría los análisis. Volvieron al departamento donde convivían y el hombre se fue a trabajar. Al regresar, le dijo que tenía que pasar por la casa de su mamá a buscar unas cosas.

Volvió con una carpeta. “Nunca pensé que iba a llegar este momento, pero tengo que decirte que el portador de VIH soy yo”, le confesó.

“Entré en una nebulosa, no tuve reacción, lo único que podía pensar es cómo hago ahora”, recordó la mujer. De inmediato le preguntó por qué nunca se lo había contado. Según declaró, él le respondió que había sido por miedo a que ella no quisiera continuar la relación.

“A lo que le respondí que él nunca me dejó elegir lo que yo quería, que evidentemente siempre pensó en él”, relató.

Después fueron juntos a ver a la infectóloga. Ella llevó sus análisis y él, la carpeta con sus estudios. En esa consulta, según la denunciante, también se enteró de que su pareja no estaba tomando la medicación. Más adelante, antes de separarse y denunciarlo, dijo haber observado interrupciones en el tratamiento antirretroviral: “La tomaba, la dejaba, la tomaba, la dejaba…”.

La médica que siguió el embarazo explicó que la mujer tenía una carga viral indetectable o muy baja aun antes de comenzar el tratamiento, una particularidad que atribuyó a su sistema inmunológico.

La denunciante recibió medicación durante la gestación y los mellizos tuvieron tratamiento y controles después de nacer. En su declaración describió esos meses de seguimiento, las extracciones de sangre y el último análisis, al año y medio de los niños, cuyo resultado fue “no reactivo”. Los chicos no adquirieron el virus.

Para ella, en cambio, el tratamiento continuó. “Tengo que tomar unas pastillas todas las noches”, explicó. Cuando le preguntaron si debía hacerlo de por vida, respondió que sí.

La denuncia y el contacto con otra mujer

La relación terminó en septiembre de 2023, según la reconstrucción judicial. La mujer denunció posteriormente al hombre y aportó documentación médica para respaldar su relato. En su declaración sostuvo que durante el vínculo no había mantenido relaciones sexuales con otras personas y que tampoco había atravesado otra circunstancia que pudiera haberle transmitido el VIH.

Su testimonio también permitió reconstruir cómo otra pareja del acusado tomó conocimiento del diagnóstico. Se trataba de una mujer que mantuvo una relación con él entre junio de 2023 y febrero de 2024 y que la contactó porque sentía que el hombre le ocultaba algo.

“Le respondí que el que tenía que decirle la verdad y ser responsable era él, que lo único que podía decirle era que se hiciera análisis de sangre para que no le pasara lo que me pasó a mí”, declaró la primera denunciante.

La segunda mujer también contó que el acusado no le había informado que tenía VIH y que no utilizaban preservativo. Recurrió a su ginecólogo y a una infectóloga, mientras intentaba obtener explicaciones de él. Describió llamadas que no le atendía y la angustia que atravesó: “Lo quería matar. Tuve que comenzar terapia, ya no podía más”. Los estudios incorporados a la causa dieron negativos para ella.

La Fiscalía pidió la preventiva por ambos episodios, pero el juzgado diferenció la prueba reunida en cada uno. Respecto de la segunda mujer, consideró que no se había acreditado suficientemente que el acusado hubiera abandonado el tratamiento durante esa relación. Para ello valoró los testimonios médicos, entre ellos el de una infectóloga que lo atendió entre marzo de 2023 y septiembre de 2024 y mencionó un estudio de mayo de 2024 con carga viral indetectable.

“No encuentro configurado el peligro concreto de propagación de la enfermedad”, sostuvo la magistrada sobre ese hecho. Por ese motivo rechazó la preventiva en ese caso, sin disponer un sobreseimiento.

Las pruebas por las que quedó preso

En el caso de la primera denunciante, la resolución valoró un análisis de junio de 2019 con resultado negativo y otro de mayo de 2021 con resultado positivo, realizado durante el embarazo. También incorporó documentación del diagnóstico previo del acusado y un consentimiento firmado para su tratamiento.

La infectóloga que atendió a la pareja en 2021 declaró que había visto al hombre con diagnóstico positivo en 2016 y que, cuando volvió a consultarla en 2018, había interrumpido la medicación. Sobre la consulta a la que llegó con su pareja embarazada, sostuvo que tampoco estaba recibiendo tratamiento.

Al ser consultada sobre si podía transmitir el virus en ese momento, explicó: “Él no estaba recibiendo tratamiento por lo que, si bien no tengo la certeza, la probabilidad es que sí”.

La defensa cuestionó que no hubiera una prueba científica que permitiera determinar que el acusado le había transmitido el VIH a la denunciante y planteó la relevancia de un examen filogenético para comparar los virus.

La jueza consideró que el conjunto de indicios permitía sostener la hipótesis acusatoria para resolver la medida cautelar, aunque todavía no se trata de una condena. “La presente etapa procesal no requiere certeza, sino únicamente la existencia de indicios vehementes en orden a la probable participación del encartado en los hechos imputados”, señaló.

También rechazó el argumento de que la mujer podría haber adoptado por su cuenta medidas de prevención. La magistrada sostuvo que esa lectura omitía que ambos habían decidido buscar un hijo, en un contexto en el que ella desconocía el diagnóstico y la interrupción del tratamiento que se le atribuye a él.

“Pretender trasladar la responsabilidad a la víctima, soslayando la conducta atribuida al imputado, implica una valoración parcial de las circunstancias del caso”, escribió.

Para mantenerlo detenido, la jueza consideró que existía peligro de fuga. Aunque reconoció que no registra antecedentes penales, valoró la gravedad atribuida al hecho y la expectativa de una eventual pena de cumplimiento efectivo. La escala contemplada en la resolución es de 3 a 15 años de prisión.

La carta del acusado

El hombre rechazó la acusación mediante una carta enviada a La Brújula 24. En el escrito sostuvo que sus estudios indican que es “indetectable e intransmisible”, cuestionó su prisión preventiva y afirmó que no existen pruebas científicas que permitan establecer que él le transmitió el virus a la primera denunciante.

También señaló que la segunda mujer no tiene VIH y objetó la incorporación de sus estudios médicos al expediente. “Están criminalizando el VIH”, sostuvo, según publicó el medio local.

Los cuestionamientos sobre la confidencialidad de la documentación y el levantamiento del secreto profesional de una de las infectólogas ya habían sido planteados por su defensa. La jueza los rechazó: consideró que el propio acusado había exhibido los estudios a su pareja y que, además, la Fiscalía había obtenido información por vías independientes.

En cuanto al planteo de criminalización, la magistrada sostuvo que la legislación protege a las personas frente a la persecución por su condición de salud, pero que eso no impide investigar conductas concretas que puedan constituir un delito.

La resolución también distinguió su situación médica posterior de la del momento investigado: las referencias a una carga viral indetectable del acusado corresponden a “períodos de tiempo posteriores a mayo del 2021”. Para la jueza, esos resultados no desvirtúan las pruebas por las que ordenó la prisión preventiva.

Por su parte, Mariano Martínez, abogado de las dos denunciantes, cuestionó la exposición pública del caso y explicó que sus representadas le pidieron preservar su privacidad. En diálogo con Infobae señaló que la mujer que recibió el diagnóstico durante el embarazo continúa en tratamiento y expresó su preocupación por la exposición de sus mellizos.

Martínez también cuestionó la imagen del acusado presentada en la carta. Según afirmó, existe una denuncia por maltrato físico y violencia acompañada de videos e imágenes. Esa documentación no forma parte del material al que accedió este medio.

Respecto de la prisión preventiva, respaldó la medida y remarcó que fue una decisión judicial: “Tanto la fiscalía como nosotros hemos dado nuestros argumentos para la detención y posterior prisión preventiva, y quien ha resuelto ha sido el juzgado”.

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