POLITICA
Leandro Santoro propone regular las agencias de cobranza: registro obligatorio, abogados responsables y multas por abusos
La discusión sobre el endeudamiento tiene una segunda escena que suele quedar fuera de las estadísticas: el momento en que una persona deja de pagar y comienza a recibir llamadas, mensajes y reclamos para cancelar la deuda. En la Legislatura porteña, ese circuito quedó bajo la lupa después de que un grupo de deudores relatara situaciones de hostigamiento y cuestionara las condiciones en las que algunas empresas intentan recuperar el dinero.
A partir de esos testimonios, Leandro Santoro presentó una iniciativa para regular la cobranza extrajudicial y establecer responsabilidades concretas para quienes participan de ella.
El legislador porteño, que preside la Comisión de Defensa del Consumidor, explicó en Infobae al Regreso que el objetivo es crear un registro para las firmas dedicadas a esa actividad y fijar reglas que permitan identificar quién está realizando un reclamo, en representación de quién y bajo qué condiciones.
Según detalló, existen 275 sociedades inscriptas ante ARCA cuyo objeto principal es la cobranza extrajudicial, aunque el universo incluye también estudios jurídicos y áreas de cobranzas de bancos, comercios de electrodomésticos y billeteras virtuales.
El proyecto, que tiene más de 50 artículos, propone que esas estructuras queden alcanzadas por un régimen específico de inscripción y control. Uno de los puntos centrales establece que cada área de cobranzas deberá contar con un abogado matriculado como responsable, tanto dentro de una empresa como en las agencias que actúan en nombre de terceros. “Mercado Pago, el Banco Galicia, el Banco Ciudad, tiene que tener un responsable en el área de cobro que ponga su matrícula”, sostuvo Santoro.
La iniciativa también apunta a modificar el esquema de sanciones. El legislador cuestionó que determinadas conductas estén prohibidas, pero que las herramientas disponibles para castigarlas resulten insuficientes, y mencionó entre ellas el contacto con familiares del deudor, los llamados en horarios indebidos, la simulación de notificaciones judiciales y el envío de cartas documento falsas. Su propuesta contempla multas y la posibilidad de suspender o inhabilitar a las empresas cuando se comprueben incumplimientos. “Primero, que hay que penalizar. Lo primero que hay que hacer”, afirmó.
El problema que busca abordar la iniciativa aparece con particular claridad cuando las deudas cambian de manos. Santoro explicó que los bancos pueden desprenderse de determinadas carteras cuando las obligaciones acumulan un período prolongado de incumplimiento y venderlas a terceros por una fracción de su valor. “Se desprenden de esas carteras y las venden más o menos al cinco por ciento de su valor”, señaló. En ese proceso, la persona que recibió originalmente el crédito puede encontrarse luego frente a una agencia o empresa distinta, con la necesidad de determinar quién es el nuevo acreedor y cuál es el origen del reclamo.
Durante la entrevista, Mica Mendelevich aportó un caso que expone otra dimensión del conflicto. La conductora contó que terminó pagando $200.000 por una deuda que atribuía a una tarjeta del banco Santander que nunca había activado. Según relató, los llamados no se limitaron a ella, sino que también llegaron reiteradamente a sus padres. La presión terminó cuando su madre decidió transferir el dinero ante la insistencia de los reclamos. Para Santoro, situaciones de ese tipo deberían quedar expresamente contempladas por la regulación, de modo que el deudor pueda conocer qué empresa está autorizada para reclamar y cuál es la obligación que se le atribuye.
Pero el proyecto no se limita a establecer límites sobre las formas de contacto. También incorpora instancias de mediación para facilitar acuerdos y planes de pago, a partir de una de las situaciones que, según Santoro, aparece con mayor frecuencia en los testimonios: personas que aseguran estar dispuestas a cancelar sus obligaciones, pero no pueden afrontar las condiciones que les ofrecen. “El problema es que yo tengo voluntad de pago y las condiciones que me dan no me permiten”, resumió el legislador.
En esa línea, Santoro planteó que la discusión tampoco puede reducirse a la educación financiera. Se mostró a favor de que los consumidores puedan conocer con mayor claridad las tasas de interés, los impuestos y el costo financiero total de los créditos, pero cuestionó que esa responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quien tomó el préstamo cuando existen prácticas de cobranza que considera abusivas. “Echarle la culpa a la persona que está siendo víctima de la usura es un problema”, sostuvo.
La evolución tecnológica agregó además una nueva dificultad. El legislador señaló que las billeteras virtuales y los sistemas automatizados de otorgamiento y cobro de créditos introdujeron mecanismos capaces de acceder a información de los dispositivos de los usuarios, que puede terminar siendo utilizada para contactar a personas de su entorno. Frente a ese escenario, planteó que la incorporación de inteligencia artificial no puede convertirse en una forma de diluir responsabilidades: “Cuando la que cobra es la inteligencia artificial, tiene que ser un instrumento, no puede ser un agente en sí. Tiene que haber alguien que ponga la matrícula, un abogado que ponga la matrícula, que sea el responsable final”.
El proyecto deberá ahora atravesar el recorrido legislativo y pasar por distintas comisiones, entre ellas la de Justicia, presidida por La Libertad Avanza. Santoro señaló que había enviado el borrador a Pilar Ramírez y que esperaba que la iniciativa pudiera ser discutida entre los distintos bloques, luego de una primera reunión en la que, según afirmó, participaron sectores diversos de la Legislatura.
El debate se inscribe, además, en un contexto que el propio legislador vinculó con el crecimiento de la morosidad, la expansión del crédito y el aumento de préstamos otorgados sin una evaluación suficiente del riesgo. Según su diagnóstico, el deterioro de la capacidad de pago de algunos consumidores terminó generando un mercado alrededor de la recuperación de esas deudas. “Hay mucha gente que le dieron crédito sin medir el riesgo crediticio. Ahora esa gente no puede pagar, se plancharon los salarios, aumentaron los costos fijos y entonces hay un nicho de negocio”, concluyó.
La propuesta de Santoro busca intervenir precisamente en ese punto: no impedir que una deuda sea reclamada, sino establecer quién puede hacerlo, de qué manera y bajo qué responsabilidad, para que la cobranza extrajudicial deje de depender de prácticas difíciles de controlar y quede sujeta a reglas y sanciones concretas.
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leandro santoro
El Gobierno designó a dos nuevos funcionarios que ocuparán funciones clave dentro de la Jefatura de Gabinete en las áreas de Ambiente y Enlace Legislativo.
Se trata de Walter Daniel Lanaro, quien fue nombrado mediante el decreto 1118/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, como subsecretario de Enlace Legislativo. Militante del PRO, Lanaro se presenta a sí mismo como liberal en sus redes solciales. Antes de llegar a la gestión libertaria, se desempeñó como senador provincial bonaerense.
Por otro lado, el Gobierno designó a Juan Andrés Trebino como Subsecretario de Ambiente dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La decisión fue dispuesta mediante el decreto 1119/2026, firmado el 28 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y publicado el 29 de septiembre.
Trebino acumula al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y en la administración estatal. Su primera experiencia en el sector público se remonta a 2011, cuando se desempeñó como asesor legal en la Dirección Nacional de Control Ambiental.
En 2015, durante la presidencia de Macri, asumió la conducción de esa misma dirección, cargo que ocupó durante siete meses. Tras ese período, escaló al puesto de subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.
Quien ahora vuelve a la función pública en un rol de mayor jerarquía dejó su cargo en diciembre de 2019. La designación de Trebino se produce después de dos meses sin titular en la Subsecretaría de Ambiente, un período en el que el organismo funcionó sin conducción formal.
Hace unos meses, el Gobierno designó a Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua.
La funcionaria asumió en un momento de tensión con el sector científico, marcado por reclamos de financiamiento y la baja de cientos de becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, formalizó la designación mediante el decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro coordinador. Baravalle cuenta con un perfil que, según el comunicado oficial del Gobierno, “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la IA”.
La nueva secretaria cuenta con experiencia en investigaciones sobre inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, además de participación en proyectos científicos internacionales.
Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, casa de estudios donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.
Ejerce como docente universitaria y conduce el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral. Es también fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial que impulsa iniciativas de formación, investigación y cooperación en América Latina.
Desde Casa Rosada recordaron que la funcionaria “integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019” y que cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional.
El comunicado oficial precisó que su incorporación tendrá como objetivo “profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.
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El Tribunal Oral Federal 5 recibió la pericia sobre Los Sauces a semanas del inicio del juicio oral contra Cristina y Máximo Kirchner por presuntas maniobras de blanqueo.
Según pudo confirmar TN, el informe elaborado por peritos de la Corte Suprema tiene más de 30 páginas y da detalles sobre el Hotel Los Sauces pero no logró determinar si la explotación era rentable, ya que faltan balances e información respaldatoria.
Que los jueces cuenten con esta pericia no es un detalle menor, ya que se trata de un elemento de prueba que dilató mucho tiempo la fecha de inicio de juicio. Este documento servirá para sustentar las acusaciones y, hasta que se finalizó, estuvo marcada por cambios de peritos.
En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un juicio oral y revocó los sobreseimientos —apelados por el fiscal Velasco— que había dispuesto en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Federal Nº 5 sobre la treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sí confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner.
El TOF 5 había frenado el juicio oral con el siguiente argumento: “El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”.
Finalmente, en diciembre de 2024, la Corte Suprema ordenó que la causa por lavado de dinero y asociación ilícita sea elevada a juicio. El proceso comenzará el 23 de octubre.
La causa
Los Sauces S.A. se constituyó el 7 de noviembre de 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Tras la muerte del expresidente, el paquete accionario quedó, según la instrucción, en un 45% para Cristina, 32,5% para Máximo y 22,5% para Florencia.
La sociedad empezó a facturar en enero de 2009. El expediente nació de una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer y recayó en el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. En diciembre de 2016 la firma fue intervenida. El 4 de abril de 2017 Bonadio procesó a los principales acusados.
La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.
Los fiscales sostienen también que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita y lavado de activos.
El inmueble más citado es el dúplex de los pisos 8 y 9 del Madero Center, en Puerto Madero, más cocheras. López lo ocupó a través de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.
El Poder Ejecutivo resolvió asignar a Adolfo Cambiaso un cometido especial para la promoción internacional del deporte argentino, con énfasis en el polo, y le otorgó la categoría protocolar de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario mientras dure esa tarea. La función será ejercida ad honorem y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
La medida, dictada a través del Decreto 1116/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, busca utilizar la proyección exterior del deporte como una herramienta de posicionamiento para la República Argentina, con impacto potencial en la difusión de bienes y servicios, la generación de contactos comerciales y la promoción de los atractivos turísticos del país. De igual forma, aclararon que este nombramiento no supone la incorporación de Cambiaso al cuerpo permanente del Servicio Exterior.
De acuerdo con los argumentos presentados por el Gobierno, el polo representa una de las expresiones de la tradición deportiva argentina con reconocimiento mundial y que puede contribuir a visibilizar experiencias turísticas, productos y servicios vinculados a su desarrollo.
Por esto mismo, encomendaron a Cambiaso la misión concreta orientada a difundir el deporte argentino en el exterior, con una atención particular sobre el polo.
De acuerdo con el texto, Cambiaso deberá cumplir el encargo bajo las obligaciones previstas en la reglamentación de la ley, aprobada mediante el Decreto N° 1973/86 y sus modificatorias. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el organismo encargado de definir los mecanismos de trabajo y los lineamientos necesarios para articular el cometido.
La disposición establece que la función será desempeñada sin remuneración. Además, remarca que la medida no genera ninguna erogación presupuestaria para el Estado nacional.
Entre los fundamentos, el decreto plantea que las actividades económicas relacionadas con el deporte pueden aportar a las exportaciones de bienes y servicios, abrir oportunidades de negocios y favorecer el turismo. Bajo ese criterio, la presencia internacional de referentes deportivos puede utilizarse dentro de una estrategia de promoción externa del país.
El Gobierno también sostiene que la Argentina dispone de una tradición deportiva con reconocimiento fuera de sus fronteras. A partir de esa condición, considera que existen posibilidades para desarrollar iniciativas de promoción internacional que conecten la actividad deportiva con objetivos comerciales, culturales y turísticos.
En ese marco, el polo argentino es presentado como una disciplina de especial relevancia global.
La decisión destaca la carrera de Cambiaso como uno de los elementos que justifican su nombramiento para esta misión. El texto lo define como un referente del polo argentino a escala internacional y considera que su trayectoria deportiva y su proyección pública lo vuelven apto para colaborar con la difusión de los valores asociados al deporte nacional.
De hecho, la Cancillería deberá establecer cómo se organizarán las acciones que se impulsen en el marco de la designación y de qué forma se integrarán con las políticas de promoción internacional del país.
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