POLITICA
Leandro Santoro propone regular las agencias de cobranza: registro obligatorio, abogados responsables y multas por abusos

La discusión sobre el endeudamiento tiene una segunda escena que suele quedar fuera de las estadísticas: el momento en que una persona deja de pagar y comienza a recibir llamadas, mensajes y reclamos para cancelar la deuda. En la Legislatura porteña, ese circuito quedó bajo la lupa después de que un grupo de deudores relatara situaciones de hostigamiento y cuestionara las condiciones en las que algunas empresas intentan recuperar el dinero.
A partir de esos testimonios, Leandro Santoro presentó una iniciativa para regular la cobranza extrajudicial y establecer responsabilidades concretas para quienes participan de ella.
El legislador porteño, que preside la Comisión de Defensa del Consumidor, explicó en Infobae al Regreso que el objetivo es crear un registro para las firmas dedicadas a esa actividad y fijar reglas que permitan identificar quién está realizando un reclamo, en representación de quién y bajo qué condiciones.
Según detalló, existen 275 sociedades inscriptas ante ARCA cuyo objeto principal es la cobranza extrajudicial, aunque el universo incluye también estudios jurídicos y áreas de cobranzas de bancos, comercios de electrodomésticos y billeteras virtuales.
El proyecto, que tiene más de 50 artículos, propone que esas estructuras queden alcanzadas por un régimen específico de inscripción y control. Uno de los puntos centrales establece que cada área de cobranzas deberá contar con un abogado matriculado como responsable, tanto dentro de una empresa como en las agencias que actúan en nombre de terceros. “Mercado Pago, el Banco Galicia, el Banco Ciudad, tiene que tener un responsable en el área de cobro que ponga su matrícula”, sostuvo Santoro.
La iniciativa también apunta a modificar el esquema de sanciones. El legislador cuestionó que determinadas conductas estén prohibidas, pero que las herramientas disponibles para castigarlas resulten insuficientes, y mencionó entre ellas el contacto con familiares del deudor, los llamados en horarios indebidos, la simulación de notificaciones judiciales y el envío de cartas documento falsas. Su propuesta contempla multas y la posibilidad de suspender o inhabilitar a las empresas cuando se comprueben incumplimientos. “Primero, que hay que penalizar. Lo primero que hay que hacer”, afirmó.
El problema que busca abordar la iniciativa aparece con particular claridad cuando las deudas cambian de manos. Santoro explicó que los bancos pueden desprenderse de determinadas carteras cuando las obligaciones acumulan un período prolongado de incumplimiento y venderlas a terceros por una fracción de su valor. “Se desprenden de esas carteras y las venden más o menos al cinco por ciento de su valor”, señaló. En ese proceso, la persona que recibió originalmente el crédito puede encontrarse luego frente a una agencia o empresa distinta, con la necesidad de determinar quién es el nuevo acreedor y cuál es el origen del reclamo.

Durante la entrevista, Mica Mendelevich aportó un caso que expone otra dimensión del conflicto. La conductora contó que terminó pagando $200.000 por una deuda que atribuía a una tarjeta del banco Santander que nunca había activado. Según relató, los llamados no se limitaron a ella, sino que también llegaron reiteradamente a sus padres. La presión terminó cuando su madre decidió transferir el dinero ante la insistencia de los reclamos. Para Santoro, situaciones de ese tipo deberían quedar expresamente contempladas por la regulación, de modo que el deudor pueda conocer qué empresa está autorizada para reclamar y cuál es la obligación que se le atribuye.
Pero el proyecto no se limita a establecer límites sobre las formas de contacto. También incorpora instancias de mediación para facilitar acuerdos y planes de pago, a partir de una de las situaciones que, según Santoro, aparece con mayor frecuencia en los testimonios: personas que aseguran estar dispuestas a cancelar sus obligaciones, pero no pueden afrontar las condiciones que les ofrecen. “El problema es que yo tengo voluntad de pago y las condiciones que me dan no me permiten”, resumió el legislador.
En esa línea, Santoro planteó que la discusión tampoco puede reducirse a la educación financiera. Se mostró a favor de que los consumidores puedan conocer con mayor claridad las tasas de interés, los impuestos y el costo financiero total de los créditos, pero cuestionó que esa responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quien tomó el préstamo cuando existen prácticas de cobranza que considera abusivas. “Echarle la culpa a la persona que está siendo víctima de la usura es un problema”, sostuvo.
La evolución tecnológica agregó además una nueva dificultad. El legislador señaló que las billeteras virtuales y los sistemas automatizados de otorgamiento y cobro de créditos introdujeron mecanismos capaces de acceder a información de los dispositivos de los usuarios, que puede terminar siendo utilizada para contactar a personas de su entorno. Frente a ese escenario, planteó que la incorporación de inteligencia artificial no puede convertirse en una forma de diluir responsabilidades: “Cuando la que cobra es la inteligencia artificial, tiene que ser un instrumento, no puede ser un agente en sí. Tiene que haber alguien que ponga la matrícula, un abogado que ponga la matrícula, que sea el responsable final”.

El proyecto deberá ahora atravesar el recorrido legislativo y pasar por distintas comisiones, entre ellas la de Justicia, presidida por La Libertad Avanza. Santoro señaló que había enviado el borrador a Pilar Ramírez y que esperaba que la iniciativa pudiera ser discutida entre los distintos bloques, luego de una primera reunión en la que, según afirmó, participaron sectores diversos de la Legislatura.
El debate se inscribe, además, en un contexto que el propio legislador vinculó con el crecimiento de la morosidad, la expansión del crédito y el aumento de préstamos otorgados sin una evaluación suficiente del riesgo. Según su diagnóstico, el deterioro de la capacidad de pago de algunos consumidores terminó generando un mercado alrededor de la recuperación de esas deudas. “Hay mucha gente que le dieron crédito sin medir el riesgo crediticio. Ahora esa gente no puede pagar, se plancharon los salarios, aumentaron los costos fijos y entonces hay un nicho de negocio”, concluyó.
La propuesta de Santoro busca intervenir precisamente en ese punto: no impedir que una deuda sea reclamada, sino establecer quién puede hacerlo, de qué manera y bajo qué responsabilidad, para que la cobranza extrajudicial deje de depender de prácticas difíciles de controlar y quede sujeta a reglas y sanciones concretas.
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leandro santoro
POLITICA
“No somos insensibles”: Cornejo se desmarca y anuncia incentivos para paliar la morosidad en Mendoza

MENDOZA.- En medio del debate nacional por la morosidad en los hogares argentinos, impulsado por la oposición y resistido por el oficialismo en el Congreso, el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado a La Libertad Avanza, se desmarcó y lanzó incentivos fiscales para los deudores del sistema financiero.
Se trata de la reducción de dos puntos porcentuales en Ingresos Brutos y la eximición del impuesto a los Sellos, a la par de un acuerdo con el Banco Nación que refinanciará deudas a menos de 40% anual y a 24 meses.
Con estas medidas, explicaron desde el gobierno provincial, se busca que otras entidades crediticias tomen el mismo camino y se logre reducir la situación de 271.000 morosos mendocinos y liberar los ingresos de los deudores.
Con el anuncio, Cornejo busca dejar asentada su posición y se adelanta a las decisiones nacionales que se tomen en la materia, más allá del derrotero que tengan los proyectos que impulsan desde el arco contrario al presidente Javier Milei.
Así, en las últimas horas, el mandatario mendocino no solo activó iniciativas concretas frente a la problemática, sino que dejó definiciones políticas, tomando cierta distancia de lo que finalmente se haga a nivel país.
“Es un problema de privados, pero no somos insensibles”, expresó Cornejo, acompañando la visión del Ejecutivo nacional pero también marcando su postura frente a las críticas que recibe la gestión presidencial sobre la realidad que se vive en millones de hogares.
De esta manera, la provincia cuyana enviará a la Legislatura un proyecto de ley que establece incentivos fiscales para facilitar la refinanciación de deudas a tasas más bajas y plazos más largos, que también incluirá a quienes se encuentran al día.
El anuncio fue realizado por el gobernador junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman.
Cornejo explicó que el aumento de la morosidad está vinculado, entre otros factores, con créditos que fueron tomados con tasas de interés elevadas, en un contexto en el que se proyectaban niveles de inflación superiores a los que finalmente se registraron.
En ese sentido, el gobernador sostuvo que las entidades financieras deben generar alternativas para evitar que sus clientes queden fuera del sistema y que, al mismo tiempo, quienes contrajeron esas obligaciones deben acercarse a refinanciar sus deudas.
“Los bancos tienen que hacer su tarea, tienen que refinanciar para no perder esos clientes y para que no se caigan del sistema financiero. Quienes tomaron créditos, por su parte, tienen que concurrir a los bancos a refinanciar esa deuda”, indicó Cornejo.
Si bien señaló que se trata de obligaciones entre privados, el mandatario aseguró que no es indiferente ante las dificultades que atraviesan las familias y empresas mendocinas. Por ese motivo, explicó que la Provincia realizará un esfuerzo fiscal para facilitar y abaratar las operaciones de refinanciación.
“Si bien es un problema entre privados que el sistema debe intentar resolver, con los bancos por un lado y los deudores por el otro, la Provincia hace un aporte que no es neutro y que es importante para nuestras arcas fiscales”, completó Cornejo.
Fayad, titular de Hacienda, explicó que la expansión del crédito es fundamental para una economía que busca crecer sobre bases sólidas, aunque advirtió que el aumento de la mora genera efectos sobre todo el sistema financiero.
Asimismo, explicó que la Provincia busca generar incentivos para que los acreedores puedan ofrecer mejores condiciones financieras a sus clientes. Esto, afirmó, permitirá reducir progresivamente la mora y liberar parte de los ingresos de quienes puedan refinanciar sus obligaciones en condiciones más favorables.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, sostuvo que el desafío es continuar incentivando a quienes cumplen y, al mismo tiempo, recuperar a la mayor cantidad posible de deudores con voluntad de pago. “La idea es acompañar al sector en este proceso de transición y poder rescatar a la mayor cantidad de personas que, sin duda, tienen voluntad de pagar”, señaló.
Pablo Mannino,Mendoza,Alfredo Cornejo,Conforme a
POLITICA
El Gobierno cambió la estrategia y dará quórum en la sesión por morosidad y discapacidad en Diputados

El Gobierno cambió a último momento su estrategia y La Libertad Avanza dará quórum este miércoles en la sesión especial por morosidad y discapacidad. La Casa Rosada había acelerado contactos con aliados para intentar dejar a la oposición debajo de los 129 diputados, pero evaluó que la maniobra tenía pocas posibilidades de éxito.
En Nación explican que el oficialismo decidió sentarse porque vio que el quórum opositor estaba muy cerca de concretarse. La intención es evitar quedar expuesto a una derrota en la apertura del recinto y buscar, en cambio, utilizar la sesión a su favor.
“Cambió la estrategia”, aseguran en el Ejecutivo. La evaluación interna fue que el número estaba complicado y que intentar frenar hasta último momento una sesión que igualmente podía abrirse dejaba al oficialismo en una posición más débil.
Hasta horas antes, la Casa Rosada sostenía que la oposición todavía no tenía garantizados los 129 diputados. Por eso había iniciado acercamientos con bloques aliados y provinciales para intentar restar presencias y evitar el emplazamiento de las comisiones.
Ese escenario se modificó durante la tarde. En sectores de la oposición admitían que la diferencia podía ser de apenas uno o dos diputados, pero Provincias Unidas anticipaba que daría quórum y otros bloques calculaban que el número finalmente iba a alcanzarse.
La Libertad Avanza decidió entonces dejar de disputar la apertura del recinto. El objetivo pasa ahora por participar del debate y tratar de imponer su posición sobre la morosidad, en lugar de quedar afuera de una sesión que la oposición podía abrir de todas formas.
La Casa Rosada mantiene su rechazo a los proyectos que impliquen una regulación fuerte sobre bancos y financieras o un aumento del gasto público. Al mismo tiempo, admite que existen alternativas para atender el problema de las familias endeudadas y busca acercar posiciones con aliados sobre ese punto.
En el Ejecutivo aseguran que no quieren llevar todavía la discusión a una confrontación directa. Si más adelante el Congreso aprueba una ley que contradiga la posición oficial, Javier Milei está dispuesto a vetarla, pero la estrategia inmediata es intentar construir antes una salida distinta.
La sesión de este miércoles no tiene como objetivo sancionar directamente los proyectos. La oposición buscará emplazar a las comisiones y fijar plazos para acelerar los dictámenes sobre las iniciativas vinculadas con morosidad y con la extensión de la Emergencia Nacional en Discapacidad.
El oficialismo ya había reaccionado a la convocatoria con un cronograma propio. La Comisión de Finanzas abrió el tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento y planteó una serie de reuniones durante septiembre con la intención de llegar a un dictamen hacia fin de mes.
Leé también: El PRO rechazó la sesión especial de la oposición en Diputados: “Forzar debates no los acelera, los entorpece”
El Gobierno también analiza alternativas que no impliquen intervenir de forma directa en los contratos entre privados. Por el momento, el Banco Central no prepara cambios para este jueves en la norma que regula la forma en la que se informa el Costo Financiero Total (CFT).
La discusión incluye más de 50 iniciativas vinculadas con tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas sueldo, refinanciaciones y distintos mecanismos de alivio para deudores. Algunos proyectos proponen además declarar una emergencia crediticia o crear programas especiales de desendeudamiento.
El otro eje de la convocatoria es la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027. La oposición busca también acelerar ese tratamiento mediante un emplazamiento a las comisiones correspondientes.
El cambio de estrategia evita que el primer dato político de la jornada sea una pulseada por los 129 presentes. La Libertad Avanza asumió que la oposición estaba en condiciones de acercarse al quórum y decidió participar desde el comienzo para disputar el sentido de la sesión.
El próximo paso será definir cómo votará el oficialismo cada uno de los emplazamientos y qué alternativa concreta ofrecerá frente a la morosidad. La Casa Rosada pasó de intentar hacer caer la sesión a buscar utilizarla a su favor, mientras mantiene como límite cualquier iniciativa que implique una regulación fuerte o un nuevo gasto.
Gobierno, sesion, Diputados
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En el Gobierno admiten que es difícil desactivar la sesión e intentarán imponer su propia agenda

En la antesala de este miércoles, el Gobierno prácticamente se resignaba a que la oposición consiguiera el quórum para sesionar este miércoles con dos temas urticantes para la administración nacional: el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias, y la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.
Dejaban trascender que, pese a los intentos y diálogos con los diferentes sectores de la oposición, en especial buena parte de los gobernadores y los bloques más dialoguistas, el desafío de que no hubiera sesión era difícil. Casi imposible. Y en ese sentido se barajaban distintas alternativas.
“Están justos, pero parecerían estar. No sé si hay mucha chance de desactivarla”, admitieron en Balcarce 50 sobre los números que tendría la oposición de conseguir la sesión de mañana.
En ese marco también buscaban relativizar la situación al hacer hincapié en que la sesión de mañana es “preliminar” y en que ellos tienen sus propios proyectos sobre ambos temas, los que buscarán imponer y así, intentar mantener un control de la agenda.
“No se les tiene que caer ninguno. Tienen que estar todos. No es fácil, pero tampoco imposible”, evaluó otro sobre el número que, todo indica, podría ubicarse en los 131 votos para empezar la sesión, superando el mínimo para el quórum. En el final de este martes había quienes no descartaban incluso que la propia bancada violeta también bajara a dar quórum.
En la Casa Rosada mencionaban los nombres del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, como las personas con más diálogo con la oposición como los responsables de los diálogos con la oposición y la definición de la estrategia legislativa que se desarrollará en las próximas horas.
Los tres junto a Ignacio Devitt, segundo de Santilli, estuvieron en la mesa política que este martes al mediodía se desarrolló en Casa Rosada, y en la cual, como sucede semanalmente, se abordó la agenda legislativa.
En el corazón del gobierno libertario consideraban que mientras la búsqueda inicial y de máxima era lograr que se caiga la sesión, también trabajaban para que, en caso de que se avance con ambos temas, lograr imponer sus propios proyectos sobre esos temas.
“Hay varios escenarios. Obviamente el primero es desactivar la sesión”, comenzaban enumerando los escenarios. Y rápidamente ampliaban a que, de no conseguirse esa desactivación, avanzarían con su segundo plan.
“Lo que pide la oposición ya se hizo. Sobre morosidad hay muchísimos proyectos dando vuelta y sobre discapacidad hay un fallo de la justicia on el que el Gobierno está cumpliendo con las partidas”, decían. Al tiempo que consideraban que la decisión de avanzar con ambos temas por parte de la oposición era eminentemente “show político”.
Sobre esos mismos puntos también fue el comunicado de Pro dado a conocer en el atardecer de este martes.
“Es un tema político, pero de todas maneras lo estamos trabajando con los aliados. Hay proyectos sobre deudas, créditos y finalmente si la sesión logra quórum la idea es poder presentarlo”, aseguraron fuentes de la administración libertaria.
En Casa Rosada creían incluso que la oposición podría llegar a tener algo más de los 129 diputados necesarios para abrir el debate. Aunque los números están ajustados, creen que pueden llegar a 131, pese a los intentos para desbaratar el quorum.
Al tiempo que insistían en relativizar lo que puede suceder durante la jornada de este miércoles mencionando que se trata de una sesión para emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre los dos temas: el de la creciente morosidad, principalmente entre los jóvenes, y una nueva prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vencerá a fin de año.
Cecilia Devanna,Conforme a
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