La delegación que representó a la Argentina en las dos audiencias del Tribunal del Mar (TIDM) que se realizaron esta semana en Hamburgo esperaba que el Reino Unido utilice en sus alegatos el discurso que Javier Milei pronunció en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y así fue. La fiscal general Ellie Reeves abrió la réplica de Londres con ese argumento: las declaraciones del Presidente, sostuvo, evidenciaban que Buenos Aires no tiene interés en una solución negociada para discutir la soberanía de las Malvinas.

Recordó, además, que en su exposición en Nueva York, Milei había calificado a la ONU de “organización inútil” que solo sirve a “parásitos arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados”. Se trata de la misma institución cuyas resoluciones Argentina invoca como base jurídica de su reclamo ante el TIDM. Una chicana previsible, y una contradicción difícil de ignorar para los abogados británicos.

“Lo habíamos mapeado y teníamos la respuesta armada. Esperábamos que fueran con eso”, reconoció a Infobae uno de los integrantes del equipo de abogados que viajó a la ciudad ubicada a norte de Alemania. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado en las audiencias, contestó de manera formal y recordó que -en aquella intervención-, Milei también dejó en claro que creía en la paz y en encontrar soluciones dentro del marco del derecho internacional.

“Cada uno usa sus herramientas como quiere, pero creo que no corresponde: es un tema más político que nada tiene que ver con lo jurídico. De todas formas se respondió muy bien”, señalaron desde la representación argentina. También objetaron el punto central de la defensa británica: que el pedido de Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion esconde un planteo sobre la soberanía de las Islas y que, por ello, no es competencia del Tribunal del Mar.

“Ellos quisieron plantear que esto implica resolver soberanía, lo cual no es así. Su planteo pasó más por ese lugar, y el resto no hubieron argumentos que nos hayan tomado por sorpresa”, evaluaron desde el Gobierno.

Por primera vez en la historia, la Argentina enfrentó al Reino Unido ante un tribunal internacional para discutir los recursos del mar alrededor de las Islas Malvinas. Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre, ante un panel de 21 jueces presidido por el camerunés Maurice Kamga. El fallo se conocerá el 28 de noviembre.

Buenos Aires pidió cuatro medidas provisionales contra Londres: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Malvinas; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

Del lado argentino, la delegación estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, e incluyó al embajador Oyarzábal, los asesores legales externos Marcelo Kohen y Nico Schrijver, y funcionarios de Cancillería y la Procuración. El Reino Unido presentó un equipo de seis abogados liderado por la fiscal Reeves.

Para el Gobierno, este arbitraje representa “una pieza dentro de un esquema más amplio” contra el Reino Unido en el marco de la Causa Malvinas, que incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, iniciativa que tuvo varios cambios respecto a su versión original y se debatirá en el recinto el próximo miércoles, y los procesos penales ya iniciados contra directivos de las empresas operadoras de Sea Lion, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

En las últimas horas, el diario británico The Guardian reveló que el gobierno argentino amenazó con prisión al CEO de Rockhopper, Sam Moody, y a su director financiero, mediante una carta enviada el 1° de septiembre en la que los intimó con “procesamiento penal, encarcelamiento y multas” bajo la legislación doméstica argentina.

“Tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones”, indicó el canciller Pablo Quirno a radio Rivadavia el pasado jueves. En esta línea, desde Casa Rosada explicaron a Infobae que “las estrategias tienen que ser multifocales: políticas, jurídicas, diplomáticas. Es la mejor forma de presionar donde hay que presionar”.

La preparación de las audiencias

La arquitectura jurídica argentina en el TIDM se apoya en dos resoluciones de la ONU: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instruyó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.

El neerlandés Nico Schrijver y abogado rosarino Marcelo Kohen fueron fundamentales en las audiencias. Este último fue árbitro en al menos 14 casos internacionales, y representó a la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el caso de la fragata ARA Libertad (2012), en el que el tribunal ordenó como medida provisional la liberación inmediata del buque.

El argumento ambiental completó el cuadro. Si ocurriera un derrame en Sea Lion, es la Argentina —no el Reino Unido, situado a más de 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta de emergencia. El propio plan de contingencia del operador estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo de un eventual reventón alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. “Si pasa, estamos muy cerca de que ese derrame llegue a aguas territoriales argentinas”, advirtieron desde el Gobierno.

La primera jornada comenzó con una particularidad logística: la fiscal Reeves no llegó a tiempo para la apertura. Fue la agente Sally Langrish quien abrió la sesión e informó al tribunal de la demora. Mientras tanto, del lado argentino, Oyarzábal tomó la palabra sin demoras para plantear el marco político del caso. Recordó que en 1995 ambos gobiernos habían intentado un esquema de cooperación en la zona, pero que el Reino Unido lo había vaciado de contenido. “La Argentina no abandonó la cooperación”, dijo. “Pero, como bien saben los argentinos, el tango se baila de a dos. Lamentablemente, el Reino Unido prefiere bailar solo”.

La segunda jornada de audiencias fue la más intensa. La delegación argentina, según supo Infobae, había decidido ir “más al hueso” y plantear a los jueces, y ante la atenta mirada del equipo legal británico, los ceos de Rockhopper y Navitas, y funcionarios del gobierno ilegítimo de las Islas, presenten en la sala, que “si no se actúa ahora, no habrá statu quo que preservar”.

“Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”, sintetizó Schrijver. En relación a este punto, en el Gobierno planteó una diferencia entre daño económico y daño irreparable. Las empresas que invierten en Sea Lion pueden alegar pérdidas, argumentó el equipo argentino, pero ese daño es compensable. El petróleo extraído, no.

La síntesis del pedido argentino quedó condensada en cuatro palabras que Oyarzábal pronunció al cierre de la primera ronda: Ninguna perforación nueva mientras el tribunal arbitral del Anexo VII no esté constituido y en condiciones de actuar. “Si las medidas no son ordenadas, una de las dos partes quedará privada en forma permanente de sus derechos sobre la plataforma continental y sobre un recurso no renovable que, una vez extraído, no puede ser restituido”, insistió.

La comitiva argentina se alojó en un hotel retirado del centro de Hamburgo. Un dato llamativo: ambas delegaciones se alojaron en el mismo edificio, dado que el TIDM está retirado del centro de la ciudad y la oferta hotelera cercana es escasa. El equipo a cargo de Ibarzabal logró que el hotel habilite un sector específico con acceso restringido para sus reuniones de trabajo. Aun así, los cruces en el desayuno con los representantes británicos —y con los propios CEOs de las empresas en Sea Lion, Ian Ramsay y Samuel Moody, fueron inevitables.

La mayor incertidumbre interna fue la preparación de la réplica. El Reino Unido optó por no presentar ningún alegato escrito antes de las audiencias, lo que dejó a la delegación de Buenos Aires frente a un punto ciego. “Siempre teníamos el fantasma de si iban a sacar un conejo de la galera que no estuviéramos viendo”, admitieron desde el equipo legal. Y remarcaron: “Ninguno de los argumentos nos tomó por sorpresa”.

La expectativa por el fallo

Sobre el fallo que el Tribunal dará a conocer el 28 de noviembre, en el Gobierno sostienen que “hay que ser precavido” y que “hay que esperar”, aunque reconocen una “buena sensación interna” de que los argumentos argentinos estuvieron “planteados con claridad” frente a un equipo rival “de primer nivel”.

“Nosotros no le estamos pidiendo a este Tribunal que resuelva el tema de la soberanía. Por lo tanto, nada de esto afecta en absolutamente nada nuestro reclamo de soberanía. Si no llega a salir, la Argentina va a seguir en esta senda. Vamos a seguir con todo”, plantearon.

Especialistas vinculados a la causa son más optimistas. “En todos los casos donde se pidió, el Tribunal dio medidas provisionales. No se declaró incompetente. No siempre dio las que le pidió el Estado solicitante, a veces dio distintas, pero siempre dio medidas. Yo creo que estamos muy bien”, evaluó un experto con acceso al expediente.

Desde la Cancillería, además, se apuntó a un efecto político concreto de un fallo favorable: debilitaría la posición británica de que no existe ninguna controversia activa por la soberanía de las Malvinas. “El Reino Unido está diciendo que no hay controversia, que ya es suya y no discute más. Si el tribunal le dice que sí hay una controversia, esa posición queda debilitada”, señaló un funcionario del Palacio San Martín.

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Desde hace tiempo que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se apoya en las elecciones Primarias para lo que será la definición de candidaturas del peronismo para 2027. A esta idea le suma que el 2026 —con lo que queda de él— es un año de construcción política. Pero el tiempo avanzó y, a siete semanas de que finalice el año, el mandatario bonaerense entra en una etapa de definiciones sobre el cronograma electoral de la provincia que gobierna, que es la de mayor peso del país y que además está atravesada por su propia intención de ser candidato presidencial.

El gobierno nacional busca acelerar la eliminación de las PASO. De darse, el impacto en la estrategia bonaerense será total. Hay algunas señales de alerta en el plan del peronismo. La decisión del gobierno de Neuquén de llamar a elecciones provinciales el 14 de febrero, en lo que será el primer turno electoral del año, es una de ellas. Ahí lo que resta saber es si el Gobierno presentará un candidato. A la fecha, como contó Infobae, la senadora nacional Nadia Marquéz es la apuesta de La Libertad Avanza. La ligazón entre Márquez y los hermanos Milei en tal que semanas atrás el presidente viajó a Neuquén para participar de la apertura del auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, que conduce Hugo Márquez, padre de la senadora. Sin embargo, es casi un hecho que los senadores que responden al gobernador neuquino, Rolando Figueroa, votarán a favor de la suspensión de las Primarias. Ese es el clima que reina en la provincia del petróleo. En La Plata estiman que Neuquén podría ser el puntapié de una serie de acuerdos entre el gobierno nacional y algunas provincias no peronistas.

Lo que sucederá el martes en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado empezará a dar claridad sobre el calendario electoral y su impacto en Buenos Aires, la provincia que reúne al 37% del padrón nacional. Como contó este medio, en La Plata creen que no habrá desdoblamiento posible si no se suspenden las Primarias. Pese a que en ese escenario la elección será concurrente, presidente, gobernador e intendente se votarían el mismo día. Tiene una explicación logística, pero también política. Entre los argumentos logísticos que sostienen este plan aparece la complejidad para hacer una elección Primaria provincial y nacional —porque por ley deben ser en la misma jornada—, una elección general bonaerense y una general nacional. Quienes hablan seguido con Kicillof dan cuenta de que realizar tres elecciones solo generaría una apatía electoral. Entonces, con PASO vigentes solo habría dos elecciones en un año.

En el paquete electoral que promueve el Gobierno también hay otros temas que se suman a la virtual eliminación de las PASO como por ejemplo dejar de hacer debates presidenciales. La negociación de parte del Gobierno para obtener esos votos corre por cuenta del Jefe de Gabinete, Diego Santilli, que además —hasta el momento— es el candidato a la gobernación bonaerense por LLA.

Lo que se resuelva respecto a las PASO en las próximas semanas también incidirá en el proyecto político propio de Kicillof. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), buscan sostener las elecciones Primarias. Hay cierto consenso dentro del espacio del mandatario de que podría imponerse en una interna y que de esa forma, la disputa por la conducción del peronismo quedaría saldada. Todo, en un escenario hipotético y sin Cristina Kirchner formando parte protagónica de la contienda.

Sin PASO, Kicillof quedará irremediablemente obligado a negociar un acuerdo con el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa; que en las últimas semanas se vio más activo públicamente y nadie descarta que culmine en una postulación nacional. En el peronismo se mantiene lo trazado en la reunión del Hotel Emperador y luego en la Casa de La Pampa: que hay que defender las Primarias.

Kicillof, además, tiene otro frente: el debate por las reelecciones indefinidas y su regreso. Para el gobernador, la medida consolidaría el peso de los intendentes en la negociación electoral. Los jefes comunales que recuperen la posibilidad de competir por nuevos mandatos tendrán incentivos para preservar sus estructuras territoriales. Pese a que sería una elección concurrente, ya que en Buenos Aires por ahora no rige la Boleta Única de Papel, se estima que los intendentes que están con Kicillof apalancarán en sus distritos la boleta nacional si llevase al hoy gobernador provincial. En esa lógica hay intendentes de distritos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (de licencia en Avellaneda), Fernando Moreira (San Martín), entre otros.

Para el Gobierno nacional, la eliminación de las PASO apunta a reducir el gasto y a evitar una instancia electoral que, según el oficialismo, perdió su función como mecanismo de selección de candidaturas. La Libertad Avanza considera que muchas fuerzas usan esa jornada como una primera vuelta de hecho, aun cuando presentan listas únicas, y busca que los partidos resuelvan sus internas sin recursos del Estado. La iniciativa permitiría, sobre todo, concentrar la campaña en la elección general.

El proyecto, de todos modos, enfrenta dificultades en el Congreso. El oficialismo necesita reunir votos en el Senado y depende de acuerdos con bloques provinciales, cuyos gobernadores analizan el impacto que tendría la suspensión en sus propios calendarios electorales. El respaldo de los representantes de Rolando Figueroa aparece como una señal favorable para la Casa Rosada, aunque no garantiza que otros mandatarios adopten la misma posición.

La definición legislativa condicionará el diseño electoral bonaerense. Si las PASO continúan vigentes, Kicillof mantendrá la primaria como una herramienta para ordenar la disputa interna, también para su sucesión a la gobernación bonaerense.