ECONOMIA
Ley de Lobby: empresarios alertan por trabas para dialogar con el Estado
La discusión de la denominada Ley de Lobby sumó un nuevo capítulo este miércoles 10 de junio, cuando la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) salió a cuestionar varios aspectos del proyecto que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados y que forma parte del paquete de reformas institucionales impulsado por el Gobierno nacional.
La entidad empresaria aseguró compartir el objetivo de avanzar hacia una mayor transparencia en la relación entre funcionarios públicos y representantes de intereses privados.
Pero alertó que el texto actualmente en análisis genera fuertes asimetrías entre el sector público y el privado y podría terminar limitando el diálogo institucional que mantienen empresas, cámaras empresarias, organizaciones civiles y legisladores.
El pronunciamiento se conoció en la previa de un nuevo plenario de comisiones en Diputados, donde la iniciativa comenzó a ser discutida con el objetivo de obtener dictamen en las próximas semanas.
La esencia del reclamo
A través de un comunicado, la CAC sostuvo que la transparencia en la gestión pública y la publicidad de los actos de gobierno constituyen principios fundamentales del sistema republicano.
Sin embargo, consideró que el proyecto contiene disposiciones que deberían ser revisadas antes de avanzar hacia su aprobación.
La principal crítica apunta a que las nuevas obligaciones recaen casi exclusivamente sobre quienes buscan interactuar con funcionarios o legisladores, mientras que las exigencias para el sector público resultan considerablemente menores.
Según la entidad, el proyecto incorpora nuevas cargas administrativas para empresas, cámaras, fundaciones y asociaciones civiles que buscan participar en el debate de políticas públicas.
Además, advierren que varios de los requisitos previstos podrían resultar difíciles de cumplir para pequeñas y medianas empresas u organizaciones con estructuras reducidas, generando una barrera de acceso al diálogo con el Estado.
«La imposición de nuevas y significativas cargas administrativas sobre el sector privado, no así sobre el público, y la exigencia de requerimientos de muy difícil cumplimiento para distintas organizaciones civiles y pymes implicarían su exclusión de cualquier contacto con el Gobierno y legisladores», señaló la CAC.
El punto que más preocupa
El aspecto más sensible para el sector empresario está vinculado con el régimen sancionatorio previsto en la iniciativa.
La propuesta crea un Registro de Gestores de Intereses en el que deberán inscribirse quienes realicen gestiones ante funcionarios nacionales o legisladores con el objetivo de influir en decisiones públicas.
Para la CAC, el problema es que el proyecto contempla sanciones que pueden alcanzar el ámbito penal ante determinados incumplimientos, incluso cuando se trate de cuestiones formales.
La entidad advirtió que una omisión administrativa, como la falta de inscripción en el registro correspondiente o errores vinculados con las obligaciones informativas, podría derivar en consecuencias desproporcionadas.
«El mayor control del lobby recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales», sostuvo la organización.
La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que en el mundo empresario existe consenso respecto de la necesidad de transparentar las gestiones de intereses.
Pero también crece la inquietud por el alcance que podrían tener las sanciones previstas en el texto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Qué busca la Ley de Lobby
El proyecto fue enviado por el Gobierno al Congreso a fines de mayo y tiene como objetivo regular una actividad que actualmente carece de una normativa integral en la Argentina.
La iniciativa procura dar visibilidad a las reuniones, presentaciones y gestiones realizadas por empresas, consultoras, cámaras empresarias, sindicatos, ONG y otros actores que buscan influir en decisiones gubernamentales o legislativas.
Entre otras medidas, propone la creación de un registro obligatorio de gestores de intereses, la publicación de reuniones mantenidas con funcionarios y la obligación de informar a quién representan quienes participan de esas gestiones.
Desde la Casa Rosada sostienen que la norma permitirá fortalecer los mecanismos de transparencia, reducir espacios de discrecionalidad y equiparar a la Argentina con estándares internacionales vigentes en varios países desarrollados.
Proyecto resistido
Más allá del respaldo conceptual a la transparencia, el proyecto comenzó a encontrar resistencias dentro de sectores empresarios.
Representantes del mundo corporativo consideran que el texto avanzó más allá de la regulación de la actividad y terminó incorporando mecanismos que podrían desalentar la interacción entre el sector privado y el Estado.
La CAC fue una de las primeras entidades de peso en fijar posición públicamente, aunque no es la única organización que sigue de cerca la evolución de la iniciativa.
La preocupación radica en que la representación de intereses constituye una práctica habitual en todas las economías modernas.
Otras cámaras empresarias, sindicatos, universidades, organizaciones sociales y entidades profesionales mantienen de manera permanente intercambios con funcionarios y legisladores.
El objetivo es acercar propuestas, advertencias o posiciones sobre distintos proyectos.
Desde esa perspectiva, los empresarios consideran que una regulación excesiva podría terminar generando el efecto contrario al buscado: reducir la participación de actores privados y limitar el intercambio de información que suele nutrir los procesos de toma de decisiones.
El peso de la CAC
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios es una de las entidades empresarias más influyentes del país.
Fundada en 1924, representa a empresas de comercio, servicios, tecnología, logística, turismo, finanzas y otras actividades vinculadas al mercado interno.
La organización agrupa además a numerosas cámaras sectoriales y regionales, por lo que suele tener un rol activo en los principales debates económicos y regulatorios.
Por ese motivo, su postura respecto del proyecto adquiere especial relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar con una norma que impactará directamente en la relación cotidiana entre el sector privado y el Estado.
En ese marco, la entidad pidió a los legisladores introducir modificaciones que permitan alcanzar un equilibrio entre transparencia y participación, evitando que la futura ley termine afectando el normal funcionamiento de las empresas y organizaciones que interactúan con el sector público.
«La bienvenida y necesaria transparencia en los asuntos públicos no debe constituirse a costa de un perjuicio innecesario para el sector privado», concluyó la CAC.
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ECONOMIA
Reactivar sin hacer un “plan platita”: qué medidas anunció el Gobierno para impulsar la economía y sostener el superávit
El Gobierno necesita que la actividad económica repunte antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Sin embargo, por mandato del presidente Javier Milei, no puede apartarse del equilibrio fiscal ni —según asegura— apela a un “plan platita”. En ese marco, desde agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya realizó siete anuncios que abarcan desde la flexibilización de los créditos en dólares hasta alivios para las pymes frente al fisco nacional. A la par, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabajan en otras cinco iniciativas.
El límite que plantea el Gobierno es fiscal. Caputo defendió ese criterio este miércoles durante su exposición en un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) donde rechazó la posibilidad de aumentar el gasto o incurrir en déficit para mejorar los ingresos de los hogares antes de las elecciones.
“También es muy difícil mantenerse. Escucho a ciertos colegas y veo cuán fácil pierden la convicción. Enseguida ya queremos movernos, dicen: ‘Ahora ya tenemos equilibrio; no están claras las elecciones, pongamos un poco de plata en el bolsillo de la gente’”, afirmó el ministro.
El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que una modificación de ese criterio tendría consecuencias sobre las necesidades de financiamiento del Estado. “Si tenemos un déficit de dos puntos, implica que vamos a tener que salir a buscar financiamiento por USD 14.000 millones. ¿Podemos? No”, señaló. También advirtió que abandonar el ancla fiscal afectaría las expectativas por los antecedentes de la economía argentina.
Esta semana, el equipo económico quedó más en evidencia respecto a sus intenciones para impulsar la actividad con la serie de medidas que Caputo comunicó durante su participación en el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Caputo anunció tres decisiones destinadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su relación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La primera estableció la suspensión de embargos hasta mayo de 2027.
También comunicó la extensión del plan de pagos hasta 18 cuotas. La modificación incluye deudas vencidas hasta el 31 de octubre, con lo que se amplía el alcance de esa alternativa de regularización. La tercera disposición habilita a las empresas a computar el 100% de sus saldos a favor contra impuestos aduaneros.
Los economistas consideran que esas tres medidas apuntaban a no empeorar aún más la situación de las pymes. Y que la única que podría llegar a tener un impacto sobre el nivel de actividad -aunque habría que analizar en que magnitud- es la nueva línea de créditos del Banco Nación para la compra de autos, cuya tasa será del 25% y los plazos previstos serán de tres, cuatro y cinco años.
Hasta ahora, las versiones extra oficiales indican que el financiamiento podría destinarse a vehículos de producción nacional. Esa condición todavía requiere una confirmación oficial y será relevante para determinar el alcance de la medida sobre la industria automotriz local.
Medidas para la construcción
Sin embargo, los anuncios comenzaron en agosto, cuando Caputo comunicó la flexibilización del acceso a créditos en dólares. La medida eliminó la condición que obligaba a los bancos a prestar en moneda estadounidense solo a quienes generaban divisas o contaban con la garantía de una empresa que cumplía esa condición.
La modificación amplió el universo de personas y compañías que pueden acceder a ese financiamiento. Si bien la flexibilización no tiene restricciones por sector, el ministro reconoció que apuntaban sobre todo a la construcción.
Esa medida se complementó, a posteriori, con el anuncio de licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Mediante esas licitaciones, el Gobierno busca fondear a los bancos con hasta $2 billones a largo plazo para que amplíen la oferta de créditos hipotecarios.
El esquema prevé licitaciones de hasta $200.000 millones. Los bancos pueden colocar fondos a un año a una tasa mínima de UVA +2,5%, o a cinco años con una tasa mínima de UVA +4,5%. La disponibilidad de recursos a plazos más extensos apunta a facilitar la originación de préstamos hipotecarios. Las entidades financieras deberán participar de las licitaciones para acceder a los fondos que ofrece el FGS dentro de este mecanismo.
Menos impuestos
Otra decisión se vinculó con el precio de los combustibles. En medio de la volatilidad internacional del petróleo y luego de los aumentos que las petroleras aplicaron en los surtidores tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno resolvió postergar la actualización del impuesto a los combustibles.
La decisión quedó formalizada nuevamente mediante el Decreto 1305/2026, que fijó el 1° de diciembre como nueva fecha para aplicar la actualización. La ley establece que el impuesto debe revisarse cada tres meses según la inflación acumulada, pero el Ejecutivo decidió diferir ese traslado.
La medida buscó evitar una presión adicional sobre los consumidores y sobre la inflación. El impuesto forma parte de los componentes que inciden en el precio final de los combustibles, por lo que su actualización puede tener efecto sobre los valores de venta en los surtidores.
En camino
Además de los anuncios de Caputo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la CNV preparan cinco iniciativas para ampliar el crédito en pesos. El diagnóstico oficial fue expuesto por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante una ronda con inversores organizada en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia, en octubre de 2026.
La primera iniciativa se dirige a empleados públicos que cobran créditos personales mediante descuentos de haberes. El BCRA eliminará el tope de tasa de interés para esos préstamos y permitirá que el código de descuento se transfiera a otra institución que reúna las condiciones exigidas.
La intención es dar más seguridad a las entidades que adquieren una cartera ya otorgada y ampliar sus alternativas de fondeo. El cambio alcanzará a los préstamos que se cobran directamente a través del sistema de haberes de trabajadores estatales.
La segunda propuesta se concentra en empleados del sector privado que acceden a créditos con descuento salarial. El plan prevé centralizar los flujos de pagos con afectación específica por medio de la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa).
El trabajador conservará la facultad de asignar los fondos, mientras que el empleador no deberá asumir tareas administrativas asociadas con ese circuito. El objetivo es ordenar el flujo de cobros de los créditos con descuento de haberes en el sector privado.
La tercera medida que preparan el BCRA y la CNV apunta a los comercios. El Gobierno propone que los cupones de tarjetas sean reconocidos como instrumentos legales, digitales y transferibles. La iniciativa se dirige al tiempo que transcurre entre una venta con tarjeta y el cobro efectivo de los fondos. Con ese reconocimiento, los comercios podrán utilizar los cupones dentro de operaciones de financiamiento.
El proyecto también contempla que esos instrumentos puedan ejecutarse por procedimientos sumarísimos en caso de incumplimiento. El alcance de la medida se vincula con las ventas realizadas mediante tarjetas y con el acceso de los comercios a liquidez antes de la acreditación definitiva de los pagos.
La cuarta medida alcanzará a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), entidades que respaldan créditos de pequeñas y medianas empresas mediante avales. El BCRA busca que las SGR puedan sostener una mayor cantidad de créditos con el mismo fondo de garantía. La medida apunta a que más pymes accedan a préstamos o mejoren sus condiciones de financiamiento, como tasas y plazos.
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- Hasta $1.212.301: $79.812,80 por hijo
- De $1.212.301,01 a $1.777.957: $53.838,46
- De $1.777.957,01 a $2.052.708: $32.564,29
- De $2.052.708,01 a $6.419.726: $16.801,94
- PNC por invalidez o vejez: $310.910,91 de básico + $70.000 de bono = $380.910,91
- PNC para madres de siete hijos o más: $444.158,46 (equivalente al haber mínimo) + $70.000 de bono = $514.158,46
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no reúnen los aportes para acceder a una jubilación ordinaria: $355.326,76 de básico + $70.000 de bono = $425.326,76
- Nacimiento: $93.032,34
- Adopción: $556.214
- Matrimonio: $139.297,43
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Este viernes 6 de noviembre, los bancos no abrirán sus sucursales ni atenderán al público por el Día del Bancario. La medida alcanzará a las entidades financieras de todo el país, aunque los usuarios podrán utilizar los canales electrónicos para las operaciones que permanezcan habilitadas.
Por qué se celebra el Día del Bancario el 6 de noviembre
El Día del Bancario conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato de los trabajadores del sistema financiero, el 6 de noviembre de 1924. La fecha está contemplada en el convenio colectivo de la actividad y tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional para el personal alcanzado.
Por ese motivo, las sucursales de bancos públicos y privados no prestarán atención presencial el viernes. La jornada implica descanso para los empleados del sector y suspende las operaciones que requieran intervención en las oficinas.
El cierre no modifica los vencimientos que puedan tener los usuarios ni elimina el funcionamiento de los servicios digitales. De todos modos, conviene prever con anticipación los trámites que exijan la presencia en una sucursal, sobre todo por la sucesión de días no operativos que habrá la semana próxima.
Cómo funcionarán los bancos el 6 de noviembre
Durante el viernes 6 no se podrán realizar trámites por ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles en las sucursales. Tampoco habrá atención para consultas presenciales vinculadas con cuentas, préstamos u otros productos bancarios.
Sí seguirán disponibles los canales habituales de autoservicio y las herramientas digitales de cada entidad. Entre las alternativas para los clientes se encuentran:
- Cajeros automáticos, para extracción de efectivo y las operaciones que admita cada terminal.
- Home banking y aplicaciones móviles, para consultar saldos, hacer transferencias y pagar servicios.
- Tarjetas de débito y crédito, billeteras virtuales y pagos con código QR en los comercios que los acepten.
La disponibilidad de esos servicios no supone que todas las transacciones se acrediten en el acto. Algunas operaciones pueden quedar sujetas a los plazos de procesamiento del siguiente día hábil, según el tipo de movimiento y la entidad interviniente.
Qué pasará con los bancos durante la visita del papa León XIV
El cierre por el Día del Bancario se encadenará con el fin de semana y con los feriados dispuestos por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El lunes 9 será feriado nacional en todo el territorio, de acuerdo con el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Además, el martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Para esa misma fecha, el Banco Central de la República Argentina informó un feriado bancario nacional, por lo que las entidades y cámaras electrónicas de compensación no tendrán actividad.
Así, en la mayor parte del país las sucursales permanecerán sin atención presencial desde el viernes 6 hasta el martes 10, inclusive, y volverán a operar el miércoles 11. En la provincia de Buenos Aires, donde ese miércoles también será feriado por la visita papal, la reapertura se trasladará al jueves 12.
El cronograma oficial del BCRA contempla el feriado nacional del 9 y el bancario del 10. Los servicios electrónicos, cajeros y medios de pago digitales continuarán como las principales vías para operar durante esas jornadas, con las limitaciones que pueda tener cada transacción.
De cuánto es el bono por el Día del Bancario
Los trabajadores comprendidos por el convenio de la actividad financiera percibirán un adicional anual mínimo de $ 2.275.519,25 por el Día del Bancario. El importe deberá acreditarse, como máximo, el viernes 6 de noviembre, junto con la liquidación que corresponda en cada entidad.
La cifra funciona como piso y puede ser superior según la categoría, la antigüedad y otros adicionales de cada empleado. El pago se suma al salario habitual y debe figurar como un concepto diferenciado en el recibo de haberes.
El valor vigente incluye la actualización salarial del 1,9% correspondiente a septiembre, que modificó la escala del sector. Los trabajadores que registren una diferencia en la liquidación podrán revisar las condiciones de su categoría y los conceptos aplicados por su empleador.
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