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ECONOMIA

Ley de Lobby: empresarios alertan por trabas para dialogar con el Estado

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La discusión de la denominada Ley de Lobby sumó un nuevo capítulo este miércoles 10 de junio, cuando la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) salió a cuestionar varios aspectos del proyecto que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados y que forma parte del paquete de reformas institucionales impulsado por el Gobierno nacional.

La entidad empresaria aseguró compartir el objetivo de avanzar hacia una mayor transparencia en la relación entre funcionarios públicos y representantes de intereses privados.

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Pero alertó que el texto actualmente en análisis genera fuertes asimetrías entre el sector público y el privado y podría terminar limitando el diálogo institucional que mantienen empresas, cámaras empresarias, organizaciones civiles y legisladores.

El pronunciamiento se conoció en la previa de un nuevo plenario de comisiones en Diputados, donde la iniciativa comenzó a ser discutida con el objetivo de obtener dictamen en las próximas semanas.

La esencia del reclamo

A través de un comunicado, la CAC sostuvo que la transparencia en la gestión pública y la publicidad de los actos de gobierno constituyen principios fundamentales del sistema republicano.

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Sin embargo, consideró que el proyecto contiene disposiciones que deberían ser revisadas antes de avanzar hacia su aprobación.

La principal crítica apunta a que las nuevas obligaciones recaen casi exclusivamente sobre quienes buscan interactuar con funcionarios o legisladores, mientras que las exigencias para el sector público resultan considerablemente menores.

Según la entidad, el proyecto incorpora nuevas cargas administrativas para empresas, cámaras, fundaciones y asociaciones civiles que buscan participar en el debate de políticas públicas.

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Además, advierren que varios de los requisitos previstos podrían resultar difíciles de cumplir para pequeñas y medianas empresas u organizaciones con estructuras reducidas, generando una barrera de acceso al diálogo con el Estado.

«La imposición de nuevas y significativas cargas administrativas sobre el sector privado, no así sobre el público, y la exigencia de requerimientos de muy difícil cumplimiento para distintas organizaciones civiles y pymes implicarían su exclusión de cualquier contacto con el Gobierno y legisladores», señaló la CAC.

El punto que más preocupa

El aspecto más sensible para el sector empresario está vinculado con el régimen sancionatorio previsto en la iniciativa.

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La propuesta crea un Registro de Gestores de Intereses en el que deberán inscribirse quienes realicen gestiones ante funcionarios nacionales o legisladores con el objetivo de influir en decisiones públicas.

Para la CAC, el problema es que el proyecto contempla sanciones que pueden alcanzar el ámbito penal ante determinados incumplimientos, incluso cuando se trate de cuestiones formales.

La entidad advirtió que una omisión administrativa, como la falta de inscripción en el registro correspondiente o errores vinculados con las obligaciones informativas, podría derivar en consecuencias desproporcionadas.

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«El mayor control del lobby recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales», sostuvo la organización.

La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que en el mundo empresario existe consenso respecto de la necesidad de transparentar las gestiones de intereses.

Pero también crece la inquietud por el alcance que podrían tener las sanciones previstas en el texto impulsado por el Poder Ejecutivo.

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Qué busca la Ley de Lobby

El proyecto fue enviado por el Gobierno al Congreso a fines de mayo y tiene como objetivo regular una actividad que actualmente carece de una normativa integral en la Argentina.

La iniciativa procura dar visibilidad a las reuniones, presentaciones y gestiones realizadas por empresas, consultoras, cámaras empresarias, sindicatos, ONG y otros actores que buscan influir en decisiones gubernamentales o legislativas.

Entre otras medidas, propone la creación de un registro obligatorio de gestores de intereses, la publicación de reuniones mantenidas con funcionarios y la obligación de informar a quién representan quienes participan de esas gestiones.

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Desde la Casa Rosada sostienen que la norma permitirá fortalecer los mecanismos de transparencia, reducir espacios de discrecionalidad y equiparar a la Argentina con estándares internacionales vigentes en varios países desarrollados.

Proyecto resistido

Más allá del respaldo conceptual a la transparencia, el proyecto comenzó a encontrar resistencias dentro de sectores empresarios.

Representantes del mundo corporativo consideran que el texto avanzó más allá de la regulación de la actividad y terminó incorporando mecanismos que podrían desalentar la interacción entre el sector privado y el Estado.

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La CAC fue una de las primeras entidades de peso en fijar posición públicamente, aunque no es la única organización que sigue de cerca la evolución de la iniciativa.

La preocupación radica en que la representación de intereses constituye una práctica habitual en todas las economías modernas.

Otras cámaras empresarias, sindicatos, universidades, organizaciones sociales y entidades profesionales mantienen de manera permanente intercambios con funcionarios y legisladores.

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El objetivo es acercar propuestas, advertencias o posiciones sobre distintos proyectos.

Desde esa perspectiva, los empresarios consideran que una regulación excesiva podría terminar generando el efecto contrario al buscado: reducir la participación de actores privados y limitar el intercambio de información que suele nutrir los procesos de toma de decisiones.

El peso de la CAC

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios es una de las entidades empresarias más influyentes del país.

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Fundada en 1924, representa a empresas de comercio, servicios, tecnología, logística, turismo, finanzas y otras actividades vinculadas al mercado interno.

La organización agrupa además a numerosas cámaras sectoriales y regionales, por lo que suele tener un rol activo en los principales debates económicos y regulatorios.

Por ese motivo, su postura respecto del proyecto adquiere especial relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar con una norma que impactará directamente en la relación cotidiana entre el sector privado y el Estado.

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En ese marco, la entidad pidió a los legisladores introducir modificaciones que permitan alcanzar un equilibrio entre transparencia y participación, evitando que la futura ley termine afectando el normal funcionamiento de las empresas y organizaciones que interactúan con el sector público.

«La bienvenida y necesaria transparencia en los asuntos públicos no debe constituirse a costa de un perjuicio innecesario para el sector privado», concluyó la CAC.

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ECONOMIA

En el último año subió el empleo minero en la Argentina, pero cayó la cantidad de empresas

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La actividad minera en el país contabilizó un total de 993 empresas operativas, durante marzo, una cifra que representó una disminución interanual del 5,4%, lo que se traduce en la salida de 57 compañías del registro sectorial respecto de marzo de 2025, de acuerdo a las últimas cifras de la Secreraría de Minería.

Sin embargo, de forma paralela a esta contracción en la cantidad de empresas, el empleo directo formal mostró un sendero inverso. En el mismo período, la dotación de personal alcanzó los 40.141 puestos de trabajo, marcando un incremento interanual del 1,2% e incorporando 491 empleos netos a la industria.

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De acuerdo al Informe Mensual sobre Empleo Minero en Argentina, esta dinámica revela un proceso de concentración del mercado laboral producto de la redefinición del sector. La masa salarial del sector privado minero, que explica el 0,6% del empleo total registrado en el país, pasó a absorber nóminas operativas de mayor escala por compañía.

En términos globales, el tamaño medio de los establecimientos mineros se ubicó en 40 empleados por empresa, con notables disparidades según la especificidad de la rama productiva.

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Concentración en el segmento metalífero y litio

La brecha entre el volumen de unidades económicas y el volumen de personal ocupado se acentúa en los segmentos metalíferos de mayor escala de inversión. La minería de oro, plata y cobre congregó a marzo de 2026 apenas al 5,9% de las empresas del sector (59 compañías).

No obstante, este grupo representó el 32,5% de la fuerza laboral minera total, sumando 13.026 trabajadores formales. El rubro registró una caída interanual del 4,8% en el número de prestadores (3 firmas menos), pero lideró la creación neta de mano de obra con una suba del 6,6% (808 nuevos puestos).

En este segmento, la escala promedio asciende a 221 dependientes por empresa, aunque 12 compañías concentran el 82% del empleo total de la actividad, promediando 891 trabajadores por unidad productiva.

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En el segmento del litio se constata una configuración similar. Con 24 empresas registradas (2,4% del total), la rama ocupó a 5.382 trabajadores (13,4% del empleo minero), tras registrar un aumento interanual del 6,5% en sus nóminas (327 empleos adicionales).

La densidad laboral en esta actividad promedia los 224 empleados por compañía, registrándose una alta concentración donde 9 firmas reúnen el 94% del personal de la especialidad, con una media de 562 asalariados por firma.

En contraste, la prestación de servicios mineros representa la mayor porción de empresas pero con nóminas atomizadas. Este rubro congregó a 333 compañías (33,5% del entramado corporativo minero) y dio ocupación a 9.017 operarios (22,5% del total sectorial), reflejando una leve caída interanual del 0,9% en el personal y un promedio de 27 empleados por entidad.

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Por su parte, la extracción de rocas de aplicación reunió a 326 empresas (32,8% del total) y 5.509 puestos (13,7% del total), acusando un retroceso interanual del 5,2% en sus plantillas y un promedio de 17 operarios por compañía.

Distribución territorial del empleo

El comportamiento del empleo presentó dinámicas heterogéneas según las jurisdicciones subnacionales. Siete provincias explicaron el 82,1% del total de las nóminas mineras en marzo de 2026, reveló el informe de la Secretaría de Minería.

Santa Cruz encabezó la distribución geográfica con 8.887 puestos registrados, evidenciando un crecimiento del 3,1% interanual. Le siguió San Juan con 5.579 trabajadores y una expansión interanual del 8,4%. Entre ambas provincias concentran el 36,0% del empleo minero del país.

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En las provincias que integran la región del Noroeste Argentino (NOA), vinculadas fuertemente al desarrollo cada vez más importante del litio y a proyectos metalíferos, la ocupación sumó 12.520 trabajadores (31,2% del total nacional).

Salta contabilizó 5.569 operarios, pese a presentar un descenso interanual del 5,7%; Jujuy registró 3.538 empleados (-0,9% i.a.); mientras que Catamarca evidenció el mayor incremento interanual del país con una suba del 21,9%, alcanzando los 3.413 puestos directos.

La presencia de la mujer en la minería

Asimismo, las mediciones revelan un incremento en la participación de la mujer dentro de la nómina minera. En marzo de 2026, la ocupación femenina totalizó 5.312 puestos de trabajo, representando el 13,2% de la fuerza laboral directa del sector.

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La variación implica un crecimiento interanual del 4,6% en el empleo femenino (236 puestos adicionales), cifra que contrastó con el incremento del 0,7% registrado en el empleo masculino (255 puestos). La minería metalífera explicó la mayor absorción de mano de obra femenina con 1.819 trabajadoras, en tanto que el rubro del litio presentó la mayor tasa de feminización laboral, alcanzando una participación de la mujer del 20,6% sobre el total de sus nóminas.

Además del panorama nacional y la concentración por rubros, los datos desagregados del informe muestran comportamientos específicos en la región Pampeana y en los segmentos de menor escala productiva.

En las provincias de Buenos Aires y Córdoba, vinculadas prioritariamente a la extracción de rocas de aplicación y minerales no metalíferos, la ocupación minera sumó 3.945 y 2.017 puestos de trabajo formales, respectivamente.

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La masa laboral de ambas jurisdicciones concentró el 14,9% del total del país, registrando variaciones interanuales dispares: mientras Córdoba experimentó un crecimiento del 1,9%, la provincia de Buenos Aires mostró un leve retroceso del 0,8% en sus nóminas.

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ECONOMIA

¿El riesgo país perforará los 400 puntos?: qué proyectan los analistas tras la mejora de la nota de la deuda argentina

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Las tres calificadoras de riesgo más grandes del mundo elevaron la nota de la deuda argentina.

Moody’s elevó la calificación crediticia de Argentina y modificó su perspectiva a positiva tras observar una reducción significativa del riesgo de default y avances en la estabilización macroeconómica. La agencia se suma a Standard & Poor’s y Fitch Ratings, que en meses anteriores también mejoraron su nota sobre el país. Esta nueva mejora plantea interrogantes sobre el impacto real que podrá tener en el riesgo país y si podría abrir la puerta a un eventual retorno de Argentina a los mercados financieros globales.

La pregunta central es si el reconocimiento de los logros fiscales, la acumulación de reservas y la baja de la inflación, señalados por Moody’s, serán suficientes para que la confianza de los inversores internacionales se traduzca en un descenso sostenido del indicador elaborado por JP Morgan, la condición clave para volver a financiarse en el exterior. El reconocimiento de las tres principales calificadoras internacionales marca un hito para el crédito argentino, cuya emisión en el exterior se clausuró en 2018.

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Consultados por Infobae, analistas y consultores coinciden en que la mejora de la nota representa una señal positiva y necesaria, aunque no se traduciría en una reducción muy significativa del riesgo país. Si bien la decisión de la agencia estadounidense confirma una tendencia —ya que las otras calificadoras habían actuado en la misma dirección—, el acceso a los mercados globales dependerá de la evolución del riesgo país y de las decisiones de política económica del Gobierno. Si logra perforar el umbral de los 400 puntos básicos -actualmente en 421-, la posibilidad podría volverse más concreta, aunque por ahora el equipo económico mantiene una estrategia de financiamiento local.

Fernando Marull, titular de la consultora FMyA, destacó que las implicancias de la mejora de la nota crediticia son “muy positivas” para el país ya que la calificadora “reconoce avances macros y consistencia en el plan de estabilización”.

Al ser consultado sobre si esta decisión acerca al equipo económico a los mercados internacionales, Marrull planteó que “si esto ayuda a bajar mas el riesgo país debajo de los 400 puntos básicos, puede ser”. En tal sentido, aclaró que dependerá del Gobierno ya que “hay mercado” para colocar deuda en el exterior.

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A su turno, el analista financiero Christian Buteler explicó que por sus estatutos, los fondos internacionales tienen permitido operar o invertir en ciertos activos de riesgo y cuanto mejor es la calificación, los fondos que manejan más dinero tienen la posibilidad de invertir en activos argentinos, en este caso bonos.

“Toda mejora abre la puerta hacia más capitales que pueden fluir hacia la Argentina. El mercado esperaba que esta mejora venga esta semana. Por lo tanto, no es que en forma concreta vas a tener una reacción realmente muy llamativa en el precio de los bonos. Igualmente, es bueno que todas las calificadoras estén viendo lo mismo: una mejora sobre el riesgo argentino”, subrayó.

En ese contexto, Buteler subrayó que la administración libertaria ya cuenta con la posibilidad de emitir deuda en el exterior con un riesgo país que ronda los 400 puntos básicos, aunque por el momento optó por financiarse en el plano local a tasas más bajas y menor duración.

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Según las previsiones, Moody’s calcula que para el año 2026 la economía peruana experimentará una expansión del 3%.
Según las previsiones, Moody’s calcula que para el año 2026 la economía peruana experimentará una expansión del 3%. Foto: CAF

Para María Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Económicos, “probablemente esto tenga un efecto positivo en los mercados y en el riesgo país, y es un paso importante para que el Gobierno vuelva a los mercados”.

“Esto no implica que lo vaya a hacer definitivamente. De hecho, presentó un programa financiero para este año y el que viene que no requiere la salida de los mercados, pero lo que remarco es que las condiciones para que ello pueda ocurrir van mejorando con estas noticias”, apuntó Castiglioni Cotter.

Respecto a un posible regreso al endeudamiento externo, Matías de Luca, jefe de Research de Parakeet Capital, planteó que “es una decisión más personal del equipo económico” y que los funcionarios de la cartera presidida por Luis Caputo “fueron bastante claros en ese sentido: de momento no está la intención”.

“Si uno mira hoy Argentina con la perspectiva de comercio exterior que tiene por delante, con cómo honró todos los pagos de deudas, cómo sigue comprando reservas, cómo es prolijo en lo fiscal, la realidad es que hay fundamentos para que te guste el crédito argentino y también para pensar que en el futuro los bonos podrían rendir menos”, opinó de Luca.

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Y acotó: “En el medio se tiene que destrabar lo político el año que viene. Destrabar lo político es que haya o no haya cambio de mandato, que los andamios de este programa, principalmente el orden fiscal, se mantengan”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que, por el momento, no acudirá a los mercados internacionales al considerar que el costo del endeudamiento externo es muy elevado. (REUTERS/Agustín Marcarian)
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que, por el momento, no acudirá a los mercados internacionales al considerar que el costo del endeudamiento externo es muy elevado. (REUTERS/Agustín Marcarian)

Por su parte, Tobias Sanchez, portfolio manager de Cocos, consideró que la suba de Moody’s no sorprende, ya que el mercado la venía anticipando y, en buena parte, ya estaba descontada del precio de los activos argentinos.

“Pero hay algo que sí marca un punto de inflexión, con este movimiento se completa el tres de tres, las tres grandes calificadoras nos subieron la nota en lo que va del año. Fitch y S&P ya lo habían hecho entre mayo y junio, y ahora Moody’s se suma en el mismo nivel que las otras dos. Cuando las tres apuntan en la misma dirección, la señal deja de ser un dato aislado y pasa a ser tendencia. Lo relevante no es la letra en sí, sino lo que confirma, que la Argentina dejó de ser el país al borde del default y empieza a mostrar una mejora con bases más sólidas”, juzgó Sanchez.

Desde Puente mencionaron que, en principio, los bonos soberanos argentinos no evidenciaron una reacción significativa frente a la noticia de Moody’s, “dado que el mercado en su mayor parte ya estaba cerrado”. “No obstante, tampoco esperamos mucho ajuste tras esta noticia, dado que el repricing de la deuda a un nivel de B- ya se había hecho en su mayor parte luego de las primeras dos acciones de las calificadoras”, señalaron hacia adelante.

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ECONOMIA

Gremio clave cerró paritarias y el sueldo básico quedó cerca de los $4 millones

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El consejo directivo del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicas (SAFYB) acordó con las cámaras patronales una suba salarial para los meses de julio, agosto y septiembre que pone a los trabajadores y trabajadoras de dichas actividades entre las primeras del ranking de paritarias.

Las negociaciones se llevaron a cabo entre los paritarios de la organización gremial y los representantes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina y la Cámara de la Actividad Bioquímica (CAABIO). Las tratativas se llevaron a cabo en el marco del diálogo que posibilitó una sustancial mejora para el personal del sector.

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Paritarias: cómo quedá el sueldo básico de los Farmacéuticos

El beneficio alcanza a los afiliados a SAFYB, los cuales están protegidos por los convenios colectivos de trabajo números 691, 707, 794 y 795, suscriptos con las diferentes cámaras del sector. El gremio detalló que «la novedad es que los afiliados se están pasando al convenio colectivo 794/22, suscripto con la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica, por ser el más beneficioso a lo largo del tiempo».

Asimismo, avisó que el convenio es el único aplicable a los farmacéuticos, bioquímicos y/o licenciado en química, que se desempeñe en toda farmacia privada, farmacia de hospital, clínica, sanatorio o centro de salud, droguería, distribuidora, asociación profesional, laboratorio de análisis clínicos, industria farmacéutica, empresa de tecnología médica, empresa de suplementos dietarios, vacunatorio o establecimiento comprendido en las resoluciones M.E.C. y T. 565/04 y 566/04, cualquiera sea su razón social o jurídica.

Con el incremento pactado entre las partes, los básicos quedaron de la siguiente forma:

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  • Julio: $3.915.000.
  • Agosto $3.990.000.
  • Setiembre $4.065.000.

A estas sumas hay que agregarles los adicionales de convenio por Competencia, Gestión y Permanencia, que implican un 30 por ciento más de sueldo. Hay que decir, entonces, que en septiembre un trabajador o trabajadora farmacéutica o bioquímica percibirá, de mínima, 5.200.000 pesos.

El secretario General del sindicato, Marcelo Peretta, señaló que «en un contexto donde la mayoría de los trabajadores viene perdiendo frente a la inflación, los paritarios del SAFYB vienen demostrando que, con firmeza, lucha, persistencia y argumentaciones y fundamentos, sin paros ni protestas ni cortes, se pueden conseguir mejoras salariales y eso tiene que ver con el nuevo modelo sindical que venimos proponiendo desde hace varios años».

Advirtió que «debemos mantener esta línea de conducta que nos hace diferentes, contra dirigentes que solo buscan intereses personales y no el beneficio del conjunto de la clase trabajadora, a quienes han olvidado, sin defender sus derechos y eludiendo sus responsabilidades».

Las críticas del gremio al Gobierno de Javier Milei

En el reparto de críticas, también le tocó al gobierno y, en particular, al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, a quien denunció penalmente por incumplimiento de la Ley de Farmacia 17565 y por promover la banalización del uso de fármacos impulsando su venta en supermercados, kioscos e Internet. Afirmó que «la venta de medicamentos fuera de la farmacia quedó suspendida en el decreto 70/23 (incluso los de venta libre) y se ratificó que la dispensación requiere intervención obligatoria de profesional farmacéutico».

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Peretta se considera un liberal por lo que cuestiona la gestión del Ejecutivo, subrayando que «el capricho de Sturzenegger no es liberal ni genera competencia, solo promueve la automedicación, el gasto innecesario y el aumento de precios, como quedó probado con las cifras del INDEC de junio, donde los medicamentos aumentaron 52 por ciento más que la inflación».

Indicó que «esas medidas no son liberales, no fomenta la competencia, que hay que promoverla entre los laboratorios que son los que fijan el precio de los remedios y no las farmacias; y si provocan nuevos problemas de salud como adicciones o sobre uso de fármacos, no creemos en este falso liberalismo que promueve el ministro, al que denunciamos penalmente.

Además de felicitar a los trabajadores por el espíritu de unidad «sin el cual es imposible conseguir estos beneficios«, agradeció a los militantes del Movimiento Plural «Remedios Para Caba» y confirmó que en 2027 enfrentará a Jorge Macri por la Jefatura de Gobierno porteño.

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