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ECONOMIA

Ley de Lobby: empresarios alertan por trabas para dialogar con el Estado

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La discusión de la denominada Ley de Lobby sumó un nuevo capítulo este miércoles 10 de junio, cuando la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) salió a cuestionar varios aspectos del proyecto que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados y que forma parte del paquete de reformas institucionales impulsado por el Gobierno nacional.

La entidad empresaria aseguró compartir el objetivo de avanzar hacia una mayor transparencia en la relación entre funcionarios públicos y representantes de intereses privados.

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Pero alertó que el texto actualmente en análisis genera fuertes asimetrías entre el sector público y el privado y podría terminar limitando el diálogo institucional que mantienen empresas, cámaras empresarias, organizaciones civiles y legisladores.

El pronunciamiento se conoció en la previa de un nuevo plenario de comisiones en Diputados, donde la iniciativa comenzó a ser discutida con el objetivo de obtener dictamen en las próximas semanas.

La esencia del reclamo

A través de un comunicado, la CAC sostuvo que la transparencia en la gestión pública y la publicidad de los actos de gobierno constituyen principios fundamentales del sistema republicano.

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Sin embargo, consideró que el proyecto contiene disposiciones que deberían ser revisadas antes de avanzar hacia su aprobación.

La principal crítica apunta a que las nuevas obligaciones recaen casi exclusivamente sobre quienes buscan interactuar con funcionarios o legisladores, mientras que las exigencias para el sector público resultan considerablemente menores.

Según la entidad, el proyecto incorpora nuevas cargas administrativas para empresas, cámaras, fundaciones y asociaciones civiles que buscan participar en el debate de políticas públicas.

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Además, advierren que varios de los requisitos previstos podrían resultar difíciles de cumplir para pequeñas y medianas empresas u organizaciones con estructuras reducidas, generando una barrera de acceso al diálogo con el Estado.

«La imposición de nuevas y significativas cargas administrativas sobre el sector privado, no así sobre el público, y la exigencia de requerimientos de muy difícil cumplimiento para distintas organizaciones civiles y pymes implicarían su exclusión de cualquier contacto con el Gobierno y legisladores», señaló la CAC.

El punto que más preocupa

El aspecto más sensible para el sector empresario está vinculado con el régimen sancionatorio previsto en la iniciativa.

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La propuesta crea un Registro de Gestores de Intereses en el que deberán inscribirse quienes realicen gestiones ante funcionarios nacionales o legisladores con el objetivo de influir en decisiones públicas.

Para la CAC, el problema es que el proyecto contempla sanciones que pueden alcanzar el ámbito penal ante determinados incumplimientos, incluso cuando se trate de cuestiones formales.

La entidad advirtió que una omisión administrativa, como la falta de inscripción en el registro correspondiente o errores vinculados con las obligaciones informativas, podría derivar en consecuencias desproporcionadas.

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«El mayor control del lobby recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales», sostuvo la organización.

La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que en el mundo empresario existe consenso respecto de la necesidad de transparentar las gestiones de intereses.

Pero también crece la inquietud por el alcance que podrían tener las sanciones previstas en el texto impulsado por el Poder Ejecutivo.

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Qué busca la Ley de Lobby

El proyecto fue enviado por el Gobierno al Congreso a fines de mayo y tiene como objetivo regular una actividad que actualmente carece de una normativa integral en la Argentina.

La iniciativa procura dar visibilidad a las reuniones, presentaciones y gestiones realizadas por empresas, consultoras, cámaras empresarias, sindicatos, ONG y otros actores que buscan influir en decisiones gubernamentales o legislativas.

Entre otras medidas, propone la creación de un registro obligatorio de gestores de intereses, la publicación de reuniones mantenidas con funcionarios y la obligación de informar a quién representan quienes participan de esas gestiones.

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Desde la Casa Rosada sostienen que la norma permitirá fortalecer los mecanismos de transparencia, reducir espacios de discrecionalidad y equiparar a la Argentina con estándares internacionales vigentes en varios países desarrollados.

Proyecto resistido

Más allá del respaldo conceptual a la transparencia, el proyecto comenzó a encontrar resistencias dentro de sectores empresarios.

Representantes del mundo corporativo consideran que el texto avanzó más allá de la regulación de la actividad y terminó incorporando mecanismos que podrían desalentar la interacción entre el sector privado y el Estado.

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La CAC fue una de las primeras entidades de peso en fijar posición públicamente, aunque no es la única organización que sigue de cerca la evolución de la iniciativa.

La preocupación radica en que la representación de intereses constituye una práctica habitual en todas las economías modernas.

Otras cámaras empresarias, sindicatos, universidades, organizaciones sociales y entidades profesionales mantienen de manera permanente intercambios con funcionarios y legisladores.

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El objetivo es acercar propuestas, advertencias o posiciones sobre distintos proyectos.

Desde esa perspectiva, los empresarios consideran que una regulación excesiva podría terminar generando el efecto contrario al buscado: reducir la participación de actores privados y limitar el intercambio de información que suele nutrir los procesos de toma de decisiones.

El peso de la CAC

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios es una de las entidades empresarias más influyentes del país.

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Fundada en 1924, representa a empresas de comercio, servicios, tecnología, logística, turismo, finanzas y otras actividades vinculadas al mercado interno.

La organización agrupa además a numerosas cámaras sectoriales y regionales, por lo que suele tener un rol activo en los principales debates económicos y regulatorios.

Por ese motivo, su postura respecto del proyecto adquiere especial relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar con una norma que impactará directamente en la relación cotidiana entre el sector privado y el Estado.

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En ese marco, la entidad pidió a los legisladores introducir modificaciones que permitan alcanzar un equilibrio entre transparencia y participación, evitando que la futura ley termine afectando el normal funcionamiento de las empresas y organizaciones que interactúan con el sector público.

«La bienvenida y necesaria transparencia en los asuntos públicos no debe constituirse a costa de un perjuicio innecesario para el sector privado», concluyó la CAC.

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ECONOMIA

Aumento de sueldo para las Fuerzas Armadas en octubre de 2026: cuánto cobra cada rango

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Los montos varían según el grado jerárquico y forman parte de un esquema de incrementos escalonados que continuará hasta diciembre


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Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en octubre de 2026

  • Teniente general, almirante y brigadier general: $3.668.649.
  • General de división, vicealmirante y brigadier mayor: $3.271.629.
  • General de brigada, contraalmirante y brigadier: $2.980.776.
  • Coronel, capitán de navío y comodoro: $2.610.898.
  • Teniente coronel, capitán de fragata y vicecomodoro: $2.270.050.
  • Mayor y capitán de corbeta: $1.788.420.
  • Capitán y teniente de navío: $1.481.167.
  • Teniente primero, teniente de fragata y primer teniente: $1.317.411.
  • Teniente y teniente de corbeta: $1.187.690.
  • Subteniente, guardiamarina y alférez: $1.075.659.
  • Suboficial mayor: $1.834.321.
  • Suboficial principal: $1.626.169.
  • Sargento ayudante, suboficial primero y suboficial ayudante: $1.441.621.
  • Sargento primero, suboficial segundo y suboficial auxiliar: $1.268.067.
  • Sargento y cabo principal: $1.138.435.
  • Cabo primero: $1.021.681.
  • Cabo y cabo segundo: $945.624.
  • Voluntario de primera y marinero de primera: $861.334.
  • Voluntario de segunda y marinero de segunda: $797.085.

Cuánto cobra la Policía de Establecimientos Navales en octubre

  • Comisario inspector: $1.130.908.
  • Comisario: $1.085.492.
  • Subcomisario: $1.009.662.
  • Oficial principal: $880.560.
  • Oficial inspector: $801.060.
  • Oficial subinspector: $669.970.
  • Oficial ayudante: $554.953.
  • Oficial subayudante: $488.078.
  • Subescribiente: $796.940.
  • Sargento primero: $602.061.
  • Sargento: $576.935.
  • Cabo: $462.619.
  • Agente de primera: $447.159.
  • Agente de segunda: $439.922.

Cómo sigue el aumento salarial hasta diciembre



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ECONOMIA

La dura queja de Marcos Galperin contra la norma del BCRA que obliga a informar el costo financiero de los préstamos de su app

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El costo de un préstamo puede expresarse de distintas maneras y no siempre resulta claro cuál es el número que refleja lo que realmente paga quien toma un crédito. Tasa nominal, tasa efectiva, Costo Financiero Total (CFT): cada indicador responde a un cálculo diferente, y la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece qué debe mostrar exactamente una entidad financiera a sus clientes.

Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, cuestionó dicha normativa y aseguró que la información que el BCRA obliga a compartir con los usuarios puede ser “falsa” e “incorrecta”.

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Todo comenzó con una publicación del economista Agustín Etchebarne en la red social X. Bajo el encabezado “Educación financiera básica”, escribió: “Jamás tomes un préstamo a tasas altas. Tienes que mirar el costo financiero total. Es preferible ahorrar y que los intereses jueguen a tu favor”. El mensaje incluía la captura de pantalla de una simulación de préstamo de Mercado Pago, en la que el usuario recibe $10.000 en su cuenta y paga 12 cuotas fijas de $1.208,02, para un total a pagar de $14.496,24. La pantalla muestra además una Tasa Nominal Anual (TNA) de 60%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 79,59% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de 102,36 por ciento. Este último dato aparece resaltado con un trazo verde, y la imagen incluye la leyenda “Baratitos los préstamos de MELI”.

Marcos Galperín respondió a esa publicación con el siguiente mensaje: “El ‘Costo Financiero Total Efectivo Anual’ que el BCRA obliga a publicar es FALSO, INCORRECTO (y por ende INFLACIONADO). Asume que el interés se capitaliza (pagás interés sobre los intereses) y que el préstamo se renueva a lo largo de un año cada vez que vence. En decenas de millones de préstamos otorgados, eso no ocurre NUNCA”.

La publicación de Marcos Galperín sobre el CFTEA. (X)

El cuestionamiento del fundador de Mercado Libre se dirige, así, al indicador que el BCRA exige publicar y a los supuestos con los que, según plantea, se calcula.

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Qué establece la normativa del BCRA

Las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito” disponen que las tasas deben expresarse de forma homogénea y transparente, con el objetivo de que los usuarios del crédito cuenten con “elementos comparables para su evaluación”. Para eso, en los contratos, recibos y demás documentos donde se detallen tasas o importes de intereses, debe constar la tasa de interés anual pactada, la tasa efectiva anual, si la tasa es fija o variable y el Costo Financiero Total (CFT). Cuando se publicita un crédito y se menciona la cantidad de cuotas, su importe o la tasa de interés, la publicidad debe exponer de forma legible y destacada la TNA, la TEA, el CFT y el carácter fijo o variable de la tasa.

Tuit Agustín Etchebarne (VisualesIA)

La norma también regula cómo se muestra el dato. En una publicidad, el CFT debe colocarse en una tipografía de color destacado y de un tamaño al menos cinco veces mayor que el utilizado para informar la TNA. En los documentos de relación con usuarios de servicios financieros, el valor numérico del CFT y el signo “%” deben identificarse de manera legible y destacada: con al menos el doble del tamaño del resto de la información, o con una tipografía resaltada o un color distinto. Estas exigencias alcanzan a las entidades financieras y también a los proveedores no financieros de crédito comprendidos en las normas del BCRA.

Qué es el CFT y en qué se diferencia del CFTEA

En su sitio web, el BCRA define al CFT de la siguiente manera: “El Costo Financiero Total (CFT) es la principal variable que se debe tener en cuenta al elegir un préstamo personal, prendario o hipotecario, ya que es el mejor indicador del costo global que deberá afrontar el cliente. El CFT está compuesto por la tasa de interés nominal anual (TNA) y por todos aquellos costos asociados a la operación que impliquen la retribución de un servicio efectivamente prestado o un genuino reintegro de gastos”. Y agrega: “El CFT se expresa en forma de tasa de interés nominal anual, en tanto por ciento con dos decimales”.

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El Banco Central sostiene que el CFT es el mejor indicador del costo global que deberá afrontar el cliente.

La normativa, por su parte, establece que “el CFT se expresará en forma de tasa efectiva anual, en tanto por ciento con al menos un decimal, y se determinará agregando a la tasa de interés el efecto de las comisiones y cargos asociados a la operación, cualquiera sea su concepto”. El texto detalla qué conceptos se computan, entre ellos las primas de seguros requeridas como condición para obtener el crédito, los gastos de apertura y mantenimiento de cuentas asociadas a la financiación y el IVA sobre los intereses cuando quien toma el préstamo es consumidor final. Otros conceptos, como los impuestos que gravan los préstamos personales y prendarios, no se incluyen en el cálculo.

La diferencia entre el CFT y el CFTEA está, entonces, en la forma de expresarlo: el CFTEA es el costo financiero total expresado como tasa efectiva anual, que es la que la norma establece. La TNA es la tasa de interés que se aplica sobre el capital sin contemplar que los intereses se acumulan período a período. La TEA sí incorpora esa capitalización.

En la simulación difundida por Etchebarne, una TNA de 60% equivale a una tasa mensual de 5%; aplicada mes a mes durante un año, con los intereses acumulándose, da como resultado la TEA de 79,59%. A esa TEA, el CFTEA le suma los cargos y los impuestos asociados al préstamo, y en la simulación llega a 102,36%. A esa capitalización de los intereses remite el planteo de Galperín cuando señala que el indicador asume que se paga “interés sobre los intereses”.

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Las recomendaciones del BCRA a los usuarios

Además de la normativa, el BCRA difunde recomendaciones para quienes piden un préstamo personal. El organismo indica que, antes de aceptar, conviene comparar opciones y revisar cuánto dinero se recibirá, cuánto se pagará por mes, cuánto se devolverá en total, la cantidad de cuotas, el plazo, el CFT y qué sucede si hay una demora en el pago. Sobre la cuota, señala que no alcanza para comparar: “La cuota, por sí sola, no alcanza para saber cuánto cuesta un préstamo”.

El BCRA recomienda analizar con cuidado las tasas de interés de los préstamos antes de solicitarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el CFT, el BCRA sostiene que “muestra cuánto cuesta realmente un préstamo. Incluye intereses, comisiones, seguros, IVA y otros cargos”. Por eso, recomienda mirar ese dato y no solo la cuota o la tasa de interés, ya que la TNA, explica, “muestra únicamente la tasa de interés”. El organismo agrega que el CFT se expresa como una tasa anual y permite comparar el costo de distintas alternativas de financiación, y que para saber cuánto se devolverá en total también hay que considerar el monto recibido, el plazo y las cuotas. Finalmente, recomienda revisar las fechas de vencimiento y conocer qué cargos o consecuencias están previstos en caso de demora.

Las tasas de Mercado Pago

No es la primera vez que se discute públicamente sobre el valor de las tasas de interés de los préstamos otorgados por las empresas. En agosto, cuando se difundió que Mercado Pago cobraba intereses de hasta 1.375% por sus préstamos, la empresa explicó cuáles son las variables que entran en juega la momento de determinar el costo del financiamiento.

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En concreto, desde Mercado Pago explicaron que la tasa de cada usuario se determina según su perfil de riesgo individual y mejora a medida que construye historial de pago. El CFTEA más alto corresponde a los montos más bajos y a usuarios sobre los que la compañía todavía no tiene información suficiente, y cerca del 2% de los préstamos se otorga con ese valor.

En ese momento, la empresa también precisó que “el CFTEA no equivale a lo que el usuario devuelve”: en un préstamo de $100.000 a una TNA de 50% en 12 cuotas, por ejemplo, el CFTEA podría ubicarse en torno al 100%, pero el total a pagar rondaría los $135.000, porque “el indicador expresa el costo como si el crédito se extendiera los doce meses, mientras que en la práctica el capital se devuelve en cuotas”.

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ECONOMIA

Dónde queda el nuevo outlet Adidas con descuentos en zapatillas e indumentaria

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