ECONOMIA
Los bancos anticiparon una baja en la mora a partir del segundo semestre y reclamaron menos impuestos para impulsar el crédito
En un contexto de contracción del crédito al sector privado y suba de la mora bancaria, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, anticipó que el financiamiento a privados volverá a crecer en 2026 y proyectó una reducción en los niveles de morosidad para el segundo semestre del año.
Durante el tradicional cocktail por el Día del Periodista, Bolzico habló sobre las perspectivas del crédito para el año en curso y vislumbró que “en 2026 el crédito volverá a crecer y marcará 3 años consecutivos de crecimiento”.
No obstante, advirtió que “aún estamos en niveles bajos de bancarización; los préstamos solo representan actualmente el 12,5% del PBI”. Planteó como meta que el crédito llegue a 25% del PBI en los próximos años y “a partir de allí alcanzar el promedio de la región, en torno al 50%”.
El presidente de Adeba también abordó la cuestión de la morosidad: “En este camino tuvimos un fenómeno coyuntural, la suba de la mora crediticia a partir de la segunda mitad de 2025”. Frente a ese escenario, detalló que “los bancos actuaron proactivamente trabajando con sus clientes en busca de las soluciones según cada situación. Por otra parte, los bancos contaban con buen nivel de capital y previsiones para enfrentar situaciones como estas”.
El referente bancario proyectó una mejora para el segundo semestre de 2026: “La cartera irregular comenzará a bajar en este segundo semestre para ir convergiendo a niveles normales”.
En simultáneo, Bolzico subrayó que, para evaluar el éxito de la política económica y del sistema financiero en los próximos años, “si tuviéramos que elegir una variable para medir dentro de unos años el éxito, en lo que respecta al sistema financiero, de la política económica, de las regulaciones del BCRA y del trabajo de los bancos, esa variable sería el crédito bancario, como porcentaje del PBI”.
En su presentación, recordó una definición del presidente Javier Milei: “el crédito es quizás el mejor instrumento de movilización social que existe porque básicamente es la pieza fundamental del engranaje del crecimiento económico”, y añadió: “y esa intermediación entre el ahorro y la inversión está a cargo del sistema financiero”.
A la vez, el disertante sostuvo que su sector asume esa responsabilidad y señaló que “el crédito bancario es el resultado de la intermediación financiera, y su desarrollo dependerá tanto de lo que haga el sector público como el sector privado”. Para Bolzico, el Estado debe generar las condiciones macroeconómicas, el marco regulatorio y esquemas impositivos adecuados, mientras que las entidades bancarias tienen el deber de aportar “capital, gestión de riesgos e innovación para brindar servicios financieros de calidad”.
Al analizar la dinámica de la economía bimonetaria en la Argentina, el directivo detalló que en el segmento en moneda local los bancos transforman el 85% de los depósitos que reciben en créditos al sector privado. Aunque consideró que “esa es una buena tasa de conversión”, indicó que “la velocidad de crecimiento de los depósitos depende principalmente de la demanda de dinero”.
Para potenciar el desarrollo del crédito en pesos, sugirió que los bancos accedan a fondeo de largo plazo en el mercado de capitales y afirmó que “eso permitirá aumentar el crédito, y sobre todo extender los plazos”. Como ejemplo, señaló que “la evolución del crédito hipotecario dependerá en gran medida de este tipo de fondeo, tal como ocurre en el resto del mundo”.
Respecto al segmento en dólares, Bolzico explicó que la tasa de transformación de depósitos a créditos es más baja: 55 por ciento. Asimismo, relacionó esta diferencia con “las restricciones legales para prestar los depósitos en dólares y otras cuestiones prudenciales”, en relación a las reglas macroprudenciales vigentes que impiden los préstamos a quienes no generen divisas. Sin embargo, remarcó que “los depósitos en dólares tienen gran potencial para crecer”.
Según sus cálculos, los argentinos tienen USD 330.000 millones de fondos líquidos fuera del sistema financiero; de los cuales USD 250.000 millones de dólares se encuentran dentro del país. Y acotó que los depósitos dentro del sistema financiero son solo 40.000 millones de dólares. Para revertir esa situación, consideró que “es necesario crear las condiciones de confianza y retorno para atraer el ahorro argentino que está fuera del sistema financiero formal”.
Bolzico definió el desafío: “Argentina debe ser capaz de incorporar esos ahorros al proceso productivo formal”. Según su diagnóstico, “hay ahí un gran desafío, pero también una oportunidad para el crecimiento del crédito”.
Por otra parte, el titular de Adeba se refirió a la carga impositiva como un factor que limita la intermediación financiera y planteó que el Estado “debe generar esquemas impositivos adecuados, que favorezcan la intermediación financiera”.
“Tenemos una de las cargas tributarias más altas del mundo sobre el sistema financiero y además con tributos altamente distorsivos. Los impuestos sobre las operaciones financieras reducen el retorno de los depósitos y aumentan el costo del crédito”, continuó.
Además, remarcó la presión de las tasas municipales y provinciales: “Hay municipios que cobran entre el 5 y 8% sobre los ingresos totales bajo el concepto de tasas municipales, en teórica contraprestación por servicios prestados. Eso además de las cargas provinciales sobre Ingresos Brutos. Esto es incompatible con el desarrollo del crédito”.
Bolzico vinculó la baja bancarización de las últimas décadas a “la alta carga impositiva que deben soportar quienes operan dentro del sistema financiero formal”, y señaló que esa situación “reduce el crédito y eleva su costo”.
Con una visión de mediano plazo, afirmó que la Argentina “está frente a una gran oportunidad y que será aprovechada”. Subrayó la importancia de que “las políticas públicas de los tres niveles de gobierno generen las condiciones para que Argentina pueda canalizar eficientemente el ahorro privado hacia préstamos a familias y empresas”.
Para el sector bancario, enfatizó que “el sistema financiero por su parte viene demostrando su capacidad y compromiso para generar créditos y ofrecer servicios financieros de calidad cuando se dan las condiciones”. Bolzico concluyó su intervención con un mensaje sobre el rol de las entidades: “Trabajar por una mejor intermediación financiera es el desafío de todos y ahí encontrarán a los bancos. Haciendo lo que saben, trabajando de bancos”.
ECONOMIA
Crecimiento récord en el sector energético: YPF tuvo el mejor primer trimestre de su historia
YPF registró el mejor primer trimestre de su historia con una ganancia de USD 409 millones. El dato surge del informe de Energía y Mercado elaborado por RICSA ALyC, que también documenta exportaciones de combustibles en máximos históricos y un superávit energético que explicó más de la mitad del saldo comercial positivo del país en el período analizado. El estudio subraya, además, que el resultado contrasta con la pérdida de USD 10 millones anotada en el mismo período del año anterior y los USD 649 millones negativos del trimestre inmediatamente previo.
El desempeño de la compañía se produjo en un contexto global adverso para el sector: las principales petroleras internacionales cerraron mayo con bajas de entre 5% y 7%, arrastradas por el abaratamiento del crudo ante las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Según el informe de RICSA, tras picos cercanos a USD 120 por barril registrados en el primer trimestre a raíz de la crisis del Estrecho de Ormuz, el precio del petróleo cedió terreno en mayo. Las acciones de Total, Shell, Chevron y Exxon reflejaron esa presión.
Las energéticas argentinas, en cambio, tomaron un rumbo opuesto. Con un perfil exportador neto, la corrección de los precios internacionales dejó de afectar las cuentas externas de las empresas locales de la manera en que lo hacía en años anteriores, según consigna el documento de RICSA. Las acciones del sector lideraron las subas del mercado doméstico, impulsadas por los resultados del primer trimestre y el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El EBITDA ajustado de YPF alcanzó un récord de USD 1.594 millones, con un margen del 32%. La producción shale promedió 205.000 barriles diarios, un incremento del 39% interanual, y ya representa el 76% del petróleo total de la empresa. El costo de extracción cayó un 42%, hasta USD 8,8 por barril equivalente de petróleo (boe), de acuerdo con los datos del informe.
En paralelo, la compañía presentó el megaproyecto LLL Oil —Loma La Lata— bajo el marco del RIGI. Se trata de un cluster integrado de cinco bloques con 1.152 pozos y una inversión proyectada de USD 25.000 millones, lo que lo posiciona como una de las apuestas de mayor envergadura en la historia reciente del sector hidrocarburífero argentino.
Pampa Energía también registró un trimestre sólido, con un EBITDA ajustado de USD 325 millones, un 48% por encima del mismo período del año anterior, e ingresos totales de USD 573 millones, según el estudio de RICSA. La producción total de la compañía alcanzó un récord de 100.600 boe/d, traccionada por el yacimiento Rincón de Aranda, que superó los 24.000 barriles diarios. La empresa tiene presentados proyectos bajo el RIGI por más de USD 6.900 millones, que incluyen operaciones shale en Rincón de Aranda y un complejo petroquímico y de urea en Bahía Blanca.
La ola inversora no se limitó a los actores ya establecidos en Vaca Muerta. El Gobierno aprobó el gasoducto San Matías, una obra de USD 1.300 millones destinada en su totalidad a la exportación de gas natural licuado (GNL). A su vez, Pan American Energy (PAE) presentó el proyecto Cerro Dragón por USD 680 millones, el primero bajo el régimen RIGI fuera de la cuenca neuquina, según detalla el informe de RICSA.
Las exportaciones de combustibles y energía acompañaron ese dinamismo productivo. Las cantidades exportadas crecieron un 53,2% y los precios subieron un 21,3%, lo que llevó la balanza energética a un superávit de USD 1.402 millones, el mayor registro mensual de la historia, de acuerdo con el documento. Ese resultado equivalió al 52% del superávit comercial total del país, que en el mismo período sumó USD 2.711 millones, también un máximo histórico.
El informe de RICSA señala que junio arranca con el RIGI y Vaca Muerta manteniendo el protagonismo del sector, con anuncios de inversión que consolidan el interés de operadores tanto locales como internacionales en la cuenca.
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En los próximos días se actualizarán los sueldos, según la inflación. Luego, deberán acordar si los aumentos son mensuales o cambia la modalidad.
10/06/2026 – 18:45hs
Mientras los gremios miran de reojo la posible convocatoria a revisión de los convenios colectivos de trabajo, el consejo directivo de la Asociación Bancaria (AB) se prepara para sentarse a una mesa de negociaciones con las patronales que tendrá características especiales para el sector: el primer punto es si continúa la recomposición de ingresos mes a mes; la segunda es un fuerte rechazo a la reconversión de la actividad, por el cierre de sucursales y el despido de persona.
Todo esto en el marco de la Ley de Modernización Laboral que es objetada por el gremio que lidera Sergio Palazzo.
Hoy, el sueldo básico de los trabajadores y trabajadoras bancarias quedó en 2.319.195,20 pesos. en tanto que el bono por el «Día del Bancario/a» se fue a 2.067.482,29 pesos para la categoría más baja, que se actualizan hasta el pago, que es el 6 de noviembre. Estos importes se deben actualizar en los próximos días, cuando se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo.
Gremio de empleados bancarios y reforma laboral: quiénes participan en las paritarias
Si bien en estos años no se registraron conflictos por demandas salariales, en los últimos meses se llevaron a cabo paros y marchas puntuales por la situación que atraviesan desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA), pasando por el Hipotecario, Superville y Santander. La disputa pasa por el cierre de sucursales y el despido de personal «en muchos casos dibujado como retiros voluntarios», apuntaron desde el gremio.
Ahora se abre otro frente. Este mes el incremento salarial en línea con la inflación está garantizado. Sin embargo, una vez otorgado el aumento, los paritarios gremiales deberán discutir con los representantes de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos), ABAPPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina), ABA (Asociación de Bancos de la Argentina), ABRA (Asociación de Bancos de la República Argentina) más el banco Central, cómo continúa la recomposición salarial que, hasta el momento, es mes a mes.
Según los voceros de La Bancaria, la intención es continuar con este proceso; en tanto que la mayoría de las entidades crediticias privadas seguirían esta línea, amén de las disputas laborales ya mencionadas. Los interrogantes pasan por el sector público, principalmente por el Central y su sintonía con el ministerio de Economía, propenso a fijar un techo a las mejoras salariales que no superen el 2 por ciento; es decir, por debajo de la inflación.
Aumento de sueldo por inflación: ¿se aplicará un techo salarial?
Para el jefe del Palacio de Hacienda, Palazzo es un referente de la defensa de los salarios y un objetivo a doblegar, aunque no se meten abiertamente en las negociaciones salariales y los acuerdos mes a mes ni siquiera necesitan de una homologación formal para que se efectivicen los pagos de parte de las entidades crediticias.
El jefe de La Bancaria es, además, diputado nacional y uno de los principales detractores de la recientemente aprobada reforma laboral, a la que considera que «no va a generar más puestos de trabajo; todo lo contrario, va a crecer más la precarización». Asimismo, viene cuestionando la gestión de entidades como el Hipotecario, Supervielle y Santander por la «política de cierre de sucursales y el despido de trabajadores sin un plan de contención que atienda la situación humana».
La paritaria bancaria que se desarrollará en los próximos días será de vital importancia no solo para el sector, sino para el resto de las organizaciones gremiales, teniendo en cuenta que se trata de una e las pocas actividades que mantienen niveles de «productividad», pero en el marco de una reconversión del sistema financiero.
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La discusión de la denominada Ley de Lobby sumó un nuevo capítulo este miércoles 10 de junio, cuando la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) salió a cuestionar varios aspectos del proyecto que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados y que forma parte del paquete de reformas institucionales impulsado por el Gobierno nacional.
La entidad empresaria aseguró compartir el objetivo de avanzar hacia una mayor transparencia en la relación entre funcionarios públicos y representantes de intereses privados.
Pero alertó que el texto actualmente en análisis genera fuertes asimetrías entre el sector público y el privado y podría terminar limitando el diálogo institucional que mantienen empresas, cámaras empresarias, organizaciones civiles y legisladores.
El pronunciamiento se conoció en la previa de un nuevo plenario de comisiones en Diputados, donde la iniciativa comenzó a ser discutida con el objetivo de obtener dictamen en las próximas semanas.
La esencia del reclamo
A través de un comunicado, la CAC sostuvo que la transparencia en la gestión pública y la publicidad de los actos de gobierno constituyen principios fundamentales del sistema republicano.
Sin embargo, consideró que el proyecto contiene disposiciones que deberían ser revisadas antes de avanzar hacia su aprobación.
La principal crítica apunta a que las nuevas obligaciones recaen casi exclusivamente sobre quienes buscan interactuar con funcionarios o legisladores, mientras que las exigencias para el sector público resultan considerablemente menores.
Según la entidad, el proyecto incorpora nuevas cargas administrativas para empresas, cámaras, fundaciones y asociaciones civiles que buscan participar en el debate de políticas públicas.
Además, advierren que varios de los requisitos previstos podrían resultar difíciles de cumplir para pequeñas y medianas empresas u organizaciones con estructuras reducidas, generando una barrera de acceso al diálogo con el Estado.
«La imposición de nuevas y significativas cargas administrativas sobre el sector privado, no así sobre el público, y la exigencia de requerimientos de muy difícil cumplimiento para distintas organizaciones civiles y pymes implicarían su exclusión de cualquier contacto con el Gobierno y legisladores», señaló la CAC.
El punto que más preocupa
El aspecto más sensible para el sector empresario está vinculado con el régimen sancionatorio previsto en la iniciativa.
La propuesta crea un Registro de Gestores de Intereses en el que deberán inscribirse quienes realicen gestiones ante funcionarios nacionales o legisladores con el objetivo de influir en decisiones públicas.
Para la CAC, el problema es que el proyecto contempla sanciones que pueden alcanzar el ámbito penal ante determinados incumplimientos, incluso cuando se trate de cuestiones formales.
La entidad advirtió que una omisión administrativa, como la falta de inscripción en el registro correspondiente o errores vinculados con las obligaciones informativas, podría derivar en consecuencias desproporcionadas.
«El mayor control del lobby recaería sobre el sector privado, llegando a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales», sostuvo la organización.
La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que en el mundo empresario existe consenso respecto de la necesidad de transparentar las gestiones de intereses.
Pero también crece la inquietud por el alcance que podrían tener las sanciones previstas en el texto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Qué busca la Ley de Lobby
El proyecto fue enviado por el Gobierno al Congreso a fines de mayo y tiene como objetivo regular una actividad que actualmente carece de una normativa integral en la Argentina.
La iniciativa procura dar visibilidad a las reuniones, presentaciones y gestiones realizadas por empresas, consultoras, cámaras empresarias, sindicatos, ONG y otros actores que buscan influir en decisiones gubernamentales o legislativas.
Entre otras medidas, propone la creación de un registro obligatorio de gestores de intereses, la publicación de reuniones mantenidas con funcionarios y la obligación de informar a quién representan quienes participan de esas gestiones.
Desde la Casa Rosada sostienen que la norma permitirá fortalecer los mecanismos de transparencia, reducir espacios de discrecionalidad y equiparar a la Argentina con estándares internacionales vigentes en varios países desarrollados.
Proyecto resistido
Más allá del respaldo conceptual a la transparencia, el proyecto comenzó a encontrar resistencias dentro de sectores empresarios.
Representantes del mundo corporativo consideran que el texto avanzó más allá de la regulación de la actividad y terminó incorporando mecanismos que podrían desalentar la interacción entre el sector privado y el Estado.
La CAC fue una de las primeras entidades de peso en fijar posición públicamente, aunque no es la única organización que sigue de cerca la evolución de la iniciativa.
La preocupación radica en que la representación de intereses constituye una práctica habitual en todas las economías modernas.
Otras cámaras empresarias, sindicatos, universidades, organizaciones sociales y entidades profesionales mantienen de manera permanente intercambios con funcionarios y legisladores.
El objetivo es acercar propuestas, advertencias o posiciones sobre distintos proyectos.
Desde esa perspectiva, los empresarios consideran que una regulación excesiva podría terminar generando el efecto contrario al buscado: reducir la participación de actores privados y limitar el intercambio de información que suele nutrir los procesos de toma de decisiones.
El peso de la CAC
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios es una de las entidades empresarias más influyentes del país.
Fundada en 1924, representa a empresas de comercio, servicios, tecnología, logística, turismo, finanzas y otras actividades vinculadas al mercado interno.
La organización agrupa además a numerosas cámaras sectoriales y regionales, por lo que suele tener un rol activo en los principales debates económicos y regulatorios.
Por ese motivo, su postura respecto del proyecto adquiere especial relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar con una norma que impactará directamente en la relación cotidiana entre el sector privado y el Estado.
En ese marco, la entidad pidió a los legisladores introducir modificaciones que permitan alcanzar un equilibrio entre transparencia y participación, evitando que la futura ley termine afectando el normal funcionamiento de las empresas y organizaciones que interactúan con el sector público.
«La bienvenida y necesaria transparencia en los asuntos públicos no debe constituirse a costa de un perjuicio innecesario para el sector privado», concluyó la CAC.
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