ECONOMIA
La agencia Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina
La calificadora Moody’s elevó la nota crediticia de la deuda soberana de Argentina, pasando de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera, y modificó la perspectiva de estable a positiva. Según la agencia, esta mejora obedece a una reducción significativa del riesgo de default, en un contexto en el que la estabilización macroeconómica avanzó hacia una mejora más sostenible de los fundamentos crediticios, lo que también refleja un fortalecimiento en la gobernanza.
La calificadora destaca que los superávits fiscales sostenidos, la baja de la inflación y la continuidad de la liberalización económica refuerzan la credibilidad de las políticas y disminuyen la volatilidad macroeconómica. Además, resalta que el panorama externo de Argentina muestra una mejora notable, respaldada por un mejor desempeño exportador y un aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería, junto con un acceso más fluido al financiamiento internacional.
Según explicó la firma estadounidense, la perspectiva positiva refleja la visión de que el perfil crediticio de Argentina “podría fortalecerse aún más si las mejoras estructurales en las finanzas externas se combinan con la estabilización macroeconómica en curso”.
“Aunque persisten riesgos políticos de cara a las elecciones generales de 2027, se considera que el abanico de posibles políticas se ha reducido respecto a ciclos anteriores, lo que aumenta la probabilidad de continuidad en las medidas actuales y de mejoras sostenidas en la liquidez externa y la capacidad de pago de la deuda”, agregó el informe de Moody’s.
En tal sentido, precisaron que la calificación en moneda local se elevó a Ba3 desde B1, mientras que en moneda extranjera subió a B1 desde B2. La diferencia de tres escalones entre ambos representa “una mayor previsibilidad en las acciones e instituciones del gobierno y una menor intervención estatal en la economía y el sistema financiero, frente a riesgos políticos persistentes y desequilibrios externos que mejoran de forma gradual”. En tanto, la divergencia entre las notas en moneda extranjera y el de moneda local responde a una “mayor eficacia de las políticas y un bajo nivel de endeudamiento externo, aunque limitada por la baja apertura de la cuenta de capital”.
Tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el viceministro de Economía, José Luis Daza, destacaron la decisión de la calificadora. “Con esta decisión, las tres grandes calificadoras (Moody’s, S&P y Fitch) quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década. Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”, planteó Daza en su cuenta oficial de X.
En su comunicado, Moody’s explicó que el ajuste macroeconómico argentino evolucionó hacia un proceso de normalización más integral, sostenido por superávits fiscales continuos y un giro definitivo hacia la estabilización de la política económica y monetaria. Según la calificadora, el superávit fiscal funciona como el ancla central del programa de estabilización, ya que sostiene la desinflación, reduce las vulnerabilidades de financiamiento y fortalece la credibilidad de las políticas.
A diferencia de intentos de estabilización previos, que dependieron en gran medida de medidas transitorias o de ingresos externos de corto plazo, la agencia remarcó que el ajuste actual se apoya en una corrección sostenida de los desequilibrios fiscales, la eliminación del financiamiento monetario y las distorsiones de mercado, una normalización progresiva de los esquemas monetario y cambiario, y flujos genuinos de inversión. “La combinación de estas políticas redujo significativamente la volatilidad macroeconómica, fortaleció la confianza y creó condiciones para una recuperación gradual de la actividad del sector privado, evitando a la vez un resurgimiento de los desequilibrios que derivaron en la crisis de balance de pagos de 2023”, señaló Moody’s.
La firma también destacó que la credibilidad de las políticas se ve reforzada por mejoras institucionales y patrimoniales en todo el sector público, entre ellas la recapitalización del Banco Central y la reducción de los pasivos intra sector público, mientras que la baja de la inflación favorece la recuperación de los ingresos reales y de la confianza.
A esto se suman las reformas estructurales, incluidos los cambios en el mercado laboral y la desregulación en sectores clave, que a criterio de la calificadora están mejorando el entorno de negocios y promoviendo un reequilibrio gradual en la composición de la inversión y la actividad económica, hacia un modelo de crecimiento liderado por el sector privado. En ese marco, Moody’s proyectó una expansión del producto bruto interno de 3,4% para 2026 y de 3,5% para 2027.
El otro pilar de la suba de calificación es el frente externo. La calificadora sostuvo que “la posición externa de Argentina mejoró de manera sustancial” y que esa mejora se caracteriza cada vez más por avances estructurales en la generación de divisas. Históricamente, remarcó el informe, los desequilibrios externos, la pérdida de reservas y las crisis recurrentes de balance de pagos representaron la principal fuente de vulnerabilidad del país, restringiendo en forma reiterada el crecimiento económico y limitando la capacidad de pago.
De acuerdo con Moody’s, el desempeño exportador se fortaleció en una base amplia de sectores, entre ellos agricultura, manufacturas y servicios, mientras que el sector energético pasó de ser una fuente de presión externa a generar un superávit creciente. La agencia atribuyó esta mejora tanto al éxito del ajuste macroeconómico como a una transformación profunda en marcha en el sector exportador del país, impulsada por inversiones a gran escala en hidrocarburos, minería e infraestructura.
En ese sentido, el informe puso el foco en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), orientado a atraer inversiones de gran escala y largo plazo en sectores con capacidad de incrementar de manera significativa la capacidad exportadora del país. Moody’s repasó que ese régimen catalizó flujos de inversión considerables, con una cartera de proyectos por USD 141.700 millones —equivalente a alrededor del 20% del producto bruto interno—, de los cuales USD 45.000 millones se encuentran en proceso de ejecución.
La calificadora precisó que estas inversiones se financian en gran medida en el largo plazo, lo que reduce la dependencia del endeudamiento soberano y a la vez genera un ingreso sostenido de divisas. A esto se agrega una mejora en la composición del financiamiento externo, con mayor peso de la inversión extranjera directa, el apoyo multilateral y el endeudamiento del sector privado, factores que refuerzan la disponibilidad de divisas y la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones externas.
Respecto de las reservas, Moody’s remarcó que la acumulación se fortaleció de manera significativa durante 2026, con compras del Banco Central por más de USD 11.000 millones hasta la mitad del año, sin que ese proceso generara presiones sobre el tipo de cambio. Aunque reconoció que los colchones de reservas siguen siendo relativamente débiles, la calificadora consideró que la mejora en la dinámica externa subyacente y en la capacidad de financiamiento redujo los riesgos de balance de pagos y disminuyó las preocupaciones en torno a las presiones de pago de deuda, en particular para 2026 y 2027.
Sobre la perspectiva positiva, la calificadora amplió que la fortaleza fiscal, la baja de la inflación y la creciente credibilidad de las políticas probablemente continúen, mientras que las inversiones de gran escala en energía y minería se traducirían en ganancias sostenidas de capacidad exportadora e ingreso de divisas. No obstante, Moody’s advirtió que «el ajuste macroeconómico deberá continuar hasta que una porción mayor de los proyectos del sector externo se concreten en 2027″, ya que, pese a las mejoras recientes, los colchones externos todavía no son lo suficientemente sólidos como para resistir un shock político o de balance de pagos.
En cuanto al escenario electoral, el informe planteó que un cambio en el panorama político tras los comicios de 2027 podría alterar la trayectoria de las políticas actuales. “La elección de una administración más intervencionista que revierta parcialmente las reformas recientes implicaría el riesgo de reintroducir distorsiones en la inversión, el comercio, el mercado cambiario y el manejo fiscal”, sostuvo Moody’s, y agregó que ese escenario probablemente debilitaría la confianza de los inversores, desaceleraría los flujos de inversión y limitaría la acumulación de reservas externas, erosionando de manera gradual las mejoras crediticias logradas durante el ajuste actual.
Luis Toto Caputo,ExpoEFI,economía,Argentina,ministro,política,finanzas,discurso,conferencia
Todo el crédito al sector privado suma actualmente 14,9% del PBI
La cartera comercial representa apenas el 18% del saldo irregular
Lo que más afectó a la economía fue el freno del crédito
Corporate Events,South America / Central America
“Algunos indicadores anticipados dan cuenta de que habrían empezado a recuperar algo de lo perdido en agosto”
“Al Gobierno se le cerró el acceso al mercado en moneda extranjera y le resultará difícil emitir los USD 5.000 millones que proyectaba conseguir del mercado local”
“Los dólares que nos faltaban en nuestras cuentas se generaron en buena medida por una economía que no creció 3,2% como esperaba el mercado, sino que va a crecer por debajo del 2 por ciento”
- Qué tan eficaz sería la intervención en futuros de dólar en un eventual contexto de crisis cambiaria;
- Cómo reaccionaría el mercado ante una seguidilla de caídas en el stock de reservas del BCRA por ventas constantes de dólares del Tesoro; y,
- Cómo evolucionaría la tasa de interés y, en consecuencia, la actividad, el empleo, los ingresos y la opinión pública, durante el trayecto de suba del 25% del tipo de cambio hasta el techo de la banda, que es el punto en el cual el Central podría intervenir libremente según el esquema de bandas que se autoimpuso.
“Un tipo de cambio que se sostiene con una batería de restricciones no puede ser un tipo de cambio de equilibrio”
“El precio de los alimentos podría amortiguar las presiones, dado que los precios internacionales bajaron levemente en las últimas semanas”
ECONOMIA
Ingresos Brutos: la industria pone la mira en las provincias y busca impulsar un nuevo pacto fiscal en el año de elecciones
La discusión sobre los impuestos que afectan a la producción vuelve a ocupar un lugar central en la agenda empresaria. En momentos en que los gobiernos provinciales preparan sus proyectos de ley impositivos para 2027, la industria sigue de cerca las decisiones que tomarán las distintas jurisdicciones sobre Ingresos Brutos, uno de los tributos más cuestionados por el sector y el consenso de los economistas.
El escenario combina expectativas por posibles reducciones, dificultades fiscales en las provincias y un reclamo de coordinación que los industriales buscan instalar en todo el país.
La Unión Industrial Argentina (UIA) pretende aprovechar esta instancia de discusión tributaria para avanzar con una propuesta de reducción de la carga sobre la actividad manufacturera. El planteo tendrá un espacio destacado durante la Conferencia Industrial que la entidad realizará el próximo 3 de noviembre, donde uno de los ejes centrales será la cuestión impositiva y la necesidad de avanzar hacia un Pacto Fiscal Federal Industrial.
El objetivo es que las modificaciones no dependan exclusivamente de decisiones aisladas, sino que formen parte de una estrategia coordinada para reducir los impuestos
La iniciativa tomó impulso durante el Día de la Industria, el 2 de septiembre, cuando el presidente de la entidad, Martín Rappallini, planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo que involucre a los distintos niveles de gobierno. El objetivo es que las modificaciones no dependan exclusivamente de decisiones aisladas, sino que formen parte de una estrategia coordinada para reducir los impuestos que afectan a las empresas manufactureras.
En ese contexto, el reciente anuncio de Catamarca de avanzar hacia una alícuota del 0% de Ingresos Brutos para la industria despertó expectativas entre los empresarios. La UIA busca que otras provincias adopten medidas similares, aunque advierte que eliminar el impuesto no resulta suficiente si continúan vigentes los mecanismos de retención y percepción que generan saldos a favor de las compañías.
Consultado al respecto, Carlos Abeledo, jefe del Departamento de Política Tributaria de la central fabril, explicó que el sector pretende impulsar cambios en los tres niveles de gobierno.
“Queremos empezar a atacar fuertemente toda la carga tributaria que tiene la industria”, sostuvo. Según señaló, la entidad busca que la actividad industrial tenga prioridad por su capacidad de generación de empleo y su necesidad de competir.
Si no sacan los regímenes de recaudación, no alcanza con que ellos pongan en 0% la alícuota de Ingresos Brutos (Abeledo)
El especialista explicó que la organización pretende avanzar con una reducción progresiva de Ingresos Brutos hasta alcanzar una alícuota del 0%, pero también reclama la eliminación de los regímenes de recaudación. Según Abeledo, estos mecanismos provocan que las empresas acumulen saldos a favor que aumentan mes a mes y cuya devolución resulta difícil.
De acuerdo con los cálculos que mencionó, la alícuota nominal promedio del impuesto es del 1,5%, pero la carga que afrontan las empresas llega al 3,4% al considerar los regímenes de recaudación. La diferencia refleja, según su planteo, el problema financiero que generan las retenciones y percepciones sobre las compañías.
“Si no sacan los regímenes de recaudación, no alcanza con que ellos pongan en 0%”, advirtió Abeledo al referirse a las iniciativas provinciales. En algunas jurisdicciones existen mecanismos para compensar saldos a favor con otros impuestos, mientras que en otras es posible solicitar devoluciones, aunque el dirigente señaló que las posibilidades de recuperarlos son escasas.
Las provincias y las dificultades para reducir impuestos
El principal obstáculo para avanzar con las rebajas es la situación de las cuentas públicas provinciales. Nadín Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), advirtió que el deterioro de la recaudación limita considerablemente el margen para introducir modificaciones tributarias.
“El contexto de pérdida de recaudación, a mi criterio, va a limitar al extremo las posibilidades de bajas”, sostuvo. Según explicó, las provincias enfrentan situaciones de déficit o de superávit muy reducido, lo que dificulta resignar ingresos provenientes de uno de sus principales tributos.
En ese escenario, Argañaraz consideró más probable que las modificaciones surjan de un acuerdo entre varias jurisdicciones que de iniciativas individuales. A su entender, una transformación de mayor alcance debería incluir una reforma tributaria, una revisión de la distribución de la recaudación y cambios en la asignación de las responsabilidades de gasto.
El economista destacó que el impacto directo conjunto de Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre el precio de venta industrial, neto de IVA, alcanza el 2%, considerando promedios ponderados de todo el país. También dijo que durante los últimos tres años no se registraron cambios sensibles en la carga analizada.
El impacto directo conjunto de Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre el precio de venta industrial, neto de IVA, alcanza el 2 por ciento (Argañaraz)
La UIA, por su parte, sostiene que la discusión debe involucrar a las 24 jurisdicciones. Abeledo explicó que el funcionamiento del Convenio Multilateral, vigente desde 1977, y de los sistemas administrados por la Comisión Arbitral requiere una revisión para que las reducciones tributarias tengan efectos sobre las empresas que desarrollan actividades en distintas provincias.
“Queremos un pacto, sentarnos a la mesa para discutir este tema”, dijo el representante industrial. Como antecedentes mencionó el Pacto Federal de 1994 y el Consenso Fiscal de 2017, al que adhirieron 22 provincias, con excepción de La Pampa y San Luis.
El costo para el sector fabril
Uno de los argumentos centrales del reclamo industrial es el “efecto cascada” de Ingresos Brutos. A diferencia de otros tributos, el impuesto provincial grava la facturación en distintas etapas de la cadena de producción, lo que provoca una acumulación de carga tributaria a medida que los bienes atraviesan sucesivos procesos industriales.
Un relevamiento de la UIA sobre ocho impuestos —cinco nacionales, dos provinciales y uno municipal— ubicó a la Argentina en el primer lugar de presión tributaria entre los países analizados al incorporar el efecto de la informalidad. Abeledo señaló que ese fenómeno, que estimó cercano al 50%, incrementa la carga que soportan las empresas formales.
La comparación internacional de la entidad también identifica a la Argentina como el país con mayor carga de Ingresos Brutos y tasas municipales sobre la industria entre siete economías relevadas. El estudio destaca que las tasas municipales recaen sobre una base similar a la utilizada por el tributo provincial.
En el caso de Buenos Aires, un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) detectó que la carga de Ingresos Brutos supera a la de Santa Fe y Córdoba en ocho de las diez cadenas productivas estudiadas.
La carga de Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires supera a la de Santa Fe y Córdoba en ocho de las diez cadenas productivas estudiadas (Uipba)
El relevamiento también encontró una asociación entre mayor presión tributaria y pérdida de empleo. En las cinco cadenas con mayor sobrecarga, el empleo industrial bonaerense cayó 11,6%, frente al 7,8% del resto del país. El estudio aclara que se trata de una asociación estadística y no de una relación causal comprobada.
Uno de los casos destacados es el de química básica, donde la presión tributaria teórica alcanza el 4,6% en Buenos Aires, frente al 0,9% de Santa Fe. En esa actividad, el empleo bonaerense retrocedió 9,8%, mientras que en el resto del país permaneció sin cambios.
El contexto industrial también aparece reflejado en las cifras de empleo y establecimientos. Entre mayo de 2023 y mayo de 2026, Buenos Aires perdió 41.975 puestos de trabajo industriales y registró una reducción de 1.306 unidades productivas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo utilizados por la Uipba.
La propuesta bonaerense y el costo fiscal
Frente a ese diagnóstico, la Uipba elaboró un esquema para reducir gradualmente Ingresos Brutos sobre la industria manufacturera sin afectar la recaudación total de la provincia.
La propuesta contempla una exención inmediata para micro y pequeñas industrias con facturación de hasta $3.200 millones, una reducción escalonada para empresas medianas hasta llegar al 0% en tres años y una disminución paulatina para las grandes compañías durante cinco años. Para estas últimas, el objetivo inicial consiste en igualar la alícuota de Córdoba, del 1,2%, y continuar posteriormente con nuevas reducciones.
El documento también propone tratamientos especiales para cadenas con un uso intensivo de insumos intermedios, como la automotriz, la metalmecánica y los hidrocarburos, además de eliminar alícuotas adicionales que afectan a determinados sectores manufactureros.
En materia de saldos a favor, plantea crear una cuenta única tributaria bonaerense por CUIT, que permita utilizar esos créditos para cancelar otros impuestos provinciales y reducir los fondos inmovilizados de las empresas.
Para compensar la menor recaudación industrial, el esquema incluye ampliar el padrón de contribuyentes, incorporar más agentes de retención y percepción y revisar determinados tratamientos tributarios del comercio (Uipba)
Para compensar la menor recaudación industrial, el esquema incluye ampliar el padrón de contribuyentes, incorporar más agentes de retención y percepción y revisar determinados tratamientos tributarios del comercio. Según las estimaciones de la Uipba, la aplicación conjunta de las medidas permitiría alcanzar un impacto fiscal neto del 0% durante los primeros tres años.
Un reclamo que también alcanza a Nación y municipios
Aunque Ingresos Brutos ocupa el centro de la discusión, la UIA pretende extender el acuerdo tributario a los otros niveles de gobierno.
En el plano nacional, la entidad propone ampliar el cómputo del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque. El objetivo es que las empresas puedan utilizar el 100% de lo abonado como pago a cuenta no solo de Ganancias, sino también del IVA y de las cargas sociales.
Otra iniciativa consiste en recuperar el mecanismo que permitía computar una parte de las contribuciones patronales como crédito fiscal del IVA, establecido originalmente por el Decreto 814 de 2001. Según Abeledo, ese beneficio se eliminó con la reforma de 2017 y se restableció posteriormente en niveles reducidos.
En el ámbito municipal, la UIA reclama establecer límites a las tasas de Seguridad e Higiene, que en muchos distritos se calculan sobre la facturación de las empresas. La propuesta apunta a reemplazar ese criterio por montos fijos.
Abeledo también planteó que una reducción de la presión tributaria podría acompañarse de medidas destinadas a mejorar la información fiscal, ampliar la formalización y favorecer nuevas inversiones productivas.
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