La Cámara de Diputados avanzó con respaldo casi unánime en el tratamiento de la morosidad y la discapacidad. La definición abrió una nueva etapa de debate en comisiones sobre ambos asuntos. El acuerdo en Diputados reunió apoyos para abordar problemas de deuda y cobertura para personas con discapacidad. La votación mostró una coincidencia poco habitual entre los bloques durante la sesión.

La diputada nacional Lorena Petrovic, de La Libertad Avanza (LLA), sostuvo, en diálogo con Infobae Al Amanecer, que el oficialismo acompañó el avance porque ya trabajaba sobre esos temas. También celebró que el tratamiento legislativo se enfoque en las personas afectadas.

El acuerdo surgió del trabajo previo en comisiones

El acuerdo casi unánime sobre morosidad y discapacidad respondió, según Lorena Petrovic, al trabajo previo de las comisiones y no a un cálculo electoral. La diputada afirmó que esos espacios ya tenían reuniones, fechas y temas en análisis antes de la sesión.

Petrovic afirmó que el presidente de la Cámara de Diputados aplicó el reglamento durante el debate. Según explicó, las comisiones ya funcionaban y no requerían un emplazamiento para iniciar el análisis de los proyectos.

La legisladora rechazó la idea de que LLA se sumó a una iniciativa opositora porque anticipaba una derrota. “No, de ninguna manera, todo lo contrario”, respondió cuando le consultaron por esa interpretación.

Para Petrovic, los legisladores alcanzan los acuerdos antes de llegar al recinto. “El verdadero trabajo está en las comisiones”, afirmó al describir el proceso que antecede a las votaciones de la Cámara.

La diputada señaló que las sesiones permiten expresar el consenso sobre asuntos que los bloques ya discutieron. Mencionó también las reuniones de labor parlamentaria como parte de ese recorrido legislativo.

Petrovic dijo que el Congreso aprobó más de siete leyes durante el año. Vinculó esa actividad con una agenda reformista y con un trabajo constante dentro de las comisiones legislativas.

La discusión sobre morosidad y el presupuesto

La diputada planteó que el Congreso debe atender a las personas que enfrentan morosidad. A la vez, sostuvo que cualquier medida debe considerar los límites presupuestarios que atraviesa la Argentina.

“El beneficio tiene que llegar para la gente”, afirmó la legisladora e incluyó en esa idea a quienes tienen deudas y a las personas que requieren respuestas del Estado en materia de discapacidad.

Petrovic sostuvo que el tratamiento de la morosidad no debe alterar el presupuesto. Según su posición, cada medida debe contemplar el esfuerzo de quienes trabajan, aportan y buscan cumplir con sus obligaciones.

“Cada argentino está haciendo demasiado esfuerzo”, dijo. Agregó que el Estado debe acompañar a quienes atraviesan dificultades de pago sin dejar de considerar la situación fiscal.

Al mismo tiempo afirmó que los debates parlamentarios sobre finanzas parten de datos y números. Señaló que los bloques pueden sostener diferencias, aunque deben buscar alternativas para responder a los problemas planteados.

“Nadie niega nada, siempre se dice la verdad”, expresó. La diputada dijo que el oficialismo analiza opciones dentro de los recursos disponibles para atender situaciones de morosidad.

También cuestionó a sectores opositores por su posición ante las iniciativas del Gobierno. Petrovic afirmó que el kirchnerismo intenta frenar medidas cuando no comparte el rumbo que propone La Libertad Avanza.

Expedientes y cobertura por discapacidad

Petrovic sostuvo que la problemática de discapacidad requiere atención ante cada situación compleja. La diputada afirmó que el objetivo debe asegurar cobertura para quienes cumplen los requisitos y ordenar los trámites pendientes.

Y atribuyó a una nueva secretaría un reordenamiento de las políticas de discapacidad. Según dijo, esa área comenzó a revisar expedientes y a informar cifras sobre casos que no tenían tratamiento.

Al mismo tiempo aseguró que había más de 300 mil proyectos o carpetas sin avance administrativo. Afirmó que esos expedientes solo contaban con una apertura inicial y no registraban un tratamiento posterior.

“Sus carpetas estaban vacías”, dijo Petrovic sobre esos trámites. La diputada sostuvo que las personas recibían indicaciones para esperar plazos que, según su explicación, nunca comenzarían a correr.

También mencionó más de 20 mil trámites superpuestos. Petrovic explicó que una demora en una instancia de la administración puede impedir que los casos avancen hacia los pasos siguientes.

La diputada dijo que las comisiones recibieron al secretario relacionado con el área de discapacidad. Según afirmó, el funcionario respondió preguntas y asumió el compromiso de aportar datos que requerían mayor precisión.

Petrovic planteó que el ordenamiento debe incluir nuevas fechas y cobertura de pago total. “La cobertura llegue a quien tiene que llegar”, afirmó al referirse al objetivo del tratamiento legislativo.

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El nuevo Régimen Penal Juvenil volvió a generar un fuerte debate político después de que la Justicia bonaerense suspendiera por 60 días su aplicación en la provincia de Buenos Aires. La medida dictada por la jueza Marta Elba Pascual quedó en el centro de la polémica y los legisladores Christian Castillo, del PTS/FIT, Gisela Scaglia, del PRO y Bárbara Andreussi, de LLA, discutieron en A Dos Voces (TN) sobre el alcance de la reforma y las consecuencias del fallo que frenó su implementación en territorio bonaerense.

Scaglia defendió la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria y cuestionó que se utilice la falta de lugares de detención como argumento para frenar la aplicación del régimen. “Yo creo dos cosas que hay que hacer en la Argentina que ninguna provincia está haciendo. Primero, construir más cárceles”, sostuvo la diputada del PRO.

La legisladora también cuestionó el argumento de que la edad de los adolescentes debería impedir que sean responsabilizados por sus actos y apuntó directamente contra el fallo de la jueza Pascual.

Respecto a las deficiencias en el sistema carcelario, Andreussi afirmó que, a pesar de eso, es un “disparate” la resolución judicial. “Una jueza no puede poner en pausa una ley que ha dictado el Congreso. La jueza tiene lo que tiene que hacer: hacer que se cumpla la ley”, afirmó.

“Esta ley se aprueba hace seis meses y en estos seis meses, si ella realmente era tan calificada para el tema, tendría que haber convocado al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que, si ella previamente sabe que las cárceles van a colapsar, puedan hacer las obras que requieran”, sostuvo.

En la vereda de enfrente, Castillo rechazó la reforma y sostuvo que bajar la edad de imputabilidad no es el camino para bajar la delincuencia juvenil: “La ley es puro humo desde el punto de vista de que esto solucionaría algún tema vinculado a la inseguridad”.

“Estamos discutiendo magnitudes. Esto no lo resuelve”, sostuvo, y señaló que, según los datos que presentó durante el debate, hubo tres homicidios en ocasión de robo cometidos por menores en la Ciudad de Buenos Aires y 25 en la provincia de Buenos Aires durante el año anterior.

Tras el resultado de las pruebas PISA, Castillo también apuntó contra la falta de inversión en educación y planteó que el problema central debería ser cómo garantizar que los chicos permanezcan en las escuelas. “Esta gente está pensando cómo encerramos a los pibes, tendríamos que pensar cómo logramos que los pibes estén en la escuela y puedan aprender bien”, cuestionó.

A eso, Scaglia lanzó: “El garantismo bobo no funciona en la Argentina”. Inmediatamente después, el debate se tensó y Castillo respondió con firmeza: “¿Y el punitivismo bobo? Este es un país punitivista loco, vos porque estás colonizada por la mente de los punitivistas, por la mano dura, por los defensores del gatillo fácil».

Uno de los momentos más tensos del debate se produjo cuando la discusión pasó por el vínculo entre los adolescentes y las organizaciones criminales.

Castillo sostuvo que los menores que son utilizados por bandas narco también pueden ser víctimas y cuestionó el enfoque de mano dura. “¿Un pibe de 14 años que termina de soldadito te parece que no es una víctima del sistema?”, preguntó. “No, hay conciencia en lo que están haciendo, es un delito de adulto que sabe muy bien lo que está haciendo”, expresó Scaglia.

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Andreussi intervino y dijo que Castillo desarmó el argumento de la jueza Pascual al reconocer que son pocos los menores que cometen delitos graves para llegar a la cárcel. “Los menores delincuentes son víctimas del sistema como también lo son las víctimas que han sido atacadas. Usted se pone nada más en el lado del victimario ¿Qué pasa con la víctima?“, cuestionó.

“La ley es para definir cuál es el régimen penal que se aplica a los menores. A esto se llega porque hay menores que cometen delitos”, sostuvo la diputada de LLA. Castillo, por su parte, comenzó a repetir que era “puro humo” en varios momentos.

Scaglia sostuvo que la reforma también puede servir para evitar que los adolescentes sean utilizados por delincuentes mayores. “Vos tenías que hacer algo con un menor que cometía delitos. No estamos hablando de robar una gallina. Estamos hablando de un pibe que mata”, afirmó. Y agregó: “Muchas veces lo pueden extorsionar y agarrarlo como bandera para decir: ‘Meto a un menor y me salvo’”.

Finalmente, Andreussi remarcó: “Ayer la jueza decía: ‘Roban un celular, lo vamos a encerrar’. Eso no es verdad, eso no es lo que dice la ley. El encierro es la última de las alternativas”. Castillo insistió, sin embargo, en que el problema no se resuelve con más encierro y sostuvo que la prioridad debería estar puesta en sacar a los jóvenes de situaciones de pobreza y marginalidad.

Scaglia concluyó: “No hay que ponerse colorado cuando hay que construir más cárceles, hay que tener mejores sistemas penitenciarios, hay que hacer cumplir la ley”.

A dos voces, baja de imputabilidad