POLITICA
De “el garantismo bobo no funciona” a “es puro humo”: fuertes cruces por el Régimen Penal Juvenil
El nuevo Régimen Penal Juvenil volvió a generar un fuerte debate político después de que la Justicia bonaerense suspendiera por 60 días su aplicación en la provincia de Buenos Aires. La medida dictada por la jueza Marta Elba Pascual quedó en el centro de la polémica y los legisladores Christian Castillo, del PTS/FIT, Gisela Scaglia, del PRO y Bárbara Andreussi, de LLA, discutieron en A Dos Voces (TN) sobre el alcance de la reforma y las consecuencias del fallo que frenó su implementación en territorio bonaerense.
Scaglia defendió la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria y cuestionó que se utilice la falta de lugares de detención como argumento para frenar la aplicación del régimen. “Yo creo dos cosas que hay que hacer en la Argentina que ninguna provincia está haciendo. Primero, construir más cárceles”, sostuvo la diputada del PRO.
La legisladora también cuestionó el argumento de que la edad de los adolescentes debería impedir que sean responsabilizados por sus actos y apuntó directamente contra el fallo de la jueza Pascual.
Respecto a las deficiencias en el sistema carcelario, Andreussi afirmó que, a pesar de eso, es un “disparate” la resolución judicial. “Una jueza no puede poner en pausa una ley que ha dictado el Congreso. La jueza tiene lo que tiene que hacer: hacer que se cumpla la ley”, afirmó.
“Esta ley se aprueba hace seis meses y en estos seis meses, si ella realmente era tan calificada para el tema, tendría que haber convocado al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que, si ella previamente sabe que las cárceles van a colapsar, puedan hacer las obras que requieran”, sostuvo.
En la vereda de enfrente, Castillo rechazó la reforma y sostuvo que bajar la edad de imputabilidad no es el camino para bajar la delincuencia juvenil: “La ley es puro humo desde el punto de vista de que esto solucionaría algún tema vinculado a la inseguridad”.
“Estamos discutiendo magnitudes. Esto no lo resuelve”, sostuvo, y señaló que, según los datos que presentó durante el debate, hubo tres homicidios en ocasión de robo cometidos por menores en la Ciudad de Buenos Aires y 25 en la provincia de Buenos Aires durante el año anterior.
Tras el resultado de las pruebas PISA, Castillo también apuntó contra la falta de inversión en educación y planteó que el problema central debería ser cómo garantizar que los chicos permanezcan en las escuelas. “Esta gente está pensando cómo encerramos a los pibes, tendríamos que pensar cómo logramos que los pibes estén en la escuela y puedan aprender bien”, cuestionó.
A eso, Scaglia lanzó: “El garantismo bobo no funciona en la Argentina”. Inmediatamente después, el debate se tensó y Castillo respondió con firmeza: “¿Y el punitivismo bobo? Este es un país punitivista loco, vos porque estás colonizada por la mente de los punitivistas, por la mano dura, por los defensores del gatillo fácil».
Uno de los momentos más tensos del debate se produjo cuando la discusión pasó por el vínculo entre los adolescentes y las organizaciones criminales.
Castillo sostuvo que los menores que son utilizados por bandas narco también pueden ser víctimas y cuestionó el enfoque de mano dura. “¿Un pibe de 14 años que termina de soldadito te parece que no es una víctima del sistema?”, preguntó. “No, hay conciencia en lo que están haciendo, es un delito de adulto que sabe muy bien lo que está haciendo”, expresó Scaglia.
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Andreussi intervino y dijo que Castillo desarmó el argumento de la jueza Pascual al reconocer que son pocos los menores que cometen delitos graves para llegar a la cárcel. “Los menores delincuentes son víctimas del sistema como también lo son las víctimas que han sido atacadas. Usted se pone nada más en el lado del victimario ¿Qué pasa con la víctima?“, cuestionó.
“La ley es para definir cuál es el régimen penal que se aplica a los menores. A esto se llega porque hay menores que cometen delitos”, sostuvo la diputada de LLA. Castillo, por su parte, comenzó a repetir que era “puro humo” en varios momentos.
Scaglia sostuvo que la reforma también puede servir para evitar que los adolescentes sean utilizados por delincuentes mayores. “Vos tenías que hacer algo con un menor que cometía delitos. No estamos hablando de robar una gallina. Estamos hablando de un pibe que mata”, afirmó. Y agregó: “Muchas veces lo pueden extorsionar y agarrarlo como bandera para decir: ‘Meto a un menor y me salvo’”.
Finalmente, Andreussi remarcó: “Ayer la jueza decía: ‘Roban un celular, lo vamos a encerrar’. Eso no es verdad, eso no es lo que dice la ley. El encierro es la última de las alternativas”. Castillo insistió, sin embargo, en que el problema no se resuelve con más encierro y sostuvo que la prioridad debería estar puesta en sacar a los jóvenes de situaciones de pobreza y marginalidad.
Scaglia concluyó: “No hay que ponerse colorado cuando hay que construir más cárceles, hay que tener mejores sistemas penitenciarios, hay que hacer cumplir la ley”.
A dos voces, baja de imputabilidad
POLITICA
Javier Milei pidió por su reelección y minimizó una candidatura de Kicillof: “Mi rival soy yo mismo”
Durante su intervención en el Coloquio de IDEA, Javier Milei volvió a dar un mensaje en clave electoral pensando en los comicios presidenciales del 2027. Al igual que durante su gira por Estados Unidos la semana pasada, el mandatario dijo que, en caso de ser reelecto, a partir de 2028 “vendrán los mejores cuatro años de la historia argentina”.
“Lo que nosotros necesitamos hacer es seguir avanzando en las reformas estructurales en las cuales no vamos a cesar de ninguna manera. Si nosotros recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre del 27 la velocidad que van a tener las reformas van a ser únicas e irrepetibles en el mundo. Si nosotros lográbamos un resultado similar al de octubre, pasaríamos a tener mayoría en diputados y estaríamos acerca de dos o tres senadores del quórum propio. Por lo tanto, la velocidad que van a adoptar las reformas en Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer”, afirmó.
Además, el líder libertario le restó importancia a otras candidaturas, como las de Axel Kicillof y Myriam Bregman: “Mi rival soy yo mismo. No me voy a preocupar por hablar con un comunista”.
“Yo hice un conjunto de promesas en el 2023 y está claro que el programa que nosotros proponíamos era absolutamente ambicioso. Todo el mundo dijo que era imposible de cumplir. El mejor caso es el déficit fiscal. Decían que de ninguna manera lo íbamos a poder cerrar en cuatro años y lo cerramos en un mes. Nosotros cumplimos las promesas del 2023. A la luz de eso fuimos con las reformas imposibles a la elección de medio término, conseguimos un resultado que nos permitió tener noventa y seis diputados y veintitrés senadores. Y con eso hemos sacado inocencia fiscal uno, inocencia fiscal dos, déficit cero, la reforma del Banco Central, la baja de la ley de imputabilidad, la reforma de la ley de glaciares”, continuó.
Y repitió que, de ganar en octubre del año que viene, “van a ver una cantidad de reformas que en seis meses no la van a reconocer”.
“Nosotros estamos comprometidos en hacer a Argentina el país más libre del mundo y que en base a eso tenga la tasa de crecimiento más alta del mundo y que en lugar de converger en treinta o cuarenta años, lograrlo en veinte. Así es que mi rival soy yo mismo. ¿Qué me importa los que atrasan cien años y que además fracasaron siempre? Es casi insultante tener que debatir con un comunista», completó.
Durante otro pasaje de su exposición, el mandatario se refirió a las condiciones para realizar una reforma tributaria y explicó: “Argentina es un país federal y yo me puedo hacer cargo de las cuestiones impositivas a nivel nacional. Si les molesta ingresos brutos, tienen que ir y hablar con los gobernadores. Si les molestan las tasas municipales, tienen que hablar con los municipios”.
“Una vez superado el test sobre si los argentinos quieren abrazar el cambio o quieren el pasado decadente, luego de eso, lo interesante es que se va a desplomar el riesgo país y la inversión va a volar. Nuestra idea es seguir bajando las retenciones, el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Tenemos un enfoque distinto respecto a determinados parámetros y los hechos demuestran que nuestro enfoque es superior en términos de resultados, pero que la reforma tributaria hacia un sistema con menos impuestos y más simplificado, lo que necesito es tener recursos para fondear el gasto público”, sumó.
En tanto, sobre una reforma previsional, señaló que es necesario que el mercado laboral avance hacia una formalización. “En la medida que vos vayas cerrando el gap entre el sector informal y el sector formal en el mercado de trabajo, cuando vos puedas materializar la baja de la tasa de interés y el crecimiento económico, eso configurado en un nuevo orden en materia poblacional, te va a permitir tener los parámetros para hacer una reforma previsional en serio y no un mamarracho”.
Por último, habló sobre el fallo de la Corte Suprema respecto al artículo 154 del DNU 70/2023, que habilita la venta de tierras a extranjeros. El presidente señaló que existe la división de poderes y siguió: “La división de poderes funciona y, si vivimos poniéndonos la bandera de la República, lo que decida la Corte Suprema de Justicia es decisión de la Corte Suprema de Justicia y yo no tengo por qué estar metiéndome en la decisión”.
“Me parece fantástico que la Corte Suprema falle lo que le parece correcto acorde a la Constitución Nacional”, cerró.
POLITICA
El CELS apeló los sobreseimientos de Arribas y Majdalani y busca reabrir la investigación por el “fichaje ideológico” de la AFI
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó ayer ante la Cámara Federal que se reabra la investigación por presunto espionaje contra periodistas, sindicalistas, activistas, académicos y organizaciones sociales durante la presidencia de Mauricio Macri y que se cite a indagatoria al entonces director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y a la entonces subdirectora, Silvia Majdalani.
El CELS, querellante en la causa, solicitó además que la Cámara revoque los sobreseimientos del entonces responsable de la Dirección Operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, y del entonces director de Eventos Especiales de la AFI, Carlos Tonelli Banfi, y que aparte de la investigación al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
El planteo ante los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola se produjo pocos días después de que Llorens y Bertuzzi confirmaran los sobreseimientos de Mauricio Macri, Arribas y Majdalani en otra causa por presunto espionaje ilegal. En ese expediente consideraron inválida una prueba digital por deficiencias en la cadena de custodia de los discos rígidos.
La causa que ahora busca reabrir el CELS se concentra en 403 fichas elaboradas por la AFI durante los operativos de seguridad de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada en Buenos Aires en 2017, y de la cumbre del G20 de 2018.
Los documentos fueron hallados en enero de 2020, tras la asunción de Alberto Fernández, por la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Estaban en tres sobres guardados en el “Área Restringida” de la Dirección Operacional de Contrainteligencia e incluían perfiles e informes sobre las posturas políticas e ideológicas de múltiples personas.
“Podemos inferir que es kirchnerista”, “manifiesta una postura cercana al gobierno”, “devoción por el catolicismo” y “comparte permanentemente posteos en contra del gobierno” fueron algunos de los encuadres consignados en esas fichas, según expuso el CELS ante los camaristas.
Los documentos incluían datos sobre opinión política, adhesiones partidarias, militancia social, actividad sindical y creencias religiosas. Para la querella, esos registros muestran que la AFI no se limitó a reunir información para evaluar riesgos de seguridad durante las cumbres, sino que realizó un “fichaje ideológico”.
Martínez de Giorgi había sobreseído a principios de septiembre a Arribas, Majdalani, Coste y Tonelli Banfi sin haberlos citado antes a indagatoria. Consideró que las tareas realizadas por la AFI estaban justificadas por razones de seguridad nacional derivadas de la magnitud de ambos eventos internacionales.
Para el CELS, esa decisión fue “prematura” y el juez hizo una valoración irrazonable de los hechos y de la prueba. Según la querella, no existe en el expediente ninguna prueba concreta de que las personas fichadas representaran un riesgo para la OMC o el G20.
Uno de los argumentos de Martínez de Giorgi fue que parte de la información había sido obtenida de fuentes abiertas, como las redes sociales. El CELS cuestionó ese razonamiento y recordó que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe obtener o almacenar información y producir inteligencia sobre personas en función, entre otros motivos, de sus opiniones políticas.
Métodos
La organización también cuestionó otros métodos utilizados para reunir información. Según expuso, hubo datos obtenidos mediante intercambios con organismos estatales, como Migraciones. En el caso de una reunión del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Hotel Bauen, la AFI consignó que la información provenía de “fuentes propias”, lo que para el CELS podría indicar la existencia de informantes infiltrados en un encuentro interno de un partido político legalmente constituido.
Otro argumento de Martínez de Giorgi para sobreseer a los imputados fue que la mayoría de las fichas recibió un “color verde” durante el proceso de evaluación. Según el juez, eso indicaría que la posición política de las personas relevadas no habría determinado finalmente si podían acreditarse para los eventos. El CELS replicó que la ley prohíbe la recopilación y sistematización de esa información, más allá de que haya influido o no en la acreditación.
El CELS recordó además que la AFI negó poseer datos y haber participado del proceso de acreditación para la conferencia de la OMC cuando personas a las que se les negó el ingreso presentaron hábeas data para conocer qué información tenía el Estado sobre ellas. Una de ellas fue el académico Francisco Cantamutto. La AFI respondió no tener información sobre él, pero en una de las fichas se lo describía como integrante de “un grupo de economistas de izquierda kirchnerista”.
Arribas, Majdalani y los demás imputados, sin embargo, jamás fueron indagados, aun cuando en 2021 la fiscal federal Paloma Ochoa había considerado que existía un grado de sospecha suficiente para citarlos, pedido al que había adherido el CELS. Martínez de Giorgi no concretó esas indagatorias y, por el contrario, los sobreseyó. Según la querella, al dictar los sobreseimientos seguían pendientes pedidos de indagatoria que el juez omitió en su resolución.
El fiscal Franco Picardi apeló esos sobreseimientos, al igual que el CELS. Argumentó que existían indicios suficientes para disponer las indagatorias y consideró que las actividades de la AFI para seleccionar y perfilar a las personas estaban vedadas por la Ley Nacional de Inteligencia.
Ahora serán Llorens, Bertuzzi y Yadarola quienes deberán decidir si confirman el cierre dispuesto por Martínez de Giorgi o si, como reclamó el CELS, revocan los sobreseimientos y permiten que la investigación continúe. La organización pidió además que, en ese caso, la causa quede en manos de otro juez, por considerar que existe un “temor fundado” de que Martínez de Giorgi esté condicionado por la posición que ya fijó sin haber interrogado a los imputados.
reabra la investigación,revoque los sobreseimientos,Hugo Alconada Mon,Denuncia de espionaje,Conforme a
POLITICA
En París, el Gobierno avanzó en las conversaciones con los gobernadores por las PASO y el Presupuesto 2027
Mientras la delegación argentina despliega en París una agenda destinada a atraer inversiones, el Gobierno aprovechó la presencia de gobernadores para avanzar en conversaciones políticas por dos temas centrales de los próximos meses: el futuro de las PASO y el Presupuesto 2027.
El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno.
La reunión se desarrolló en el inicio de la Argentina Week, una actividad con la que la Casa Rosada busca mostrar ante empresarios e inversores europeos las oportunidades de negocios que ofrece el país en sectores considerados estratégicos.
En ese marco, el Gobierno intentó combinar la agenda económica con otra necesidad más doméstica: mantener abierto el diálogo con los mandatarios provinciales que serán clave para reunir apoyos en el Congreso.
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