Los ánimos empiezan a recalentarse en el Gobierno a medida que se aproxima el debate en el recinto del Senado de la deseada reforma electoral. El proyecto, troncal para Karina Milei, que el oficialismo considera vital para su supervivencia el año que viene, sigue complicado. Y si bien en la Casa Rosada prefieren mostrarse optimistas, aparecen alarmas en la mesa política nacional y cuestionamientos de algunos jefes provinciales que enturbian los planes del oficialismo.

Las repetidas advertencias de Patricia Bullrich se sienten como dagas en el orgullo de los máximos referentes políticos del Gobierno, en especial de Karina Milei. Mientras la jefa de los senadores violetas señala, una y otra vez, desde hace semanas, que los votos no están para eliminar las PASO, en la Casa Rosada ya responden, algo cansados de la falta de fe, que el tema, directamente, no le corresponde. Al menos en lo que concierne a la búsqueda de adhesiones.

“Esto es algo mucho más importante que los otros proyectos de ley, como puede ser Inocencia Fiscal o la reforma del BCRA”, dijo un importante funcionario, que señaló que los encargados de reunir los consensos para lograrlo son, exclusivamente, “de los Menem, Santilli y la propia hermana del Presidente”. La relevancia para el Gobierno es tal que Karina Milei se involucrará cada vez más para conseguir los votos en la Cámara alta. Y eso, creen, debería ser garantía para que salga. Mientras, en el campamento de Santiago Caputo tienen menos esperanzas: creen que la estrategia menemista para sacarla, que incluye amenazas con disputarle poder local a los caciques del interior, está errada.

Puertas afuera, los libertarios se muestran optimistas, y multiplican los gestos, reuniones de por medio, a los gobernadores. De allí el anunciado rally de encuentros “con siete gobernadores en 24 horas” que difundieron ayer el equipo de la Presidencia y de Santilli. Con tal apuro que se filtró un error de agenda y se confirmo la presencia de un gobernador que, en rigor, no podía asistir en la fecha indicada. Al final, el chaqueño Leandro Zdero irá a la Casa Rosada la semana que viene, porque hoy por la tarde tenía un compromiso previo vinculado análisis de El Niño en la zona.

El escozor en la previa inmediata del debate, que anteayer arrancó en comisión en el Senado, supera las fronteras del oficialismo y llega hasta la relación con los propios jefes provinciales a los que el Gobierno quieren convencer. Ayer Gustavo Sáenz estuvo en la Casa Rosada, sentado a la mesa de Santilli junto a sus pares de Catamarca, Corrientes y Tucumán. Y por la noche, apenas unas horas después, no tuvo reparos en salir a denunciar al Gobierno por, deslizó, su deslealtad. Lo dijo en una entrevista con El Noticiero de A24, después de dejar Balcarce 50 con una serie de promesas que, deslizó, no cree que vayan a cumplirse.

En la sede del Gobierno estallaron, aunque no se sorprendieron. “Hizo lo de siempre”, dijo un importante asesor. ¿El motivo? “Subirse el precio”, agregó, sin más. Un funcionario añadió una lectura vinculada a las necesidades domésticas de Sáenz: “Lo que pasa es que no puede pintarse de violeta, sino la votan a la Orozco”, analizaron en Balcarce 50 sobre la expresa diferenciación del mandatario salteño. La referencia alude a María Emilia Orozco, principal referente libertaria en Salta, que mantiene buena relación con Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo pero responde principalmente a Alfredo Olmedo y cultiva cada vez más adhesiones en el territorio.

Las alarmas se disparan a medida que se acerca la fecha del debate en el recinto, que aún no se fijó pero no pasaría de octubre. Lo que está firme es lo de comisión: la Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento el martes, en una reunión que terminó sin acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio, con la intención de retomar la discusión la semana próxima o la siguiente.

Todavía no hay dictamen porque los senadores aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente bloquearon la firma, así que el paso al recinto sigue condicionado.

En el oficialismo insisten en que todavía hay margen para destrabar la negociación, pero reconocen que el capital político puesto en juego es alto: una derrota en un proyecto que el propio Gobierno calificó como prioritario dejaría expuesta la fragilidad de los consensos que Karina Milei, los Menem y Santilli intentan sostener con los gobernadores. Además de que le dejarían la posibilidad al fragmentado peronismo de ordenar institucionalmente su interna.

“Y, los votos no están”, repitieron muy cerca de Bullrich, en referencia a lo que la senadora le transmitió a la cúpula nacional en la reunión de mesa política del lunes. La frase, mencionada dentro y fuera del oficialismo, resume el problema con el que el Gobierno se acerca al debate de la ley que más le interesa aprobar.

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Mauricio Macri volverá a ponerse al frente de una actividad partidaria del PRO con un acto previsto para el 25 de septiembre en Jujuy, en una señal del relanzamiento territorial del espacio de cara a las elecciones del año próximo. La convocatoria, que se realizará desde las 16 en el hotel Altos de la Viña, llega mientras el partido mantiene abiertas las negociaciones con La Libertad Avanza para construir una alianza con vistas a 2027.

El expresidente encabezará el encuentro junto a referentes nacionales y provinciales del PRO y, además, tiene previsto mantener una reunión con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. La apuesta es combinar el despliegue partidario en las provincias con las conversaciones que el macrismo sostiene con el oficialismo para explorar acuerdos electorales y consolidar una estrategia común en distintos distritos.

La jugada de Macri se da en un contexto en el que el PRO y La Libertad Avanza aceleran la construcción de un armado electoral conjunto para las elecciones de 2027. Los dirigentes de ambos espacios ponen el foco en 17 distritos donde el partido fundado por el expresidente no gobierna y comenzaron a evaluar cómo avanzar con alianzas en cada provincia.

El análisis incluye las fortalezas territoriales de cada espacio y la posibilidad de incorporar a otros actores políticos. En ese esquema aparece el radicalismo, además de distintas fuerzas provinciales, aunque la definición de los acuerdos dependerá también de las conversaciones con los gobernadores.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tiene casi listo el envío de un nuevo paquete de veinte pliegos judiciales al Senado, entre ellos cuatro especialmente sensibles por su competencia electoral.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, la nueva lista de nombres para ocupar cargos en los tribunales federales llegará a la Cámara Alta antes de mediados de octubre. A partir de allí, los tiempos dependerán de la propia dinámica interna del Senado, que deberá sesionar para aceptar su ingreso, luego tratarlos en la comisión de Acuerdos y finalmente aprobarlos en el recinto.

Sin embargo, el calendario apremia. Como las elecciones de 2027 se acercan, la Cámara Nacional Electoral le pidió al Gobierno agilizar el proceso para completar las vacantes en los tribunales con competencia electoral antes del año que viene. La solicitud tiene un fundamento logístico, a partir de enero la Cámara deberá organizar cómo subrogar los juzgados que sigan vacíos, por lo que busca tener el mapa resuelto de antemano.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo todavía debe definir a cuál de los tres candidatos de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura elegirá para cada los juzgados con competencia electoral de Río Negro, Tucumán, San Juan y Corrientes.

Según pudo saber TN, la discusión por Río Negro (Viedma) sigue abierta, con una terna compuesta por Carlos Oneto, Verónica Medina y Ezequiel Andreani. Corrientes y San Juan, en cambio, ya están prácticamente resueltos: hay acuerdo para que Juan Carlos Vallejos ocupe el cargo en Corrientes, y en el Gobierno consideran muy probable que Gonzalo Gasull sea el elegido en San Juan. En Tucumán, el nombre de Oneto vuelve a aparecer junto al de Carlos Saltor y Solana Casella.

En todos los casos, se trata de lugares muy codiciados por los actores de la política, especialmente los gobernadores. Esto se debe a que los juzgados federales de primera instancia con competencia electoral no solo tramitan causas por delitos federales, sino que además son los que organizan y controlan los procesos electorales y el funcionamiento de los partidos políticos en cada distrito, desde la actualización del padrón hasta el reconocimiento de autoridades partidarias y la oficialización de listas.

Esa doble función los convierte en una pieza clave para el poder provincial, porque son tribunales que pueden incidir directamente en cómo se ordena el tablero electoral del distrito, además de los otros temas de interés bajo su jurisdicción.

En ese sentido, son habituales las conversaciones de los gobernadores y sus legisladores con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo Menem, en medio de negociaciones más amplias por leyes nacionales -como ahora puede ser el Presupuesto 2027 o la reforma política- y acuerdos electorales de cara a 2027. Otros optan por un canal más directo y se comunican con el propio ministro Mahiques, pero aún así pasan a formar parte de las negociaciones políticas que mantiene el oficialismo en el Congreso.

Con este paquete, Mahiques se acerca más a su objetivo de cubrir todas las vacantes de la Justicia federal, una de las principales misiones que le otorgó Javier Milei cuando lo designó en marzo de este año.