POLITICA
Los candidatos de Kicillof para sucederlo aumentan el ritmo electoral y promocionan su candidatura nacional en las provincias
La cancha ya está abierta y el reloj se puso en marcha. Los precandidatos del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para suceder a Axel Kicillof empezaron a acelerar su participación, en clave electoral, en distintos actos públicos. Como eje unificador, respaldan la candidatura a presidente del Gobernador y su decisión de ser uno de los impulsores de la construcción de un frente nacional. En paralelo, empiezan a dar señales claras de que quieren competir por su sillón. Hasta el momento, es un juego ordenado.
En la lista aparecen el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Obras Públicas de la provincia, Gabriel Katopodis; y los intendentes Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza). Todos precandidatos que están bajo el techo de la fuerza política que construyó el mandatario bonaerense.
En el peronismo provincial está instalada la certeza de que, si fuera por Kicillof, el candidato sería Bianco, a quien lo une una enorme confianza. En los hechos, es la mano derecha del Gobernador, que desde hace algunos días fue formalizado al frente del armado político en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, ese mismo trabajo lo realizará Andrés “Cuervo” Larroque, otro de sus laderos más cercanos.
Bianco empezó a recorrer, con más frecuencia, la provincia, porque Kicillof le pidió que lo haga. “Me pidió caminar y yo cumplo con eso”, planteó a quienes le consultaron sobre su futuro. Resistido por el cristinismo y de buena relación con los intendentes que son parte del MDF, “Carli” aparece como el jugador más puro para la sucesión. Después serán las encuestas y el consenso lo que determinen dónde está parado.
Durante un acto en Alberti, localidad de la cuarta sección electoral, Bianco mandó un mensaje a la interna del peronismo respecto a cómo se definirán las candidaturas el año que viene. Hizo hincapié en la que está edificando el Gobernador. “Para ganar el año que viene se necesita una candidatura unificada del campo popular. Si se polariza y vamos divididos, perdemos. Esa candidatura hay que construirla. Y en la medida que construimos el MDF en la cuarta, en la quinta, en el conurbano, se construye esa candidatura”, precisó.
“Estamos construyendo una candidatura que se va a definir el año próximo. Pero no va a ser alguien que se le ocurra y dice ‘yo soy el candidato’, sino que va a ser alguien a quien un montón de compañeros le digan ‘vos nos representas, vos sos el candidato’”, reflexionó, en clara alusión a las definiciones que tomó Cristina Kirchner en términos electorales durante los últimos años. La pelea de Kicillof, que es también la de Bianco, es contra el dedo de la ex presidenta.
Entre los precandidatos el que está más lanzado es Ferraresi. Para no mezclar su labor en el municipio, decidió tomar licencia y salir a recorrer la provincia con un puñado de actos cada semana. Estuvo en San Miguel, Ayacucho, San Nicolás, Tres de Febrero y Chivilcoy. En los próximos días estará en Quequén y Tandil.
El último fin de semana viajó a Mendoza para hacer desembarcar el MDF en uno de los distritos electorales más importantes del país. “Vinimos a marcar que Axel es el emergente más importante que tenemos en la Argentina hoy. Que tiene muchas características, pero quiero destacar una, que es muy importante en este tiempo de disputas con los grandes poderes y de toma de decisiones: tiene templanza”, planteó el intendente de Avellaneda.
Algunos días atrás, Ferraresi planteó en San Miguel su mirada sobre la importancia del Estado. “En este tiempo hay dos maneras de gobernar: un Estado que abandona todo tipo de actividad, como lo hace este Gobierno, y otro Estado que sea eficaz y que piense en la construcción de un país federal con la comunidad organizada, generando políticas universales que lleguen a todos”, sostuvo.
El jefe comunal apuesta a competir en una PASO y evitar cualquier candidatura de consenso, donde le sería más difícil encontrar el aval de las distintas vertientes. Ya blanqueó sus ganas de jugar a fondo en la elección. Su tiempo electoral ya empezó.
Junto a Ferraresi viajó Katopodis. El ministro encargado de las obras hace tiempo que es uno de los más nombrados en el peronismo bonaerense para pelear por la sucesión de Kicillof. Con base de poder en San Martín, “Kato” es uno de los dialoguistas que tiene el MDF. Un dirigente que tiene buenos vínculos con La Cámpora y el Frente Renovador. Junto a Mariano Cascallares, son uno de los pocos canales de comunicación que existen entre el kicillofismo y el cristinismo.
Durante su estadía en Mendoza estuvo en la apertura de un local partidario de Kicillof y planteó: “Queremos conducir el desarrollo, no queremos que sea el resultado de lo que decidan tres o cuatro tipos, ni de lo que define el mercado. Lo queremos planificar, pensar, organizar y conducir”. Fue un vocero calificado de la propuesta del Gobernador, en una provincia donde al peronismo le cuesta mucho hacer pie.
Katopodis dejó en claro que su vocación es impulsar la candidatura de Kicillof. “Queremos que el peronismo de Mendoza acompañe a Kicillof. Este es otro espacio para darlo a conocer y para hacer crecer un futuro con su conducción”, expresó durante la apertura del local partidario. Sus movimientos de campaña están atados a la gestión y a las presencias en distintos municipios durante la semana.
Julio Alak hace tiempo que empezó a realizar algunos gestos con destellos electorales. Reuniones con dirigentes nacionales como Natalia de la Sota o con intendentes que están alejados del esquema principal del peronismo, como Fernando Gray. Algunos mitines con Eduardo Duhalde y dirigentes con larga trayectoria en el peronismo, y actos con Kicillof con cierta frecuencia.
El intendente de La Plata es un histórico del peronismo, que tiene buena relación con el kirchnerismo. Son dirigentes que pasaron por arriba de la interna entre Kicillof y CFK, aunque tengan un claro lugar de referencia en la discusión política. El “Turco”, como le suelen decir algunos dirigentes, hace tiempo que insiste en la necesidad de que haya unas PASO para poder ordenar el peronismo. Los votos son los que tienen que validar las candidaturas.
El otro precandidato que está empezando a asomar es Fernando Espinoza. El intendente de La Matanza tiene el poder de representar la ciudad con más votos de la provincia. Un enorme poder territorial que tiene un peso específico en las discusiones electorales. Algunos días atrás acompañó a Bianco al plenario del MDF en la cuarta sección y empujó la candidatura de Kicillof.
“Axel mira al interior de la provincia de Buenos Aires como nunca antes la miró ningún gobernador. Axel vino a cambiar la realidad con hechos, con acciones, con decisiones, con valentía, con plantarse siempre ante el poder de turno, que en este caso es esta derecha impresentable que está gobernando la Argentina”, aseguró. Y agregó: “Hay futuro y es en unidad, hay alternativa y se llama Axel Kicillof, para construir una nueva Argentina con un futuro para todas y todos”.
Los precandidatos están activando su modo electoral y se mueven con la luz verde de Kicillof, que no se inclinará por ninguno de ellos en público. Del otro lado de la interna peronista aparece otro grupo de jefes comunales del peronismo que también pelearán por ingresar a unas PASO o hacer valer su perfil de gestión. Ahí están anotados Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).
Al final del camino, todos ellos intentarán pelear por la gobernación. En ese enorme listado falta un nombre que empezó a mostrar voluntad de construir un perfil de candidato. Se llama Máximo Kirchner y en el peronismo nadie descarta que pueda ser el próximo candidato a gobernador.
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POLITICA
Conflicto universitario: la Justicia intimó al Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó que el Gobierno nacional cumpla con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.
El reclamo de los gremios de las universidades nacionales se sostiene en que el Poder Ejecutivo aplique la recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei. Además, que se actualicen las partidas para las becas destinadas a los alumnos.
La medida firmada por el juez Martín Cormick señaló que el Gobierno tiene un plazo de cinco días para cumplir con la normativa, “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.
Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 —que la cautelar ordena aplicar— regulan dos aspectos centrales del sistema universitario público: la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de todos los programas estudiantiles.
La disputa tiene un recorrido judicial extenso. El juez Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio nacionales. El planteo central busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. El tribunal de alzada también advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender, y señaló que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.
El Gobierno intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Ambos planteos fueron rechazados. El 25 de junio, los tres ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimaron el recurso extraordinario del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva y dejaron firme la cautelar. Aunque la resolución no tuvo efectos económicos inmediatos —dado que para esa fecha ya existía un acuerdo firmado—, representó un aval implícito a la vigencia de la ley.
Ese acuerdo había tomado forma el 10 de junio, cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta en la que el Estado se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de $50.000.000.000. El texto también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias. Para el Ejecutivo, ese convenio satisfacía “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley y eliminaba el riesgo que había motivado la medida cautelar original. Sin embargo, las universidades recordaron que el propio Estado había aclarado al firmar que el acta no implicaba abandonar su postura en el proceso judicial. Desde el CIN calificaron el acuerdo como “una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo” y argumentaron que el convenio no cubría todos los requisitos que la norma establece.
Con ese telón de fondo, el Gobierno solicitó formalmente el levantamiento de la cautelar. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido. En su resolución, el magistrado concluyó que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de los acuerdos “en relación a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, ni que exista “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de ingresos y la pérdida salarial del colectivo afectado. El juez sostuvo que, ante la situación planteada por los actores, “mal puede considerarse superado el peligro en la demora” y aclaró que el rechazo no implica adelantar criterio sobre el fondo del litigio.
El conflicto encontró un nuevo punto de quiebre el 17 de septiembre, cuando fracasó la ronda paritaria convocada por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime. La oferta fue idéntica a la presentada a comienzos de mes. Ante ese resultado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) confirmaron un paro escalonado de 23 días con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica, que comenzó el lunes 21 de septiembre en el Rectorado y se extenderá hasta el 22 de octubre.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, fue directo al caracterizar la situación: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial”, declaró.
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) también tomó posición. Su secretario general, Daniel Ricci, afirmó: “Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”.
Como punto de confluencia del plan de acción, el 15 de octubre se realizará frente al Palacio de Tribunales la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria, la segunda en lo que va del año.
POLITICA
Con el apoyo de La Libertad Avanza, Jorge Macri activa un proceso para destituir a la jueza que evitó aplicar el régimen penal juvenil
El ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará hoy ante el Consejo de la Magistratura porteño un pedido para activar el proceso de destitución de la jueza porteña Laura De Marinis, que declaró la inconstitucionalidad de un artículo del régimen penal juvenil. La Libertad Avanza (LLA) acompañará el intento de remover a la magistrada, mientras el Partido Justicialista (PJ) critica la denuncia y sostiene que el proceso no avanzará.
Tapia informó a que la presentación que realizará este martes llevará su firma y que cuenta con el respaldo del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien ayer anunció que pedirían “inmediatamente el juicio político”.
“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre”, escribió en la red social X.
De Marinis declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años y sobreseyó a un menor de esa edad que, junto con un grupo de chicos, había sido detenido en flagrancia por un intento de robo. No fue una declaración genérica de inconstitucionalidad de la nueva ley; la jueza sostuvo que, en el caso concreto de este joven, la reforma no podía ser aplicada.
Tapia subrayó esto mismo. “La ley sigue vigente”, advirtió.
“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por la falta de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros”, había afirmado la jueza De Marinis en su resolución.
Desde anoche, LLA manifestó la necesidad de avanzar en el pedido de “juicio político” contra la jueza. “Instamos a todos los bloques a pedir el juicio político”, escribió Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura.
A nivel nacional, LLA impulsó la reforma del régimen penal juvenil. En el Congreso, Pro acompañó y el PJ se opuso.
“Vamos a acompañar el pedido de juicio político que planteó el jefe de gobierno”, aseguró Solana Pelayo (LLA), titular de la comisión de Justicia de la Legislatura. Al menos de momento, los libertarios no presentarán una denuncia diferente a la del ministro de Justicia, confirmaron fuentes legislativas a .
Un diputado de la bancada dijo a que están “dispuestos a ayudar y avanzar” con el intento de remoción de la magistrada. Ahora están evaluando la parte “técnica” del asunto, dijeron.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios y una de las principales impulsoras de la baja de la edad de imputabilidad, también cuestionó la decisión de la magistrada: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.
En el PJ aún no se pronunciaron públicamente sobre la resolución de la jueza, pero fuera de micrófono cuestionaron las declaraciones de Jorge Macri y relativizaron la chance de que avance un proceso de destitución.
Ante la consulta de , en el bloque del PJ dijeron que “hasta ahora es todo biri biri”. Asimismo, defendieron el proceder de la jueza: “Actuó de acuerdo a sus convicciones del derecho y no a una postura política”. Y plantearon que “el contenido de una sentencia” no sería una “causal” suficiente para convocar a un jurado de enjuiciamiento.
El bloque peronista Fuerza por Buenos Aires es virtualmente conducido por Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y pieza clave del PJ porteño.
Entretanto, la legisladora porteña Viviana Biasi (FIT/PO) cuestionó a Jorge Macri y a Pilar Ramírez por “el intento de perseguir a la jueza De Marinis con un juicio político”. Y completó: “Estos millonarios en el poder no dudan en tomar de rehén a un adolescente vulnerable de 14 años para armar sus campañas políticas reaccionarias que buscan tapar sus estruendosos fracasos en el gobierno”.
En función de antecedentes similares, una fuente del Consejo de la Magistratura porteño sugirió a que la avanzada contra De Marinis podría quedar congelada. “Tiene que tener una muy buena fundamentación [el pedido de un jury]. El 95% de las veces no pasa la comisión”.
Del proceso de remoción de un juez de primera instancia participan tanto el Consejo de la Magistratura local, que recibe la denuncia y decide si avanza con ella, como un jurado de enjuiciamiento de nueve integrantes (tres legisladores, tres abogados y tres jueces –siendo uno de ellos del Tribunal Superior–), de acuerdo a los artículos 116 y 121 de la Constitución porteña.
Mientras el mundillo político avanza por la vía del pedido de un jury, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad apeló el fallo de De Marinis y pidió su apartamiento. La presentación fue hecha por Mauro Tereszko, fiscal coordinador, y Paula Raffa Pirra, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil. “Hallamos una debilidad enorme en varios de los fundamentos de la jueza”, sostuvo Eduardo Riggi, a cargo de la Fiscalía General Adjunta en lo Penal y Contravencional porteña, en una entrevista con Radio Mitre.
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POLITICA
El Gobierno se reunirá con la Iglesia para definir si decreta feriado o asueto por la visita del Papa
El Gobierno le presentará a la Iglesia las alternativas que viene trabajando para establecer feriados, asuetos o medidas de alcance territorial durante la visita del papa León XIV. La discusión se concentrará en los tres días hábiles de la gira: lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre.
La definición será tratada desde las 17 en una reunión ampliada que encabezarán Karina Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y funcionarios de las distintas jurisdicciones involucradas en el recorrido papal.
En el Ejecutivo confirman que llevarán a la reunión diferentes opciones ya elaboradas, aunque prefieren discutir primero los esquemas con la Iglesia antes de hacerlos públicos. Entre las variantes bajo análisis aparecen combinaciones de feriados y asuetos según el día y el lugar en el que se encuentre León XIV.
Una de las posibilidades que viene siendo analizada contempla una medida de mayor alcance para el lunes 9 y esquemas más acotados para el martes 10 y el miércoles 11. La distribución definitiva todavía no está cerrada y dependerá también de las necesidades logísticas que planteen la Iglesia, Seguridad y las provincias.
La coordinación tendrá además una instancia diplomática esta semana. El jueves, el canciller Pablo Quirno tiene previsto reunirse en Nueva York con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en paralelo a la agenda internacional de Javier Milei. El encuentro servirá para repasar la organización general de la visita mientras en Buenos Aires se terminan de discutir con la Iglesia las alternativas de feriados y asuetos.
La idea general del Gobierno es evitar un feriado nacional durante toda la visita y aplicar medidas según el impacto de cada jornada. El lunes 9 aparece como uno de los días más complejos: León XIV visitará por la mañana el Cottolengo Don Orione de Claypole, encabezará una misa en Palermo y tendrá por la tarde actividades en la UCA, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.
El martes 10 concentrará la actividad principal en Córdoba, donde el Papa encabezará a las 10 una misa en la Escuela de Aviación Militar y tendrá luego un encuentro en la Catedral. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar a las 20.15 de una vigilia con jóvenes en Palermo.
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