La senadora provincial de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, Fernanda Raverta, rechazó hoy la disyuntiva que, según su lectura, busca obligar al peronismo a elegir entre la libertad de Cristina Kirchner y la competencia electoral contra el oficialismo. En una entrevista en Infobae a las 9, la exdirectora ejecutiva de Anses calificó esa lógica como una “trampa discursiva”, cuestionó al presidente Javier Milei por fomentar la violencia desde el poder y descartó que tenga posibilidades de imponerse en las urnas si se observa la situación económica que atraviesa la mayoría de los argentinos.

Consultada sobre la posibilidad de que la expresidenta sea candidata, como propone el diputado nacional Máximo Kirchner, Raverta planteó que el debate de fondo es la calidad democrática porque, indicó, “no todos los que pueden ser candidatos en este momento están habilitados para serlo”. “Cristina Kirchner representa una fuerza política, la conduce, y está inhabilitada producto de un proceso judicial totalmente viciado y de una injusticia suprema”, sostuvo. Según la legisladora, esa situación no solo la impide competir, sino que priva a los ciudadanos de la posibilidad de votarla.

Ante la pregunta de si esa batalla judicial puede significar una pérdida de tiempo para el peronismo, Raverta fue categórica. “Nos metieron en la trampa de decir: si peleamos por Cristina, no peleamos por ganarle a Milei. Y la verdad es que hay que hacer las dos cosas a la vez”, respondió. La senadora vinculó esa lógica con lo que definió como una construcción de la “antipolítica” y recordó que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner lograron objetivos que en su momento se consideraban imposibles, como renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o juzgar a los responsables del terrorismo de Estado.

Por otro lado, la senadora bonaerense apuntó contra el discurso presidencial y lo señaló como un factor que permea en la sociedad y habilita la agresión. “57 tuits a una periodista de Infobae es una atrocidad. Insultar sistemáticamente cada vez que hace uso de la palabra está mal, permea en la sociedad, habilita la violencia”, afirmó.

Raverta mencionó, además, los episodios de chicos armados en escuelas como una consecuencia de esa construcción discursiva. A modo de ejemplo, el miércoles, un alumno de 13 años llevó un arma a una escuela técnica de Carmen de Patagones y generó preocupación.

“Permea en la sociedad esta idea de que el que piensa distinto tiene que ser eliminado. Y eso es a partir de una construcción sistemática, violenta, agresiva”, aseguró. A su vez, rechazó que el peronismo haya operado con la misma lógica de “amigo-enemigo” durante los gobiernos kirchneristas.

Sobre las posibilidades electorales del oficialismo, la legisladora fue contundente. “A los trabajadores les va mal, a los jubilados les va mal, a los estudiantes les va mal, a los nenes les va mal”, enumeró. Para Raverta, el problema no se agota en el presente: “Estás haciendo un sacrificio, la estás pasando mal, pero además pensás que mañana te va a ir peor y pasado mañana va a ser peor que mañana”.

Sin embargo, matizó su diagnóstico al señalar que la falta de una alternativa que despierte confianza también incide en la percepción social. “No sé si es que tiene consolidado algo de confianza social o es que todavía no hay una alternativa que despierte más esperanza”, admitió. En esa línea, planteó que la combinación de deterioro económico, una campaña antipolítica sostenida y la falta de tiempo de los ciudadanos —obligados a multiplicar empleos para llegar a fin de mes— configura un escenario de frustración que el peronismo aún no logró capitalizar.

La política en Mar del Plata

Consultada sobre una eventual candidatura a la intendencia de Mar del Plata, Raverta esquivó la definición directa. “La sociedad hoy no está discutiendo si yo voy a ser candidata o no”, argumentó, y contrapuso su trabajo legislativo con la trayectoria del actual intendente, Guillermo Montenegro, a quien cuestionó por haber alternado entre cargos. El dirigente del PRO volvió a la jefatura comunal tras casi diez meses de licencia para ocupar una banca en el Senado bonaerense y puso fin al interinato de Agustín Neme.

“No quiero decir voy a ser candidata o no porque en eso de el político que piensa dónde va a estar el año que viene se disocia con lo que está viendo ahora el marplatense”, explicó.

La senadora describió un cuadro de “inseguridad trágica” y “abandono de la gestión local” en la ciudad y aseguró que su prioridad es reconstruir la confianza entre los vecinos y el peronismo. Tampoco respondió si Máximo Kirchner podría ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Para finalizar, Raverta hizo referencia a la jornada legislativa de hoy, en la que la oposición intentará reunir quórum en el Congreso para voltear el DNU 70, y a la marcha federal por la educación y en defensa de la Ley de Tierras. “Si todos hacemos lo que corresponde, hay cosas que se pueden limitar, discutir o construir una síntesis distinta”, concluyó.

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Como parte de la negociación para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno ofrece mantener reducidas las contribuciones patronales de las universidades. Se trata de los aportes obligatorios que las instituciones educativas —en su carácter de empleadoras— deben ingresar a los subsistemas de la seguridad social por cada uno de sus trabajadores (docentes, no docentes y autoridades). La Casa Rosada busca combinar un acuerdo sobre el régimen administrado por ARCA con una mejora de las partidas del Presupuesto 2027 para acercar posiciones con las casas de estudio.

En el Ejecutivo confirman que la cuestión de las contribuciones forma parte de las herramientas que están dispuestos a negociar, aunque todavía no está definida la alícuota que propondrán. Las conversaciones sobre este punto se vienen desarrollando de manera informal con las universidades y no existe por ahora un acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional.

La discusión parte de un régimen creado en 2010 para determinadas universidades nacionales que arrastraban deudas previsionales. El Decreto 1571/2010 fijó para las instituciones alcanzadas una alícuota reducida del 10,17% sobre la nómina salarial, integrada por 8,67% con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino y 1,5% al PAMI.

El beneficio alcanza específicamente a las universidades nacionales que registraban al 31 de diciembre de 2009 las deudas previstas por la norma y que ingresaron en los respectivos planes de regularización. La tasa del 10,17% se mantiene mientras siga pendiente la cancelación de esa deuda.

Ese régimen fue modificado en 2023. El Decreto 645/2023 sustituyó el artículo que regulaba la salida del beneficio y estableció que las universidades no pasan directamente a la alícuota general cuando terminan de pagar, sino que ingresan en una escala progresiva de convergencia.

Para las instituciones que cancelen la deuda, la alícuota correspondiente a SIPA y PAMI es del 13,65% en 2026 y sube al 14,52% en 2027. Luego pasa al 15,39% en 2028, 16,26% en 2029 y 17,13% en 2030. Recién desde el 1 de enero de 2031 deben aplicar las alícuotas generales que correspondan al sector público.

Ese punto es central para la negociación. En la UBA aseguran que el salto que enfrentan no es directamente hacia una carga del 24%, sino hacia la escala progresiva fijada por el Decreto 645/2023. La universidad se encuentra entre las instituciones cuyo plan de regularización está próximo a finalizar y busca evitar un incremento significativo de sus obligaciones sobre la masa salarial.