El Gobierno apeló el fallo que frenó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y pidió que la Justicia Federal revoque la medida cautelar dictada a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. La decisión judicial había suspendido el avance del proceso y ordenado preservar las condiciones de prestación del servicio en 26 municipios bonaerenses.

El Ejecutivo presentó la apelación contra la cautelar y sostuvo que el expediente debe ser revisado por la Justicia Federal competente. En Nación cuestionan que la Defensoría del Pueblo bonaerense tenga legitimación para discutir decisiones y normas de carácter federal vinculadas con la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

En el planteo oficial, AySA remarca que ese criterio ya fue sostenido en reiteradas oportunidades por la Corte Suprema. La posición de la empresa es que una defensoría provincial no puede frenar judicialmente un proceso definido por el Estado nacional sobre una compañía bajo órbita federal y con un marco regulatorio específico.

El segundo argumento apunta contra la base técnica de la cautelar. En el oficialismo sostienen que la medida se apoya en hipótesis y riesgos potenciales que no fueron acreditados con evidencia “técnica, científica ni regulatoria concreta”. También remarcan que el fallo no identifica incumplimientos efectivos ni daños actuales o inminentes que justifiquen paralizar el proceso.

La cautelar había sido dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, a cargo de Mariano López, tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El organismo había advertido sobre posibles consecuencias de la privatización en el acceso al agua potable, la expansión de redes, las obras de saneamiento, la infraestructura y la protección ambiental.

En el Gobierno rechazan esa lectura y sostienen que no existe “regresividad ambiental”. Por el contrario, en AySA defienden el nuevo esquema como una “modernización estratégica” del servicio. Según la empresa, el régimen normativo fortalece los instrumentos regulatorios orientados a garantizar una “prestación eficiente, sustentable y universal, en resguardo del derecho humano al agua y al saneamiento”.

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La empresa también argumenta que el servicio está sometido a controles permanentes por parte de los organismos reguladores competentes. En ese punto, sostiene que no existen observaciones o actuaciones que respalden los riesgos invocados en la demanda de la Defensoría bonaerense. AySA afirma además que presta el servicio de agua potable y saneamiento conforme al marco regulatorio vigente, con estándares de calidad, seguridad sanitaria y protección ambiental.

El fallo había representado un obstáculo para una de las privatizaciones que el Ejecutivo tiene en calendario. El esquema oficial contempla la venta del 90% de las acciones estatales de AySA y la conservación del 10% restante en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. La apertura de ofertas está prevista para fines de agosto.

La intención de la Casa Rosada es incorporar un operador estratégico nacional o internacional con experiencia en agua potable y saneamiento. El diseño prevé que al menos el 51% quede en manos de ese operador y que el resto pueda colocarse en el mercado de capitales. En Balcarce 50 lo presentan como parte de una agenda más amplia para transferir empresas públicas y concesiones al sector privado antes de 2027.

AySA es uno de los expedientes centrales de esa hoja de ruta, junto con Belgrano Cargas, Intercargo, Correo Argentino, Corredores Viales, la Hidrovía y activos energéticos. En Nación sostienen que las privatizaciones buscan reducir la participación estatal, mejorar eficiencia operativa, atraer inversión y mostrar resultados de gestión antes del calendario electoral.

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La Defensoría bonaerense había planteado que el nuevo esquema podía afectar obras de infraestructura, remediación ambiental, expansión de redes y continuidad de un servicio esencial. La respuesta del oficialismo es que esos riesgos no están acreditados y que el marco regulatorio mantiene obligaciones de prestación, calidad y control.

La apelación de AySA busca destrabar el proceso y recuperar el calendario previsto por el Ministerio de Economía. En los equipos técnicos consideran que la cautelar introduce incertidumbre sobre una privatización que ya tiene plazos formales y que forma parte del paquete de señales económicas hacia inversores. La decisión quedará ahora en manos de la Justicia Federal.

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El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezó esta mañana su primera conferencia de prensa y enfatizó que “la economía va bien” y aunque en el gobierno nacional saben que todavía faltan mejoras, “el rumbo es por acá y pronto la situación va a mejorar para todos”.

En la sala de conferencias de Casa Rosada, el flamante funcionario respondió preguntas de los periodistas acreditados y evitó profundizar sobre la investigación que involucra a Manuel Adorni: “Tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como un ciudadano privado”, señaló al responder una consulta sobre el recambio que dejó a Diego Santilli al frente de la jefatura de Gabinete.

En esa misma línea, indicó que la administración no intervendrá sobre el proceso penal. “No nos vamos a meter con el Poder Judicial. Manuel Adorni renunció a su cargo por cuestiones personales que ya son conocidas porque el presidente también las pronunció”, enfatizó.

En cuanto a la llegada de Santilli como figura central para la articulación política, Ravier sostuvo que el dirigente “le agrega a este Gobierno mucho valor por su relación con los gobernadores” y destacó su papel para conseguir acuerdos en el Congreso.

“La economía va bien”

El vocero presidencial dejó la definición política más amplia al responder por qué, en un país con crecimiento de exportaciones energéticas, siguen aumentando la nafta, el transporte y los servicios públicos. “La economía va bien, creemos que es por acá, que lo peor ya pasó”, afirmó. Luego completó: “Sabemos que falta, que mucha gente hoy por ahí no la está pasando bien en ciertos sectores de la economía, pero este es el camino y que pronto la situación va a mejorar para todos”.

Su explicación giró sobre un concepto: la “inflación reprimida”. Según dijo, al asumir Milei en diciembre de 2023 había precios de combustibles y tarifas “muy atrasados” porque el gobierno anterior había contenido parte de la inflación con controles y subsidios.

Para justificar los aumentos, sostuvo que una de las primeras decisiones “antipáticas” fue casi cuadruplicar el combustible porque “el combustible cuesta” y porque sin precios rentables no había incentivos para invertir en Vaca Muerta. Recordó que en años anteriores la Argentina había llegado a registrar un déficit energético de USD 5.000 millones porque, aun con recursos disponibles, no resultaba negocio extraerlos.

Aplicó el mismo razonamiento a la luz, el gas y el agua. Dijo que las tarifas deben volver “a sus precios de mercado” o al menos cubrir costos, porque cuando el usuario paga menos, la diferencia la absorbe el Estado mediante subsidios. Y añadió que las correcciones mensuales de esos valores están avanzando por encima del índice de precios al consumidor para ordenar el sistema.

El vocero admitió que esa política tiene “costo social” y “costo político”. Aun así, defendió la necesidad de reasignar recursos en un contexto de equilibrio fiscal y puso como ejemplo la discusión sobre subsidios extendidos a zonas templadas dentro del régimen de zonas frías, al sugerir que esos fondos podrían destinarse a hospitales o universidades.

En el cierre de su exposición económica, Ravier vinculó la recuperación del crédito con la baja de la inflación y destacó que el último dato fue de 2,1% mensual. También dijo que ya se habla de un próximo registro por debajo del 2%, aunque reconoció que esa barrera suele ser difícil de perforar en experiencias de estabilización como las de Israel, Perú o Chile.

La relación con el PRO

El nuevo vocero explicitó además que el oficialismo necesita alianzas para avanzar con su agenda legislativa. “El PRO es un aliado clave. Nosotros no tenemos mayoría hoy en Diputados y en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos”, dijo.

La definición apuntó a una pregunta más amplia sobre si la incorporación de dirigentes con pasado macrista, como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y ahora Santilli, supone un cambio de estrategia de Milei frente a la “casta” o el inicio de un gobierno de coalición. Ravier no usó esa categoría, pero sí describió una convergencia estable para aprobar reformas estructurales.

En ese marco, reivindicó la sintonía entre Milei y Mauricio Macri. Sostuvo que ambos comparten la necesidad de impulsar cambios institucionales y afirmó que el diálogo con el partido amarillo “es muy bueno”, aun cuando puedan existir roces o declaraciones individuales que no expresen el vínculo general.

Ravier incluso ligó esa cooperación a leyes recientes que, a su criterio, ordenan la economía y mejoran el clima para la inversión. Mencionó la aprobación del pago a holdouts, una deuda que, según dijo, llevaba un cuarto de siglo sin resolverse, y defendió el llamado Super RIGI como herramienta para atraer capital a sectores como minería, energía y agroindustria.

Consultado por la compra de divisas por parte de los ahorristas, Ravier la relacionó con la memoria de crisis argentinas y con el riesgo político de cada elección. Citó datos del Banco Central mencionados en la pregunta periodística: en cinco meses del año, los argentinos compraron más de USD 10 mil millones y solo en mayo 1,4 millones de personas adquirieron más de USD 2.677 millones.

Frente a ese cuadro, el vocero defendió la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que el equipo económico está “blindando” al país para evitar que un eventual cambio de escenario electoral derive en una crisis financiera. “Cada año electoral es difícil”, afirmó, y aludió al “riesgo kuka” ante la posibilidad de un giro político que altere las reglas de juego.

Finalmente, Ravier sostuvo que la acumulación de reservas es parte central de esa defensa. “Sumar diez mil millones de dólares ya era una meta conversada con el Fondo Monetario Internacional. Creo que ha sido cumplido ese objetivo en solo medio año”, señaló. A eso agregó el equilibrio fiscal y la reducción de pasivos remunerados como pilares para evitar sobresaltos en el financiamiento y en la deuda.

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