POLITICA
El Gobierno apeló el fallo que frenó la privatización de AySA con duros cuestionamientos a la Defensoría del Pueblo bonaerense

El Gobierno apeló el fallo que frenó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y pidió que la Justicia Federal revoque la medida cautelar dictada a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. La decisión judicial había suspendido el avance del proceso y ordenado preservar las condiciones de prestación del servicio en 26 municipios bonaerenses.
El Ejecutivo presentó la apelación contra la cautelar y sostuvo que el expediente debe ser revisado por la Justicia Federal competente. En Nación cuestionan que la Defensoría del Pueblo bonaerense tenga legitimación para discutir decisiones y normas de carácter federal vinculadas con la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
En el planteo oficial, AySA remarca que ese criterio ya fue sostenido en reiteradas oportunidades por la Corte Suprema. La posición de la empresa es que una defensoría provincial no puede frenar judicialmente un proceso definido por el Estado nacional sobre una compañía bajo órbita federal y con un marco regulatorio específico.
El segundo argumento apunta contra la base técnica de la cautelar. En el oficialismo sostienen que la medida se apoya en hipótesis y riesgos potenciales que no fueron acreditados con evidencia “técnica, científica ni regulatoria concreta”. También remarcan que el fallo no identifica incumplimientos efectivos ni daños actuales o inminentes que justifiquen paralizar el proceso.
La cautelar había sido dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, a cargo de Mariano López, tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El organismo había advertido sobre posibles consecuencias de la privatización en el acceso al agua potable, la expansión de redes, las obras de saneamiento, la infraestructura y la protección ambiental.
En el Gobierno rechazan esa lectura y sostienen que no existe “regresividad ambiental”. Por el contrario, en AySA defienden el nuevo esquema como una “modernización estratégica” del servicio. Según la empresa, el régimen normativo fortalece los instrumentos regulatorios orientados a garantizar una “prestación eficiente, sustentable y universal, en resguardo del derecho humano al agua y al saneamiento”.
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La empresa también argumenta que el servicio está sometido a controles permanentes por parte de los organismos reguladores competentes. En ese punto, sostiene que no existen observaciones o actuaciones que respalden los riesgos invocados en la demanda de la Defensoría bonaerense. AySA afirma además que presta el servicio de agua potable y saneamiento conforme al marco regulatorio vigente, con estándares de calidad, seguridad sanitaria y protección ambiental.
El fallo había representado un obstáculo para una de las privatizaciones que el Ejecutivo tiene en calendario. El esquema oficial contempla la venta del 90% de las acciones estatales de AySA y la conservación del 10% restante en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. La apertura de ofertas está prevista para fines de agosto.
La intención de la Casa Rosada es incorporar un operador estratégico nacional o internacional con experiencia en agua potable y saneamiento. El diseño prevé que al menos el 51% quede en manos de ese operador y que el resto pueda colocarse en el mercado de capitales. En Balcarce 50 lo presentan como parte de una agenda más amplia para transferir empresas públicas y concesiones al sector privado antes de 2027.
AySA es uno de los expedientes centrales de esa hoja de ruta, junto con Belgrano Cargas, Intercargo, Correo Argentino, Corredores Viales, la Hidrovía y activos energéticos. En Nación sostienen que las privatizaciones buscan reducir la participación estatal, mejorar eficiencia operativa, atraer inversión y mostrar resultados de gestión antes del calendario electoral.
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La Defensoría bonaerense había planteado que el nuevo esquema podía afectar obras de infraestructura, remediación ambiental, expansión de redes y continuidad de un servicio esencial. La respuesta del oficialismo es que esos riesgos no están acreditados y que el marco regulatorio mantiene obligaciones de prestación, calidad y control.
La apelación de AySA busca destrabar el proceso y recuperar el calendario previsto por el Ministerio de Economía. En los equipos técnicos consideran que la cautelar introduce incertidumbre sobre una privatización que ya tiene plazos formales y que forma parte del paquete de señales económicas hacia inversores. La decisión quedará ahora en manos de la Justicia Federal.
Gobierno, AYSA, privatización
POLITICA
El Gobierno busca los votos para suspender las PASO, entre la resistencia de Bullrich y la demanda de la UCR para darle su apoyo

El tiempo se acorta. El Congreso avanza con varios proyectos. Karina Milei y Diego Santilli necesitan suspender las PASO en las próximas tres semanas; Javier Milei regresó de Washington y viaja como referente de la derecha a Madrid, y la economía argentina sigue creciendo, aunque a menor velocidad y sin derramar entre los votantes.
Santilli tiene los votos para suspender las PASO antes de fin de año. En rigor, hay todavía algunos senadores rebeldes que quieren negociar antes de votar afirmativamente. El proyecto está en el Senado y empezará a moverse a más tardar en la primera semana de noviembre. Karina Milei teme que se trabe. Sabe que uno de los integrantes de la mesa política que ella dirige prefiere que siga habiendo PASO y no se moverá para suspenderlas: Patricia Bullrich. Ella es la jefa del bloque libertario, por lo cual la sospecha que deslizan sobre ella es un dato sensible.
Muchos intuyen que Bullrich, íntimamente, sueña con enfrentarse en una PASO con el Presidente si ve que Milei está mal en las encuestas. Lo decidirá entre marzo y mayo. Así visto, la suspensión de las PASO tendría un doble efecto: por un lado, serviría para complicarle el armado al peronismo y, por el otro, pondría a Milei a salvo del riesgo de que Bullrich lo desafíe a una interna. Bullrich tiene peso específico propio, por lo cual habrá que esperar su próxima jugada.
¿Qué es lo que le falta al Gobierno para suspender las PASO? El apoyo de la UCR y, en particular, del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo. El mandatario quiere que Karina lo saque de juego a Luis Petri como eventual candidato a gobernador provincial. No es seguro que Karina vaya a aceptarlo. La otra urgencia es la aprobación del Presupuesto con el menor costo posible. El debate en comisión comenzó el miércoles.
POLITICA
El desafío opositor tras la fallida sesión: construir mayorías en un Congreso moldeado por los gobernadores

“Se van a llevar todo”, dice una diputada, en una mezcla de bronca y resignación. “Empujamos, coordinamos, cedemos, hacemos lo que podemos, pero no nos acompañan los números”, graficó otro diputado de la oposición.
Los bloques de la oposición sienten cierta frustración respecto de los resultados que están teniendo en el Parlamento, donde entienden que los dos primeros años de la gestión de La Libertad Avanza estuvieron signados por el apoyo al Gobierno para “dotarlo de gobernabilidad” y que este año la gobernabilidad “es para los gobernadores”.
En ese esquema, los bloques de la oposición intentaron avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 la semana que pasó y chocaron de frente con la ausencia de los diputados que responden directamente a gobernadores como los de Santa Fe, Misiones, Salta, Tucumán y Corrientes. Algo que se repite en varias sesiones y que los más pesimistas estiman que el próximo miércoles sucederá de la misma manera.
El oficialismo citó para el miércoles a una sesión cuyo temario incluye el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que modifica las leyes 21.499, de Expropiaciones, y 24.374, de Regularización Dominial—, desalojos express y, además, la vuelta de la ley de Tierras de 2011; la creación de un módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA); modificaciones al Código Penal sobre vandalismo rural; la transferencia a título gratuito a la provincia del Chaco del inmueble propiedad del Estado nacional Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB); la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad; y la ley sobre endeudamiento familiar.

A diferencia de lo ocurrido este jueves, la oposición no tendrá que construir el quórum, ya que la convocatoria fue solicitada por el oficialismo. Su objetivo será concentrarse en las mayorías necesarias para imponer sus posiciones durante el tratamiento de los proyectos.
Cruces de estrategias
“Puede ser que alguna nos la den vuelta”, reconoció un diputado de La Libertad Avanza que suele tener reuniones en la Casa Rosada. Aunque la oposición tiene dictamen propio en cada una de las normas a debatir —salvo en trazabilidad, que salió por unanimidad—, la referencia del legislador libertario apunta, principalmente, a discapacidad, propiedad privada y morosidad.
En algunos despachos se especuló con la idea de pedir una sesión para ese mismo día a las 10 de la mañana con un temario propio. Sin embargo, la propuesta fue descartada para que “no nos pase lo mismo que el otro día” y se quedaran cortos para el quórum.
En algún momento la palabra de Miguel Ángel Pichetto resonó en el debate. Así como alguna vez les dijo a los libertarios “¿qué aplauden? acá se viene a ganar, aprendan”, ahora el experimentado legislador advirtió que la oposición debe mejorar sus cálculos parlamentarios y evitar exponerse a nuevas derrotas.

En la oposición se renueva la esperanza de la mano de algunos datos que dejó la sesión anterior. “Quedamos a ocho, pero teniendo en cuenta que faltaron dos de Unión por la Patria, el número baja a seis. Es difícil, pero no imposible”.
En este caso, los diputados de los gobernadores nuevamente serán quienes definan si se impone el proyecto de LLA o el de la oposición en cada una de las votaciones.
Por el lado del oficialismo, la Casa Rosada maniobra con los jefes de los estados provinciales en busca de asegurarse los votos necesarios. “Les prometen que van a buscar inversiones para un tren y te bajan los diputados. Entendemos la gobernabilidad, pero una promesa de posibles inversiones no puede ser suficiente”.
El lunes muchos legisladores volverán a sus despachos en la Cámara de Diputados. Los teléfonos sonarán todo el fin de semana. Ganar o perder una votación hoy se define con dos o tres legisladores que se sumen o que no. Pero el oficialismo parece correr con ventaja en esa discusión.
POLITICA
El gobernador de Neuquén salió sorteado en el narcotest provincial y mostró el resultado negativo

NEUQUÉN.- El gobernador Rolando Figueroa se sometió este viernes a un narcotest sorpresivo y obligatorio para los funcionarios públicos de la provincia. Compartió en sus redes sociales el resultado negativo de la muestra y aseguró que los políticos deben “predicar con el ejemplo”.
El mandatario provincial fue seleccionado para someterse al control toxicológico obligatorio para todos los integrantes del sector público neuquino, como lo fija una ley provincial aprobada en 2025 y reglamentada en febrero de este año.
En un video que compartió en su perfil oficial de redes sociales, Figueroa mostró el momento en que le comunicaban los resultados negativos que arrojó la muestra de orina. Los profesionales a cargo del test aclararon que la finalidad del análisis es comprobar la presencia de sustancias, como marihuana, cocaína, anfetaminas, barbitúricos, opiáceos y metadona.
“Para nosotros es muy importante poder cumplir con esta ley”, dijo el gobernador. Y agregó: “Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes con nuestra firma debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad”.
En septiembre de 2025, la Legislatura de Neuquén aprobó la ley provincial 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos como requisito para la permanencia en cargos públicos para los miembros de los tres poderes del Estado.
La iniciativa tuvo 29 votos a favor y dos en contra, de diputados del Frente de Izquierda (FIT), y se redactó a partir de la unificación de dos proyectos similares que habían presentado distintos bloques políticos. En febrero de este año, la norma fue reglamentada a través de un decreto firmado por Figueroa y, luego, publicada en el Boletín Oficial.
La norma establece que los exámenes toxicológicos se realizarán de manera sorpresiva y de forma trimestral, mediante un sorteo administrado por el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), que garantiza la imparcialidad de la selección. Cada tres meses, se presenta un listado de funcionarios seleccionados que comprende a un 12,5% del total de la planta.
Los funcionarios que se sometan al control y obtengan resultados positivos tendrán derecho a pedir una contraprueba que deberá ser presentada en un plazo de 48 horas. Si un funcionario se niega a presentar sus muestras, su resultado será considerado positivo, lo que derivará en su suspensión y posterior expulsión del cargo.
La norma indica que los exámenes deben desarrollarse bajo estrictos protocolos de confidencialidad. En este caso, el gobernador Figueroa decidió hacer públicos sus resultados en un llamado a “predicar con el ejemplo” por parte de las autoridades.
Para Figueroa, que impulsó uno de los dos proyectos que derivaron en esta ley, la iniciativa “está en línea con la política pública que llevamos adelante en el gobierno de la provincia, en la lucha contra el narcotráfico”. Una norma similar fue aprobada en 2023 en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.
Réplicas en otros poderes
Tras la aprobación de la ley, otras jurisdicciones, como la Municipalidad de Neuquén, también adhirieron a la normativa. Así, los integrantes del gabinete municipal y hasta el defensor del Pueblo deberán someterse al test junto al intendente, que ya estaba incluido en la normativa provincial.
En otros poderes del Estado, como la Legislatura, la implementación de los controles toxicológicos se demoró por la falta de consenso sobre los protocolos para llevar adelante los tests.
En agosto de este año, finalmente se aprobó un protocolo que establece controles trimestrales, que se realizan in situ y con el costo a cargo de cada diputado provincial.
Entre las voces que cuestionaron la implementación de la medida se contó la de la diputada Julieta Ocampo (FIT), quien criticó las sanciones de expulsión directa sin un abordaje integral de tratamiento hacia los consumos problemáticos.
pic.twitter.com/1wwPFn5Isz,October 16, 2026,Sofía Sandoval,Conforme a
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