Las Fuerzas Armadas incorporaron los fusiles israelíes ARAD-5 y ARAD-7 para iniciar el reemplazo progresivo de los FAL, el arma individual que acompañó a varias generaciones de militares desde fines de la década de 1950 y que fue utilizada en el conflicto del Beagle y la guerra de Malvinas.

La primera entrega comprendío 250 fusiles, presentados en el Regimiento de Infantería 1 Patricios durante un acto encabezado por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. La compra también prevé la baja paulatina de los M-16 incorporados desde la década de 1990 en unidades del Ejército, la Armada y fuerzas especiales.

El proceso de renovación apunta a sustituir armamento concebido en la década de 1950 por plataformas de menor peso, configuración modular y capacidad para integrar ópticas y accesorios. Los ARAD-5 y ARAD-7 fueron producidos por Israel Weapon Industries (IWI) y adquiridos al Ministerio de Defensa de Israel bajo la modalidad de contrato entre Estados.

Presti definió la llegada de los nuevos modelos como un cambio excepcional para una institución militar. “No es habitual que una generación militar tenga el privilegio de vivir el cambio de su armamento individual”, afirmó durante la presentación.

El reemplazo de los FAL y M-16 por plataformas modulares

Los ARAD-5 emplean munición de 5,56 mm y serán destinados principalmente a la Armada, donde sustituirán los M-16 de la Infantería de Marina. Los ARAD-7, de 7,62 mm, irán al Ejército y la Fuerza Aérea para reemplazar los FAL que aún utilizan la infantería y el personal de seguridad y defensa.

Ambos fusiles incorporan miras electroópticas de punto rojo MEPRO M-5, rieles Picatinny para accesorios y una estructura basada en las arquitecturas AR-15 y AR-10, respectivamente. El objetivo es que el armamento pueda adaptarse a nuevos equipos y tecnologías a medida que avance su incorporación.

El ARAD-7 utiliza el mismo cartucho 7,62 × 51 milímetros de la OTAN que el FAL argentino. Funciona con un sistema de pistón de gases de carrera corta y regulador de tres posiciones, una configuración que permite adecuar su desempeño a distintas condiciones de operación.

El modelo posee cañones intercambiables de 406 milímetros (16 pulgadas) o 508 milímetros (20 pulgadas), según la versión. Su peso varía entre 4,15 y 4,55 kilos sin cargador, mientras que su longitud oscila entre 87 y 95 centímetros de acuerdo con la posición de la culata.

La firma israelí establece una vida útil mínima de 20.000 disparos para sus componentes principales. El arma incluye culata telescópica plegable, sistema M-LOK para fijar accesorios y controles ambidiestros, accionables desde ambos lados.

La evaluación técnico-operacional que definió la compra se desarrolló durante 2025 con participación de militares de las tres fuerzas. El Estado Mayor Conjunto analizó propuestas de ocho empresas de Argentina, Israel, Europa y Estados Unidos antes de seleccionar los fusiles de IWI.

Las pruebas de recepción y aceptación del primer lote concluyeron en la Guarnición Militar de Campo de Mayo. Especialistas de la compañía israelí tienen previsto capacitar en octubre al personal argentino en operación y mantenimiento, mientras que el segundo lote llegaría durante el primer trimestre de 2027.

También existen gestiones para montar o producir componentes de los ARAD en Argentina, en un esquema similar al aplicado en Perú. No se confirmó, sin embargo, si el acuerdo con Israel incluye una transferencia tecnológica que permita fabricar los fusiles completos en el país.

Casi siete décadas del FAL en las fuerzas argentinas

El FAL comenzó a incorporarse al Ejército Argentino en 1958 con ejemplares fabricados en Bélgica. Dos años después, Fabricaciones Militares inició su producción bajo licencia en la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu, en Rosario.

El fusil se convirtió en el arma estándar del Ejército y luego fue utilizado por la Armada, la Fuerza Aérea y distintas fuerzas de seguridad. Su permanencia se explicó por su resistencia, precisión y facilidad de mantenimiento, aunque el peso de su calibre fue considerado una limitación para ciertas necesidades de la infantería contemporánea.

Miles de argentinos lo utilizaron durante el servicio militar obligatorio, vigente hasta que el gobierno de Carlos Menem suprimió la conscripción. El FAL estuvo presente en entrenamientos, guardias, ejercicios y maniobras, además de haber sido empleado durante la tensión con Chile por el Beagle en 1978 y en la guerra de Malvinas de 1982.

Tras la rendición argentina en las islas, una gran cantidad de fusiles quedó en manos británicas y posteriormente apareció en circuitos de contrabando hacia países en guerra de África y Asia. El arma también quedó asociada al escándalo de tráfico ilegal por el cual miles de fusiles argentinos fueron enviados a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Menem.

La producción nacional, entre las diferentes variantes del FAL y el FAP —su versión pesada—, alcanzó decenas de miles de unidades. Las estimaciones sitúan el total fabricado entre 120.000 y 200.000 fusiles.

Presti sostuvo que la renovación del equipamiento está vinculada con una política más amplia de modernización militar impulsada por el presidente Javier Milei. “El Plan ARMA nos permite financiar los medios, la Política de Fortalecimiento de la Carrera Militar nos permite cuidar y desarrollar el capital humano que deberá emplearlos”, expresó el ministro.

Presti añadió que el cambio de fusiles no constituye el cierre del proceso de modernización. “Tenemos un sistema elegido profesionalmente, tenemos una herramienta que representa un salto cualitativo y tenemos, fundamentalmente, el capital humano capaz de estar a la altura de lo que este momento exige”, dijo.

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Diego Luciani sorprendió a todos en el panel dedicado a la Justicia desde Adentro en la segunda jornada del Coloquio de IDEA. La presencia del fiscal concentró la atención de los empresarios y es quien, al menos hasta ahora, los hombres y mujeres de negocios más aplaudieron.

El fiscal de la causa Vialidad —que terminó con la prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— recibió un tratamiento de héroe de parte de los empresarios que escucharon con atención su exposición.

El panel estuvo conformado, además, por Jimena de la Torre, del Consejo de la Magistratura, quien centró su presentación en el control que la sociedad debe ejercer sobre la Justicia.

Un antes y un después

Luciani se llevó toda la atención. “El rol de la Justicia es fundamental para combatir la corrupción. Hay que tener claro que la justicia llega tarde al conflicto, llega cuando las instituciones previas de control no funcionaron, parasitadas por la corrupción sistemática. Hay obstáculos, el proceso penal en sí. Las presiones que debemos tolerar fiscales y jueces en estos procedimientos. A veces uno pierde noción de lo laxo de los tiempos de la justicia”.

Luego señaló que toda su vida quiso ser fiscal y destacó una paradoja: “Fui nombrado fiscal en el año 2013 por Cristina Kirchner. Esta es la independencia que debemos tener los fiscales y los jueces”. Además apuntó que durante todo el proceso el tribunal recibió fuertes presiones: “Sufrimos muchísimas amenazas. Las presiones del poder político son muy fuertes. Las presiones pueden ser sutiles. Alguien amablemente intenta incidir en las decisiones. Luego cuestiones indirectas, remover la Corte, reformas, remover al procurador. Intentos que fracasaron. Luego vienen las directas que vienen con los medios de comunicación colonizados por la corrupción”.

Instantes después llegó uno de los momentos que más aplausos suscitó: “¿Cómo le explico a mi hijo de 16 años si no hacía lo que tenía que hacer? Que salga un Presidente de la Nación a decir que éramos una mafia judicial. Que salga un Presidente después de mi alegato y diga: ‘Espero que Luciani no se suicide’. Un fiscal que está cumpliendo con su deber. Había que cambiar la historia de este país en materia de justicia y creo que lo logramos en materia de corrupción”.

Luego de recordar cómo fue el trabajo, el fiscal se preguntó “¿Qué país tendríamos si todo hubiera ido a donde tendría que haber ido? Cloacas, obra pública, infraestructura, rutas, etc. El caso Vialidad marcó un antes y un después en materia de corrupción. Es un caso exitoso. Hay cosa juzgada. Es exitoso porque la Justicia no le cedió la última palabra a la corrupción y a la impunidad de los corruptos.”

Control ciudadano

La consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, que expuso en representación de los abogados del país, hizo foco en el control de la ciudadanía sobre la Justicia y la opacidad con la que ese poder resuelve a veces sus causas. Puso como ejemplo el RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones—, en el que se cede soberanía judicial para resolver conflictos. “Dato: RIGI, ¿bajo qué jurisdicción resuelve sus conflictos? Tribunales internacionales. El empresariado no espera nada de la Justicia y el Estado lo reconoce. Faltan mediciones, lo que no se mide no se controla. No se pueden tomar decisiones informadas. Hay un proceso de selección opaco en el que el mérito no es variable de cambio sino cómo los postulantes tocan la puerta. Si no pedimos rendición de cuentas a los jueces es difícil que haya soluciones. La Comisión de Disciplina tramitó 500 denuncias, de ellas, 3 sanciones nomás”.

Para De la Torre ese control es “fundamental” y la sociedad es la que debe exigir estadística y rendición de cuentas. “Si nadie te controla, trabajás con los tiempos —en relación a cómo funcionan los jueces y su relación con la política—. Skanska no se resolvió en tiempo y forma, recién 20 años después tuvimos sentencia firme.”

La consejera señaló además algo que en los tribunales se conoce bien: los tiempos están del lado de los jueces, que perduran mucho más que los políticos en el poder. “Cuando designamos un juez, ese juez está 20 o 30 años. Firmamos un contrato laboral de 5 a 7 presidentes hasta que el juez deje de serlo. Ahí el proceso de selección es como la Matrix. Parece que hay un concurso y que evaluamos la idoneidad de los jueces, pero al final somos 20 consejeros que estamos viendo quién pone al suyo. Se resuelve con procesos. La misma Corte Suprema lo termina diciendo. Yo tengo 5 proyectos presentados para impulsar”, agregó.

En los últimos minutos, De la Torre insistió con el control social y el impacto económico que tiene para las empresas y la sociedad. “Me impresionó el expresidente Luis Lacalle Pou diciendo que cuando el Poder Ejecutivo se mete con la Justicia es el principio del fin. La Justicia tiene que ser el ancla. No podemos tener a un Presidente como dijo Milei ayer asustándonos con el gobierno que viene. Si no se cumple el RIGI, ¿quién va a estar para defendernos? ¿La Justicia argentina? No, la Justicia Internacional”.

“Cuando a los abogados nos dicen que va a depender del juez que nos toque ese riesgo se paga con tasa (bono global vs. el bonar). Rinde más el que está en jurisdicción extranjera que la argentina. Les pido que no se olviden de mirar a la Justicia, al Consejo de la Magistratura. Si ustedes no miran desde sus departamentos de asuntos públicos el día a día del Consejo, nos tienen que mirar y exigir. Concursos, códigos de ética, normas disciplinarias”.