POLITICA
Los planes del Gobierno para acelerar la gestión y los intentos por aplacar la interna
Pese a la tensa calma que atraviesa el Gabinete tras la ensayada tregua en la interna entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem —del riñón de Karina Milei—, el Gobierno despliega nuevos intentos por intensificar la gestión, empantanada durante los últimos tres meses, y a imprimirle celeridad en la resolución de conflictos de cada ministerio.
Con algo más de aire en los últimos días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió retomar las reuniones de seguimiento con los equipos de las nueve carteras tras detectar demoras en la resolución de problemas que marcan la diaria. Además, tiene intenciones de recuperar la idea de fijar objetivos globales. “La intención es que sean a largo plazo para que puedan cumplirse independientemente a futuro”, argumentaron desde el entorno del funcionario.
El pasado miércoles, el ministro coordinador recibió a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) junto a su equipo en el salón de los Escudos, y el viernes continuó con Juan Bautista Mahiques (Justicia) en lo que configuró las primeras reuniones de trabajo de la nueva tanda. Este martes continuará la serie con Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa) en un encuentro conjunto.
Se trata de una política que adoptó el exvocero al asumir su nuevo cargo para dinamizar la comunicación entre los ministerios, pero que debió suspender, asediado por los movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. “Hicimos un repaso de prioridades 2026 y ejes 2027. Son cosas que venimos hablando de forma cotidiana. Tenemos un diálogo muy fluido con Jefatura”, sostuvo uno de los asistentes a este medio.
En ese contexto, en Balcarce 50 aspiran a que la calma interna, con aires de triunfo para el asesor, se traduzca también en una reactivación de la dinámica de gestión y de la agenda parlamentaria. Luego de la reunión de Gabinete y de mesa política, el Poder Ejecutivo envió al Congreso la Ley de Sociedades Comerciales, diseñada por Sturzenegger, que busca habilitar la creación de empresas gestionadas por inteligencia artificial. Además, tiene intenciones de avanzar con un proyecto que introduzca cambios en Inocencia Fiscal.
Como contó este medio, el próximo jueves 4 de junio, el oficialismo buscará tratar en la Cámara de Senadores un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones, la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y algunos pliegos judiciales ya dictaminados.
Sin embargo, el Congreso aún acumula una extensa lista de iniciativas pendientes. Entre ellas figuran los proyectos de salud mental, Hojarasca, falsas denuncias, financiamiento universitario, etiquetado frontal, zonas frías y la postergada reforma política, además de las iniciativas vinculadas al fraude en pensiones por invalidez, la ley de lobby, el Súper RIGI y el PCT. “De todo lo enviado, las prioridades son reforma electoral, lobby, super RIGI y etiquetado frontal”, sintetizó ante Infobae un integrante de la mesa política encargada de definir la hoja de ruta legislativa.
Aunque la agenda parlamentaria vuelve a mostrar movimiento, dentro del oficialismo persiste la preocupación por el efecto que las tensiones internas podrían tener sobre la gestión. Algunos funcionarios creen que el conflicto ya impacta en el funcionamiento cotidiano del Gobierno desde hace meses. Con ese temor, le reclaman la intervención del presidente Javier Milei, que se niega a laudar, y que este martes participará del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Tras la baja del riesgo país, que se ubicó en los 493 puntos básicos, y la aceleración de las compras de reservas por parte del Banco Central, la administración transita una leve mejoría. En paralelo a los esfuerzos por intentar recomponer la dinámica, Adorni enfrenta además los movimientos en la causa judicial que lo involucra. Esta semana deberá terminar de definir la fecha para la presentación de su declaración jurada, reclamada por la senadora Patricia Bullrich. “Ni Bullrich ni Villarruel lo van a apurar”, sostuvo una fuente inobjetable.
Mientras tanto, la cúpula de poder se prepara para convocar a una nueva reunión de Gabinete, que podría tener lugar la próxima semana, en la que, bajo el argumento de “cuestiones de temario”, se limitarían solo a la plana del Ejecutivo, lo que significaría la exclusión de Bullrich y Martín Menem de esa edición.
A poco más de una semana del inicio del Mundial, en el oficialismo se esperanzan con que la fiebre mundialista aplaque las diferencias y apacigüe la situación judicial del jefe de Gabinete, quien promete que oficializará el detalle patrimonial antes del 15 de junio. “No creo que genere mucho impacto, aunque algo de mediatización va a tener. El Mundial barre con todo”, sostuvo un funcionario ajeno al equipo de Adorni.
El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá también funciona como una suerte de marcador temporal para La Libertad Avanza, que posterga hasta su finalización las definiciones electorales rumbo a las presidenciales de 2027. Mientras tanto, la actividad de gestión comienza a recuperar movimiento, aunque en el oficialismo admiten que el verdadero interrogante sigue siendo político: cuánto durará la tregua entre los principales actores del poder y si alcanzará para sostener la reactivación que el Gobierno intenta poner en marcha desde hace semanas.
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POLITICA
Salud Mental: el oficialismo consiguió las firmas y el proyecto podría llegar al Senado el próximo jueves
La senadora Patricia Bullrich consiguió las firmas que necesitaba para que el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental quede habilitado para su tratamiento en el recinto del Senado. La iniciativa podría debatirse el próximo jueves 29, si se concreta la sesión prevista para esa fecha.
Antes, el martes 27, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará una reunión de Labor Parlamentaria con la participación de los presidentes de todos los bloques, en la que se definirán los temas de la sesión.
La semana pasada, el plenario de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública, presididas por las libertarias Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta, había firmado el dictamen oficialista con la participación de Bullrich. Sin embargo, las rúbricas no alcanzaban para habilitar el tratamiento en el recinto.
La situación se destrabó este miércoles a última hora, cuando los tres integrantes de Convicción Federal, el bloque que conduce Carolina Moisés, presentaron un dictamen en minoría. Con esas firmas, más de la mitad de los senadores que integran el plenario respaldó dictámenes y quedó superado el obstáculo que preocupaba a La Libertad Avanza.
El reclamo por los recursos para las provincias
La senadora jujeña Carolina Moisés defendió la necesidad de garantizar el financiamiento de las políticas de salud mental y de los centros comunitarios. “Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria”, le dijo a TN.
Además, señaló que durante la semana anterior se habían registrado tres casos de suicidio en Jujuy que, según consideró, podrían haberse evitado.
El dictamen de Convicción Federal lleva las firmas de Moisés, Guillermo Andrada, integrante de la Comisión de Salud, y Sandra Mendoza, integrante de Legislación General. La propuesta coincide con el oficialismo en mantener la posibilidad de internaciones involuntarias, aunque establece diferencias en los procedimientos y en los plazos de evaluación.
Los principales cambios que propone La Libertad Avanza
Los ejes de la iniciativa oficialista fueron presentados el 14 de octubre por Bullrich, Márquez y Arrascaeta. Entre los cambios propuestos figuran modificaciones en los criterios para disponer internaciones involuntarias, nuevas herramientas para abordar las adicciones y medidas para acompañar a los pacientes después del alta.
El proyecto contempla la incorporación de equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados. También reconoce el rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas, establece la capacitación permanente y plantea medidas de protección para los trabajadores de la salud.
En materia de coordinación federal, propone restituir la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias. Además, amplía de 24 a 48 horas el plazo para comunicar determinadas internaciones y habilita las teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles.
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Internaciones involuntarias y controles judiciales
Uno de los principales cambios es la eliminación de la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias. Según la propuesta, el juez podrá solicitar informes o peritajes y dejar sin efecto una internación que considere injustificada. Se mantiene la obligación de notificar la medida al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas.
Para las internaciones voluntarias que superen los 60 días, el proyecto elimina la obligación de informar al juez y su evaluación dentro de los cinco días, aunque conserva la comunicación al Órgano de Revisión.
En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para revalidar la decisión mediante una evaluación interdisciplinaria se extiende de 24 a 48 horas.
La propuesta de La Libertad Avanza mantiene la inclusión de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, tanto las relacionadas con sustancias como las que no las involucran. Sin embargo, elimina la referencia expresa a drogas legales e ilegales e incluye problemáticas como la ludopatía.
El proyecto también apunta a fortalecer el trabajo interdisciplinario y el acompañamiento posterior al alta, con el objetivo de modificar los criterios de atención y seguimiento de los pacientes.
Convicción Federal propone controles sobre el financiamiento
El dictamen presentado por el espacio de Carolina Moisés busca responder a los reclamos de las familias de personas con problemas graves de salud mental, especialmente en materia de adicciones. La iniciativa plantea mecanismos legales para habilitar internaciones involuntarias cuando exista riesgo para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
El bloque propone que estas internaciones sean un recurso terapéutico excepcional y restrictivo, cuya decisión quede en manos de al menos dos profesionales de distintas disciplinas del servicio asistencial. Uno de ellos deberá ser psicólogo o médico psiquiatra.
Si no fuera posible contar con ese equipo, un profesional podrá indicar por sí solo una medida provisoria de resguardo terapéutico en un efector de salud. Sin embargo, deberá ser revalidada mediante una evaluación interdisciplinaria en un plazo máximo de 24 horas corridas, frente a las 48 horas que propone el oficialismo.
La iniciativa también incorpora la figura del acompañante terapéutico para complementar el trabajo del equipo interdisciplinario, sin concentrar las decisiones en el rol médico. Además, plantea actualizar las medidas preventivas destinadas a niños, niñas y adolescentes, con políticas específicas para prevenir las adicciones y el suicidio, así como promover el uso responsable de las redes sociales.
Un plan nacional con metas y presupuesto
Convicción Federal propone reforzar el Plan Nacional de Salud Mental y su red de servicios, en articulación con el Consejo Federal de Salud (COFESA).
El dictamen establece que el Ministerio de Salud deberá elaborar un plan con una vigencia de cinco años. El documento tendrá que incluir un diagnóstico por provincia sobre la cantidad de camas, guardias, equipos ambulatorios y dispositivos comunitarios disponibles, además de metas anuales y plurianuales con indicadores, plazos y fuentes de verificación.
También deberá detallar el financiamiento necesario para cumplir cada objetivo y la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias.
Por último, la propuesta incorpora un mecanismo de rendición de cuentas ante el Congreso. El Ministerio de Salud deberá enviar cada año a ambas cámaras un informe con el presupuesto inicial, el vigente y el ejecutado en salud mental; la proporción que representa dentro del presupuesto ministerial; las transferencias realizadas a cada provincia y su destino; y los montos invertidos en hospitales, atención ambulatoria, dispositivos comunitarios y formación de profesionales.
Con los dictámenes ya presentados, la reforma quedó habilitada para llegar al recinto. La fecha definitiva dependerá de la convocatoria a sesión y de los acuerdos que se definan en la reunión de Labor Parlamentaria del próximo martes.
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Este jueves murió el exsenador nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) José María García Arecha a los 83 años. Nacido en Buenos Aires el 8 de mayo de 1943, “Pepe”, como lo llamaban familiares y amigos, desempeñó diversos cargos en la función pública desde el regreso de la democracia y se destacó como analista y columnista político.
Martillero público de profesión y con estudios de Derecho -carrera que no llegó a finalizar-, en la Universidad del Museo Social Argentino, García Arecha inició su militancia política desde muy joven en las filas de la UCR, pero fue a partir de 1983 cuando empezó a ocupar plazas estatales.
Ese mismo año fue elegido concejal de la Capital Federal, posición que ocupó hasta 1987, cuando fue designado presidente de Subterráneos de Buenos Aires. A partir de 1991 regresó al Concejo Deliberante porteño encabezando la lista radical, que resultó ampliamente la más votada. En dicho cargo se mantuvo por dos años. Ya en 1995, cuando lo designan presidente de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, renuncia a su banca.
Su salto a la política nacional tuvo lugar en 1997, cuando fue elegido senador nacional por la ciudad. En una primera instancia, se impuso en una interna partidaria y luego fue refrendado por el nuevo órgano surgido con la reforma constitucional de 1994 en la ciudad de Buenos Aires: la Legislatura porteña. García Arecha accedió a esa banca en reemplazo de Fernando de la Rúa, quien había renunciado para desempeñarse como jefe de Gobierno.
Casado y luego enviudado de Magdalena Ocampo, “Pepe” tuvo tres hijos. A la par de su carrera parlamentaria, supo construir una sólida trayectoria como analista político. Además de ser colaborador de , Ámbito Financiero, Notiar, La Nueva Provincia y Democracia, García Arecha publicó el libro “Política y Hechos”.
Desde el portal de Notiar se despidieron el referente radical a través de unas sentidas líneas en donde pudo leerse: “Hoy te despedimos hasta un futuro encuentro. Fuiste un padre ejemplar y un fiel amigo. Abrazo al cielo”.
El velatorio de García Arecha se realizará este viernes en Casa América, ubicado sobre la calle Acevedo 1120, en el barrio porteño de Villa Crespo, entre las 17 y las 20. El entierro se desarrollará el día sábado 24 a partir de las 10 de la mañana en el cementerio Jardín de Paz.
Notiar,TODOS LOS ARTÍCULOS DE GARCÍA ARECHA PARA ACÁ.,Personajes que hicieron historia,Conforme a
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que establece nuevas reglas para garantizar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y regularizar los pagos pendientes a los prestadores de salud.
La propuesta reunió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, en una votación que contó con el apoyo de buena parte de la oposición.
El resultado se definió después de intensas negociaciones durante la sesión. El oficialismo introdujo modificaciones a su texto original para incorporar reclamos de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que finalmente expresaron su respaldo a la iniciativa.
Entre los cambios centrales, el proyecto fija por ley los requisitos para acceder a las pensiones, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), atravesar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
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Además, mantiene el régimen de empleo protegido, establece que los fondos destinados a las prestaciones no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y garantiza el acceso a servicios médicos básicos a través del programa Incluir Salud.
Otro punto clave es la deuda con los prestadores, estimada en $278.323 millones. El Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de regularización dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y cancelar las compensaciones pendientes en un plazo máximo de 90 días.
El acuerdo también incluyó la actualización mensual del nomenclador de prestaciones según la inflación, un mecanismo que el proyecto de Presupuesto 2027 propone eliminar.
Pese al consenso alcanzado, desde la oposición reclamaron que el Gobierno retire las disposiciones presupuestarias que contradicen la nueva normativa. Ahora, el proyecto deberá ser tratado por el Senado para completar su recorrido legislativo.
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