Las palabras “los hombres pasan, pero las instituciones quedan”, de Jean Monnet, nos muestran con absoluta claridad que los hombres y las mujeres estamos de paso, son las instituciones del país las que perduran. Por eso debemos tener la capacidad de reconocer que, en un sistema republicano de gobierno como el que nos rige, los servidores públicos somos transitorios, son las instituciones las que permanecen, y por eso nuestro compromiso debe ser siempre propiciar más y mejor institucionalidad.

Y aquí cobra especial relevancia destacar la importancia que el Poder Judicial tiene en un Estado de Derecho, ya que es el poder contramayoritario que está llamado por la Constitución nacional para ser el contrapeso de los otros poderes del Estado. Tiene la función de controlar a los poderes políticos y eso genera una lógica e inevitable tensión, pero ese diseño constitucional garantiza justamente que la Justicia pueda ejercer esa función de contrapeso y control en un sistema republicano.

En este sentido, corresponde traer a colación un postulado que es inmanente para un eficiente y adecuado servicio de administración de justicia y es la necesidad de garantizar la independencia judicial. Debe dejarse de lado toda invocación de la independencia judicial como una consigna vacía o abstracta.

En primer lugar, una Justicia independiente es aquella capaz de decidir con autonomía, que asegure a las personas que tendrán la garantía de contar con magistrados capaces de resolver sus reclamos, al margen de toda injerencia o presión de los poderes políticos o fácticos. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y, en especial, en la Justicia.

Y, en segundo lugar, cabe destacar una cuestión estrechamente vinculada con la independencia judicial: la necesidad de una real autonomía financiera del Poder Judicial, ya que no es posible un modelo serio de independencia cuando la Justicia debe someterse a la dependencia económica del poder administrador para obtener los recursos que requiere su normal funcionamiento.

Pero resulta necesario reflexionar sobre las causales de la crisis de credibilidad que están atravesando las instituciones republicanas en su conjunto. En el caso del sistema judicial, las causas son múltiples, algunas propias y otras exógenas, y por eso es imperioso, en primer término, actuar con madurez institucional y responsabilidad para resolver nuestros propios problemas.

Esta discusión es crucial y es una deuda frente a la sociedad, con la que se debe recuperar el vínculo, para mostrar una Justicia más cercana, en palabras de nuestro papa Francisco, porque ello es esencial para la convivencia democrática.

También es necesario alertar que, aprovechando esa crisis de credibilidad, existe una muy preocupante tendencia en numerosos países de la región a cuestionar y esmerilar la función esencial que el Poder Judicial y los ministerios públicos cumplen en un Estado de Derecho. Se trata de una propensión creciente que busca impugnar el sistema de garantías que rodea el ejercicio de la función judicial y que, permeando en diferentes ámbitos, va instalándose mediáticamente como un discurso que crea sentido y propone alternativas presentadas como democratizadoras, pero que, en realidad, solo buscan limitar la independencia judicial.

Se trata de un sutil proceso de erosión institucional, que busca debilitar las bases mismas de nuestro sistema de Justicia. Y aquí cabe pensar -hacia adentro y hacia afuera- a quienes beneficia un Poder Judicial y ministerios públicos débiles.

Por eso, en los tiempos actuales, profundamente alterados por la revolución que inexorablemente provoca la IA, con sus innegables beneficios, pero también con el riesgo que significa que los datos sensibles de las personas se concentren en pocas corporaciones privadas, en las que reina un ámbito de opacidad en todo lo atinente a los sesgos de sus algoritmos; en tiempos en los cuales las redes sociales nos imponen sus reglas y patrones para la convivencia ciudadana, implantándose la “cultura de lo efímero” y del “descarte”; allí es cuando más debemos bregar y luchar por tener instituciones fuertes, con plena vigencia de la división de poderes, y especialmente que se resguarde la independencia judicial.

Porque debemos tener muy presente que el fracaso de los países siempre proviene del fracaso de sus instituciones.

El autor es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y juez federal de Cámara.

La Casa Rosada ya ordenó la agenda legislativa de la segunda mitad del año alrededor de una prioridad: llegar a las elecciones de 2027 sin sobresaltos económicos que puedan poner en riesgo la continuidad del proyecto libertario. Con ese objetivo, el oficialismo prepara un paquete de reformas económicas destinado a reforzar la estabilidad financiera y, en paralelo, acelera una modificación de las reglas electorales que considera clave para la disputa presidencial.

La estrategia comenzó a delinearse el jueves durante la reunión de la mesa política en la Casa Rosada. Según informó , ese encuentro pasará a realizarse semanalmente para monitorear el avance de las principales iniciativas del Gobierno y coordinar la agenda parlamentaria de cara al tramo final del año.

En ese esquema conviven dos prioridades. La primera apunta al frente económico. El Gobierno prepara el envío de tres proyectos: una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal para ampliar el ingreso de dólares al circuito formal, la denominada ley de shutdown, que limitaría la ejecución del gasto cuando se agoten las partidas presupuestarias, y una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia y prohibir el financiamiento monetario del Tesoro. A ese paquete se sumarían modificaciones al mercado de capitales, al régimen de seguros y a las reglas fiscales.

Se trata de un conjunto de iniciativas que busca consolidar las condiciones macroeconómicas con las que el oficialismo pretende llegar a la próxima campaña. Milei ya anticipó que todas las reformas estarán “interrelacionadas” y formarán parte de un mismo esquema económico.

Sobre la ley de Inocencia Fiscal, el Presidente adelantó que llegará al Congreso una nueva versión “para volverla universal y más previsible”. Según informó , uno de los cambios centrales será la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio previstos en el proyecto original para adherir al régimen. La modificación ampliará el universo de contribuyentes que podrán formalizar ahorros no declarados e incorporarlos al sistema financiero sin penalidades.

También confirmó el envío de la ley de shutdown. “Cuando te agotás el presupuesto no podés gastar más y se apaga el Estado”, explicó durante su último diálogo con Alejandro Fantino en el streaming oficialista Neura. En rigor, esto no es lo que ocurre en Estados Unidos. Allí, un shutdown o “cierre del Gobierno” se da cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto que son necesarias para mantener en funcionamiento a las agencias federales. En esos casos, la falta de autorización obliga a suspender una parte de las operaciones del Gobierno hasta lograr un nuevo acuerdo legislativo.

El tercer eje será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto redefinirá el rol de la autoridad monetaria, volverá a ubicar como objetivo fundamental la preservación del valor de la moneda y prohibirá expresamente tanto la emisión sin respaldo como el financiamiento del Tesoro. “Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de qué se financia al fisco”, sostuvo Milei.

El segundo frente de la estrategia es político-electoral. El oficialismo buscará eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) -o, en todo caso, volver a suspenderlas- y avanzar con un sistema de colectoras que permita que distintas listas de categorías inferiores adhieran a una misma candidatura presidencial sin necesidad de integrar una alianza electoral. La apuesta es ampliar el respaldo de Milei a partir de la adhesión de listas de gobernadores aliados que “colectarán” votos para la categoría presidencial. A cambio, el oficialismo se comprometería a diluir su competencia en esos territorios.

Pero la reforma también tiene una motivación económica. Una elección primaria competitiva puede transformarse en un factor de volatilidad financiera antes de la elección general. El antecedente es el de agosto de 2019, cuando la derrota de Mauricio Macri frente a Alberto Fernández en las PASO fue seguida por una fuerte reacción de los mercados: el dólar oficial saltó cerca de un 23% en una sola jornada.

Los desdoblamientos provinciales también se quieren evitar. La elección bonaerense, que se celebró anticipada en 2025, tuvo un efecto nocivo que terminó con el salvataje financiero de Estados Unidos justo antes de la elección nacional. “La Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), apoya unánimemente a la Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”, dijo en ese momento el secretario del Tesoro americano, Scot Bessent.

En la Casa Rosada buscan evitar que una instancia electoral previa vuelva a convertirse en un disparador de incertidumbre sobre el rumbo económico.

En el oficialismo asumen que buena parte de sus posibilidades de retener el poder dependerá de llegar a la campaña con una economía estable. La agenda que preparan para el Congreso responde a esa premisa. Combina cambios en las reglas electorales con un paquete institucional y económico que apuesta a mitigar las oscilaciones y preservar el principal activo que Milei exhibe desde que asumió: la estabilidad macroeconómica.