POLITICA
Los universitarios también marcharon en el interior del país para reclamar que “el Gobierno cumpla la ley”
A la par de la marcha universitaria que tuvo epicentro en la Plaza de Mayo, la protesta de docentes y alumnos se hizo escuchar este martes en distintas ciudades del país donde la comunidad universitaria tiene peso político y social. Por caso, las manifestaciones fueron contundentes en Córdoba, Rosario y Mendoza.
En la ciudad de Córdoba, la convocatoria fue masiva. Las columnas partieron desde la Ciudad Universitaria para avanzar, por 30 cuadras, hasta el frente del Arzobispado, a donde se montó un escenario. A medida que los manifestantes caminaban más gente se iba sumando, de diferentes edades y sectores sociales.
La protesta fue convocada por la Universidad Nacional de Córdoba -al frente de las columnas estaban el actual rector, Jhon Boretto, y el candidato que lo enfrentará en las elecciones Pedro Pérez-, el gremio de los docentes (Adiuc) y la Gremial San Martín, que nuclea a los trabajadores no docentes.
También se sumaron los centros de estudiantes de cada una de las facultades, junto a la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). Además, adhirieron y enviaron representantes de la Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).
El gobernador Martín Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti -además de otros legisladores del oficialismo provincial- manifestaron a través de sus redes sociales el apoyo al reclamo de las universidades. En las calles, la diputada nacional Natalia de la Sota se sumó a las columnas de manifestantes.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) otorgó facilidades académicas y administrativas para que la comunidad educativa pudiera participar de la movilización. La disposición alcanzó a la Presidencia, colegios preuniversitarios y dependencias de la universidad.
A su vez, las distintas facultades fueron invitadas a adherir en sus respectivos ámbitos. En la práctica, las facilidades implicaron flexibilización académica y administrativa para quienes participaron de la protesta, incluyendo posibles justificaciones de inasistencias, permisos o reprogramaciones de actividades.
En Rosario, una multitud se movilizó para visibilizar la situación presupuestaria de las universidades nacionales. El reclamo comenzó a las 15.30 con una concentración en plaza San Martín. Desde allí se realizó una marcha que concluyó en el Monumento a la Bandera, con las calles colapsadas por la multitud.
La movilización y el reclamo no fueron los únicos protagonistas. La Universidad Nacional de Rosario aprovechó para mostrar la importancia de la educación pública. En la previa a la movilización colocó una carpa en la plaza para realizar extracciones de sangre con el objetivo de avanzar en estudios sobre el cáncer.
En Mar del Plata, la marcha tuvo como punto de partida el complejo central de la Universidad Nacional de Mar del Plata y avanzó por más de 2.000 metros hasta el microcentro, donde se completó la protesta con un acto bajo la consigna de defensa de la educación pública y más recursos para la universidad.
Las autoridades académicas y gremiales se ubicaron a la cabeza de la marcha, que como en sus anteriores expresiones, logró una altísima convocatoria que excedió a los protagonistas del sistema universitario y sumó acompañamiento de organizaciones sindicales, organizaciones sociales, políticas y vecinos en general.
“Son 200 días de incumplimiento de la ley, ya era hora de volver a las calles”, señaló Abigail Araujo, de la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM). Marina Sánchez Herrero, vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lamentó por su parte la judicialización por parte del Estado nacional.
“Es inédito tener que recurrir a la Justicia para que el Gobierno la cumpla”, expresó Sánchez Herrero. El reclamo reiterado durante la marcha fue de “educación pública y gratuita”, así como se escucharon algunos cánticos muy críticos contra el Gobierno. La universidad local viene de cinco jornadas de paro.
En Mendoza, miles de estudiantes, docentes, personal no docente y organizaciones sociales -además de público en general- dijeron presente en la movilización, que partió desde el predio de la UNCuyo, en el Parque General San Martín, hasta la tradicional Plaza Independencia, en el microcentro provincial.
La columna de manifestantes estuvo encabezada por la rectora Esther Sánchez y las cuatro listas que se presentaron para las próximas elecciones al Rectorado en la casa de altos estudios, que se celebrarán el 9 de junio. “No es una marcha opositora y la sociedad acompaña la causa”, expresó la rectora de UNCuyo.
En la marcha no hubo funcionarios de primera línea del gobierno radical que comanda el gobernador Alfredo Cornejo, reconocido exalumno y militante de la UNCuyo, hoy aliado políticamente a La Libertad Avanza (LLA). Uno de los ausentes fue fue el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar.
“Desde Mendoza hemos planteado que antes de discutir reformas educativas, necesarias, el país necesita discutir el financiamiento educativo”, señaló de todos modos Zalazar. En la marcha fue común y coincidente una respuesta, entre alumnos y docentes. “La ley ya se aprobó y no se da cumplimiento”, dijeron.
En Río Negro, las principales concentraciones se dieron en Bariloche, El Bolsón, Viedma, General Roca y Choele Choel. En el caso de Bariloche, la comunidad en general y los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro se sumaron a la convocatoria de la red de Becarios de Conicet en Patagonia Norte.
El rector de la UNRN, Anselmo Torres, denunció formalmente ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, la situación de extrema gravedad institucional, social y humanitaria que atraviesa el sistema universitario en la República Argentina y solicitó su intervención.
La denuncia del rector subrayó que el Estado argentino dispone de fuentes de recaudación alternativas, como impuestos coparticipables o la revisión de gastos tributarios, que permitirían solventar la inversión educativa sin comprometer el equilibrio fiscal, en lo que constituyó un mensaje directo al Gobierno nacional.
En Chubut, la comunidad universitaria volvió a las calles de Comodoro Rivadavia. La movilización comenzó en el playón de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y avanzó hacia el centro con la participación de docentes, no docentes, estudiantes, organizaciones sociales y sindicatos.
En la región también hubo convocatorias en Neuquén, Bariloche, General Roca y Viedma. Uno de los ejes centrales del reclamo estuvo vinculado al deterioro del presupuesto universitario. Desde la UNPSJB advirtieron que las partidas previstas para 2026 quedaron rápidamente desactualizadas a raíz de la inflación.
El director de la sede local, Gustavo Fleitas, sostuvo que el cálculo inflacionario contemplado en el presupuesto “ya fue ampliamente superado” durante el primer cuatrimestre del año y remarcó que el conflicto continúa judicializado luego de las presentaciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Durante la convocatoria también se expuso la preocupación por el congelamiento de las becas estudiantiles. Las autoridades universitarias señalaron que la pérdida del poder adquisitivo afecta directamente la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, en un contexto económico complejo para las familias.
El escenario de conflictividad se profundiza por la situación salarial del sector universitario. Según datos difundidos por autoridades académicas, gran parte de los docentes percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza y en distintas facultades ya se registran renuncias y jubilaciones anticipadas en masa.
En Misiones, la Plaza 9 de Julio fue el epicentro de la marcha en defensa de la universidad pública, y especialmente pidiendo por el descongelamiento de las becas universitarias, el presupuesto de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). También hubo marchas en otras ciudades como Eldorado.
La concentración en la capital misionera comenzó pasadas las 13 en la zona que se conoce como El Mástil, en la entrada al microcentro. Desde allí una columna de jóvenes estudiantes, docentes, y también otros vecinos que salieron a apoyar a la universidad, caminó unas diez cuadras hasta la Plaza 9 de Julio.
Con la colaboración de los corresponsales
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Jairo Guzmán, el diputado libertario que se enfrentó a Grabois: “Si no estuviera haciendo un acting, habría que hacerle un control psicológico”
El diputado nacional Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza (LLA), habló en Infobae a las Nueve después del cruce con Juan Grabois durante el debate legislativo por Malvinas.
El legislador santacruceño pidió disculpas por la repercusión del episodio y sostuvo que el debate parlamentario debía concentrarse en la iniciativa tratada. “Creo que lo que se estaba discutiendo ayer era muchísimo más importante que tener que hablar de esto el día de hoy”, dijo.
Guzmán, que vive en Río Gallegos, vinculó el proyecto con su provincia y expresó: “El tema Malvinas afecta al más íntimo de los santacruceños”. La discusión se desarrolló en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde Myriam Bregman exponía sus críticas a la propuesta oficialista.
Durante su paso por el estudio de Infobae en Vivo, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el diputado explicó que se vio involucrado en una situación que “no está buena” y afirmó que el hecho “no deja algo bueno tampoco en la sociedad”.
La reacción de Juan Grabois
Al reconstruir el momento en que Grabois se acercó a su banca, Guzmán atribuyó una intención de exposición pública al diputado de Unión por la Patria. “Quiere aprovecharlo mediáticamente para posicionarse o busca prensa”, aseguró.
El legislador de LLA descartó que Grabois hubiera intentado concretar una agresión. “Yo mido un metro ochenta y seis. O sea, no me viene a pegar”, planteó, antes de sostener: “Hace todo un acting”.
Guzmán agregó que, si el episodio no hubiera sido una actuación, requeriría otra evaluación. “Evidentemente, si realmente no está haciendo un acting, habría que hacerle algún tipo de control psicológico, psiquiátrico al diputado”, manifestó.
Consultado sobre sus intervenciones mientras Bregman hablaba, reconoció que realizó comentarios desde su banca, aunque rechazó que eso habilitara una escalada. “Uno hace algún comentario, el otro diputado te puede responder. A mí me pasa habitualmente, pero no se justifica ante nada un grado de escalada de violencia”, afirmó.
El diputado planteó que la discusión debía centrarse en la soberanía y los recursos nacionales. “Si querés llevar una discusión de soberanía, de cuidado de nuestros recursos, a que si los militares son buenos o son malos, creo que uno puede también tener la posibilidad de hacer algún comentario”, sostuvo.
En ese marco, cuestionó las posiciones que atribuye a sectores de la oposición. “Ellos hablan mucho de violación a la soberanía argentina y hablan tanto de soberanía y defienden la violación a la soberanía del Estado de Israel”, expresó.
La decisión de no responder
Guzmán señaló que en la Cámara de Diputados ya atravesó otros intercambios tensos. “Habitualmente a mí me ha tocado vivir situaciones donde diputados se me han acercado a querer invitarme a las piñas”, denunció.
Sobre uno de esos episodios, ocurrido cuando recién había asumido, evitó identificar al legislador involucrado. “Me parece que no está bien decirlo. Creo que hay que preservar eso”, respondió ante la insistencia del panel.
El santacruceño describió aquel antecedente como una reacción surgida fuera del recinto. “En un momento este diputado pasa al lado mío, yo estaba con otro diputado en un pasillo y él se da vuelta y directamente dice: ‘¿Qué me dijeron?’. Y automáticamente quería irse a las trompadas”, contó.
Frente a las preguntas sobre el enfrentamiento con Grabois, Guzmán remarcó que no se levantó de su lugar. “Yo no hice absolutamente nada. Si yo hacía algo, podía haber terminado en una situación de violencia de otra manera”, afirmó.
El legislador explicó el criterio que adoptó ante la situación. “Decidí quedarme quieto porque creo que también le debemos eso a la sociedad”, dijo.
Guzmán sostuvo que la discusión política puede tener distintos niveles de intensidad, pero fijó un límite. “La discusión puede tener sus diferentes decibeles, pero nunca llegar a este nivel”, expresó.
También recordó un episodio anterior que, según dijo, había observado antes de asumir su banca. “Yo me acuerdo de haber visto una vez a una diputada meterle una piña a un diputado desde atrás”, señaló.
La violencia política y las redes sociales
El diputado vinculó la confrontación parlamentaria con las formas de comunicación que se expandieron en las plataformas digitales. “Las redes sociales trajeron eso: la gente se expresa de una manera mucho más abierta ahora y eso no implica que haya también un desenlace literalmente violento”, sostuvo.
Al ser consultado por los mensajes del presidente Javier Milei contra dirigentes, periodistas y otros actores públicos, Guzmán diferenció las conductas. “El presidente tiene su forma, yo tengo las mías”, respondió.
Guzmán reconoció que, antes de ingresar a la política, tenía una actitud más confrontativa. “Antes quizás sí, cuando no estaba metido en política. Yo estoy involucrado en política hace dos años y medio”, dijo.
El diputado explicó que ese cambio surgió de su experiencia dentro del Congreso. “Desde que entré a la política decidí bajar un cambio porque sé que no le hace bien a la política, a la discusión política”, afirmó.
Sobre el estilo del Presidente, el legislador sostuvo que en ocasiones comprende sus reacciones. “Muchas veces lo justifico porque hay que tener un grado de tolerancia muy grande a las situaciones que uno pasa”, declaró.
Cuando le marcaron que esa defensa podía asemejarse a una justificación de Grabois, Guzmán volvió sobre la secuencia que protagonizó. “Estaba hablando una diputada, él no estaba hablando, se para y se viene a querer pegarme una trompada en la cara. No hay ningún tipo de justificación”, expresó.
Guzmán también rechazó que se instale sin pruebas la idea de que existen consumos de drogas dentro del Congreso. “A mí no me tocó jamás ver algo parecido”, afirmó.
El diputado cuestionó que se aborde ese asunto “con una liviandad tan grande” y advirtió: “Si bien hay cosas que funcionan mal y que hay que arreglarlas, tampoco hay que boicotear los poderes de la democracia”.
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Juan Grabois,Argentina,política
POLITICA
El giro del vínculo del Reino Unido con la gestión de Milei: de evaluar un acuerdo de libre comercio a ser “socio no confiable”
En diciembre pasado, luego de una reunión con sus pares del Mercosur y en la previa del encuentro de presidentes en Foz de Iguazú, el canciller Pablo Quirno contó ante las estrategias oficiales para “abrir mercados”, entre ellos, el Reino Unido. Solo diez meses después, en medio de la tensión bilateral y con la soberanía de las islas Malvinas en el centro del debate, el gobierno británico –que reconoció meses atrás negociaciones para un tratado de libre comercio con el Mercosur o incluso un acuerdo bilateral- planteó ayer sus dudas sobre que la Argentina fuera un “socio confiable”.
De las relaciones comerciales cordiales a la confrontación, el vínculo pasa por estos días por uno de sus peores momentos desde que comenzó el gobierno libertario, con el resurgimiento del espíritu malvinero en el mundial de fútbol y las oscilaciones del gobierno de Donald Trump en torno a Malvinas como inevitables referencias y telón de fondo.
La decisión del Gobierno de llevar al arbitraje del tribunal internacional de la Convención sobre el Derecho del Mar su denuncia contra el conglomerado británico-israelí Sea Lion, que ya trabaja en la explotación de petróleo en las islas, enojó al gobierno británico, que ayer respondió en duros términos. El proyecto Sea Lion comenzó en 2010 y el financiamiento principal (un 65%) proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y de la británica Rockhopper Exploration.
A través de la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, el gobierno británico afirmó que la iniciativa argentina intenta “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”, en referencia a los eventuales derechos de los habitantes de las islas.
“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, dijo Kumaran, y reconoció que respondió a la protesta argentina convocando a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza. Aguijoneó a la gestión libertaria al sostener que, con esas actitudes, pone en duda el estatus de “socio confiable” que Gran Bretaña le adjudicaba hasta hace pocos meses.
“La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos. La Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son partes y con el principio fundamental de solución pacífica de controversias”, le contestó Quirno hoy a través de un comunicado. Un texto en el que reiteró la “permanente disposición” del gobierno a “reanudar las negociaciones bilaterales sobre la cuestión de las islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas” y criticó la “manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las islas”.
Hasta mitad de año, y de la mano del restablecimiento de la sintonía política —complicada durante el gobierno kirchnerista—, el vínculo bilateral comercial había crecido de modo sostenido. Como ejemplo, entre noviembre de 2024 y noviembre pasado, las exportaciones de la Argentina a Gran Bretaña se incrementaron un 1,73%, mientras que las importaciones subieron un 7,37%, según el sitio especializado Oec.world. Se hablaba por entonces de un inminente viaje de Milei a Londres, mientras avanzaban las negociaciones para levantar el veto británico sobre las compras de armamento que hiciera la Argentina, y que contuvieran algún componente de origen inglés. Las negociaciones dieron como resultado la no objeción británica a la compra de 24 aviones caza F16 a Dinamarca para la Fuerza Aérea, con el aval adicional de Estados Unidos.
En julio, el clima cambió con la bandera “las Malvinas son argentinas”, enarbolada por jugadores del seleccionado nacional luego de vencer a Inglaterra en el mundial. En pleno fervor popular por la reivindicación de los derechos argentinos, y 44 años después de la guerra entre ambos países, el Gobierno pasó a hablar de Malvinas como “causa nacional” y endureció su postura en relación al proyecto Sea Lion, del cual se desconoce si fue motivo de conversación en el último encuentro mano a mano que Milei tuvo con su par israelí Benjamin Netanyahu. El propio Presidente, en cadena nacional, anunció a principios de septiembre el envío de un proyecto de ley “de defensa de la Soberanía Nacional” para sancionar a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas, la creación de una base naval integrada en Tierra del Fuego y la creación del Consejo de Seguridad Nacional.
La discusión sorprendió a Trump, quien, en medio del conflicto con Gran Bretaña por su postura en relación a la guerra de Estados Unidos con Irán, dejó abierta la posibilidad de “revisar” el histórico apoyo norteamericano al Reino Unido en el diferendo por Malvinas. Trump pareció volver sobre sus pasos la semana pasada, cuando en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió con el flamante primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, sin menciones a un eventual cambio de posición.
Ayer, el embajador Javier Figueroa, Coordinador de Políticas Oceánicas y del Atlántico Sur de Cancillería, criticó en un seminario conjunto del gobierno porteño y la Cancilleria la explotación hideocarburifera de Reino Unido y la pesca ilegal y dijo que Argentina prepara “una política regional con países vecinos”, como Chile, Brasil y Uruguay, para frenar esa explotación de recursos.
El conflicto por Malvinas también complica el vínculo bilateral con Chile. En respuesta a declaraciones del gobierno argentino sobre la soberanía “compartida” del estrecho de Magallanes, el ministro de Defensa del vecino país, Fernando Barros Tocornal, reivindicó esta semana la soberanía británica “de hecho” sobre Malvinas, y defendió el comercio entre Chile, más específicamente desde Punta Arenas, y las islas. El gobierno argentino, por el momento, prefirió no escalar en el conflicto con el gobierno de Chile, presidido por el derechista José Antonio Kast.
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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Washington buscaría desescalar una eventual crisis entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas antes de evaluar cualquier otro tipo de intervención.
El funcionario de la administración de Donald Trump fue consultado por GB News sobre qué haría Estados Unidos ante un hipotético nuevo conflicto armado en el Atlántico Sur y si respaldaría militarmente a Gran Bretaña.
Waltz evitó dar una respuesta afirmativa o negativa y señaló que una definición de ese tipo corresponde directamente al mandatario estadounidense.
“Es una decisión del comandante en jefe”, afirmó el diplomático, antes de remarcar que no iba a adelantarse a una eventual determinación de Trump. Luego agregó: “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”.
El representante estadounidense destacó además las relaciones que Washington mantiene con ambos países. “Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, sostuvo Waltz, al tiempo que mencionó la histórica “relación especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido.
Sobre la posibilidad de brindar algún tipo de asistencia militar, evitó avanzar: “En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente”.
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Islas Malvinas, Estados Unidos, Reino Unido, casa blanca
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