La estrategia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, de solicitar su incorporación al régimen simplificado del impuesto a las ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal motivó críticas opositoras que, incluso, derivaron en la presentación de un proyecto para excluir de esa normativa a funcionarios, jueces y rectores, entre otros.

El diputado nacional Esteban Paulón (Santa Fe-Provincias Unidas) presentó en la Cámara baja un proyecto que contrarrestaría la estrategia que puso en marcha Adorni con su pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El legislador opositor propone reformar el artículo 38 de la Ley Nº27.299 (Régimen de Inocencia Fiscal) para que queden excluidos funcionarios, magistrados, legisladores, entre otros.

El listado de personas que quedarían excluidas de la normativa a la que pidió plegarse Adorni son el “Presidente, vicepresidente, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal”, legisladores nacionales, provinciales y concejales, “jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Además, la iniciativa excluye a los “cónyuges y convivientes” de todos los apartados del régimen por los cargos que ostentan, entre los que también figuran decanos y rectores universitarios, y magistrados.

“Un límite a la avivada de los Adornis. Que se termine la joda libertaria. El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven los fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública. Por ello, presenté un proyecto para excluir de este régimen a los poderes del Estado y sus familiares directos desde dos años antes de ingresar a la función pública. No más Bettinas ni Manueles”, escribió Paulón en su cuenta de la red social X.

El diputado Maximiliano Ferraro (Ciudad de Buenos Aires-Coalición Cívica) consideró que la normativa está hecha a medida de personas con poder. “Estamos con leyes con nombre y apellido que ya beneficiaron a un personaje como Lázaro Báez y que ahora estarían beneficiando a la esposa de Adorni para encubrir”, dijo Ferraro a Radio Rivadavia. En marzo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 sobreseyó parcialmente a Báez y a otras 11 personas acusadas de evasión en Austral Construcciones, al aplicarle la Ley de Inocencia Fiscal (que benefició a los acusados del 81% de las causas del fuero penal económico al elevar los montos punibles por presunta evasión).

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, cuestionó la decisión de Adorni y consideró que el jefe de Gabinete no puede exponer su Declaración Jurada. “La honestidad no se pregona, se demuestra: si no tenés nada para esconder, andá y presentá la declaración jurada, si no tenés nada que esconder no te metas en la Ley de Inocencia fiscal. Tiene que cumplir con lo que dijeron que era terminar con la casta y con los privilegios, y hoy tenemos un jefe de Gabinete que no puede mostrar su declaración jurada”, afirmó Chiarella.

La extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, puso énfasis en el origen de los fondos que componen el patrimonio de Adorni. “El caso Adorni no es un problema de evasión fiscal. El régimen de inocencia fiscal existe, y aun los funcionarios públicos pueden acogerse a él. Pero, en el caso de Adorni, el crecimiento patrimonial exponencial de él y su mujer ocurre desde que asumió la función pública. No son ingresos privados que no declaró antes, son ingresos generados mientras ejerce un cargo público. Y eso no lo puede legitimar ningún régimen fiscal, porque la pregunta es inevitable: ¿De dónde viene ese dinero, si el único cambio relevante en su vida es que hoy trabaja en el Estado?“, recriminó Talerico.

El diputado nacional Itai Hagman (Ciudad de Buenos Aires-Fuerza Patria) recordó un fragmento de una conferencia de prensa en la que Adorni se refería al nuevo régimen fiscal y señalaba: “Con el nuevo esquema, lo tuyo es tuyo. Tus dólares, tu decisión”.

Noticia en desarrollo.

Marcelo Román, intendente de la localidad de Allen, provincia de Río Negro, quedó involucrado en un escándalo de presunta administración fraudulenta y peculado. Se enfrenta a una posible acusación por sus vínculos con el empresario local Sebastián Ocampo, que también fue involucrado como partícipe necesario.

Según la presentación de la Justicia consignada en diario Río Negro, el peritaje del teléfono de Ocampo —dueño de una radio local y un sitio web— habría mostrado mensajes en los que impartía órdenes a funcionarios del municipio. Además, el empresario era considerado como un “asesor” del jefe comunal, perteneciente al espacio de La Libertad Avanza (LLA).

En la audiencia que se realizó este lunes estuvieron presentes los dos acusados y se determinó un cuarto intermedio, por lo que el 17 de junio se definirá formalmente si se da lugar a la formulación de cargos contra ambos.

La acusación en su contra

La investigación penal se originó tras una denuncia presentada el 26 de junio de 2025 por presuntas irregularidades que habrían ocurrido desde el inicio de la gestión de Román (a fines de 2023) hasta mediados de 2025.

El Tribunal de Cuentas de Allen señaló en su denuncia que Ocampo ejerció funciones propias que corresponden al cargo de intendente del municipio “sin tener la facultad legal para ello”. Esto incluye, entre otras cosas, la toma de decisiones en la gestión municipal, la participación activa en reuniones de gabinete, las decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias.

El organismo indicó también que cuenta con supuestos testimonios que certifican la “existencia de este ejercicio irregular del cargo”. Asimismo, la línea telefónica que utilizaba Ocampo para comunicarse con los funcionarios sería abonada por la comuna municipal, al igual que el pago de honorarios mediante publicidad a su radio.

En julio de 2025, la Justicia —a través de la denuncia realizada en el Ministerio Público Fiscal y llevada adelante por las fiscales Graciela Echegaray y María Celeste Benatti— realizó múltiples procedimientos en el municipio y en propiedades vinculadas a Ocampo para recolectar documentación y dispositivos electrónicos.

Luego de la audiencia del lunes, el intendente Román habló sobre las acusaciones en su contra, aseguró que se sentía “tranquilo” y afirmó que la fiscalía no tiene sustento probatorio. “Nosotros tenemos la defensa preparada y vemos también que no hay mucha sustentación de parte de la acusación fiscal, porque en definitiva me califican con un delito y no dicen si lo cometí o no”, afirmó.

Días antes, los vecinos de la localidad de Allen presentaron una solicitud de revocatoria contra el intendente para que sea retirado de su cargo. Con más de 3000 firmas de empadronados en la ciudad, el escrito ingresó con sello oficial en el Concejo Deliberante y acusó a Román de “negligencia e ineptitud en la prestación de los servicios públicos”.

Además, hablaron de un “progresivo aumento de abandono” en distintas áreas vinculadas al mantenimiento urbano. Ramón es el único intendente que pertenece al espacio libertario en la provincia del sur del país.