Desde la irrupción mediática y el consecuente desenlace que dio lugar a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, varios integrantes del Gabinete empiezan a detectar una especie de lentitud y empantanamiento en la gestión, que adjudican a diversos motivos. Frente a la caracterización que parece ser colectiva, salvo contadas excepciones, lo que difiere es la línea argumental con la que intentan justificar la demora en la dinámica. Los planteos son de todo tipo y color.

Sin embargo, también existen voces que niegan ese diagnóstico y destacan el funcionamiento interno de cada cartera, que someten a revisión en cada instancia de coordinación colectiva. “Nosotros no paramos. A Adorni lo llamo y las cosas se resuelven. Cuando hay política en el medio las percepciones pueden no ser objetivas”, lo defendió un ministro ante Infobae.

Entre los que detectan signos de quietud en la diaria figuran quienes le confieren el “stand by” del proceso -que aclaran arrastraba demoras- a la causa abierta contra el ministro coordinador. Convergen con quienes sostienen que las diferencias internas entre los vértices del Triángulo de Hierro complejizan la operatoria institucional.

“La idea de la mesa política es tratar este tema”, expresó un alfil violeta que abona al último grupo y que cuestiona la sobrediscusión abierta y la “burocratización” que se despliega ante cada decisión.

“En esta dinámica de gobierno asambleario, cualquier ruido se convierte en noticia”, contrarrestó una importante voz que, en cambio, relativiza a la mesa política como instancia de decisión colectiva que funciona, en paralelo, a las reuniones de Gabinete. El interlocutor detecta una falta de resolución en algunos temas, que adjudica a la multiplicidad de opiniones, y lo ejemplifica con el vencimiento del plazo dispuesto por el fallo judicial que habilita la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.

A colación de la situación, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilitó en las últimas horas el tratamiento en comisiones para la próxima semana del proyecto ya anunciado y diseñado en Balcarce 50 en medio de acusaciones por haber “pisado” su debate.

Lo cierto es que, desde hace días, el Gobierno que ensaya sobrados gestos para retomar el control de la agenda, combinados con las muestras de apoyo al funcionario señalado. No obstante, no logra golpes de impacto en la gestión ni definir una hoja de ruta legislativa que establezca prioridades claras en el Congreso.

Pese a anuncios y anticipos de normativas como las promesas por tan mencionado Código Penal, pendiente desde diciembre, y la Reforma Política, con sorpresivas modificaciones de último momento, aún restan definiciones y la puesta a punto de un cronograma que permita ordenar la dinámica diaria.

Desde el inicio de sesiones ordinarias, luego del discurso del presidente Javier Milei, uno de los principales defensores del ministro coordinador, el oficialismo solo trató -con éxito- la Ley de Glaciares en Diputados, una de las banderas de los gobernadores mineros. A esa noche en la que la Casa Rosada cosechó 137 acompañamientos que habilitaron las modificaciones, le siguió una serie de proyectos anunciados que, por distintos motivos, aún no tienen fecha de tratamiento.

“Todo lo que se mandó, se aprobó. Es natural que a veces haya una sobreexpectativa de proyectos porque no se tienen en cuenta los tiempos parlamentarios“, destacó una fuente legislativa en diálogo con este medio.

En medio de la multiplicidad de voces, algunos miembros de la mesa política -que volverá a reunirse este viernes desde las 11 en la planta baja de Casa Rosada- alertan además por un desfasaje entre las necesidades del Poder Ejecutivo y los escenarios que barajan los alfiles negociadores en el Congreso.

Para evitar la descoordinación, el ex vocero, en su nuevo rol, atiende de manera individual las prioridades de cada cartera, fija plazos de seguimiento e intenta habilitar instancias de síntesis colectiva, como los intercambios de Gabinete, que buscará realizar con mayor frecuencia. “Es clave trabajar en equipo. Lo bueno es que, a veces, una solución que funciona para otro puede ser readaptada a tu mismo problema”, los respaldó un miembro de una importante cartera a este medio.

A la causa judicial contra Adorni en movimiento, que motiva constantes señales de respaldo del Ejecutivo orquestadas por los Milei, se suma la tensión propia de una interna, que aún no encuentra resolución. En ese escenario, el oficialismo busca ordenarse e imprimir mayor celeridad a una gestión que, desde hace más de un mes, muestra signos de parálisis. “O nos ordenamos o la realidad nos va a terminar ordenando”, expresó, a tono de necesidad, un habitué de la quinta de Olivos.

El diagnóstico parece ser compartido; no así la receta. Otra diferencia que amenaza con sumar un nuevo capítulo a la lista de tensiones internas que postergan los planes de transitar los “mejores 18 meses de la historia”.

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El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, realizó el primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, un relevamiento hecho en conjunto con 19 provincias que dio como resultado una cifra total de 9.421 personas, de las cuales el 83% son varones y el 17% mujeres.

El operativo, coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Subsecretaría de Promoción Humana, implicó la participación simultánea de equipos nacionales y provinciales que emplearon una plataforma digital especialmente diseñada, llamada DataCalle, integrada al Sistema Social (SiSoc), la cual fue utilizada por 17 de las 19 administraciones provinciales participantes.

“Convocamos a todas las provincias y diecinueve se adhirieron. Por primera vez, no solo se llevó adelante este relevamiento, sino que además fue digital”, afirmó Martín Lepera, subsecretario de Promoción Humana, durante una conversación con este medio. “Recorrimos la calle y también los dispositivos, y cargamos los datos en una aplicación que permite trabajar sin conexión. A las ocho de la mañana cada provincia ya tenía sus resultados en un tablero”, agregó.

Solo 5 provincias —Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego— no participaron del operativo. Sobre las razones de esta ausencia, Lepera explicó: “No nos dieron motivos, los citamos y convocamos formal e informalmente, pero no manifestaron objeciones metodológicas”.

El relevamiento se realizó durante una misma noche en todas las jurisdicciones, combinando una metodología observacional con entrevistas voluntarias. “El ochenta y cuatro por ciento de las personas accedió a responder el cuestionario”, detalló Lepera. De ese universo, el 91% tiene Documento Nacional de Identidad (DNI).

Del total de personas censadas, el 92% son mayores de 18 años y el 6% menores, mientras que el 2% restante no pudo ser observado con precisión. El relevamiento también arrojó información sobre la trayectoria en situación de calle: el 32% lleva más de dos años en esa condición, el 18% entre uno y dos años, y el 9% menos de un mes. Motivos como el consumo problemático, conflictos familiares, separación o exclusión del hogar emergen entre las causas principales.

En cuanto al nivel educativo, el 52% completó la educación primaria pero no terminó la secundaria, el 16% tiene la primaria incompleta o ninguna escolaridad, el 16% concluyó la secundaria y el 9% posee estudios superiores. “Estos datos nos permiten desmitificar ciertos prejuicios: la situación de calle no se resuelve solo con una cama, requiere un abordaje integral”, puntualizó Lepera.

La dimensión laboral, según el informe al que accedió Infobae, muestra que el 53% de las personas realiza alguna actividad laboral: el 43% en trabajo informal, el 27% en economía popular y el 25% en estrategias de supervivencia, como tareas callejeras. Además, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% ingresos previsionales y el 8% otros ingresos.

Sobre las condiciones de vida, el 44% asiste a comedores, el 46% duerme en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios) y el 40% en la vía pública. El 15% manifestó tener alguna discapacidad, aunque solo el 42% de ese grupo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El relevamiento fue posible a partir de un proceso de trabajo técnico y político conjunto entre la Nación y las provincias, con una estandarización metodológica que permitió la comparabilidad federal. “Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia”, describieron en Capital Humano.

El operativo cumple con lo dispuesto por la Ley 27.654, que exige la elaboración de un diagnóstico federal sobre las personas en situación de calle y aquellas en riesgo, con el fin de orientar políticas que garanticen su identidad e integridad física.

De cara al futuro, la secretaría anticipó que el relevamiento nacional se realizará una vez al año, tal como establece la normativa vigente. “Este primer relevamiento es un piso para seguir consolidando el plan de abordaje integral y fortalecer la red nacional de dispositivos. El año próximo vamos a trabajar para que las provincias que no participaron se sumen, y avanzar en la creación de un sistema federal de dispositivos de atención”, sostuvo el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez.

En relación al sistema de contenidos, el Ministerio de Capital Humano publicó este lunes la Resolución 295/2026 que crea el programa Formando Capital Humano, un portal virtual que reúne una oferta de cursos y programas armados desde la cartera ministerial para diferentes sectores etarios, pasando de la infancia hasta la tercera edad.

Además, destacó que la herramienta “agrupa todos los contenidos por ciclos de vida” y permite que cada usuario arme su propio trayecto de aprendizaje de acuerdo a sus intereses y características.

La plataforma fue desarrollada bajo el concepto mobile first, ya que el 95% de los potenciales beneficiarios accede a internet principalmente desde un teléfono celular, mientras que el acceso a computadoras no supera el 10%. El portal integra contenidos y recursos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Entre las principales innovaciones, la plataforma ofrece test de autoconocimiento apoyados en inteligencia artificial, que perfilan a cada usuario y recomiendan cursos adecuados según sus habilidades y conocimientos. “La persona no se tiene que adaptar totalmente a la plataforma, sino que la plataforma se adapta a vos”, señaló Lepera. Además de cursos con certificación, se incluyen recursos descargables que pueden consultarse sin conexión, y un recetario que permite filtrar contenidos de nutrición según la ubicación, la estación y los ingredientes disponibles, lo que contribuye a mejorar la alimentación en todo el territorio.

El sistema también incorpora el “voucher Formando Capital Humano”, un mecanismo que reemplaza los subsidios directos del plan “Volver al Trabajo”. Los exbeneficiarios pueden acceder a un cupón que habilita la inscripción a cursos, con un seguimiento digital de su uso y estado. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 1.500 centros de formación profesional adheridos, 4.500 cursos y más de 6.800 comisiones.

Guido de Graaff, subsecretario de Políticas Sociales, reemarcó que la plataforma permite unificar datos y recomendar trayectos formativos en función de las tendencias del mercado de trabajo local, lo cual facilita la inserción laboral. “El vínculo con el sector privado y orientar las capacitaciones hacia lo que sea demandado es condición sine qua non de lo que vamos a ofrecer de formación”, aclaró.

Por su parte, Ordóñez definió al portal como “un acompañamiento de trayectoria profesional, de formación, de gente que no está en el sistema laboral o profesional de la manera habitual”. Ordóñez resaltó la integralidad del sistema y su alcance nacional, que permite a cualquier usuario, incluso en zonas rurales o comunidades alejadas. Desde su lanzamiento, la plataforma superó las 150.000 visitas, el 91% de ellas desde dispositivos móviles, y fue destacada por organismos internacionales como el PNUD, que solicitó documentar el proceso para presentarlo como una iniciativa regional en tecnología y política social.

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