A dos días del inicio del juicio por Hotesur y Los Sauces, la acusación contra Máximo Kirchner pone el foco en su participación en la administración de las empresas familiares. La documentación del expediente registra cobros de cheques, representación de la inmobiliaria y pagos por propiedades que luego fueron alquiladas a empresarios vinculados al Estado.

El diputado nacional será juzgado junto con su madre, Cristina Kirchner, en un proceso cuyo comienzo está previsto para este viernes 23 de octubre. La Cámara de Casación resolvió el martes que ambos expedientes se debatan de manera conjunta. En el tramo de Los Sauces, la fiscalía le atribuye el papel de organizador de una asociación ilícita, además de lavado de dinero.

El planteo acusatorio sostiene que Máximo tuvo una intervención activa en las operaciones: representó a Los Sauces, suscribió contratos, realizó movimientos bancarios y retiró fondos. Esas actuaciones forman parte de las pruebas con las que los fiscales buscarán acreditar su responsabilidad penal durante el debate.

La investigación también reconstruyó el crecimiento patrimonial de la inmobiliaria. Según la acusación, su patrimonio neto pasó de los $100.000 iniciales a más de $12,1 millones, un incremento superior al 12.000%. Se trata de la evolución de la sociedad, no del patrimonio personal del diputado.

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Este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Discapacidad. Tras una maratónica sesión, la iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, producto de los cambios que La Libertad Avanza (LLA) incorporó por pedido de la oposición.

La propuesta, impulsada por el oficialismo, busca reemplazar el esquema transitorio de la emergencia por un régimen permanente. El dictamen aprobado conservó los beneficios previstos en la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos la compatibilidad de la pensión no contributiva con el empleo formal, bajo determinadas condiciones, y previsiones para prestaciones y coberturas de salud.

Luego de que el texto obtuviera un apoyo mayoritario, los diputados de diversos bloques celebraron el consenso logrado. Uno de los primeros fue el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien celebró la media sanción y sostuvo que la ley brindará “una respuesta clara y permanente” a las personas con discapacidad y sus familias, sin depender de “emergencias ni leyes temporales”.

Aunque el diputado cordobés resaltó que hubo un “consenso amplio” entre bloques, cuestionó a los legisladores vinculados al gobernador Martín Llaryora. “No aportaron. No acercaron propuestas. Y votaron en contra de la nueva ley en un intento de hacer política barata con el tema”, apuntó.

Tras celebrar la aprobación de la ley, la diputada Patricia Vásquez (LLA) destacó que “cuando se dejan de lado ideologías y se logran los consensos que la gente necesita”. Y concluyó: ”No más emergencias, ahora tenemos certezas”.

En la misma línea, Gerardo Huesen (LLA) exigió: “Basta de usar la discapacidad como herramienta de manipulación política”. Asimismo, aseguró que las personas necesitan “respuestas concretas y derechos permanentes”.

Por su parte, la también libertaria Karen Reichardt definió al proyecto como un régimen estable de protección. “Pensiones, prestaciones y controles transparentes para dar previsibilidad a quienes lo necesitan y a sus familias”, señaló en su publicación.

Desde Unión por la Patria (UP), la diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que la oposición logró modificar un dictamen que, a su criterio, “estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales”.

Según detalló, las modificaciones incluyeron garantías de cobertura de salud para ambas pensiones, protección de asignaciones familiares, requisitos para acceder a las pensiones y la compatibilidad con el trabajo formal. También mencionó cambios vinculados al financiamiento, la participación provincial, mecanismos ante bajas de prestaciones y pagos a prestadores.

“Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defendemos los derechos de las personas con discapacidad”, publicó Tolosa Paz. Además, advirtió que continuará el reclamo por recursos: “Los derechos no se garantizan solamente con una ley: se garantizan con presupuesto y con la decisión política de cumplirla”.

Frente a esto, el ex ministro de Defensa y diputado de UP Jorge Taiana atribuyó el resultado a la movilización del sector. “La lucha inclaudicable del colectivo de personas con discapacidad logró que el oficialismo incorporara al dictamen de mayoría buena parte de los reclamos de las organizaciones”, valoró. Y reclamó: “Milei cumplí la Ley”.

Del mismo modo, Cecilia Moreau (UP) vinculó la media sanción de la Ley de Discapacidad con otros reclamos sanitarios y aseguró que su bloque insistirá en “la plena garantía del derecho a la salud de los más chiquitos” ante el vencimiento de la emergencia pediátrica.

También reclamó la restitución del programa Remediar y la aplicación efectiva de la norma sobre discapacidad, al tiempo que cuestionó que el Gobierno “siga jugando cruelmente con la salud de millones de argentinos y argentinas”.

Mientras que la diputada Karina Banfi, de la Unión Cívica Radical (UCR), se limitó a destacar que la Cámara Baja dio media sanción “con mayoría absoluta”, el jefe de bloque de Provincias Unidas, Pablo Juliano, sostuvo que se aprobó “una mejor ley para ayudar a las personas con discapacidad”.

En este sentido, Juliano afirmó que el oficialismo debió retroceder respecto del proyecto de Presupuesto 2027, que —según señaló— contemplaba recortes de fondos para el área. “Gracias a la movilización de la sociedad, desde la oposición logramos que LLA aceptara dejar de lado el plan de Milei y Caputo”, indicó al anticipar que su espacio seguirá de cerca el cumplimiento de la futura norma.

Sin embargo, la diputada cordobesa Alejandra Torres, también de Provincias Unidas, cuestionó la decisión de no extender la emergencia. Tras reunirse con organizaciones de la Iglesia que trabajan con personas con discapacidad, afirmó que el texto aprobado “no fue consultado con el sector y genera incertidumbre”.

“No podemos avanzar con una ley que no preserve todos los resguardos que merecen las personas con discapacidad”, sostuvo Torres. A su vez, el diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, también puso el foco en el reclamo de las familias y las organizaciones al señalar que “esta ley es una conquista de todos ellos. Ahora vamos a exigir que se cumpla”.

Pese al acuerdo mayoritario, el proyecto deberá ser analizado por el Senado antes de convertirse en ley. Hasta entonces, las disposiciones aprobadas por Diputados no entrarán en vigencia.

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