POLITICA
Malvinas: la oposición en el Congreso impulsa iniciativas propias para defender el reclamo de soberanía
El presidente de la Nación en la ultima reunión de Gabinete, del pasado lunes, determinó que el proyecto sobre la Soberanía Argentina en Malvinas ingresará por la Cámara de Diputados. Allí impulsará elevar las sanciones a las empresas que decidan explotar recursos naturales en las Islas sin autorización argentina, es decir modificará la Ley 26.659 del 2011.
También contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Además, el jefe de Estado, Javier Milei ya presentó demandas penales contra varias empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, entre ellas la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, sus directivos y representantes.
La decisión del Presidente Milei llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría revisar su posición respecto a la disputa territorial sobre las islas Malvinas. Recordando que el gobierno del Reino Unido no respaldó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, algo que resintió al líder de la Casa Blanca.
El PJ se mueve en Diputados
La bancada de Unión por la Patria (UxP) en Diputados presentó en los últimos días diferentes proyectos tendientes a resaltar la soberanía argentina en las Islas Malvinas. El diputado porteño Eduardo Valdés, junto a 25 legisladores peronistas, le pidieron al Presidente Javier Milei que exhiba nuevamente en la Casa de Gobierno la bandera que flameó en Malvinas durante el operativo Cóndor.
“Esa bandera tiene un valor histórico enorme, fue una de las siete que flamearon en las islas Malvinas hace 60 años durante el operativo Cóndor”, dijo el diputado nacional Eduardo Valdés.
La bandera, una de las siete enseñas argentinas que fueron desplegadas en las Islas durante el Operativo Cóndor, se encontraba exhibida en el Patio Malvinas Argentinas de la Casa Rosada hasta que fue retirada en febrero de 2025. Según informó entonces el Gobierno nacional, la decisión obedecía a tareas de restauración y conservación.
La iniciativa lleva las firmas de Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina, Agustina Propato, Roxana Monzón, Nancy Sand, Lorena Pokoik, Carlos Castagneto y Andrea Freites, entre otros.
Fin a un convenio fiscal con Inglaterra
Por su parte el entrerriano del Frente Renovador Guillermo Michel, insta al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar la denuncia del Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, suscripto en 1996.
El Convenio de Doble Imposición entre Argentina y Reino Unido otorga beneficios a las empresas inglesas que obtienen rentas en el país estableciendo tope para las retenciones por el pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías y tiene un costo fiscal, en promedio, de 50 millones de dólares por año para el fisco argentino.
El peronista Guillermo Michel planteó: “Nuestro país cuenta desde hace años con instrumentos destinados a proteger sus derechos soberanos y sus recursos naturales. En particular, la Ley 26.659, posteriormente modificada por la Ley 26.915, estableció un régimen de prohibiciones y sanciones aplicable a las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad competente”.
Agregó que “la reciente decisión del Gobierno Nacional de retomar la aplicación de este régimen frente a las actividades hidrocarburíferas ilegítimas debe ser acompañada por una política integral y coherente respecto del Reino Unido, que alcance también a los instrumentos económicos y tributarios que estructuran la relación bilateral”.
“Si el Gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas por sus actividades en Argentina. El Reino Unido continúa promoviendo y autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales, petróleo y pesca, en áreas sujetas a la disputa de soberanía, sin autorización de nuestro país”, expresó el legislador.
Pedido por una Comisión Bicameral
El bloque de senadores nacionales de Convicción Federal, presidido por la jujeña Carolina Moisés, presentó un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral Permanente sobre la Cuestión Malvinas y el Atlántico Sur en el Congreso de la Nación.
Los legisladores entienden que el Congreso debe tener un rol permanente en la defensa de Malvinas y de nuestros intereses en el Atlántico Sur.
“Hay quienes hablan de soberanía cuando conviene y la olvidan cuando aparecen los negocios. Los recursos argentinos tienen que estar al servicio de los argentinos. No podemos hablar de soberanía mientras otros deciden sobre nuestra pesca, nuestro petróleo y nuestros recursos en el Atlántico Sur”, afirmaron los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).
La Comisión permitirá abordar Malvinas como lo que realmente es: una cuestión diplomática, económica, energética, pesquera, ambiental, científica, antártica, logística, de defensa y, fundamentalmente, de soberanía nacional.
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El proyecto establece que deberá integrarse obligatoriamente con un senador y un diputado nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, garantizando la representación permanente de la provincia directamente involucrada.
“Frente a la explotación unilateral de nuestros recursos, el avance del proyecto petrolero Sea Lion y la presencia militar británica, Argentina no puede limitarse a reaccionar: necesita una estrategia de Estado permanente. Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Pertenece a la Nación Argentina. Y su soberanía no se declama: se defiende”, sostiene los senadores de Convicción Federal.
Con estos antecedentes parlamentario, el Congreso aguarda la llegada del proyecto de Soberanía argentina Sobre las Islas Malvinas que Javier Milei enviará al Congreso.
Malvinas Argentinas, Javier Milei, Eduardo Valdes
POLITICA
Hernán Lacunza cuestionó un posible acuerdo entre el PRO y LLA y Cristian Ritondo le respondió: “Tengo clarísimo de qué lado estar”
Con las elecciones presidenciales del año que viene como telón de fondo, en los últimos meses se reactivaron conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para intentar sellar un acuerdo político. El partido fundado y presidido por Mauricio Macri fue el socio principal del Gobierno desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, pero fueron contadas las veces que funcionaron como un tándem electoral.
El último antecedente fueron las legislativas del año pasado, donde el resonante triunfo en la provincia de Buenos Aires envalentonó a los partidarios de forjar un acuerdo. No obstante, rumbo al 2027 no hay unanimidad en el PRO.
Este jueves, el autoproclamado precandidato a presidente por el PRO, Hernán Lacunza, fue consultado en IDEA por TN respecto de la posibilidad de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. “Creo que lo mejor que puede pasar para la Argentina es que haya propuestas alternativas, independientes, republicanas, que ofrezcan otras voces, otras ideas”, afirmó. “Si el PRO va junto con La Libertad Avanza, va a desaparecer”, apuntó.
Ante este descargo, quien recogió el guante fue el presidente de bloque del PRO en la Cámara de Diputados y principal articulador con el Gobierno, Cristian Ritondo. “Si las fuerzas del cambio vamos divididas y gana el pasado, lo que desaparece no es un partido, es la oportunidad del país”, expresó a TN el legislador. “Ya lo vivimos en 2019 y lo pagamos carísimo. No podemos tropezar dos veces con la misma piedra”, añadió.
POLITICA
El Gobierno irá a la Corte para no reconocer a Barrionuevo como titular del Sindicato de Gastronómicos
El Gobierno prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), encabezada por Luis Barrionuevo, luego de las elecciones sindicales de diciembre pasado.
La apelación busca cuestionar el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que convalidó de manera provisoria la conducción nacional del gremio y ordenó a la Secretaría de Trabajo que expidiera el correspondiente certificado de autoridades.
La presentación será elaborada por la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, luego de que el Gobierno decidió recurrir hasta la última instancia judicial cuando existan decisiones adversas a resoluciones administrativas como la decisión de no reconocer el triunfo electoral de Barrionuevo mientras el resultado siga en medio de una controversia judicial.
La disputa judicial se desarrolla después del deterioro de la relación entre Javier Milei y Barrionuevo, quien había alcanzado un acuerdo en 2023 con el entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza para aportarle fiscales de su sindicato en la elección nacional de ese año.
En La Libertad Avanza acusaron al sindicalista de no haber cumplido ese compromiso, mientras que éste decidió romper el vínculo en rechazo del acuerdo electoral de Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
La oposición a Barrionuevo también objetó la decisión de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que otorgó la certificación provisoria a la lista de Barrionuevo. Los apoderados de la nómina Gris/Naranja, encabezada por Dante Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y líder de la Seccional Capital de Gastronómicos, denunciaron presuntas irregularidades procesales y sostuvieron que la sentencia se dictó con rapidez para impedir que las partes presentaran recusaciones contra los magistrados.
El planteo opositor afirma que el expediente modificó sin justificación el orden previsto para la integración del tribunal. La notificación oficial indicaba que debían votar los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco, mientras que Gabriela Vázquez sólo debía intervenir ante una disidencia.
Sin embargo, el fallo fue firmado por Pisacco y Vázquez, sin que Pose emitiera su voto ni constara una explicación formal sobre su apartamiento. La oposición cuestionó que se excluyera al vocal titular previsto y se incorporara a una jueza que, según interpreta, no debía participar.
Los representantes de la Lista Gris/Naranja sostuvieron que la celeridad de la sentencia buscó neutralizar recusaciones basadas en intervenciones previas de los integrantes de la Sala VI. Respecto de Pose, señalaron que había fallado a favor del sector barrionuevista en causas relacionadas con la interna sindical.
Según la denuncia, ese antecedente incluyó el rechazo de reclamos de la oposición y la convalidación de actuaciones de la junta electoral oficialista. La crítica apunta a que esas decisiones podían configurar un prejuzgamiento sobre la controversia por la conducción sindical.
En el caso de Vázquez, la oposición de Gastronómicos recordó que la camarista se había excusado de intervenir en el expediente paralelo “Sasprizza”, ligado al mismo conflicto, al considerar que existía prejuzgamiento. El escrito cuestionó que luego participara de la nueva resolución y votara a favor de la conducción de Barrionuevo sin explicar por qué habrían desaparecido los impedimentos invocados anteriormente.
A Pisacco le atribuyeron una “doble vara” en la causa: le reprocharon haber resuelto con rapidez dos medidas cautelares favorables al barrionuevismo y, al mismo tiempo, haber demorado los recursos que buscaban que la Cámara revisara la validez de los comicios.
La oposición alineada con Camaño considera que esas situaciones comprometen la validez procesal del fallo de la Sala VI de la Cámara, mientras la controversia por la conducción y el patrimonio de la UTHGRA se encamina hacia una eventual definición de la Corte Suprema.
El presidente Javier Milei publicó este jueves por la noche un mensaje en su cuenta oficial de X en el que criticó un editorial publicado por e insultó a sus autoridades y periodistas. La nueva agresión del jefe de Estado se produce a menos de una semana de que avalara indirectamente el accionar de la Justicia de Formosa, que arrestó ilegítimamente a un grupo de periodistas de este medio.
La agresión del mandatario nacional estuvo dirigido contra el director de , Fernán Saguier, a raíz del editorial publicado el 28 de septiembre y titulado “Privilegios que la República no necesita”.
El editorial reflexiona acerca de las llamadas “jubilaciones de privilegio” que reciben los presidentes argentinos tras su paso por la Casa Rosada como titulares del Poder Ejecutivo. Allí se pone en tela de juicio la legitimidad republicana de acceder a este beneficio, que implica un gasto millonario mensual para las arcas del Estado por haber ejercido la Presidencia de la Nación. En la ley 24.018, estas prestaciones son denominadas “asignaciones mensuales vitalicias”.
En su posteo, Javier Milei puso el foco en su decisión de haber renunciado a su jubilación de privilegio y escribió: “Fernán Saguier, jefe de la banda de los sicarios de la pluma, omite que en mi caso he renunciado a la jubilación de privilegio. Al mismo tiempo, no se toma el trabajo de cuestionar a algunas de sus amistades a los cuales les asigna plumas divulgadoras de sus mentiras”.
Tal como informó , en junio de 2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aceptó la renuncia de Milei a su jubilación de privilegio una vez que termine su mandato. Previamente, el mandatario había anunciado su decisión a través de un comunicado oficial.
No obstante, el editorial publicado por este medio no se refiere al caso de ningún presidente en específico. En cambio, se pregunta: “¿Qué justificación conserva hoy que el Estado garantice de por vida una renta extraordinaria a una persona por el solo hecho de haber ocupado durante algunos años su más alta magistratura?“.
Con la intención de responder a esta pregunta, reflexiona: “Puede comprenderse que una comunidad quiera honrar a quienes han prestado servicios eminentes. Pero el reconocimiento público no exige necesariamente crear una renta vitalicia, móvil y desvinculada de los aportes efectuados al sistema previsional. Mucho menos parece razonable que ese beneficio pueda proyectarse, bajo ciertas condiciones, sobre los derechohabientes del funcionario fallecido”.
Si bien se destaca que “el ejercicio de la Presidencia constituye el más alto honor que puede conferir la ciudadanía”, también se señala que existe, en la jubilación de privilegio, “una reminiscencia difícil de conciliar con la idea republicana de igualdad ante la ley”. Aun más, cuando se lo compara con los “millones de jubilados cuyos haberes dependen de décadas de aportes y que conocen demasiado bien las dificultades financieras del sistema previsional”.
Tras ello, se plantean una serie de alternativas y propuestas que podrían cambiar esta situación: “Podría establecer reglas razonables para situaciones excepcionales en las que un antiguo mandatario careciera de recursos suficientes; podría mantener la cobertura previsional que corresponda por los aportes efectivamente realizados; y, naturalmente, respetar los derechos adquiridos que constitucionalmente deban ser preservados”.
E insiste: “Lo que merece discusión es la perpetuación automática de una asignación extraordinaria por el mero antecedente de haber ejercido el poder”. ”La República nació, entre otras cosas, para reemplazar los privilegios personales por reglas generales. Quienes han tenido el honor de gobernarla no necesitan una canonjía para demostrar que alguna vez lo hicieron”, concluye el editorial.
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