La Justicia tiene en su poder las facturas de los vuelos privados, de ida y de vuelta, que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su familia a Punta del Este el fin de semana largo de carnaval. El de ida aparece a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y dijo que lo alojó en su casa de Uruguay. El de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes facturados a un tercero.

Así lo informaron a fuentes judiciales, que dijeron que quien está registrado como comprador de los 10 vuelos no sería una figura pública: se llama Agustín Issin Hansen y en la factura aparece con un domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático con un pedido de información.

Las facturas de los vuelos las entregó, a pedido del juez federal Ariel Lijo, la empresa con la que se contrataron los viajes, Alpha Centauri S.A. Por el de ida se pagaron 4830 dólares, que se tranfirieron en pesos, de acuerdo con la documentación presentada, informaron las fuentes. Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta la factura es de 42.250 dólares.

Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.

Las primeras medidas en la causa las ordenó el juez para “resguardar los elementos probatorios” que pudieran resultar útiles, según figura en la causa. Luego se sumaron otros pedidos promovidos por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.

En cuanto a las cámaras, el plan es revisar no solo las que toman la pista; también, las que debieron haber registrado todo el camino de los viajeros. Eso permitirá chequear si se cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana. Junto con Adorni volaron, a la ida, su mujer (Bettina Angeletti), los hijos de ambos y Grandio. A la vuelta, solo Adorni y su familia.

Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py, en los últimos días, contra el jefe de Gabinete.

La Policía Federal se presentó en el aeropuerto de San Fernando en busca de los documentos y registros solicitados, informaron fuentes del caso. Las oficinas de la empresa de aviación no estaban abiertas cuando llegaron los enviados del juzgado, pero la compañía entregó luego las facturas.

El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas. Pero lo primero, para los investigadores, será precisar cómo y quién pagó el vuelo.

Otra causa por enriquecimiento ilícito, promovida por la diputada Marcela Pagano, se tramita contra Adorni en paralelo, pero es probable que los expedientes terminen unificándose. La fiscalía de Pollicita pidió en su dictamen de ayer “certificar en el fuero la existencia de causas que tengan vinculación con el objeto procesal” de este expediente.

Según la denuncia, citada por la fiscalía en su dictamen, el gasto por la contratación del vuelo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos”.

La fiscalía afirma en su presentación que, en un primer momento, Grandio -que viajó en el vuelo de ida a Punta de Este con Adorni y familia- dijo que fue “invitado” por el jefe de Gabinete, que le pagó el viaje a él “con plata del Estado”, y que luego se desdijo y sostuvo que pagaron “a medias”.

Entre las nuevas medidas de prueba solicitadas, la fiscalía pidió que “se obtenga una desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y Grandio desde el momento de los hechos en pos de explicar quién y cómo se abonaron los costos del viaje objeto de esta investigación”.

También, que “se requiera a la ANAC que se sirva a aportar el plan del vuelo, correspondiente al avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por Alpha Centauri S.A., que partiera desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este, Uruguay, el día 12 de febrero del año en curso, así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”.

En cuanto a la Aduana, la Justicia le requirió “que informe si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.

Por último, la fiscalía pidió que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa Alpha Centauri S.A para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc.)“.

Después de que se conocieran nuevos detalles del caso $LIBRA, con la difusión de chats y llamadas del lobista Mauricio Novelli, que actuó de nexo entre el presidente Javier Milei y los creadores de la criptomoneda, la oposición redobla la presión en el Congreso.

Diputados que integraron la comisión investigadora formalizaron hoy un pedido para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, presentaron un pedido de informes y de acceso a la información pública dirigida al jefe del Estado.

Los referentes de la oposición, encabezados por el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión investigadora por el affaire $LIBRA, consideraron que “la gravedad institucional del caso y la implicación personal directa” de Milei y su hermana “exigen respuestas inmediatas”.

“En el caso del Jefe de Gabinete, es él quien debe responder por el Presidente de la Nación, los ministros y el conjunto de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ante el Congreso de la Nación”, indicaron a través de un comunicado.

La presentación fue firmada por los diputados que integran las bancadas de la CC, Unión por la Patria y Provincias Unidas. Se trata de Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva, Mónica Frade, Nicolás Massot, Pablo Juliano, Itaí Hagman, Julia Strada, Florencia Carignano, Rodolfo Tailhade y Esteban Paulón.

Los peritajes sobre el teléfono del lobista y operador financiero Novelli revelan nuevos datos del vínculo comercial con Javier y Karina Milei a través de pagos en pesos y dólares que recibieron mientras el líder libertario ganaba protagonismo en los medios y la política, hasta llegar a la presidencia. Del material obtenido por la Justicia surgen pagos desde 2021, cuando Milei era diputado, por dar clases y promocionar inversiones que motorizaba Novelli.

“La evidencia recabada en el Informe Final de la Comisión Investigadora y las recientes revelaciones del periodismo de investigación exponen contradicciones insalvables con las declaraciones públicas vertidas por el titular del Ejecutivo durante todo el año 2025”, indicaron los legisladores que firmaron las presentaciones.

Ante el silencio del Gobierno sobre las nuevas revelaciones en el caso, los opositores consideraron que “el Congreso de la Nación debe actuar frente a un hecho de profunda gravedad institucional”. Y consideraron que es “indispensable que los responsables directos den explicaciones” para “restablecer la confianza en las instituciones”.

Días atrás, los diputados que integraron la comisión investigadora acusaron a Milei de formar parte de una operación “planificada” y de “estafa” tras el hallazgo de un borrador que daría cuenta de un pago millonario al Presidente por la difusión de la criptomoneda. Anticiparon, además, que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano por encubrimiento.

El lunes pasado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alertó sobre una posible manipulación de los archivos extraídos del celular de Novelli. “Es grave que se haya filtrado esa información”, afirmó, y aseguró que “una persona que no estaba autorizada a acceder a este expediente habría sacado información; la cadena de custodia no está garantizada”.

“El sistema de frenos y contrapesos exige que el Poder Ejecutivo rinda cuentas cuando existen sospechas fundadas de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Los hallazgos del caso $LIBRA comprometen la ética pública”, señalaron los diputados que integran la comisión investigadora.

En las últimas horas, Milei ratificó a Adorni como jefe de Gabinete después que trascendiera que su continuidad en la gestión estaba en duda. El exvocero presidencial atraviesa su peor momento político por el revuelo que generó la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno en Nueva York para participar del evento “Argentina Week”.

En paralelo, el ministro coordinador enfrentó un vendaval por la confirmación de que realizó con su esposa y sus hijos un vuelo a Punta del Este en avión privado. Según comprobó la Justicia, el tramo de ida del taxi aéreo figura como costeado por Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, amigo del ministro coordinador. Actualmente Grandio vive en Uruguay, pero tiene un programa ( Giros en línea recta) en la Televisión Pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.

Ayer, reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano, una exintegrante de La Libertad Avanza (LLA).

Adorni, un funcionario muy cercano a Karina Milei, se negó a dar explicaciones sobra la casa que compró su esposa en Exaltación de la Cruz cuando él ya era funcionario público. Adujo que prefería no responder preguntas sobre el origen de los fondos o si la propiedad había sido declarada ante la Oficina Anticorrupción (OA) porque el tema está bajo investigación.

En concreto, Adorni enfrenta varias causas judiciales y pedidos de informes en el Congreso.