Quienes hablan con Javier Milei todos los días repiten prácticamente lo mismo. “No razona como un político tradicional, a esta altura cualquiera le hubiera pedido la renuncia al jefe de Gabinete. Pero lo va a sostener sin ningún tipo de dudas”, afirman en Casa Rosada, descartando las versiones de que Manuel Adorni podría irse mientras se dispute el Mundial 2026.

En el Gobierno esperan que en un lapso menor a una semana se presente la tan ansiada declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Ese será el primer elemento para conocer cómo se produjo el incremento patrimonial reciente del funcionario, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito en Comodoro Py.

El Presidente ya hizo su análisis del caso y enfatizó que cree en la inocencia de su ministro coordinador. Ya han pasado más de dos meses desde la controversia que comenzó en los albores del Argentina Week, cuando el caso solamente se limitaba a la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial. Los que rodean al Presidente creen que ya se pagó el costo mayor de ese hecho. Además consideran que ahora se arribó a una relativa tranquilidad porque el tema cansó en la agenda pública debido a que no surgieron mayores novedades.

“Gracias Rufus”, era una de las frases que se escuchaba la semana pasada entre quienes festejaban que la masividad del caso Adorni había bajado. La referencia es a la cuenta @RufusPeriodista, disparadora del nuevo episodio de la interna entre Santiago Caputo y Martín Menem, que hace unos días fue la comidilla de todos los programas políticos.

“Estas dos semanas tuvimos una tranquilidad como no sucedió desde marzo”, confirman quienes hablan con el jefe de Gabinete. Esto podría ser momentáneo, admiten. El asunto es que la presentación de la declaración jurada configurará un hecho que será noticia en la previa, durante el mismo día e incluso en las jornadas sucesivas. “Creo que estamos viviendo una tensa calma, muchos están tomando impulso para volver a arrancar. Si me preguntás a mí, yo no soy optimista de que eso se mantenga. Van a querer hacer de esto una carnicería mediática”, vaticina un colaborador oficial del Gobierno en diálogo con Infobae.

Una persona que estuvo con Adorni en la reunión de mesa política de ayer lo vio con ánimos, pero confiesa que hay días en los que el desgaste de estos meses “se le nota”.

“No entiendo por qué se habla sobre mis estados de ánimo. No niego que al principio haya podido pegar, pero estoy bien. Es una pelotudez que se hable de esos temas”, le ha dicho el ministro coordinador a un interlocutor recientemente. Los fines de semana busca relajarse con su nueva afición al tenis, mientras espera los próximos pasos de su estrategia.

Adorni podría haber presentado su declaración jurada hace tiempo, pero su equipo judicial marcó que los tiempos debían ser otros. “Depende de la marcha de la Justicia, no es tan lineal”, explicaba sobre la demora una fuente inobjetable para un artículo publicado por Infobae una semana atrás. Horas después de haber salido la nota, la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentaba su declaración jurada como una forma de presión implícita. “No le vamos a dar el gusto de presentarlo cuando ella quiere”, marcaban en el Gobierno durante esas horas.

Ante la inminencia de que Adorni haga públicos sus números patrimoniales, en los últimos días surgieron versiones periodísticas de que el juez que lleva la causa, Ariel Lijo, podría llamarlo a indagatoria.

Esto no es lo que creen en las entrañas del oficialismo: la lectura libertaria es que habrá un revival mediático del caso a partir de la declaración jurada, pero estiman que a nivel judicial no se producirá ningún llamado en el corto plazo; y mucho menos antes del Mundial.

“Realmente no creo que eso ocurra. Me parece que no tiene ningún sustento jurídico pensar que lo van a citar por estas semanas”, afirma una fuente libertaria con amplio conocimiento del desarrollo de la investigación. Lo mismo opinaban dos funcionarios que dialogaron con este medio previamente. Esto, claro está, no implica que eso se vaya a sostener en la realidad.

En lo que refiere a la causa por presunto enriquecimiento ilícito, consideran que “para hacer una imputación debería tener período por período cuál habría sido el delito, los montos, entre otras cosas; tiene que existir algún peritaje contable previo”. “Creo que lo que estuvimos viendo en los medios por estos días tiene más que ver con el periodismo metiendo presión para que ocurra más que los propios actores del proceso alentando eso. Es el fiscal quien tiene delegada la investigación, con lo cual él trabaja independiente del juez para pedir o no la indagatoria”, fundamentan.

La declaración patrimonial será revisada por peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF), quienes cotejarán los datos presentados con la evidencia reunida en la causa judicial. En la fiscalía de Gerardo Pollicita -quien lleva la investigación de la causa- es que la prioridad de Adorni es que los números cierren desde el punto de vista legal, independientemente de la percepción pública sobre el volumen y destino de sus gastos.

Entre las especulaciones está que Lijo pueda llamarlo a indagatoria en la causa por el vuelo a Punta del Este, en la cual se lo acusa de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. El juez espera una última medida de prueba: el entrecruzamiento de llamados entre Adorni, Marcelo Grandio y un directivo de la empresa vinculada a la productora que obtuvo contratos con la TV Pública. En la causa por enriquecimiento ilícito, la Justicia inició la semana pasada la extracción del contenido del teléfono de Matías Tabar, el contratista que fue elegido por Adorni para demoler y reconstruir la casa del country Indio Cua. Según publicó el periodista Nicolás Wiñazki en Clarín, los peritos informáticos habrían sido capaces de recuperar el contenido de los audios temporales enviados por el funcionario.

Domestic,Politics,South America / Central America,Government / Politics

En una jornada inusualmente hiperquinética en la Casa Rosada, Javier Milei protagonizó este viernes una seguidilla de encuentros oficiales y dos de sus funcionarios anunciaron medidas. El rally de encuentros y llamados estuvo motivado, en parte, por los deseos de evitar todo lo posible asistir a la sede del gobierno nacional, una actividad que al Presidente no le gusta. Pero al mismo tiempo, por la intención de mostrar gestión en medio de los cuestionamientos por una virtual paralización de la administración nacional.

A Milei no le agrada ir a la Casa Rosada y prefiere trabajar desde Olivos, dicen, porque no quiere perder tiempo en viajar y se concentra mejor (aunque esa dinámica le permite, también, evitar que se haga público a quiénes recibe, al menos de manera inmediata). Justamente, el motivo del amontonamiento de encuentros de distintos tipos en un solo día fue evitar pasar tiempo en Balcarce 50. “Viene a Rosada y mata todo de un tiro”, resumió -y se sinceró- un funcionario de su entorno.

La agenda de la jornada no había sido anunciada previamente. El jefe de Estado gestiona de manera personal muchos encuentros, en general, sin avisarle a su equipo sobre sus planes. Por lo que es habitual que sus voceros no tengan registro sobre los encuentros que estaba gestionando o los motivos. “Agenda suya”, responden ante las consultas periodísticas. En otras ocasiones prefieren mantener los planes ocultos por si hay alguna modificación. Las actividades se produjeron a puertas cerradas, sin cobertura de la prensa y en general, sin ahondar en información posteriormente.

Con un poco de aire después del freno en la caída de su imagen según las encuestas, el Presidente había dicho esta semana, en una entrevista con radio Mitre después del feriado del 25 de Mayo, que su permanencia depende de él y de una buena administración. “Si hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección», fueron sus palabras exactas. Y, según cuentan en su entorno, está decidido a mostrar que el Gobierno no está paralizado, a pesar de que la oposición y varias voces en la propia administración diagnostican lo contrario.

Sólo uno de los encuentros del viernes representó un anuncio concreto: la inversión de 8000 millones de dólares para investigación médica, que se reveló a partir de una reunión del primer mandatario junto al ministro de Salud, Mario Lugones, con una delegación de empresarios farmacéuticos de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.

Las actividades en el rally fueron disímiles e incluyeron una llamada telefónica con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, que lo había cuestionado con dureza antes de asumir. Un encuentro presencial, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, con Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La recepción del rabino Yehuda Kaploun, de Jacob Daniel Ashendof y de Haydee Rojas. Y una charla presencial con el empresario gemólogo Maurice Ostro, que posee el topacio azul más grande del mundo y estaría interesado en invertir en el país.

Después, Manuel Adorni tuiteó que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley General de Sociedades (el viernes pasado había hecho lo propio con el giro de otros cuatro). Y el asesor Santiago Caputo desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) lanzó, en fase preliminar, la “Comunidad Informativa Nacional (CIFN)”, según dijo en X, para permitir que los distintos organismos del Estado compartan información de forma rápida, segura y ordenada “para anticipar y enfrentar riesgos, amenazas e identificar oportunidades”.

Por último, siempre atenta a mostrarse activa, a pesar de que no integra el Gabinete, Patricia Bullrich tuiteó un dato vinculado a su gestión el año pasado al frente del Ministerio de Seguridad antes de asumir su banca como senadora: “Mejor que decir, es hacer”, dijo antes de asegurar que bajó la cifra de femicidios en 2025.

Para la semana que viene la agenda del Presidente y sus ministros es un misterio.

horizontal

La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Joaquín, un régimen provincial de protección para víctimas de delitos que modifica el Código Procesal Penal y garantiza derechos exigibles desde el primer contacto con la autoridad. La sanción se dio este jueves, tras un reclamo que cobró fuerza después del asesinato de Joaquín Sperani, ocurrido el 29 de junio de 2023, en la ciudad de Laboulaye.

La nueva norma permite que la víctima o sus familiares tengan un papel más activo en el proceso penal. La figura de querellante habilita a proponer medidas de prueba, apelar decisiones del juez y ejercer un control más directo sobre la investigación fiscal. El proyecto también contempla que familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables pudieran constituirse como querellantes.

La sanción se produjo durante la 8ª sesión ordinaria que unificó proyectos del Poder Ejecutivo y de bloques opositores. La sesión fue encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el texto final surgió del trabajo conjunto de las comisiones de Seguridad y Legislación General, con aportes de Oscar Agost Carreño, Karina Bruno, Alejandra Ferrero, Julieta Rinaldi, Gregorio Hernández Maqueda y Dante Rossi.

Qué derechos incorpora la nueva ley

La respuesta central que incorpora la ley es concreta: en Córdoba, una víctima de delito deberá ser tratada con dignidad, respeto y sensibilidad; contará con medidas para evitar su revictimización; recibirá atención y protección especial si se encuentra en situación de vulnerabilidad; y deberá acceder a ayuda y asistencia con la mayor rapidez posible, según la normativa.

El nuevo régimen normativo garantiza trato digno, privacidad, acceso a información clara sobre el proceso penal, patrocinio jurídico especializado y gratuito, y participación activa en audiencias relevantes.

Ese marco ordena estándares mínimos de tutela, información, asistencia, protección y reparación. También fija patrones de actuación para operadores estatales judiciales y administrativos desde el primer contacto con la víctima, de acuerdo con el texto oficial.

La definición legal de víctima también queda ampliada. Incluye a la persona directamente ofendida por el delito; al cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos cuando el hecho haya causado la muerte, desaparición o una afectación física o psíquica que impida a la persona ejercer sus derechos.

El gobernador Martín Llaryora sostuvo en su cuenta de X que “el proyecto establece estándares claros de actuación para el Estado y para todos los operadores del sistema penal. Además, fija un piso común de protección para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso entre las partes”.

El caso que impulsó el cambio

El crimen que fomentó la nueva ley ocurrió el 29 de junio de 2023: el cuerpo de Joaquín fue hallado después de tres días de búsqueda en una casa abandonada cerca del colegio al que asistían ambos adolescentes, Joaquín Sperani de 13 años y su amigo, de 14, quien declaró semanas después ante el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, Sebastián Ignacio Moro: fue declarado inimputable bajo la legislación vigente.

El magistrado, confirmó entonces, que el joven “reconoció ser el autor del crimen” y que, de acuerdo a fuentes de la investigación, el relato coincidía con lo reconstruido a partir de imágenes de tres cámaras de seguridad en las que se veía a ambos ingresar a un baldío.

Durante su declaración, el compañero de colegio de Joaquín sostuvo que “no tuvo intención de matarlo” y admitió que actuó solo tras una discusión, en la que tomó un fierro y golpeó a la víctima en la cabeza.

En un tramo de su declaración el compañero de colegio de Joaquín “dijo que no tuvo intención de matarlo”. El joven de 14 años permaneció alojado en “situación de encierro preventivo” en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD), que depende del Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba. Tiempo después fue liberado por la Justicia.

En octubre de 2024, la familia de Joaquín demandó civilmente al Gobierno provincial y a los padres del adolescente señalado como autor por $600 millones. En febrero de 2025, ganaron la demanda.