POLITICA
Chaco reformará su Constitución para proteger a inversores y evitar subas impositivas

El gobierno de Chaco presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de reforma constitucional. La iniciativa impulsada por el gobernador Leandro Zdero busca incorporar un nuevo artículo al texto aprobado en 1994, el cual suma varias garantías para quienes coloquen sus capitales en la provincia norteña.
El sistema de enmienda establece un requisito complejo: tiene que lograrse la unanimidad de los 32 diputados. A fin de sancionarla, “se necesita la totalidad de los miembros de la cámara”, explicó a Infobae Iván Gyoker, presidente de la bancada oficialista. El bloque de Zdero, aliado de la Casa Rosada, está conformado por la UCR y La Libertad Avanza.
Para alcanzar la meta, el oficialismo requerirá los votos del PJ. “Esperemos que nos acompañen. No creo que estén en contra de garantizar seguridad jurídica a quienes quieran producir bienes y servicios y generar trabajo en nuestra provincia”, planteó el legislador.
“Apelamos a poner el interés de los chaqueños por sobre las mezquindades de la política o su voracidad recaudatoria”, argumentó. Sin embargo, aseguró que no es del todo optimista.
El peronismo, en tanto, ha mantenido el silencio sobre el tema. Zdero había anticipado en la apertura de sesiones que promovería una reforma con estas características.
¿Qué dice el proyecto?
El primer párrafo de la enmienda propuesta establece: “La Provincia del Chaco garantiza estabilidad y protección jurídica a la radicación, realización y desarrollo de inversiones productivas en su territorio, en especial aquellas comprendidas en regímenes nacionales o provinciales de promoción de inversiones”.
Asimismo, fija como mandato constitucional la promoción activa de inversiones productivas “garantizando previsibilidad normativa, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y protección frente a medidas arbitrarias”. Este esquema se desenvolverá “en un marco de desarrollo sostenible y respeto al interés público”. La propuesta reconoce a la inversión privada como “instrumento esencial para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación”.

En sintonía con estos ejes, el proyecto contempla una serie de prohibiciones. Entre ellas, “la creación de nuevos tributos provinciales o municipales”. En el mismo sentido, clausura la posibilidad de incrementar alícuotas o modificar de bases imponibles existentes. El impedimento alcanza a los gravámenes que recaigan de forma directa o indirecta “sobre las inversiones alcanzadas por esta cláusula”.
Sin embargo, hay algunas excepciones. Quedan fuera de esta veda “aquellos tributos cuya potestad tributaria sea delegada, transferida o restituida por la Nación a la Provincia con posterioridad a la vigencia de esta cláusula”. Pero para ello se requerirá ”que su aplicación no implique una duplicación de la carga tributaria preexistente sobre el mismo hecho imponible”.
Entre los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo aclaró este punto. “Se establece expresamente que ante un eventual proceso de descentralización fiscal nacional, la Provincia del Chaco no renuncia a percibir tributos que la Nación le transfiera o restituya”.
“La condición de ‘no duplicación de la carga’ garantiza que el inversor no vea incrementada su erogación total. Se consagra así un principio de sustitución jurisdiccional: el Estado Chaqueño captura la renta fiscal que la Nación libera, manteniendo la estabilidad para el contribuyente”, agregó.
Garantías y nulidades
Una vez incorporados estos mandatos a la Constitución provincial, la creación de tributos que no respeten la regla será nula de pleno derecho. El nuevo artículo que se busca incorporar “obliga a la administración a la devolución inmediata de lo percibido” de forma indebida. Así, se elimina “la necesidad de largos procesos judiciales de repetición”. Y también se otorga “una herramienta de defensa sumaria al inversor”, explicó el Poder Ejecutivo en el mensaje a la Legislatura.
El último apartado del proyecto de reforma estableció que las nuevas disposiciones deberán interpretarse “de manera armónica con la Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes y el régimen federal de distribución de competencias”.
En la fundamentación, el Gobierno aclaró que la iniciativa “reconoce la autonomía municipal”. Sin embargo, la subordina al orden constitucional superior ”en materia de promoción de inversiones”.
“Al prohibir que los gravámenes municipales afecten indirectamente las inversiones protegidas, se termina con la incertidumbre que generan las tasas locales sin contraprestación efectiva, alineando a toda la Provincia tras un único objetivo de crecimiento”, concluyó.
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POLITICA
El Presupuesto bajo presión: las concesiones en discapacidad le abren al Gobierno un complicado flanco fiscal

La Cámara de Diputados ya giró al Senado el proyecto de ley de Discapacidad, luego de que fuera aprobado por 237 votos a favor, como consecuencia de que el oficialismo aceptó todos los cambios que pidió la oposición, incluidos los que planteó el peronismo.
Eso, que es una buena noticia para el colectivo de discapacidad y que fue, en principio, una idea del oficialismo para contener el reclamo, está generando un nuevo problema de cara a otra discusión que la Casa Rosada quiere resolver rápidamente: el Presupuesto 2027.
El cronograma planteado para el dictamen en Diputados establece que quedan dos reuniones de comisión, el martes 27 y el miércoles 28 de octubre. El objetivo es firmar los dictámenes y llevar el proyecto al recinto durante la segunda semana de noviembre, después de la visita del papa León XIV a la Argentina.
En esa hoja de ruta no se estableció la visita de ningún otro miembro del Ejecutivo, por lo que el oficialismo busca cerrar el debate tras las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro García.
Pero la media sanción de Discapacidad generó un nuevo conflicto, ya que se opone al texto enviado por el Ejecutivo en el Presupuesto. Así lo dejó en claro Guberman cuando señaló que no estaban de acuerdo con el proyecto que impulsaba el bloque de LLA, más acotado que el que terminó saliendo.
“Ese no es nuestro proyecto”, dijo el secretario, que fue al Congreso en representación del Ministerio de Economía.
El proyecto de Presupuesto 2027 había asignado $7,275 billones para el sistema de discapacidad, divididos en $6,094 billones para Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y $1,165 billones para atención médica de beneficiarios, además de partidas menores para integración y prevención. Esa propuesta establecía, sin embargo, una incompatibilidad absoluta entre la pensión y cualquier empleo formal, sin importar el nivel de ingresos, eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y suprimía el Nomenclador, lo que dejaba a las personas en una especie de negociación individual con su cobertura de salud.

La ley que obtuvo media sanción en Diputados mantuvo el esquema vigente de compatibilidad laboral, que permite conservar la pensión mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos, equivalentes a $782.400 mensuales en octubre (monto que subirá a $797.600 en noviembre). Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, sostener este régimen más amplio —junto con la actualización mensual por inflación y el arancel único del nomenclador— implicará reforzar las partidas del Presupuesto 2027 en $600.000 millones adicionales, equivalentes al 0,04% del PBI.
Aunque el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometió a garantizar “al 100%” los fondos, en la oposición persiste la desconfianza y piden que se eliminen los artículos del 36 al 41 del proyecto de Presupuesto, algo que todavía no sucedió.
“No es un problema, lo que vamos a hacer es un copy paste de la ley que se votó en la de Presupuesto”, auguró un diputado libertario que participa de la comisión y es uno de los referentes del bloque.
Aunque el viernes hasta no había llegado el llamado para la comisión de Presupuesto y Hacienda la convocatoria para la semana próxima llegó a los despachos de los diputados este viernes por la tarde, por lo que el oficialismo avanza con la idea de dictaminar la semana que viene.
En medio del debate, además de discapacidad, el financiamiento de las universidades y el cumplimiento de la ley vigente se mantienen como uno de los principales focos de conflicto con la oposición.
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POLITICA
Pese a las tensiones, en el Gobierno miden a Patricia Bullrich y la imaginan como compañera de fórmula de Javier Milei en 2027

La Casa Rosada impulsa a Patricia Bullrich como candidata a vicepresidenta de Javier Milei para las elecciones de 2027 y busca contener las tensiones que generaron sus últimas declaraciones sobre una eventual postulación presidencial. En el Ejecutivo consideran que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado es la alternativa más fuerte para completar la fórmula y descartan que termine compitiendo contra el mandatario. La definición se proyecta para el verano y quedará bajo la órbita de Karina Milei.
“Es la opción más fuerte. No creemos que vaya a jugar por afuera o a competirle en una PASO a Milei”, aseguran en Nación. En sectores de la conducción libertaria interpretan que Bullrich busca fortalecer su posición antes de negociar su lugar en el armado presidencial y sostienen que están dispuestos a reconocerle mayor protagonismo. “Se está subiendo el precio para negociar y se lo vamos a convalidar. No vamos a pisar el palito”, agregan.
La decisión que transmiten en Balcarce 50 es no responder públicamente a los movimientos de la senadora ni transformar las diferencias en una ruptura política. Funcionarios cercanos al Presidente consideran que Bullrich conserva un volumen electoral propio y una capacidad de interlocución con sectores que acompañaron a Juntos por el Cambio en 2023. En ese marco, sostienen que excluirla del armado nacional tendría mayores costos que aceptar una negociación sobre su lugar en la fórmula.
El Gobierno maneja un grupo reducido de alternativas para la vicepresidencia, entre las que ubica a Bullrich, Martín Menem y Karina Milei. Sin embargo, funcionarios que intervienen en las conversaciones aseguran que la preferencia actual es avanzar con la jefa del bloque oficialista. “Queremos que sea Patricia”, expresan. En el Ejecutivo reconocen que también se analizó el nombre de la senadora neuquina Nadia Márquez, una dirigente cercana a la secretaria general de la Presidencia, pero señalan que esa posibilidad fue desestimada.
En la Casa Rosada sostienen además que Milei prefiere a Bullrich como compañera de fórmula desde el inicio de las conversaciones sobre su reelección, aunque aclaran que todavía no existe una decisión formal. “Milei quiere que sea Bullrich desde el minuto uno, pero la que pone el gancho en estas cosas es Karina”, explican en el oficialismo. La secretaria general conserva el control de las definiciones electorales de La Libertad Avanza y tendrá la última palabra sobre la integración de la boleta nacional.
El calendario que manejan en Nación ubica la definición durante el verano, cuando el oficialismo espera contar con un panorama más claro sobre la evolución económica y las posibilidades electorales del Presidente. La conducción libertaria pretende evitar que una confirmación anticipada genere nuevas disputas internas o reduzca su margen para negociar con aliados. Por eso, mantiene abiertas las alternativas pese a la preferencia que distintos funcionarios expresan por Bullrich.
La estrategia de contención convive, sin embargo, con un creciente malestar de Milei por las intervenciones públicas de la senadora. Funcionarios que mantienen contacto con el mandatario aseguran que interpreta sus diferencias como un factor que debilita al Gobierno y aumenta la incertidumbre política. “Milei se enoja cada vez que hace este tipo de movimientos, pero no lo va a exteriorizar”, reconocen en su entorno. La indicación interna es evitar respuestas que puedan profundizar la confrontación.
POLITICA
La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en la causa $LIBRA – Nexofin

La Justicia federal sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la causa $LIBRA, que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda en febrero de 2025. El fallo también alcanzó a otros nueve investigados.
La resolución fue firmada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, quien hizo lugar al pedido presentado por el fiscal Eduardo Taiano. El magistrado concluyó que los hechos denunciados no encuadran en las figuras penales analizadas y dispuso el archivo del expediente una vez que la decisión quede firme.
En su resolución de 60 páginas, el juez sostuvo que no se acreditó un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. Si bien reconoció que la publicación presidencial pudo otorgarle una visibilidad particular al proyecto, consideró que esa circunstancia no demostraba por sí sola la existencia de una maniobra fraudulenta.
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El magistrado también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública atribuidos a Milei. Para ello, tuvo en cuenta que la Oficina Anticorrupción había determinado que la publicación en redes sociales no constituyó un acto institucional ni implicó la utilización de recursos estatales.
En el caso de Karina Milei, la investigación no logró acreditar que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el lanzamiento del activo digital.
Además de los hermanos Milei, fueron sobreseídos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Chyi Haur Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
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