El Gobierno dejó trascender hace dos semanas que la eliminación de las elecciones primarias se había convertido en su principal prioridad y que estaban negociando con los gobernadores la implementación de listas colectoras (o adhesiones) para sumar apoyo legislativo. La propuesta no generó demasiado entusiasmo y hasta el momento ningún mandatario provincial respaldó la idea públicamente. Al contrario, incluso aliados cercanos y voces del oficialismo marcaron su disconformidad.

Según explicaron desde el oficialismo, las listas colectoras o adherentes permitirían que dos fuerzas políticas compitan en algunas categorías pero compartan candidatos en otras. En la práctica, aliados como el PRO, la UCR y las fuerzas provinciales podrían presentar listas propias para diputados y senadores nacionales pero todos llevarían a Javier Milei como candidato a presidente.

Así, los partidos aliados conservarán su identidad partidaria -sin necesidad de conformar una coalición propiamente dicha- y se ahorrarán el problema de encontrar una candidatura presidencial que compita con La Libertad Avanza. “El principal beneficio es que siguen siendo considerados aliados”, explicaron desde el bloque de diputados violeta.

El problema es que la oferta, por ahora, resulta insuficiente. Ningún gobernador salió a respaldar la implementación de las colectoras, incluso a pesar de que sí hubo mandatarios que se mostraron de acuerdo con la eliminación de las PASO, como el catamarqueño Raúl Jalil, el entrerriano Rogelio Frigerio, el correntino Juan Pablo Valdés y el chubutense Nacho Torres.

En cambio, el tucumano Osvaldo Jaldo se mostró categórico al rechazar la eliminación de las PASO, al igual que el jujeño Carlos Sadir, que calificó las primarias como “una buena herramienta”. El propio Nacho Torres, que no defiende las PASO, incluso arrojó un manto de duda sobre la propuesta libertaria. “Yo creo que las colectoras pueden llegar a beneficiar más a la oposición que al oficialismo. Por eso no termino de entender el criterio político”, dijo en una entrevista radial.

En la misma línea, la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, declaró el miércoles pasado al salir de la reunión de Labor Parlamentaria que el sistema de colectoras “no le gusta” y que “deforman el sistema electoral”. Bullrich aclaró que defiende la eliminación de las PASO y el retorno a las internas partidarias pero una vez más le marcó la cancha a la Casa Rosada al explicitar que todavía están lejos de tener los 37 votos necesarios en la Cámara alta.

Por su parte, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, reclamó una discusión más larga y profunda porque la implementación de colectoras podría tener efectos sobre la gobernabilidad por la cantidad de legisladores que responderán directamente al oficialismo. El partido que conduce Mauricio Macri insiste con su proyecto de PAS, primarias no obligatorias.

Todos los consultados por Infobae reconocieron que si bien existen conversaciones para implementar las colectoras, el oficialismo no mostró una propuesta concreta. De hecho, todavía no estaba claro cómo se implementarían en la práctica las colectoras en la Boleta Única de Papel y tampoco estaba definido cuántas listas colectoras se habilitarán para cada candidato presidencial.

Los libertarios aseguran que “todo está abierto a negociación” y aseguran que ya hay consenso respecto a otros puntos de la reforma política como el endurecimiento de los requisitos para sostener la personería jurídica de los partidos, la limitación de los aportes públicos para las campañas y el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre los gastos partidarios.

También se entusiasman con la buena sintonía entre la Casa Rosada y varias provincias que quedó plasmada nuevamente en la foto que Milei se sacó con 13 gobernadores en Tucumán, en el marco de los festejos por el 9 de Julio. Son prácticamente los mismos mandatarios que estuvieron presentes en la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete y celebraron su designación.

La política argentina en redes sociales viene demostrando una transformación de fondo.

La Libertad Avanza todavía conserva el mayor volumen de apoyo dentro de la conversación pública, pero ya no se mueve con la ventaja simbólica de la novedad.

El oficialismo libertario ingresa en una zona de debate público con casi 70% de rechazo, atravesada por la crítica política, la sospecha y el cansancio social.

El dato confirma una regla conocida, aunque muchas veces subestimada: gobernar desgasta. Pero, en el caso libertario, el desgaste tiene una dimensión más profunda.

No afecta sólo a la imagen del Gobierno o de Javier Milei, sino que también golpea sobre el sello ideológico que llevó al Presidente al poder.

De la novedad a la realidad

La marca libertaria nació en redes como una impugnación frontal al sistema político tradicional.

Su fuerza inicial no residía únicamente en sus propuestas, sino en su capacidad de encarnar una promesa de ruptura.

Durante buena parte del ciclo reciente, La Libertad Avanza ordenó su conversación alrededor de palabras como libertad, casta, motosierra y cambio, todo atravesado por un claro sello antiestado.

Ese repertorio construyó una comunidad intensa, emocionalmente cohesionada y muy activa en redes.

El problema aparece cuando esa identidad deja de hablar desde afuera y empieza a cargar con las responsabilidades del poder.

La conversación sobre La Libertad Avanza ya no aparece dominada por la épica libertaria, sino por términos vinculados a la gestión y al conflicto político. Este desplazamiento semántico resulta decisivo.

La Libertad Avanza ya no se conversa sólo como promesa, sino que se debate como administración concreta.

Las redes ya no interpelan a los libertarios por lo que decían que iban a hacer, sino por lo que hicieron con el poder que consiguieron en 2023. La conversación deja de ser aspiracional y se vuelve evaluativa.

La marca libertaria todavía conserva volumen, pero perdió excepcionalidad. El sello nacido al calor de Milei ya no flota por encima de la política. Cayó dentro de sus fauces.

De la inmortalidad a la vida mundana de la política

En este proceso, Manuel Adorni aparece como uno de los grandes aceleradores del deterioro reputacional libertario.

El adornigate operó como una palabra-puente entre el Gobierno y una serie de significantes especialmente dañinos: corrupción, crisis, sospecha y desgaste.

Para un gobierno que construyó legitimidad sobre la denuncia contra “la casta”, cualquier controversia ligada al patrimonio de los funcionarios, los privilegios o el enriquecimiento por fuera de la ley golpea en el corazón moral del relato.

Por eso, el caso Adorni produjo un daño más profundo que una crisis de gabinete. Afectó la credibilidad ética del discurso libertario. En definitiva, no dañó sólo la administración, sino que hirió gravemente la promesa que la justificaba.

El dato más llamativo del relevamiento realizado por Monitor Digital en la conversación política argentina aparece en la izquierda.

En volumen general de menciones en redes sociales, su peso sigue siendo bajo: apenas 1,1% de los apoyos totales en julio de 2026. Sin embargo, cuando se observa la calidad interna de su conversación, el escenario cambia.

La izquierda encabeza el ranking de espacios políticos con mayor proporción de apoyos: 72,7% a favor y apenas 27,3% en contra. No tiene escala masiva, pero tiene la mejor relación entre apoyo y rechazo. Ese dato convierte a la izquierda en la principal beneficiaria reputacional del desgaste libertario.

El espacio de figuras como Myriam Bregman no coloniza el centro de la conversación nacional, pero aparece como el territorio menos contaminado por el ejercicio del poder, los acuerdos parlamentarios, la administración del ajuste y los costos de la gobernabilidad.

En un contexto marcado por conflictos laborales, protestas universitarias, reclamos de jubilados, despidos estatales, privatizaciones y tensión social, la izquierda ocupa un lugar discursivo cómodo: la impugnación moral desde afuera.

Su problema sigue siendo el de siempre: transformar prestigio sectorial en volumen transversal. La conversación le da buena calidad reputacional, pero todavía no le da escala. Tiene reputación, pero no mayoría.

El entusiasmo del peronismo-kirchnerismo, en veremos

El peronismo-kirchnerismo enfrenta un dilema distinto al de la izquierda vernácula. Aparece como el segundo espacio con mayor volumen de apoyos generales, con 32,8%, pero ese dato convive con un rechazo muy alto: 75,2% en contra y apenas 24,8% a favor en su conversación específica.

El deterioro libertario no produce una rehabilitación automática del kirchnerismo. El peronismo-kirchnerismo conserva volumen, identidad, memoria militante y capacidad de intervención digital. Sin embargo, también arrastra pasivos simbólicos persistentes.

El espacio opositor absorbe parte del malestar contra el oficialismo, pero no consigue despegarse de sus propias marcas negativas.

Por su parte, el PRO ocupa una posición intermedia. En julio de 2026, reúne 15,8% de los apoyos generales, con 40,6% de apoyos internos y 59,4% de rechazo.

Sus números son mejores que los del peronismo-kirchnerismo y La Libertad Avanza en balance interno, aunque quedan lejos de la performance reputacional de la izquierda.

Desafíos ante las aspiraciones reeleccionistas de Milei

Sobre la base del análisis de la conversación política de los argentinos realizada por Monitor Digital, el escenario más probable que se presenta para el oficialismo no es un derrumbe inmediato de La Libertad Avanza, sino una normalización de su desgaste.

Los libertarios pueden seguir liderando el volumen de apoyos, pero con niveles cada vez más altos de rechazo, negatividad y exposición crítica.

La economía será clave, aunque no suficiente para torcer este rumbo. Una mejora macroeconómica puede estabilizar parte del apoyo oficialista, pero no necesariamente repara el daño simbólico provocado por la conversación sobre sus funcionarios y sobre la gestión.

Para recuperar iniciativa, La Libertad Avanza necesita sacar a Adorni del centro semántico, algo que no necesariamente está logrando pese a que ya no ocupa su cargo en el gabinete de Milei.

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El oficialismo necesita desplazar la agenda desde la defensa de su gestión hacia los resultados y reconstruir una épica de gobierno.

El problema es que ese desafío suele ser menos inflamable que la épica de ruptura. La conversación política argentina entra en una nueva fase. Ya no alcanza con medir quién habla más fuerte. Ahora importa quién paga menos costo por ser escuchado.

La Libertad Avanza todavía lidera la conversación política, pero los libertarios dejaron de ser la promesa que miraba al poder desde afuera y pasaron a ser el poder que las redes miran con sospecha.

La Libertad Avanza, Redes Sociales

Un acuerdo inédito puede hacer tambalear aún más al imperio agrietado de Hugo Moyano: cámaras empresariales de unas 10 provincias resolvieron “desengancharse” del convenio colectivo de trabajo que rige en el transporte automotor de cargas a nivel nacional y firmar convenios regionales que se adaptarán a la realidad económica de cada zona.

Se trata de una rebelión que afecta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las tres cámaras del sector, y que pondrá en crisis a esta entidad y también al poder centralizado que mantiene el Sindicato de Camioneros.

Según lo acordado en Córdoba a fines de junio, los rebeldes del interior buscarán reemplazar el convenio nacional vigente por un esquema regional con una base de 10 puntos en lugar de los 50 ítems del convenio colectivo de trabajo 40/89 con negociaciones por provincia desde septiembre y sin ninguna reducción del salario de bolsillo, según precisaron fuentes empresariales del transporte automotor de cargas.

La idea de las cámaras de provincias como San Juan, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, entre otras, es plantear esta descentralización del convenio colectivo en la asamblea que tendrá FADEEAC el 21 de este mes en la ciudad de Buenos Aires.

Esta entidad era la principal de la actividad hasta 2019, pero varias de las cámaras que la integraban dejaron sus filas ese año para crear la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), en una jugada originada en una pelea interna, pero detrás de la cual siempre se sospechó que estuvo el Sindicato de Camioneros para romper la unidad empresarial.

FADEEAC, presidida por Cristian Sanz, es la cámara más tradicional del sector ya que fue creada en 1967 y agrupa hoy a 43 entidades de todo el país. Según su sitio web, reúne al 65% de los empresarios que ”transportan desde una tarjeta de crédito, clearing bancario, caudales, lácteos, perecederos, postales, cargas fraccionadas y productos esenciales para la comunidad hasta cargas excepcionales para lo cual interviene la Ingeniería Privada del Transporte”.

La idea de las cámaras rebeldes del interior es tomar el convenio colectivo nacional como una base y, a partir de allí, negociar según las características y las posibilidades de cada región o de cada provincia. En principio, apuntarían a firmar convenios de la región Norte, Centro y Sur del país. “Hoy, todos pagamos un sueldo pactado en Buenos Aires y algunos vivimos en provincias en crisis; es imposible mantener esa estructura”, dijo a Infobae uno de los disidentes disidentes de FADEEAC, que advirtió: “La decisión está tomada y no daremos marcha atrás”.

Los gestos de rebelión en FADEEAC son una consecuencia directa de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que, por un lado, dinamitó el principio de ultraactividad y obligará a que se renegocien todos los convenios colectivos. Y, por otro, estableció un nuevo esquema de prelación entre convenios colectivos de trabajo al disponer que los acuerdos de ámbito menor (por región o por empresa) podrán prevalecer sobre los de ámbito superior (por rama de actividad). E incluso los convenios de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los acuerdos de ámbito menor.

Esa una de las innovaciones que pondrá en jaque al viejo modelo sindical argentino, cuyo poder se basa en un sistema que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería y, por ende, derechos exclusivos como firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.

La decisión de los rebeldes de FADEEAC amaga con replicarse en cámaras de otras actividades y causa pánico en los sindicalistas más experimentados. También por ese motivo en la CGT se comenzaron a pintar la cara: temen la fragmentación del gremialismo que se producirá si se generalizan los convenios regionales o de empresa acentúe su crisis de representatividad.

El temor también se multiplica porque la reforma laboral limitó las cuotas solidarias, que financian el aparato sindical mediante descuentos compulsivos en los salarios de los trabajadores a través de los convenios colectivos de trabajo. Ahora, esos aportes clave tienen un tope del 2% de los sueldos y una vigencia de 2 años, que el Gobierno ya podría exigir que se apliquen y que inexorablemente deberán respetar empresarios y sindicalistas cuando se sienten a renegociar los actuales convenios.

En el caso del Sindicato de Camioneros, tiene una cuota solidaria del 3%, una de los más altas de todo el espectro gremial y sus dirigentes tenían previsto bajar ese aporte al 2% recién cuando se discutiera el nuevo convenio colectivo de trabajo de la actividad.

Sin embargo, el 1° de julio, el juez laboral Herman Mendel frenó la instrumentación de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de su decreto reglamentario para el convenio colectivo de Camioneros y de esa forma dejó a salvo la “caja sindical”: son los vinculados con el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas.

Aun así, el escenario que plantean los convenios regionales es una pesadilla para Moyano. Hoy ya tiene problemas para negociar aumentos salariales que compensen la inflación y para pactar contribuciones empresariales en auxilio de la obra social de Camioneros, en una crisis financiera que deriva en corte de prestaciones médicas y quejas de los afiliados.

Cuando los líderes cegetistas comenzaron a debatir su flamante plan de lucha, hace dos semanas, uno de los dirigentes propuso intensificar las protestas contra el Gobierno con una apelación cargada de dramatismo: “Si tengo que morir, prefiero morir de pie”.

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