POLITICA
Qué hay detrás de la estrategia de Caputo para conseguir dólares
La noticia circuló como versión en la reunión del Fondo Monetario Internacional que se está celebrando en Washington. El equipo económico, con Luis Caputo a la cabeza, está negociando con el Banco Mundial un préstamo que rondaría los 2000 millones de dólares, a los que se sumarían otros 2000 millones de la CAF y el BID. El desembolso depende de la aprobación del directorio del Banco. El significado de esta información adquiere su verdadera dimensión cuando se advierte que Caputo y sus colaboradores analizan tomar ese crédito como garantía, en principio, para la emisión de un bono a través del cual recaudar un monto de mayor tamaño: se especula con que tomarían entre 8 y 10.000 millones de dólares.
En el Ministerio de Economía se encargaron de enfriar la expectativa: fuentes oficiales negaron en la tarde del jueves que esté en carpeta una emisión de deuda de esas características. En las últimas horas, en el equipo económico comenzó a estudiarse otra opción: prescindir de un bono y utilizar los préstamos de los multilaterales para respaldar un crédito de un grupo de bancos.
El Tesoro enfrenta para el resto del año vencimientos por 9000 millones de dólares. El año próximo será mucho más exigente: la cuenta a saldar será de 27.000 millones. La operación que negocia el equipo económico, si se concreta, supone una mejora significativa de las perspectivas del programa económico. Sobre todo por la caída en el índice de riesgo-país. En consecuencia, también iría en ascenso la competitividad política de Javier Milei.
La emisión de deuda en el mercado convencional es una cuestión estratégica para Caputo. Pero es posible que, otra vez, quede descartada. El último intento por conseguir ese objetivo fue vetado por Milei. Fue cuando el Presidente desautorizó la emisión de un papel para captar fondos a una tasa superior al 9%. La primera derivación de esa negativa fue la renuncia del secretario de Finanzas, Alejandro Lew. Fue reemplazado por Federico Furiase.
El propósito casi exclusivo de Furiase, bajo la presión de Caputo, fue que se le habilite el acceso a los fondos con un costo inferior. La solución es la que se negocia en estas horas: que parte del riesgo crediticio lo asuma una o varias instituciones más confiables que la República Argentina. Por supuesto, es una salida que provoca controversias, ya que disimula uno de los puntos débiles del Gobierno: su plan económico todavía no inspira confianza en los mercados.
La fórmula en la que se contaría con la garantía del Banco Mundial, la CAF y el BID, funcionaría del modo que sigue: en el terreno de las hipótesis, partiendo de la base de una operación de 10.000 millones de dólares, 4000 millones de dólares se tomarían a una tasa de alrededor del 4%, que es la que cobran esas instituciones multilaterales. Y los 6000 restantes se tomarían con una tasa del 9%. Quiere decir que para el volumen total del préstamo se estaría pagando una tasa del 7%. El recurso a estos organismos multilaterales completa una iniciativa de financiamiento que se está trabajando en el seno del equipo económico desde hace semanas, con la colaboración de un banco suizo.
La resistencia a emitir un bono privaría al Gobierno de la posibilidad de aplaudir un objetivo muy valioso: la posibilidad de financiarse en el mercado voluntario de deuda. La imposibilidad de hacerlo es una de las principales carencias del programa liderado por Milei. Los funcionarios celebran el programa como el mejor elaborado de la historia, pero los financistas no están dispuestos todavía a apostar por el experimento. Es cierto que, aun cuando se emita un título, el atractivo de ese papel no estaría dado por la solidez de la política económica sino por la garantía de organismos multilaterales.
La dificultad para tomar deuda en el mercado convencional promete una discusión política. Desde temprano, algunos economistas de la oposición elaboran argumentos para objetar la operación que estudia, todavía de manera preliminar, el equipo económico. El reparo principal es que el Tesoro desvía para el pago de deuda recursos del Banco Mundial, el BID y la CAF que podrían destinarse a mejorar la infraestructura y, de ese modo, reanimar la economía. “Si pudiéramos salir al mercado con un bono, con la sola garantía de la calidad de la política económica, se podrían utilizar los préstamos de los multilaterales para sacar a la economía del punto de inercia en que se encuentra”, explica uno de esos técnicos.
El recurso a garantías externas es una lógica que Caputo viene ensayando con contratiempos desde mediados del año pasado. Una vez que recibió el cheque de 20.000 millones de dólares del Tesoro de los Estados Unidos, buscó conseguir una suma similar para la recompra de deuda. Los bancos invitados para aportar los fondos pidieron una garantía del Tesoro, que Scott Bessent se negó a extender. El proyecto fracasó. Ahora se pretende ensayar el mismo truco de manera más modesta. Y con una diferencia: el dinero de los bancos respaldados por el Tesoro no sustraía recursos a emprendimientos que podrían impulsar una reactivación.
Entre el fallido experimento con el Tesoro y varios bancos y el que ahora se realiza con el Banco Mundial reaparece un factor vital para Milei: la vocación de los Estados Unidos, en rigor, de Donald Trump, para sostener la gestión de su aliado. La influencia del Tesoro sobre el Banco Mundial es determinante, aun cuando el actual presidente de la entidad, Ajay Banga, haya sido propuesto por el demócrata Joe Biden.
Durante la semana hubo un indicio de esta estrategia. Estaba en el párrafo del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional que se refiere a financiamiento. Dice así: “Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones cambiarias mediante la emisión continua de deuda nacional denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales. Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales”.
La novedad, aunque genere controversias, ofrece grandes beneficios al Gobierno. Un problema crítico para Milei y Caputo es el del financiamiento del gasto público mientras se persevera en el equilibrio fiscal. La decisión de poner todo el peso en la reducción de las erogaciones no sólo llegó a su límite. Lo traspasó. Los recortes están produciendo crujidos en toda la administración, como se advierte en el conflicto que se abrió con los proveedores del PAMI, por citar el caso más estridente. Las autoridades podrán ejecutar el presupuesto de manera menos dramática.
Otro frente importantísimo es el de las reservas del Banco Central. Acumularlas es un imperativo categórico para la gestión de Milei. Pero esa mejora en el activo del Central resultaría ilusoria si los dólares que se adquieren son destinados al pago de la deuda del Tesoro. Si se confirma la posibilidad de endeudarse a una tasa más razonable el perfil de reservas del Central mejorará en términos absolutos.
Este último frente es siempre importantísimo. Pero adquiere una relevancia mayor en el actual contexto internacional. Aun cuando la guerra de Medio Oriente llegue a su fin, la crisis económica que se desencadenó por su culpa tendrá una duración inconveniente. Muchos bienes se van a encarecer. Sobre todo, los hidrocarburos y sus derivados estratégicos. Por lo tanto, hay que esperar una amenaza inflacionaria, que los bancos centrales intentarán conjurar subiendo la tasa de interés. El primero de todos, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esa decisión financiera se proyectaría sobre la escena global como suele hacerlo: los países más necesitados de tener dólares son los primeros en recibir el azote del mercado. Es lo que sucedió en abril de 2018, inaugurando la lenta declinación del gobierno de Macri. Es el gran riesgo que enfrenta Milei, por culpa de una paradoja: su principal benefactor bilateral, Trump, es su máximo verdugo por sus jugadas en la arena internacional.
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El diputado chileno Javier Olivares Avendaño, del Partido de la Gente, salió al cruce de las críticas que recibió tras sus declaraciones en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile y ratificó cada una de sus palabras. “Mi publicación fue muy clara y no necesita demasiadas interpretaciones”, sostuvo el legislador en diálogo con Infobae.
El contexto en el que Olivares Avendaño eligió pronunciarse no fue menor. Sus dichos del martes 8 de septiembre llegaron en el marco de un debate parlamentario que ya cargaba con semanas de un ida y vuelta entre Santiago y Buenos Aires, disparada por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien a fines de agosto se había referido al Estrecho de Magallanes como un espacio de “soberanía”.
Fue en ese escenario que el diputado, también presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, tomó el micrófono durante una sesión en la Cámara chilena y trazó el paralelo que causó revuelo durante las últimas horas.
Al ser consultado por este medio, Olivares Avendaño fue explícito sobre la intención que lo motivó. Según explicó, la equiparación entre las Islas Malvinas y el Estrecho de Magallanes no buscó cuestionar la reivindicación histórica de Argentina sobre el archipiélago, sino fijar un criterio uniforme para hablar de soberanía territorial. “Si vamos a hablar de soberanía, hablemos con claridad y con los mismos estándares para todos”, afirmó.
En esa línea, el legislador reconoció que Argentina “tiene derecho a sostener” su posición sobre las Malvinas “por las vías diplomáticas que estime pertinentes”, aunque aclaró que “una reivindicación no cambia por sí sola la realidad existente ni convierte automáticamente un territorio en propio”. Y del mismo modo, indicó, ese mismo razonamiento debe aplicarse cuando se habla de territorio chileno.
Para respaldar la posición de Chile sobre el Estrecho, Olivares Avendaño recordó que Chile tomó posesión efectiva del Estrecho de Magallanes en 1843 y que, con posterioridad, ambos países establecieron sus límites mediante tratados internacionales. “Nuestra soberanía sobre el Estrecho no puede transformarse en una controversia cada cierto tiempo dependiendo de una declaración política o de un mapa que alguien decida exhibir”, subrayó, en una referencia directa al detonante de la crisis con Buenos Aires.
Más allá de la firmeza en la defensa del territorio, el diputado fue cuidadoso en separar esa postura de cualquier lectura que pudiera interpretarse como una confrontación con el pueblo argentino. “Yo respeto profundamente al pueblo argentino. Somos países vecinos, tenemos una frontera gigantesca, compartimos historia, cultura, comercio y miles de familias a ambos lados de la cordillera”, afirmó Olivares Avendaño en declaraciones a Infobae.
Sin embargo, esa cercanía no implica, a su criterio, que Chile deba guardar silencio cuando está en juego su soberanía. “La amistad entre países no significa que Chile tenga que guardar silencio cuando se trata de defender su territorio, su historia o su soberanía”, precisó el legislador. Y fue más lejos: “Como diputado de la República de Chile, en esto no voy a tener complejos”.
En esa misma dirección, Olivares Avendaño aclaró que la disputa sobre las Malvinas es un asunto entre Argentina y el Reino Unido, y que Chile no tiene por qué convertirse en protagonista de esa controversia.
Las palabras del diputado resonaron de forma particular porque se produjeron en un momento en que el gobierno de José Antonio Kast mantenía una postura diferente. El propio mandatario había respaldado los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes durante su visita a Santiago del presidente Javier Milei, y ambos mandatarios acordaron por escrito, el 3 de septiembre, que “el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo”.
Ante ese escenario, Olivares Avendaño cerró su explicación sin matices. “Chile debe relacionarse con Argentina desde la amistad, la cooperación y el respeto, pero nunca desde la subordinación ni desde el temor a decir aquello que corresponde decir”, señaló. Y reiteró que, como representante electo de los chilenos, su mandato es defender a Chile, sin vacilaciones, en aquellas materias en las que la soberanía nacional está en juego. “Sostengo cada palabra de lo que publiqué”, completó.
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POLITICA
El Gobierno suma una función a Cancillería: alinear la política exterior al reclamo por Malvinas
El Gobierno oficializó este viernes la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La medida busca regular las acciones de todos los organismos públicos que puedan incidir en las relaciones internacionales de la Argentina y reforzar la postura diplomática sobre la soberanía de las islas Malvinas.
A través del Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que todas las dependencias de la Administración Pública Nacional deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre cualquier reunión, comunicación, negociación o acuerdo con autoridades extranjeras u organismos internacionales.
La norma toma como sustento la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre el archipiélago y fija su recuperación como un objetivo “permanente e irrenunciable” del Estado.
El esquema normativo dispone que cada área estatal designe a un enlace institucional para canalizar los datos hacia Cancillería. En caso de detectar actividades que puedan afectar la política exterior, se podrán formular advertencias y recomendaciones “debidamente fundadas”.
Además, las jurisdicciones podrán pedir la asistencia de diplomáticos del Servicio Exterior de la Nación para participar en gestiones estratégicas, mientras que quedan excluidas de este control las gestiones puramente financieras ante bancos multilaterales.
La postura sobre Malvinas
La instrumentación del nuevo mecanismo se conecta con las medidas que anunció el presidente Javier Milei durante una cadena nacional emitida desde el Salón Blanco de la Casa Rosada.
En su mensaje, el mandatario advirtió sobre las operaciones de exploración petrolera en el Atlántico Sur y cuestionó la falta de acatamiento británico a las resoluciones internacionales. También denunció el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la plataforma continental argentina.
“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”, declaró Milei al respecto.
En ese marco, el Gobierno anunció la ampliación de recursos para el Ministerio de Defensa, destinados a construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
En el plano legislativo, el Ejecutivo enviará un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la norma 26.659 y sancionar a las firmas sin autorización. Esta iniciativa contempla también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la inclusión de declaraciones juradas obligatorias en trámites de hidrocarburos y en el RIGI.
Finalmente, como parte de las acciones diplomáticas, el país envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 gobiernos involucrados en proyectos no autorizados dentro de la zona en disputa, tal como informo .
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POLITICA
Causa Sueños Compartidos: hoy se conoce el veredicto contra los hermanos Schoklender, De Vido y José López por presunto desvío de fondos
Hoy se conocerá el veredicto del juicio por el caso Sueños Compartidos. El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py resolverá si condena a los nueve acusados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de casas sociales, entre ellos los exfuncionarios Julio De Vido y José López y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones.
La audiencia comenzará a las 9:30 y los acusados podrán hablar por última vez ante los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Después de ese momento, el tribunal definirá el horario en el que dará a conocer el veredicto. El juicio oral lleva seis meses y llega ahora a su etapa decisiva.
El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron que los nueve acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Para Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y el exfuncionario Abel Fatala solicitaron seis años de prisión.
Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin pidieron cuatro años. En el caso de los exfuncionarios, además, reclamaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los acusadores también solicitaron el decomiso de bienes por $206 millones, el monto que, según la investigación, fue desviado de los fondos destinados al programa. La Fiscalía pidió que esa cifra se actualice por inflación cuando la sentencia quede firme y que el dinero sea destinado a programas de viviendas sociales.
Qué pasó con los fondos de Sueños Compartidos
La causa investiga la ruta del dinero que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales. En ese período se giraron cerca de $900 millones para el programa Sueños Compartidos.
La acusación sostiene que unos $206 millones fueron desviados. Parte de ese dinero, según la investigación, habría terminado en empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, que eran los apoderados del programa.
Leé también: Sergio Schoklender pidió ser absuelto en la causa Sueños Compartidos y negó el desvío de fondos a través del programa de viviendas
Las obras se llevaron adelante en distintos puntos del país, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. Sin embargo, muchas casas no llegaron a construirse y también hubo trabajadores que no cobraron sus salarios o a quienes no se les hicieron los aportes correspondientes.
Quiénes están acusados
Además de los hermanos Schoklender, entre los principales acusados están Julio De Vido, que fue ministro de Planificación Federal, y José López, exsecretario de Obras Públicas. También están imputados exfuncionarios nacionales y autoridades vinculadas con el área de vivienda de Santiago del Estero.
La investigación apunta a determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en el manejo y destino de los fondos. El programa dependía de contrataciones de obra pública para levantar viviendas y hospitales en diferentes provincias.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que existió un esquema coordinado entre funcionarios nacionales y los responsables de Sueños Compartidos. Según el fiscal Velasco, los hermanos Schoklender accedieron a obras mediante contrataciones directas y luego parte de los fondos habría sido desviada.
Qué dijeron las defensas
Las defensas pidieron la absolución de todos los acusados. Uno de sus principales argumentos fue que la causa está prescripta y que, por ese motivo, no corresponde una condena.
El tribunal deberá analizar ahora los argumentos de las partes y determinar si los hechos investigados quedaron probados. También tendrá que establecer, en caso de una condena, qué responsabilidad corresponde a cada uno de los acusados.
El expediente tiene además un segundo tramo por presunto lavado de dinero. Esa investigación apunta al supuesto recorrido de parte de los fondos que fueron desviados y a su llegada a empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.
Sueños Compartidos, Schoklender, Julio De Vido, José López
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