POLITICA
Caso Adorni: antes de terminar la refacción del departamento, uno de los hijos de la prestamista avisó que ya tenía comprador

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó en las últimas horas un elemento que refuerza las sospechas sobre cómo fue la operatoria inmobiliaria del departamento de Caballito: antes de finalizar las refacciones, uno de los hijos de la prestamista que intervino en la compra ya afirmaba tener un comprador para la propiedad.
El dato surge de un audio hallado en el celular de la inmobiliaria Rucci, secuestrado por la Policía Federal durante un operativo.
Según consta en el expediente, el 27 de octubre de 2025 un empleado de la inmobiliaria mantuvo una conversación con Martín Pablo Feijoo, hijo de la jubilada Beatriz Viegas. En ese intercambio, el representante de la firma le consultó si las obras en el departamento ya estaban terminadas y si existía intención de venderlo. La respuesta de Feijoo fue que la refacción aún no había concluido, pero que de todos modos “ya tenía un comprador”.
Ese registro es ahora analizado por la Justicia en el marco de una hipótesis más amplia: determinar si, al momento en que las jubiladas adquirieron el inmueble al exfutbolista Hugo Morales, ya estaba definida la secuencia de refaccionarlo y venderlo posteriormente a Adorni. La clave del expediente pasa por reconstruir esa cronología y establecer si hubo una planificación previa de la operación.
La inmobiliaria Rucci había participado de la venta del departamento de Morales a las jubiladas, por lo que un empleado de esa empresa sabía que Feijoo pensaba remodelarlo y luego venderlo. Ese fue el motivo por el que lo volvió a contactar.
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De acuerdo con la reconstrucción judicial, Morales había puesto en venta el departamento en mal estado. El propio exjugador explicó que la propiedad requería arreglos y que, ante la falta de interesados, aceptó una oferta menor. “Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, declaró días atrás.
La operación inicial se cerró en torno a los 200 mil dólares. El día de la escritura, según surge de la causa, estuvieron presentes dos jubiladas —Viegas y Claudia Sbabo— y los compradores identificados como Feijoo y otra persona de apellido Miano. El inmueble fue transferido en esas condiciones, con necesidad de refacción.
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Tiempo después, siempre según los registros incorporados al expediente, Feijoo habría ofrecido la propiedad a la inmobiliaria con imágenes que mostraban el departamento completamente renovado. Para cuando se concretó la venta a Adorni, la unidad estaba “impecable” y lista para habitar.
En ese punto aparece otro de los ejes centrales de la investigación: el margen económico de la operación. Adorni declaró haber comprado el departamento por 230 mil dólares, es decir, apenas 30 mil más que el valor abonado originalmente. Esa diferencia es la que genera interrogantes en la causa. “¿Las refacciones costaron tan solo 30 mil dólares?”, es una de las preguntas que, según fuentes del caso, surgen del análisis de la documentación.
El esquema de financiamiento también es objeto de estudio. De acuerdo con el expediente, Adorni aportó 30 mil dólares al momento de la compra y los 200 mil restantes fueron financiados por las propias vendedoras mediante una hipoteca sin intereses y con un plazo de devolución de un año. Ambas mujeres declararon no conocer al funcionario.
En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con el análisis de la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. La Justicia contabiliza distintos gastos en dólares realizados en los últimos años y busca contrastarlos con sus ingresos declarados como funcionario, cuyo salario se mantuvo congelado hasta enero.
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Entre esos movimientos figuran, según consta en la causa, los 30 mil dólares abonados al momento de la hipoteca del departamento de la calle Miró; otros 20 mil vinculados a la compra de una propiedad en el country Indio Cuá; 30 mil destinados a la cancelación parcial de una hipoteca previa; 7600 dólares por un vuelo a Punta del Este; 5000 dólares por la tasa de ingreso al country; y 5154 dólares por un pasaje aéreo de su esposa, Bettina Angeletti. Fuentes del caso sintetizan el cuadro con una frase: “A la Justicia hay una cuenta que no le cierra”.
En ese contexto, el juez federal Ariel Lijo autorizó nuevas medidas de prueba solicitadas por el fiscal. Entre ellas, pedidos de información al Registro Automotor, a la ANSES para reconstruir la historia laboral de una de las prestamistas, al Instituto de Vivienda de la Ciudad por un crédito vinculado a un inmueble de la esposa de Adorni y a YPF para determinar si percibió remuneraciones como miembro del directorio.
También se requirió información a ARBA sobre un lote en Indio Cuá, al Banco Galicia por los resúmenes completos de tarjetas de crédito del matrimonio y a la Comisión Nacional de Valores por eventuales operaciones bursátiles. A su vez, se libraron oficios a aerolíneas internacionales para precisar detalles sobre pasajes aéreos, incluyendo quién los compró y cómo se pagaron.
Mientras avanzan estas medidas, la Justicia continúa tomando testimonios. En ese marco, el miércoles declararon en Comodoro Py las dos jubiladas que financiaron la compra del departamento.
Manuel Adorni
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“Tranquilizate, querida”: el cruce de Juliana Di Tulio y Patricia Bullrich en el Senado por la marcha del Ni Una Menos

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y la senadora Juliana Di Tulio protagonizaron este miércoles un cruce en el Senado durante una discusión vinculada a los femicidios y a la movilización realizada por el colectivo Ni Una Menos.
La polémica se desató luego de que Bullrich tomara la palabra para referirse a las estadísticas oficiales sobre violencia de género y defendiera las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Según sostuvo, “en los últimos dos años la Argentina bajó un 25% los femicidios”.
“Y esto no es una casualidad, no es porque sí, no es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas también de todas las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos el 25% de los femicidios”, afirmó.
La funcionaria reconoció que el problema persiste, aunque destacó la reducción que, según indicó, reflejan los registros oficiales. “¿Estamos contentos con este número? No, pero bajar 25% los femicidios en dos años es algo realmente importante”, señaló.
Bullrich vinculó esa disminución con una política de endurecimiento de las penas y de fortalecimiento de herramientas judiciales. “Porque el que las hace las paga. Porque nuestro feminismo no esconde a los violadores, no vota en contra de los registros de ADN de los violadores, no vota en contra del registro de ADN de los delincuentes, no libera delincuentes, les da cárcel para siempre”, sostuvo.
En la misma intervención, reivindicó iniciativas como la ley antimafia y las reformas penales impulsadas por el oficialismo. “Vota a favor de la ley antimafia, vota a favor de las asociaciones ilícitas, vota a favor de que tengan más pena los violadores”, expresó.

Bullrich también cuestionó el carácter de la movilización realizada el martes por el aniversario de Ni Una Menos. “Acá no hay un dueño, no hay dueños de esta realidad. No es la partidización que se hizo ayer en la plaza, es la verdadera política y la verdadera política se ve en las estadísticas”, afirmó.
Tras su exposición, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, le dio la palabra a la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tulio, quien comenzó cuestionando la respuesta de Bullrich a un pedido previo de minuto de silencio.
“Primero, la verdad que el jefe de interbloque nuestro pidió un minuto de silencio, no debería haber sido contestado, usted lo sabe perfectamente, el reglamento así lo indica”, planteó.
La legisladora consideró además que la intervención de la ministra tuvo un tono político inapropiado para el contexto. “Mucho menos para contestar en términos políticos y con falacias. Además, una cosa que es tan sensible para las mujeres y para la sociedad en general”, expresó.

Mientras hablaba, Di Tulio respondió a una interrupción proveniente de su banca vecina. “Dejame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilízate, querida”, lanzó.
A continuación, destacó que Bullrich hubiera utilizado el término femicidio durante su discurso. “Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, la ministra de Seguridad de este gobierno (Alejandra Monteoliva), de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios”, sostuvo.
La senadora también cuestionó la validez de los registros oficiales. “La verdad es que los subregistros que existen en este país, que lo hemos hecho durante miles de años, desdicen, por supuesto, los datos oficiales”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que no buscaba convertir la discusión en una disputa partidaria. “Yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta”, señaló.
En ese sentido, defendió la movilización realizada por Ni Una Menos y rechazó las críticas formuladas por Bullrich. “No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza”, expresó.
Di Tulio también puso el foco en la situación que atraviesan las mujeres víctimas de violencia. “Lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan. Nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan”, afirmó.
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Caso cuadernos: Roberto Lavagna declaró que se detectaron sobreprecios del 20% en el área de Vialidad durante el kirchnerismo

El exministro de Economía Roberto Lavagna declaró hoy como testigo en el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas y advirtió que, en 2005, cuando Néstor Kirchner estaba al frente del gobierno nacional, se detectaron sobreprecios en el área de Vialidad. “Había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”, afirmó el exfuncionario durante la audiencia en los tribunales de Comodoro Py.
Lo hizo tras una pregunta del abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sobre indicios de cartelización y/o direccionamiento de la obra pública durante su gestión.
Lavagna explicó que, durante una reunión bilateral con el Banco Mundial, que había enviado fondos para el área Vialidad en 2005, el organismo internacional anticipó que iniciaría una investigación porque sospechaban sobre irregularidades en la ejecución de programas de esa área.
“Ante esta información, ni bien regresó la delegación, tratamos el tema internamente y pedí que se hiciera un informe exploratorio del área que más nos preocupaba que era Vialidad”, relató el exministro.
Según detalló, de ese primer estudio -que se realizó entre mayo y agosto de ese año- “surgió que había dudas sobre cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”. Ante estas revelaciones, el exfuncionario solicitó que se hiciera con urgencia un informe más exhaustivo -ya no de carácter exploratorio- para investigar en mayor profundidad esta situación y dio intervención a la Comisión de Defensa de la Competencia.
“Nuestra intención era no ser tomados por sorpresa por un eventual informe del Banco Mundial, ya que ellos habían manifestado que iban a empezar una investigación. Eso fue en el mes de agosto o septiembre”, explicó el exministro de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde.
El exfuncionario afirmó que los informes realizados advirtieron sobre “dos casos paradigmáticos” en los que se “probó la existencia de cartelización”. “Uno fue el de las cementeras y otro fue el gas para los hospitales”, indicó Lavagna.
Más temprano, Beraldi le había preguntado si durante su gestión al frente del Ministerio de Economía y debido a su intervención en la elaboración del presupuesto anual, en algún momento advirtió que se destinaran partidas presupuestarias a obra pública que buscasen beneficiar a algún contratista en particular. “No, claramente no”, respondió Lavagna.
En ese marco, recordó que él había hablado sobre las sospechas de que existía una cartelización en un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción en 2005 y que eso generó molestias entre algunos empresarios del rubro que estaban presentes.
“Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”, resaltó Lavagna.
Además, relató cómo se dio su salida del gobierno de Kirchner en noviembre de 2005. Su corrimiento se produjo después de que denunciara la cartelización. “No voy a decir en la renuncia, porque yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”, comentó.
Y agregó: “Parece una sutileza, pero en la Argentina hay demasiados abandonos de cargos y no quise estar en esa situación. Como el pedido fue del Presidente, lo dejé en claro”.
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Causa Cuadernos: Lavagna aclaró sus advertencias de una posible cartelización en la obra pública durante el gobierno de Néstor Kirchner

El exministro de Economía, Roberto Lavagna, declaró en el Tribunal Oral Federal N° 7, en la causa Cuadernos. El exfuncionario aclaró sus advertencias de una posible cartelización en la obra pública durante el gobierno de Néstor Kirchner, en un discurso en la Cámara Argentina de la Construcción, en noviembre de 2005.
Lavagna mencionó: “Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”.
El exministro de Economía dijo que sus declaraciones fueron mal recibidas por parte de los asistentes: “Algunas de las autoridades más importantes de la Cámara, cuando terminé, me dijeron: ‘Ministro, justo acá viene a decir eso’. Y mi respuesta fue: ‘Sí, justo acá tenía que hacerlo’”.
Lavagna dijo que previamente, entre abril y mayo de 2005, durante una de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), la delegación argentina volvió con una preocupación que les habían expresado autoridades del organismo internacional.
El exfuncionario dijo que el Banco Mundial, que había otorgado fondos para obras de Vialidad, había advertido que se sentía “incómodo” por la forma de ejecución de algunos programas y que había anticipado la posibilidad de iniciar una investigación.
Inicialmente debía declarar el martes pasado, pero la audiencia se postergó para hoy por falta de conexión a Internet.
Lavagna dijo inicialmente que “no tenía relación” con el entonces Ministerio de Planificación Federal, que estaba a cargo de Julio de Vido, uno de los principales acusados del proceso.
El exfuncionario dijo que intervino en la elaboración de los presupuestos nacionales de 2003, 2004, 2005 y 2006. Aclaró que estuvo en el cargo hasta noviembre de 2005. Detalló que en 2003 y 2004 la era “muy moderada” la diferencia entre los pedidos de las distintas áreas y los recursos disponibles.
Lavagna dijo que en 2005 empezó a agrandarse esa brecha, que advirtió que se “desbordó” para el Presupuesto 2006. Dijo que las discusiones presupuestarias de 2005 resultaron complejas, en un año electoral: “Los pedidos eran muy fuertes y hacían muy difícil para el Ministerio de Economía atender la totalidad de las iniciativas”.
Lavagna, que se desempeñó como ministro de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner, también había declarado en el juicio por la causa Vialidad.
En aquella oportunidad recordó su salida del ministerio y mencionó una investigación interna por presunta cartelización en la adjudicación de obras viales en distintas zonas del país, que derivó en la suspensión de alrededor de veinte proyectos dependientes del Ministerio de Planificación Federal.
Las claves de la causa Cuadernos de las Coimas, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada
En el juicio por la causa Cuadernos, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, el dictamen de la fiscalía sostiene que al departamento de Recoleta de los Kirchner llegaban bolsos con dinero proveniente de sobornos vinculados a la obra pública y que eran recibidos por el exsecretario presidencial, Daniel Muñoz.
La expresidenta está acusada en el expediente como supuesta jefa de una asociación ilícita que, según la acusación, habría funcionado entre 2003 y 2015 dentro del Poder Ejecutivo. En el proceso también son juzgados exfuncionarios, empresarios y exchoferes vinculados a la investigación.
La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
Según la acusación “el sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios”.
Roberto Lavagna, los cuadernos de las coimas
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