Una fuerte preocupación e incertidumbre persiste entre los militares por la crisis que mantiene casi paralizadas las prestaciones de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que enfrenta una millonaria deuda y cortes de prestaciones en todo el país.

Pero, más allá de los números, la crisis mostró una faceta dramática, con el suicidio de un suboficial retirado en San Juan, que en marzo había denunciado que la falta de salud para los afiliados constituía “un genocidio”. El suceso causó un fuerte impacto en el sector castrense.

El suboficial mayor Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, se quitó la vida en la provincia de San Juan, luego de aportar durante casi seis décadas a la obra social. Tomó la drástica decisión tras verse obligado a abandonar el tratamiento de un cáncer avanzado por la falta de cobertura médica, según había denunciado en una carta dos meses antes, cuando tuvo su primer intento de suicidio.

“Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”, escribió Velázquez en la misiva que preparó el 4 de marzo pasado, antes del disparo con el que intentó suicidarse al pie del monumento a San Martín, en el Parque de Mayo, en la capital sanjuanina.

“Me sacrifico por no tener atención médica”, agregó, en un reclamo dirigido al presidente Javier Milei y al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, por la severa crisis de OSFA que llevó a serias deficiencias en la cobertura médica de la obra social. Dos meses después, en otro intento, se quitó la vida.

Ante una consulta de , en OSFA negaron enfáticamente que la renuncia del presidente del directorio de la obra social, el general de brigada retirado Sergio Maldonado, tuviera vinculación alguna con el fuerte impacto que causó el suicidio del suboficial retirado en San Juan.

“El caso es lamentable, pero no tiene vinculación con la renuncia de Maldonado”, insistieron fuentes de la obra social.

Este jueves, en tanto, afiliados a OSFA realizaron un abrazo simbólico frente a la sede de la obra social en San Juan para visibilizar “la situación de total abandono” y exigir que se detenga “la desidia estatal para evitar que sigan apareciendo pacientes desamparados por el sistema”.

Se entregó allí un petitorio en el que militares en actividad y retirados, reclaman la “inmediata incorporación de todos los servicios de salud con los que contaba la obra social antes de su actual crisis y quiebre”. Y advierten que no es posible que los camaradas se vean empujados a tomar medidas drásticas debido al desamparo al que están siendo sometidos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad”, según registra la crónica publicada en el diario local Tiempo de San Juan.

Los manifestantes cuestionaron el decreto 88/2026, que dispuso el desdoblamiento de la obra social, el cual –alegan– trajo “más sombras que luces a una situación ya deplorable”. Y responsabilizan por lo sucedido al presidente Milei y al ministro Presti “por no tomar las medidas pertinentes con la celeridad necesaria para que el personal bajo su mando no sufra las peripecias actuales”.

La dramática situación vivida en San Juan aporta un cariz doloroso al conflicto por el sistema de salud que envuelve a los militares y sus familias. Aún no fue designado el nuevo presidente de la obra social, tras la renuncia del general Maldonado, quien se alejó el martes pasado, dos meses después de asumir y en medio de la crisis que afecta a unos 343.000 afiliados.

Los servicios aún no se han restablecido, pese a que el aporte de $80.000 millones que hicieron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea por contribuciones patronales pendientes permitirá reducir en un 60% la deuda, que en febrero ascendía a $212.000 millones.

Voceros de OSFA dijeron que “tras el pago de las Fuerzas Armadas comenzó el proceso de normalización de prestaciones y acceso a la atención”. Añadieron que “la recuperación y reorganización del sistema de salud militar llevará su tiempo y para ser completado es necesario el pago de las contribuciones pendientes de las fuerzas de seguridad”.

La obra social de los militares mantiene deudas con prestadores -principalmente clínicas, hospitales y grandes centros de atención- y proveedores, tanto de prótesis como de medicamentos y otros insumos, explicaron en OSFA. Indicaron que ya comenzaron a realizarse pagos, que en muchos casos incluyen reintegros a los afiliados.

“Los pagos tienen que recorrer procesos administrativos internos en cada uno de los prestadores y proveedores. El impacto no es inmediato porque lleva su tiempo ejecutar esos pagos”, se explicó.

Mientras tanto, en varias jurisdicciones, como la Capital, Córdoba y Mar del Plata, se presentan cortes de prestaciones y situaciones complejas para la atención médica.

“Es un tema muy complicado. En Mar del Plata estábamos -10 y algo se activó. Pero somos ciudadanos de segunda”, dijo un oficial retirado al describir las dificultades que enfrentan los afiliados a OSFA. “Te dan turnos a 40 días, pero con un cupo para OSFA. Hay que abonar copagos entre $18.000 y $38.000, que es lo mismo que se cobra a una persona sin cobertura social”, narró.

Cuando su nombre empezó a sonar en los medios en los últimos meses, nadie conocía a Martín Migueles. Hasta que la relación con la mediática Wanda Nara impulsó su figura.

Migueles llegó a la vida de Wanda después de la tormentosa separación de la conductora con el futbolista Mauro Icardi. Es un reconocido empresario de Nordelta que conoció a la mediática por intermedio de una persona apodada ‘El Tano’, peluquero de la influencer.

La relación habría iniciado en agosto del año pasado. Migueles es descrito por el entorno de Wanda como un “machote que le lleva la cartera”. En efecto, el hombre se enfrentó varias veces a los móviles para pedir que dejaran tranquila a su pareja.

Migueles fue socio de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio y a quien le estaría alquilando su casa en Nordelta. “Hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana“, reveló en su momento Yanina Latrorre.

“Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en el 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León”, reveló Latorre sobre el historial de Migueles.

El 2 de mayo último, Wanda Nara le mostró a sus 17,5 millones de seguidores de Instagram el regalo que le hizo Migueles mientras ella permanece en Uruguay para el rodaje de una película.

En la cama de la habitación de su hotel se pudo ver un oso de peluche gigante, un imponente ramo de flores, un bolso de diseñador y una bolsa blanca de regalo, que posiblemente contenía alguna joya y una nota escrita a mano.

Sobre la investigación que alcanza a Migueles, Wanda declaró en su momento: “Yo siempre le creo a las personas las cosas que me dicen hasta que se demuestre lo contrario. Siempre creo en la palabra de todo el mundo”.

Ahora, el peritaje sobre uno de los teléfonos secuestrados a Migueles, ex socio y amigo de Piccirillo, reveló un sistema paralelo para acelerar los tiempos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Migueles actuaba junto a otras personas, según surge de la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo.

La Justicia levantó este viernes el secreto de sumario en una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue y en la que se detectaron irregularidades con el SIRA.

Según consta en el expediente, al que accedió , las pruebas contra esos nuevos imputados surgieron del teléfono de Migueles.

En la causa se investiga la maniobra del dólar blue que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. El Banco Central comenzó a cerrar en 2025 sus primeros sumarios.

Las investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.