POLITICA
La exjueza del caso Maradona desafía a la Corte: rechaza devolver $4,5 millones y exige seguir cobrando
El escándalo con Julieta Makintach no termina. La Suprema Corte de Justicia la acusa de haber cobrado un dinero que no correspondía. Como respuesta, la destituida jueza del caso Maradona redobló la apuesta. No solo dijo que no tiene que devolver la suma exigida, sino que presentó una cautelar para seguir percibiendo el sueldo como jueza.
La medida cautelar fue presentada por Makintach el 29 de diciembre último a las 11:24:42 y advierte sobre su “situación de total indefensión, atento que su destitución aún no se encuentra firme y sus ingresos, además de revestir carácter alimentario, sostén familiar, le permiten seguir sosteniendo su defensa”.
La jueza destituida adjuntó declaraciones juradas para demostrar que “es sostén familiar, teniendo a cargo a su cónyuge y sus dos hijos menores de edad” y la notificación de la baja en la prepaga para ella y su grupo familiar.
La demanda de Makintach al Poder Judicial bonaerense es por partida doble: se resiste a devolver 4,5 millones de pesos y exige seguir percibiendo el salario de jueza porque, argumenta, la destitución fue apelada.
“El perjuicio concreto a la actora es irreparable atento que: priva a la actora de su salario, afecta su estabilidad laboral, proyecta consecuencias funcionales, patrimoniales y reputacionales, consolida una situación de hecho ilegítima con el mero transcurso del tiempo”, dice el escrito que recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo N4 de La Plata y reclama: “La presente medida reviste carácter urgente, atento a que cada día que transcurre sin tutela cautelar agrava el daño patrimonial, profundiza la afectación del derecho al salario, consolida una situación de hecho ilegítima, vacía de contenido la tutela judicial efectiva. Por ello, se solicita el tratamiento inmediato y prioritario de la presente petición”. Makintach alega una antigüedad y aportes de 27 años.
Según pudo saber TN, la denuncia que Makintach impulsó a fin de año tuvo movimientos hasta el último mes. El 27 de febrero, la Suprema Corte respondió a la demanda y el 5 de marzo, la Fiscalía de Estado se presentó en la causa.
La destitución de Makintach
A las 10.41 del 18 de noviembre último, un jury destituyó a la jueza del caso Maradona por unanimidad debido a su participación en el documental comercial “Justicia Divina”. La exmagistrada, de 48 años, decidió no asistir para escuchar el veredicto: “Necesito paz para mí y para mi familia ahora”.
Cuarenta días después demandó al Estado. Entonces, analizaba cómo seguiría su vida después de la destitución. Una posibilidad que barajó era ejercer la abogacía junto a su mentor, Rafael Sal Lari, que integra el reconocido estudio Trovato, Accetta, Donnes & Sal-lari. Pero en San Isidro está impedida de seguir con la profesión porque el Colegio de Abogados le quitó la matrícula.
A su vez, la UFI N°1 de San Isidro lleva adelante un juicio contra Makintach por los siguientes cargos: cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Dos días después de demandar al Estado, el 31 de diciembre, Makintach subió una historia a sus redes sociales: «I don’t hate you 2025, but you were a difficult year full of challenges” (“No te odio 2025, pero fuiste un año difícil, lleno de desafíos”). Y completó: “Gracias por mostrarme a las personas valiosas, amistades verdaderas y vínculos nobles por sobre cualquier apariencia de éxito, mentira, hipocresía, vocación heredada, título o doctorado colgado, ignorado, muerto de tristeza en una pared”.
Fue la única referencia pública al escándalo que la tuvo como protagonista el año pasado. TN buscó comunicarse con la exfuncionaria, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
La batalla de Makintach con la Suprema Corte por su sueldo
La Suprema Corte de Justicia y Makintach mantienen desde fines del año último una pulseada por dinero. El Poder Judicial le reclama que devuelva $4.565.499,91 porque en septiembre y octubre cobró el 100% del salario cuando debió percibir el 60%, ya que había sido suspendida desde el 26 de agosto y pesaba una reducción salarial del 40%.
Pero Makintach impugnó la medida y pidió “la inmediata suspensión de los efectos de las Resoluciones RAS-1075-2025 y RAS-1169-2025, ambas suscriptas por el Señor Secretario de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por resultar prima facie ilegítimas, arbitrarias y gravemente lesivas de derechos y garantías constitucionales y convencionales con jerarquía constitucional”.
La resolución de la Suprema Corte RAS-1075-2025, con fecha en noviembre, alertaba sobre el cobro indebido por parte de Makintach de $4.565.499,91 y la RAS-1169-2025, de diciembre, disponía la liquidación total después de ser destituida. Debía cobrar $9.327.897,08, menos los $4.565.499,91 que adeudaba. Esto es $4.762.397,17. Pero la exjueza impugnó todo.
“Ordene a la demandada abstenerse de ejecutar los efectos de cualquier acto derivado de dichas resoluciones, retrotrayendo al estado anterior el pago íntegro del salario de la actora, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo o subsidiariamente, por acto debidamente fundado, con previa vista y acceso al expediente, se abone el 60% de los salarios, en ambos casos con cobertura médica total del grupo familiar a cargo”, dice el escrito que presentó Makintach, al que tuvo acceso TN.
El argumento de la exjueza es que, después de la destitución, presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte y planteó que, en el caso de ser rechazado, apelará a la Corte Suprema de la Nación.
Para sostener que la destitución no está firme y reclamar el cobro del salario, mencionó dos antecedentes. Por un lado, “la queja presentada por el exjuez Ariel Federico Arias, que finalmente el 13 de mayo de 2020 (la Suprema Corte) hizo lugar al recurso interpuesto y declaró la nulidad de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que denegara los recursos extraordinarios”. Y por otro, “el precedente de la CSJN invocado Graffigna Latino, que dispone la recurribilidad de las resoluciones de los jurados de enjuiciamiento provinciales ante arbitrariedad o violación al debido proceso y derecho de defensa como en el caso”.
“Una campaña para castigarla”
Makintach volvió a cargar contra una supuesta campaña para desprestigiarla. “A raíz del procedimiento iniciado en su contra, se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad, ante la arbitraria, infundada y desproporcionada campaña mediática, hostigamiento, denuncias, falacias, sumado al pedido de suspensión de su cargo desde el principio de las actuaciones, medida de dudosa constitucionalidad, violatoria del principio-garantía de debido proceso previo, negándole la posibilidad de ser oída con carácter previo a resolver y a ejercer la oportuna, real y efectiva defensa de sus derechos. Lo único cierto es que se condenó a la hoy actora desde el momento en que se hicieron públicas sus imágenes, se hurgó en su intimidad y en la de su familia, para condenarla de plano, por mujer, por jueza, por hija de, e incluso llegando la degradación a ser tal llegando a esparcir rumores, colocándola en una situación de total vulnerabilidad sembrando total desconfianza sobre su idoneidad, se la condenó del minuto cero, sin siquiera oírla, para luego coartar el ejercicio de su defensa en cada oportunidad establecida por el procedimiento al que solo se le dio cumplimiento formal, vacío de contenido sustancial a fin de justificar cada medida adoptada para castigarla“.
La jueza fue destituida el 18 de noviembre por nueve inconductas que el jury calificó como “graves”, “reiteradas” y “manifiestamente incompatibles con la magistratura”:
- Autorización irregular del acceso al edificio judicial con fines comerciales
- Habilitación de filmación clandestina en el debate
- Violación de la prohibición de filmar
- Abuso de autoridad
- Uso indebido de recursos públicos
- Mentira deliberada y recurrente
- Negación sistemática de la irregularidad
- Parcialidad manifiesta
- Generación de grave perjuicio a la imagen del Poder Judicial
Julieta Makintach, Causa Maradona
El Gobierno presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral.
La presentación corrió por cuenta de la secretaría del Trabajo, que depende del ministerio de Capital Humano, con el patrocinio legal de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio.
El futuro de la reforma laboral estaba en medio de un pase de juzgados. La jueza federal Macarena Marra Giménez había resuelto un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal apartando a su par, Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, que había suspendido la vigencia de 82 artículos de la ley de reforma laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El fallo estipula que debe ser la justicia federal la que trate la acción de la CGT, desplazando a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Qué había solicitado la CGT? Que se declare la inconstitucionalidad de artículos de la Ley N°27.802 que, desde la óptica del sindicato, trastocan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores reconocidos en los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 28, 43 y 75 de la Constitución Nacional.
Además, el pedido de la CGT hacía hincapié en que se estaba vulnerando la progresividad, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, entre otros.
De esta forma, el movimiento de la jueza Marra Giménez había sido celebrado en Balcarce 50.
Ahora, la Casa Rosada dio un paso más para que la Corte Suprema tome la disputa y levante la suspensión impuesta por la cautelar.
Noticia en desarrollo
Raúl Horacio Ojeda,82 artículos de la ley de reforma laboral,la libertad sindical,Reforma laboral,Conforme a,Reforma laboral,,Debate frustrado. Sin el representante del Gobierno, la CGT criticó la reforma laboral y la “falta de inversión productiva”,,Celebra el Gobierno. El juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación,,»No hay marcha atrás». Caputo ratificó su plan de tres ejes para bajar el “costo argentino” y descartó devaluar
POLITICA
El Servicio Meteorológico Nacional hará un apagón informativo: qué implica la medida y cuánto durará
Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizarán un apagón meteorológico nacional el viernes 24 de abril, ante los 140 despidos que se concretaron este jueves. La medida implicará la suspensión total de la difusión de pronósticos y alertas oficiales entre las 5 y las 12.
El cese de actividades afectará la publicación de datos en todos los canales habituales del organismo, incluidas sus plataformas digitales, según precisaron delegados gremiales.
Los trabajadores buscan visibilizar el impacto en el funcionamiento del organismo y en la calidad de la información que brindan si hay recortes.
Reclamo por contratos y advertencias sobre el sistema
Desde el SMN señalaron que la medida apunta a exponer la centralidad de los datos meteorológicos en la elaboración de pronósticos y sistemas de alerta. En ese sentido, remarcaron que la información que producen no es un complemento, sino la base de todo el sistema.
Trabajadoras del organismo explicaron que la falta de datos compromete la calidad del servicio. También advirtieron que esa situación afecta el desarrollo de alertas y pronósticos confiables, necesarios para la vida cotidiana y productiva, incluso los vuelos.
Al respecto, destacaron que la información climática tiene impacto directo en múltiples actividades económicas y sociales, desde la producción agropecuaria hasta la navegación y los vuelos.
Impacto y posibles nuevas medidas
Los trabajadores también alertaron sobre las consecuencias que puede tener la reducción de recursos humanos en el organismo. Indicaron que el recorte de contratos podría afectar la capacidad operativa del SMN en el corto plazo.
En ese marco, anticiparon que el apagón meteorológico podría no ser una medida aislada. “Si no se revierte esta situación, no solamente continuaremos con el paro del 24, sino con distintos paros”, advirtieron en declaraciones a LN+.
También remarcaron que se trata de una medida excepcional en la historia del organismo. Según explicaron, el SMN no había recurrido anteriormente a este tipo de acciones, lo que refleja la gravedad del conflicto actual.
El apagón previsto para el 24 de abril dejará sin información oficial a amplios sectores durante varias horas, en un contexto en el que las alertas tempranas resultan clave para la prevención de riesgos y la planificación de actividades en todo el país.
Servicio Meteorológico Nacional, Paro, Pronóstico del tiempo
POLITICA
Según las facturas, los vuelos privados de Adorni a Punta del Este los pagaron una productora ligada a la TV Pública y un tercero
La Justicia tiene en su poder las facturas de los vuelos privados, de ida y de vuelta, que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su familia a Punta del Este el fin de semana largo de carnaval. El de ida aparece a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y dijo que lo alojó en su casa de Uruguay. El de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes facturados a un tercero.
Así lo informaron a fuentes judiciales, que dijeron que quien está registrado como comprador de los 10 vuelos no sería una figura pública: se llama Agustín Issin Hansen y en la factura aparece con un domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático con un pedido de información.
Las facturas de los vuelos las entregó, a pedido del juez federal Ariel Lijo, la empresa con la que se contrataron los viajes, Alpha Centauri S.A. Por el de ida se pagaron 4830 dólares, que se tranfirieron en pesos, de acuerdo con la documentación presentada, informaron las fuentes. Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta la factura es de 42.250 dólares.
Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.
Las primeras medidas en la causa las ordenó el juez para “resguardar los elementos probatorios” que pudieran resultar útiles, según figura en la causa. Luego se sumaron otros pedidos promovidos por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.
En cuanto a las cámaras, el plan es revisar no solo las que toman la pista; también, las que debieron haber registrado todo el camino de los viajeros. Eso permitirá chequear si se cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana. Junto con Adorni volaron, a la ida, su mujer (Bettina Angeletti), los hijos de ambos y Grandio. A la vuelta, solo Adorni y su familia.
Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py, en los últimos días, contra el jefe de Gabinete.
La Policía Federal se presentó en el aeropuerto de San Fernando en busca de los documentos y registros solicitados, informaron fuentes del caso. Las oficinas de la empresa de aviación no estaban abiertas cuando llegaron los enviados del juzgado, pero la compañía entregó luego las facturas.
El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas. Pero lo primero, para los investigadores, será precisar cómo y quién pagó el vuelo.
Otra causa por enriquecimiento ilícito, promovida por la diputada Marcela Pagano, se tramita contra Adorni en paralelo, pero es probable que los expedientes terminen unificándose. La fiscalía de Pollicita pidió en su dictamen de ayer “certificar en el fuero la existencia de causas que tengan vinculación con el objeto procesal” de este expediente.
Según la denuncia, citada por la fiscalía en su dictamen, el gasto por la contratación del vuelo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos”.
La fiscalía afirma en su presentación que, en un primer momento, Grandio -que viajó en el vuelo de ida a Punta de Este con Adorni y familia- dijo que fue “invitado” por el jefe de Gabinete, que le pagó el viaje a él “con plata del Estado”, y que luego se desdijo y sostuvo que pagaron “a medias”.
Entre las nuevas medidas de prueba solicitadas, la fiscalía pidió que “se obtenga una desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y Grandio desde el momento de los hechos en pos de explicar quién y cómo se abonaron los costos del viaje objeto de esta investigación”.
También, que “se requiera a la ANAC que se sirva a aportar el plan del vuelo, correspondiente al avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por Alpha Centauri S.A., que partiera desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este, Uruguay, el día 12 de febrero del año en curso, así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”.
En cuanto a la Aduana, la Justicia le requirió “que informe si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.
Por último, la fiscalía pidió que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa Alpha Centauri S.A para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc.)“.
Manuel Adorni,,Paz Rodríguez Niell,Conforme a
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