ECONOMIA
Dólar blue: la Justicia ahora investiga un «circuito paralelo» con las SIRA
La Justicia federal levantó este viernes el secreto de sumario en una de las causas más sensibles vinculadas al mercado cambiario paralelo y confirmó que la investigación ya no se limita al denominado «rulo» del dólar blue. El expediente, que instruye el juez Ariel Lijo junto al fiscal Franco Picardi, también apunta ahora a un presunto «circuito paralelo» relacionado con el sistema SIRA, utilizado durante la gestión de Sergio Massa para autorizar importaciones con acceso al dólar oficial.
La decisión judicial llegó luego de tres prórrogas consecutivas del secreto de sumario y de nuevos allanamientos realizados esta semana en domicilios de empresarios vinculados al mundo financiero. Según consta en el expediente, las pruebas surgieron principalmente del análisis del teléfono celular de Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo.
La causa investiga una operatoria que, según informes del Banco Central, habría movido al menos u$s900 millones mediante mecanismos destinados a obtener divisas oficiales para luego volcarlas al mercado informal. En plena vigencia del cepo cambiario, el esquema llegó a generar ganancias cercanas al 100%, impulsadas por la brecha entre el dólar oficial y el blue.
En el expediente judicial se sostiene que los investigados «habrían desarrollado mecanismos tendientes a eludir o distorsionar» las restricciones cambiarias mediante «estructuras societarias y operativas diseñadas al efecto». La investigación se nutre de sumarios administrativos del Banco Central, reportes de inteligencia financiera y documentación bancaria vinculada a agencias y casas de cambio.
Dólar blue: allanamientos y el rol clave del celular de Migueles
Antes de levantar el secreto de sumario, Lijo ordenó allanamientos en los domicilios del financista Fernando Rubén Tacchi, de Gonzalo Roberto Calo —conocido como «Gonzalote»— y de Alejandro Calian.
La resolución judicial señala que la información hallada en los dispositivos electrónicos de Migueles permitió detectar conversaciones y referencias a otros involucrados en la operatoria investigada. El empresario había entregado voluntariamente la clave de su teléfono durante uno de los allanamientos vinculados a la causa contra Piccirillo.
Migueles mantenía una relación estrecha con Piccirillo, tanto a nivel personal como comercial. Según registros oficiales, fue presidente de Arg Exchange, una casa de cambio investigada por el Banco Central. La firma registró operaciones por más de $60.800 millones durante el segundo semestre de 2023, aunque su actividad cayó a cero durante la primera mitad de 2024.
En el caso de Calo, la Justicia indicó que fue mencionado por Carlos «El Lobo» Smith —ex policía y arrepentido en la causa— y apareció además en documentación vinculada a operaciones económicas de gran magnitud. Durante el allanamiento en su domicilio se secuestraron armas y un Iphone 17 Pro Max que será sometido a peritajes.
La causa ahora apunta al sistema SIRA
La principal novedad del expediente es la incorporación de presuntas maniobras irregulares vinculadas al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el esquema implementado entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 para autorizar importaciones con acceso al dólar oficial.
Según la resolución judicial, la investigación detectó «la existencia de un circuito paralelo» mediante el cual determinados intermediarios ofrecían agilizar o conseguir aprobaciones SIRA a cambio de pagos indebidos.
Para la Justicia, esto podría revelar «la posible connivencia de funcionarios públicos o, al menos, la explotación indebida de resortes estatales para fines particulares».
Hasta ahora, el foco de la investigación estaba centrado exclusivamente en la operatoria del dólar blue. Con esta nueva línea investigativa, el expediente incorpora un posible esquema de corrupción asociado a autorizaciones para importaciones durante el período de mayores restricciones cambiarias.
Cómo funcionaba el esquema bajo investigación
De acuerdo con los informes del Banco Central incorporados a la causa, el mecanismo investigado consistía en captar fondos en pesos de terceros para adquirir divisas en el mercado oficial a través de distintas agencias y entidades cambiarias.
Luego, esos dólares eran derivados mediante operaciones encadenadas entre distintas casas de cambio con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos hasta terminar abasteciendo al mercado paralelo.
Para el BCRA, uno de los indicadores más relevantes era la pérdida de trazabilidad de los billetes físicos. En muchos casos, las casas de cambio recibían transferencias en pesos, pero no registraban operaciones de venta de divisas compatibles con esos movimientos.
La Justicia también investiga la presunta participación o connivencia de al menos cinco funcionarios del Banco Central en el entramado.
El rol de las casas de cambio investigadas
Según un relevamiento citado en la causa, las casas de cambio investigadas registraron ventas de moneda extranjera equivalentes a más de $660.000 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024. El 91,5% de esas operaciones se concentró en 2023, el año de mayor tensión cambiaria.
Además de Arg Exchange, otra firma mencionada es Fenus, vinculada a la madre de Ariel Vallejo, que registró ventas por $2.858 millones en el segundo semestre de 2023.
El Banco Central ya había allanado distintas dependencias en diciembre de 2025 y, según exfuncionarios de la entidad, durante la gestión de Miguel Ángel Pesce se habían reforzado controles y revocado permisos a decenas de agencias y casas de cambio.
Con el levantamiento del secreto de sumario, la causa entra ahora en una etapa de mayor exposición pública y podría derivar en nuevas imputaciones vinculadas tanto al circuito del dólar blue como a las autorizaciones SIRA otorgadas durante el último tramo del cepo cambiario.
Megaestafa al BCRA con dólares para importaciones: empresarios bajo la lupa
a causa conocida como «Los Reyes del Blue», que involucra a los empresarios Elías Piccirillo, Fernando Auque y Ariel Vallejo, podría dar un giro inesperado en los próximos días a partir de dos hechos que se sumarían a la investigación que lleva adelante la Justicia desde 2024.
El primero está relacionado con el pedido de un ex policía de la Ciudad de Buenos Aires para ampliar su declaración en el caso de la introducción de un paquete de droga en el auto de Auque, maniobra que habría sido ideada por su ex socio, Elías Piccirillo. El segundo, con la aparición de un video casero en el que una conocida modelo y conductora —quien habría registrado las imágenes— se arrojaría sobre una montaña de dólares frente a uno de los involucrados en la causa.
Inéditos detalles de la mega estafa al BCRA
Las investigaciones se aceleraron desde el 29 de diciembre de 2025, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de una causa que investiga maniobras con la venta de dólares oficiales en distintas financieras del microcentro porteño y de la provincia de Buenos Aires. Además, en ese momento se realizó un operativo en la entidad en un expediente que se abrió como desprendimiento de la causa contra Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio, investigado por extorsión y estafas.
Luego, Casanello ordenó cinco allanamientos a funcionarios del BCRA con el objetivo de investigar un entramado de maniobras destinadas a simular importaciones a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el fin de acceder a dólares oficiales durante el cepo cambiario. Esas divisas, obtenidas a un tipo de cambio oficial, eran luego vendidas en el mercado blue a un valor muy superior, generando ganancias mediante lo que en la jerga financiera se conoce como «el rulo».
Los exfuncionarios investigados serían:
- El ex secretario de Comercio, Matías Tombolini
- El ex presidente del BCRA, Miguel Pesce
- Miembros del directorio de la entidad
- El ex titular de la AFIP, Carlos Castagneto
- El entonces director general de Aduanas, Guillermo Michel
La investigación apunta a las maniobras vinculadas con autorizaciones de importación en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
El cambio de SIMI a SIRA y la brecha del 200% que permitió el negocio
En ese período, la brecha cambiaria llegó al 200%, con un dólar oficial en torno a $350 y un blue cercano a los $1.000. En 2023, las importaciones de bienes alcanzaron unos u$s75.000 millones y, según estimaciones, para autorizar operaciones se exigían pagos ilegales de entre 10% y 15% del valor.
De acuerdo con una investigación de los periodistas Carlos Pagni y Francisco Olivera, ya habría cuatro empresarios arrepentidos dispuestos a declarar que depositaban los dólares de las coimas en un hotel de Puerto Madero. Desde la Justicia comparan el caso con la causa de «Los Cuadernos».
Uno de los arrepentidos habría relatado una mecánica ya mencionada por Pagni: el empresario retiraba una llave digital en recepción, ingresaba a una habitación y dejaba una valija con dinero.
En ese contexto, y bajo el cepo cambiario —que limitaba la compra de divisas a u$s200 mensuales para personas físicas—, se investiga que miles de monotributistas habrían accedido a dólares oficiales por montos que en algunos casos llegaban a u$s2 millones mensuales para operaciones de importación que no se concretaban.
Los allanamientos ordenados por Casanello incluyeron domicilios de cinco inspectores de áreas clave del BCRA, donde se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Se trata de funcionarios técnicos de carrera dentro de la entidad.
Asimismo, el juez ordenó el secuestro de documentación en el Banco Central vinculada con autorizaciones para acceder a dólares oficiales durante la gestión anterior.
La causa busca determinar el origen de los fondos vinculados a Piccirillo, acusado de extorsión y estafas, y de haber armado una causa policial contra un acreedor al que presuntamente le debía u$s600.000.
Todo se inició el 1 de abril del año pasado, cuando un ex policía se presentó ante la Justicia y declaró que Piccirillo habría organizado plantar droga y un arma en el vehículo de su socio Francisco Hauque.
El arrepentido también aportó audios en los que se menciona a una funcionaria del BCRA y a otros empresarios vinculados al esquema.
De esos registros surge que las maniobras habrían contado con la complicidad de funcionarios.
Casas de cambio, u$s3.000 millones en el MULC y conexiones con el fútbol
En paralelo, la Justicia investiga operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por unos u$s3.000 millones, junto con presuntas maniobras de lavado por unos $819.000 millones.
Los sumarios del BCRA incluyen a casas de cambio como:
- Mega Latina
- Gallo Cambios
- Arg Exchange
- Concordia Inversiones
En estas entidades se analizan distintas etapas de la operatoria.
La hipótesis es que parte de las divisas obtenidas en el mercado oficial fueron luego canalizadas hacia el circuito informal a través de una red de intermediarios, incluyendo financieras y cuevas.
También se investiga la participación de bancos y proveedores de servicios de pago (PSP), en un esquema que habría buscado perder la trazabilidad del dinero.
En este contexto, aparecen vinculaciones con la empresa Sur Finanzas, su titular Ariel Vallejo y operaciones relacionadas con el financiamiento de clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Además, se mencionan posibles conexiones con otras estructuras empresarias y con la industria del juego en distintas provincias.
Parte del expediente ya fue elevada a juicio oral, en el tramo vinculado a la falsificación de documentos societarios.
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ECONOMIA
El Gobierno pagó USD 4.200 millones y la semana que viene sale a captar nuevos fondos a través de un nuevo bono
Los inversores extranjeros cobraron ayer parte de los USD 4.200 millones correspondiente al vencimiento de capital e intereses de los bonos en dólares. Los locales, en cambio, cobrarán el próximo lunes debido a los feriados. La semana próxima el Gobierno buscará captar parte de esos dólares pagados en el mercado local a través de la emisión de un nuevo bono, el Bonar 2029.
Este título de deuda, al igual que lo sucedido con las series 27 y 28, pagarán intereses mensuales. De esta forma, se busca atraer a inversores minoristas que buscan equiparar este ingreso a los de un alquiler, que también se cobra mes a mes.
En total será una emisión de USD 2.000 millones y hay una posibilidad de colocarlo todo en la licitación prevista para el 15 de julio. En caso contrario, se irá colocado en otras licitaciones hasta completar el cupo.
Considerando que el Bonar 2028 se fue colocando en sucesivas licitaciones a una tasa de 8,5% anual en dólares, es posible que el nuevo título salga a un rendimiento similar o incluso ligeramente menor. El motivo es que el riesgo país viene comprimiendo: ayer luego de los pagos de vencimientos en dólares el riesgo país quedó a un paso de perforar los 400 puntos básicos.
Esta emisión de Bonares sería la última prevista hasta fines del año que viene, al menos según los detalles del programa financiero presentado a principios de esta semana por el equipo económico.
Allí se detalla que el Gobierno buscará otras fuentes para financiar los USD 25.000 millones que vencen el año que viene. Aparecen compras de dólares del Tesoro al Central por casi USD 5.000 millones, unos USD 1.500 millones por futuras privatizaciones y refinanciaciones de organismos multilaterales.
La gran incógnita es si Argentina podrá recuperar acceso a los mercados internacionales de crédito. En los supuestos para cumplir con las obligaciones financieras en 2027 el propio Gobierno se ocupó de no incluir esta posibilidad. Luis Caputo aseguró que la colocación de bonos en el exterior ”no es un objetivo, es una opción”.
Claramente la gradual pero continua disminución del riesgo país hace que esta posibilidad se acerque cada vez más. Todavía falta una reducción adicional del riesgo país (idealmente a zona de 350 puntos básicos) y también que baje un escalón la tasa de bonos norteamericanos a diez años, que sigue por encima del 4,50% anual. Combinadas, implican que Argentina todavía debería pagar un rendimiento superior al 8% anual en dólares para financiarse en el exterior.
Si bien ayer los mercados festejaron el pago de capital e intereses por parte del Gobierno, no pasó lo mismo con los ADR de compañías argentinas que cotizan en Wall Street, aunque se registraron algunas subas puntuales
Globant subió 4,58%, Tenaris avanzó 1,32% y Telecom Argentina mejoró 0,73%. El resto de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York terminó el día con descensos. Mercado Libre perdió 0,09%, Ternium retrocedió 0,36%, Banco BBVA Argentina cayó 0,41%, Transportadora de Gas del Sur bajó 0,46%, Banco Macro cedió 0,61% y Corporación América Airports perdió 0,81%.
Los descensos también alcanzaron a IRSA (-1,11%), Cresud (-1,23%), Loma Negra (-1,40%), Central Puerto (-1,50%), Pampa Energía (-1,61%), Edenor (-1,64%), Grupo Financiero Galicia (-1,71%), YPF (-1,82%), Adecoagro (-2,16%), Vista Energy (-2,28%) y Grupo Supervielle (-2,82%). El comportamiento negativo fue predominante, reflejando la cautela de los inversores extranjeros frente a los activos argentinos en un día sin referencia local.
Los analistas remarcaron que, si bien el ajuste del riesgo país mantiene a la Argentina en niveles relativamente bajos respecto de semanas anteriores, la volatilidad internacional y los desafíos internos siguen condicionando el panorama de los activos domésticos.
ECONOMIA
“Efecto sandwich” sobre la industria: con mayores costos y menor consumo, este año perdería más de 100.000 empleos
En un marco de crisis, con sectores que no logra recuperar el terreno perdido y altos costos, el empleo en la industria empieza a mostrar nuevas señales de deterioro. Si bien la apertura de importaciones afectó al sector, la falta de demanda es lo que más preocupa.
La consultora Industria y Desarrollo (I+D), dirigida por el ex director ejecutivo de la UIA Diego Coatz, proyecta que a lo largo de 2026 se perderán 105.000 puestos de trabajo, de los cuales 60.000 serán empleos directos y 45.000, indirectos.
Mayo volvió a registrar una caída interanual de la actividad industrial y los primeros datos de junio indican que la tendencia se mantiene. Las fábricas continúan operando con una elevada capacidad ociosa, cercana al 40%, lo que las obliga a vender para cubrir sus costos fijos, incluso con márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos.
De este modo, la actividad industrial acumula una contracción del 3,1% en lo que va de 2026 y se ubica un 14,5% por debajo del máximo alcanzado en la última década, registrado en noviembre de 2017.
En la comparación desestacionalizada, mayo mostró una leve mejora mensual del 0,4%, impulsada principalmente por una mayor producción de insumos, especialmente del sector siderúrgico y de los productos metálicos.
“Sin embargo, se trata de una mejora puntual en un escenario de estancamiento. El panorama para los próximos meses no muestra un cambio de tendencia. Para junio, se estima una caída en la producción industrial en torno al 2% interanual y sin variaciones respecto a mayo”, consideró I+D.
“Se consolidan dos Argentinas económicas, y la industria vuelve a formar parte de la economía que se contrae. No solo retrocede la industria tradicional: también cae la metalmecánica vinculada a recursos naturales. Proveedores de minería (-5,6%), petróleo y gas (-3,5%) y agro (-9,5%), con una baja promedio de 5,1% en mayo según datos de ADIMRA. La industria y las pymes requieren un RIGI propio que permita revertir esta dinámica”, agregó.
El deterioro ya comenzó a reflejarse en el mercado laboral. Solo en marzo se perdieron 5.000 puestos de trabajo en el sector y, en los últimos doce meses, la destrucción de empleo alcanzó los 46.500 puestos directos. Si se incluyen los empleos indirectos, la cifra asciende a 81.550.
En contraste, las exportaciones industriales muestran un desempeño positivo. Descontando los rubros vinculados a la minería dentro de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), los envíos al exterior acumulan un crecimiento del 13% hasta mayo. La mejora responde, en parte, a un esquema comercial más ágil y al avance en la reducción de las retenciones.
Pero al mismo tiempo, también refleja la necesidad de las empresas de colocar su producción en mercados externos para compensar la caída de la demanda interna y el elevado nivel de capacidad ociosa, con el objetivo de cubrir sus costos fijos.
Según el Observatorio PyME, la baja de las ventas se consolidó como el principal problema para el 83% de las firmas relevadas. A su vez, crecieron las demoras en los pagos de los clientes, una preocupación que pasó del 35% al 60% de las empresas, mientras que el impacto de la competencia de productos importados alcanzó al 46% de las pymes, con especial incidencia de las importaciones provenientes de China.
Otra problemática se vincula con el incremento de costos: de acuerdo a I+D, el precio de la energía eléctrica para grandes usuarios aumentó 79%, mientras que el precio del gas subió entre 30-50% según el tipo de usuario.
En mayo, los precios industriales aumentaron 25,6% interanual, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 33,2%. Dentro de ese índice, los servicios registraron un alza aún mayor, del 42,8% interanual.
El titular de la UIA, Martín Rappallini, había dicho al respecto: “Cuando se observan los niveles de inflación de los últimos 2 años, la inflación general estuvo en torno al 180% o 190% y la industria en 120%. Nosotros hemos sido un gran ancla para la inflación”.
La debilidad de la demanda no solo golpea las ventas, sino que también deteriora la situación financiera de las pymes. La menor actividad presiona la caja de las empresas, tensiona la cadena de pagos y se refleja en un aumento de la mora bancaria. Entre abril de 2025 y abril de 2026, la morosidad en las empresas subió del 0,9% al 3,3%.
“Esto genera un efecto sándwich que tensiona a la actividad industrial: costos que presionan por abajo e importaciones y menor consumo por arriba”, apuntó I+D.
Las importaciones muestran un comportamiento desigual. Aunque en mayo se desaceleraron 7% interanual, la evolución varía según el tipo de bienes. Mientras que las compras de bienes de consumo retrocedieron 3,1% en el mes, acumulan un crecimiento de 7,3% en los primeros cinco meses del año.
En cambio, las importaciones vinculadas a la producción y la inversión son las principales responsables de la caída general: descendieron 5,9% interanual en mayo y acumulan un retroceso de 9,1% frente al mismo período de 2025.
La diferencia es aún más marcada al comparar con 2022: las importaciones de bienes de consumo aumentaron 29%, mientras que las destinadas a la producción se ubican 12% por debajo de aquel nivel.
Hacia adelante, I+D proyectó: “El panorama para los próximos meses no muestra un cambio de tendencia. En junio, la producción de autos se contrajo 13,6% interanual, mientras que los despachos de cemento cayeron 1,4%, incluso partiendo desde niveles muy bajos. Para junio, se estima una caída en la producción industrial en torno al 2%”.
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La devaluación del bolívar, la moneda de Venezuela, se intensificó en el mercado oficial tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. En esa fecha, el dólar se cotizaba a 617,63 bolívares, cifra que dos semanas después alcanzó los 700,22, según la tasa vigente este jueves.
Durante este período, el bolívar perdió un 11,7% de su valor frente a la moneda estadounidense, que sigue siendo la principal referencia para establecer precios en el país, donde también se utiliza el euro.
El precio del dólar en el mercado oficial registró un incremento del 13,3%.
Entre miércoles y jueves, el dólar subió un 2%, es decir, 14,28 bolívares, hasta situarse en 700,22, de acuerdo con las cotizaciones publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV).
El organismo emisor anunció que el viernes la tasa vigente será de 709,69 bolívares.
El economista Asdrúbal Oliveros declaró a la agencia de noticias EFE que, en las dos semanas posteriores a los terremotos, “se ha observado una aceleración de la depreciación del bolívar, principalmente en el mercado oficial”.
Además, indicó que la emergencia provocó “presiones adicionales sobre el gasto público y las expectativas, lo que también incide en el mercado cambiario”.
A pesar de que el BCV ha aumentado sus intervenciones cambiarias, estas “han sido insuficientes para contener completamente esas presiones”, añadió Oliveros.
La cotización del dólar lleva más de 20 meses en aumento sostenido, desde octubre de 2024, en detrimento del bolívar, con el que todavía se pagan servicios básicos y salarios, que han perdido poder adquisitivo debido a la devaluación.
Especialistas advierten que el alza del dólar también repercute en los precios, por la relación directa entre estos y la moneda estadounidense, cuya adopción no oficial en Venezuela comenzó durante el período de hiperinflación entre 2017 y 2021.
El país petrolero, impactado este año por la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, acumuló una inflación del 102% en los primeros cinco meses.
Venezuela enfrenta una emergencia por los terremotos que dejaron al menos 3.899 muertos, 16.740 heridos y más de 17.900 personas sin vivienda.
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